Cómo el presidente y la policía reaccionaron a la crisis en el Hogar Seguro

Dos días antes de que iniciara la segunda ronda de audiencias en el caso por la muerte de 41 adolescentes y las lesiones graves a 15 más, el presidente Jimmy Morales defendía su reacción a la crisis en el Hogar Seguro, que inició el 7 de marzo con una protesta y terminó el día siguiente con un incendio en el aula donde fueron encerradas las 56 menores de edad.

El periodista Jorge Ramos, en Univisión, entrevistó al presidente Morales y le preguntó si estaría dispuesto a perder su inmunidad para declarar.

– Si en caso la justicia de Guatemala cree que eso debería suceder y romper ciertos órdenes constitucionales o ciertos órdenes democráticos, por supuesto, respondió el presidente. En realidad la respuesta podría interpretarse como una advertencia del mandatario a la Corte Suprema y al Congreso: si me quitan la inmunidad, estarían rompiendo con la Constitución y con la democracia.

Esto luego de que los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán (de Convergencia) lo denunciaran por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tortura y ejecución extrajudicial. La diputada Morán explica que su denuncia está fundamentada en que el presidente contrató a tres personas sin la capacidad para estar en los cargos y que por ser funcionarios de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, lo tienen a él, como mandatario, como jefe superior inmediato.

– Tuvimos información de primera mano porque estuvimos en la citación que se le hizo a los funcionarios el mismo 8 de marzo a las 2 de la tarde (cuando un policía respondió que tuvo comunicación con el presidente la noche del 7 de marzo y que el presidente le había ordenado que no permitieran que ningún adolescente escapara del Hogar Seguro). Es una demanda que tiene fundamento, es un tema de justicia. Él ordenó que la policía llegara. Ese era un centro de resguardo y protección, no eran patojos (jóvenes) en conflicto con la ley penal, explicó la diputada Morán.

Además de la información y entrevistas que los diputados recabaron cuando citaron a los funcionarios al Congreso, en la denuncia también se incluyen las declaraciones del presidente del 10 de marzo pasado en otra entrevista, cuando a CNN dijo que las niñas fueron puestas bajo llave como “medida de seguridad”.

Durante la audiencia, tanto el Ministerio Público como las organizaciones sociales que se sumaron a la demanda, resaltan que los menores de edad no se encontraban en el lugar por haber cometido delitos o faltas, sino porque un juez ordenó que el Estado les brindara protección y abrigo.

De hecho, el origen de la llegada de la policía, una supuesta fuga, no fue exactamente así. Nómada denunció, tras conversar con trabajadores y jóvenes, que las autoridades del Hogar Seguro fueron las que abrieron la puerta principal a los jóvenes y les dijeron que escaparan.

Lea: La cobertura de Nómada sobre las niñas y el hogar seguro

Pedían cien agentes de la policía

En la sede de la sala de audiencias para casos de mayor riesgo, frente al juez Carlos Guerra, fueron narrados los hechos del 7 y 8 de marzo desde diferentes perspectivas.

Una fue del subcomisario de la Policía Nacional Civil, Luis Armando Pérez Borja, capturado porque según el Ministerio Público actuó de forma pasiva en la crisis con los adolescentes del Hogar Seguro. Los policías mencionan a Jimmy Morales.

Los testimonios del comisario Wilson López Maldonado y el subcomisario Luis Pérez Borja coinciden al relatar que fue Carlos Beltetón, asesor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), quien llamó a Jimmy Morales el 7 de marzo minutos antes de las 10 de la noche para informarle de la situación en el Hogar Virgen de la Asunción.

En su declaración, el subcomisario Pérez Borja dijo que el personal de la Secretaría y la Procuraduría General de la Nación le requerían que movilizara a 100 elementos policiales para reguardar el interior y el exterior de las instalaciones. El comisario Wilson López, jefe de la Comisaría 13y superior de Pérez Borja, le dijo que no era posible porque no tenían la capacidad para reunir a esa cantidad de agentes.

­ ­– En ese momento se acerca Carlos Beltetón, que dijo ser asesor presidencial y realiza una llamada telefónica. Posteriormente le indica al comisario Víctor Maldonado que está en línea el presidente de la República y que le iba a hablar. (El comisario) Maldonado atiende la llamada y le indica que había que coordinar el apoyo requerido (los 100 agentes), dijo Pérez Borja ante el juez.

Tras la llamada, el comisario ordenó a Pérez Borja coordinar con el jefe distrital de la PNC para reunir a los 100 agentes. Llegaron unidades de cuatro comisarías más.

– ¿En algún momento tuvo conocimiento cuál fue la orden en esa llamada telefónica?, preguntó el fiscal.
– Ignoro el detalle, únicamente él (comisario Wilson Maldonado) hace las coordinaciones. Únicamente hace referencia que había que coordinar el recurso policial, respondió López Borja.

En la audiencia, la Fiscalía contra el Femicidio señaló el subcomisario adoptó una actitud represiva contra los menores de edad y que no tomó decisiones para detener los abusos que estaban sufriendo el día de la crisis y que se percató del uso desproporcionado de la fuerza pública que estaba infringiendo la Policía Nacional Civil. Omitió prestar auxilio a las adolescentes y con eso provocó daños físicos y psicológicos, puntualizó el Ministerio Público.

Según la investigación, la policía utilizó gas pimienta, intimidación y golpes contra los menores de edad. El subcomisario Pérez Borja dijo que “todo fue completamente legítimo, se aplicó estrictamente lo necesario para resguardar el orden”. Más adelante en su declaración, dijo que no vio que nadie utilizara gas pimienta y que ningún agente iba armado. Sí portaban escudos y bastones.

En todo momento el subcomisario negó que a través de un acta se le delegara la función de cuidar a los adolescentes.

Peréz Borja narró que supo de la crisis a las 4 de la tarde, cuando al subir a su patrulla escuchó por radio que el jefe de la subestación de San José Pinula, el municipio en las afueras de la Ciudad de Guatemala dónde se encuentra el Hogar Seguro, solicitaba apoyo policial porque había desorden y que varios adolescentes habían abandonado el lugar sin autorización.

Una hora después llegó al lugar. “A mi llegada logro observar que ya había personal de la Comisaria 13, subestaciones aledañas y unidades de protección de personas”. En su declaración dijo que su función esa noche fue prestar seguridad perimetral a los menores de edad, principalmente a los niños y niñas con capacidades diferentes y ninguno de los agentes portó armas.

En su declaración, Pérez Borja dijo que cuando recibieron la cena, afuera de las instalaciones, varios jóvenes gritaban que nadie ingiriera la comida porque podía contener algún tranquilizante. “Ninguno de los adolescentes aprovechó la alimentación por lo que optaron por lanzar la comida a los agentes policiales que resguardaban el perímetro del lugar”.

La subsecretaria Anahí Keller y personal de la PGN le solicitaron a la policía que colaborara para retomar el control, separar a los menores de edad por género para determinar cuántos eran.

Esa acta empieza a ser redactada a las 8:50 de la noche, según declaró. Horas más tarde el personal de la PDH, PGN, Secretaría de Bienestar Social se reunieron en el parqueo del Hogar Virgen de la Asunción para discutir la solución al problema, pero no lograron ponerse de acuerdo, según el subcomisario Pérez Borja. La policía esperó afuera.

¿La llave del aula siempre estuvo allí?

­­– Si no hubiera sido por mí no habría ninguna adolescente viva. Yo soy héroe, yo las saqué de allí, dijo en su defensa Lucinda Marina Marroquín Carrillo, subinspectora de la PNC, detenida por haber guardado la llave del aula donde fueron encerradas 56 adolescentes.

El Ministerio Público la señala de los delitos de homicidio y maltrato contra personas menores de edad, porque, según testigos, al tener la llave del salón tenía el dominio del ingreso y salida de las adolescentes. Una de las declaraciones de testigos (y de adolescentes que sobrevivieron) señalan a la subcomisaria Marroquín de haber dicho “que se quemen esas hijas de la gran puta, como fueron buenas para fugarse, quiero ver si fueron tan fibrudas para salirse”.

– Usted al final tomó la decisión de abrir la puerta, nueve minutos después, pero el fuego ya había hecho estragos. Usted era la encargada del personal, de la custodia de las adolescentes y tenía la llave para abrir la única puerta de acceso.

Al declarar, la subinspectora dijo que no es una asesina ni un monstruo, como el Ministerio Público señala.

– Hicimos todo lo que pudimos. Yo hubiera querido ser un súperman para sacarlas a todas. Éramos 20 agentes y eran más de 50 adolescentes las que estaban allí. Olí su cabello, su piel, tuve su piel en mis manos.

De acuerdo con su relato, la llave estaba puesta en el candado de la puerta donde estaban las adolescentes. Se percató del incendio cuando una agente le gritó que salía humo del aula. Ella se encontraba con el resto de policías mujeres a aproximadamente treinta metros del salón para evitar problemas con las jóvenes.

Cuando le avisaron del humo, la subcomisaria Marroquín dijo que se acercó a la puerta y sin tener conocimientos de bombero o primeros auxilios abrió el aula y empezó a sacar a las niñas que se estaban quemando.

– Yo no estoy loca señor juez, tengo mis cinco sentidos cabales, nunca he tenido ningún problema con la ley, yo no tengo antecedentes.

Su memoria le permitió recordar el color de la puerta, de la bandeja donde llevaban los recipientes con comida, el color de los trastes, de olor a pelo y piel quemada, el físico de las mujeres que tenían manojos de llave colgados en sus cinturas, pero decidió no dar más detalles y responder a las preguntas de los abogados de los familiares de las víctimas le plantearon.

Entre la media noche y las dos de la mañana del 8 de marzo, los jóvenes fueron custodiados por agentes de la policía para ingresar al Hogar Seguro. Desde las 6 de la tarde del día anterior estuvieron afuera de las instalaciones del hogar porque las autoridades no sabían qué hacer con ellos.

Su decisión fue trasladar a 46 adolescentes hombres al auditorio, un lugar amplio y espacioso, y llevar a 56 mujeres a la última aula del hogar, una al fondo de las instalaciones, un cuarto de 47 metros cuadrados con capacidad para 26 personas de pie y 11 personas si se usa como dormitorio. Las adolescentes mujeres no tenían baño y ni acceso a agua. Para que durmieran les llevaron 22 esponjas tipo colchonetas.

Según la investigación de la Fiscalía, el fuego se originó dentro del salón luego de que una de las adolescentes, desesperadas por los malos tratos en el Hogar, sumado al encierro y a la prohibición de ir al baño, prendió fuego a una colchoneta de esponja. Eso provocó un incendio que duró 9.5 minutos y que alcanzó una temperatura superior a los 300 grados centígrados, exponiendo a las niñas a gases letales y con menos del 21% de oxígeno necesario.

La desesperación y la falta de acción

Brenda Chamán trabajó en el Hogar Virgen de la Asunción como jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas. Era la encargada del personal técnico, de trabajo social, psicología, pedagogía, clínica y área jurídica. Fue detenida porque el Ministerio Público la señala de maltrato contra menores de edad, homicidio e incumplimiento de deberes.

Testimonios de jóvenes y trabajadores relatan cómo el hogar gubernamental era un centro de malos tratos en casi todas sus formas.

En su declaración, la psicóloga Chamán dijo que el 6 de marzo por la tarde dos educadoras del área San Gabriel, el espacio en el hogar dónde se encontraban los niños y adolescentes hombres, le avisaron que tenían problemas con dos adolescentes “de identidad sexual transitoria” que querían trasladarse de dormitorio para supuestamente agredir sexualmente a sus compañeros.

Al día siguiente, recibe el aviso de que las mujeres del área Mi Hogar se subieron al techo de las instalaciones y que cuando intentaron hablarles estaban “muy agresivas y muy eufóricas”.

De hecho, las menores de edad denunciaban violaciones sexuales sistemáticas.

A las 2 de la tarde del 7 de marzo, al ver que los adolescentes hombres se unían a las acciones de las adolescentes, llamó a Gloria Castro, de la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, también detenida por incumplimiento de deberes y maltrato contra menores de edad.

En su declaración afirmó que no vio a ningún policía lastimando a los adolescentes, que recibió amenazas de muerte de los jóvenes, y que se reunió adentro del hogar con educadores y trabajadores del hogar para buscarle una solución a la crisis.

– Llegamos al consenso que debido a la agresividad de los jóvenes que tiraban piedras a la policía y que estaban agrediéndolos, y que según me dijeron uno de ellos intentó quitarle la pistola a un policía, solicitamos a nuestras autoridades que los que correspondía era presentarlos ante un juez.

Fue allí cuando decidieron que los menores que se habían escapado del Hogar, que luego fueron capturados por la policía, no ingresaran al hogar sin antes ser presentados ante un juzgado.

– Hay muchos motivos por los que llegaron a este punto y no es porque solo estaban enojados, dijo la psicóloga Chamán.

La jefa del área de maltrato de esa institución, Brenda Chamán, dijo que ella recomendaba que las niñas salieran a correr todas las tardes para reducir el estrés y la ansiedad, y que se bañaran por la noche para que conciliaran el sueño y así evitar que pasara el día malhumoradas, peleándose entre ellas. Aunque no era la primera crisis con las mujeres, la diferencia fue que el 7 de marzo los adolescentes hombres se unieron a ellas, dijo Chamán.

Reconoció algunos de los malos tratos que recibían los niños, niñas y adolescentes. Dijo que desde el 2015 empezaron a tener problemas en la adquisición de insumos por falta de fondos, el año en el que buena parte del Gobierno se detuvo ante las investigaciones por corrupción contra el entonces presidente Otto Pérez Molina y buena parte del Gabinete. En el 2016, con la inexperiencia de muchos funcionarios del gobierno de Jimmy Morales, dijo que la situación empeoró al punto de que no alcanzaba para productos de higiene personal. En febrero de 2017, incluso se quedaron sin gasolina para trasladar a los menores de edad a las audiencias en los departamentos del país, audiencias en las que se tramitaba su caso para salir del hogar.

– Algunos padres nos dieron dinero para combustible, pero por el tema de la corrupción no quisimos aceptarlo y eso desesperó mucho a los jóvenes, declaró la psicóloga Chamán.

Muchos padres y madres de los niños y adolescentes en el hogar seguro libraban batallas legales de meses para sacar a sus hijos del hogar gubernamental. Muchos de ellos habían sido reportados como perdidos y al ser encontrados, fueron enviados ahí por decisión de la policía, la Procuraduría General de la Nación y los juzgados de niñez y adolescencia.

A la psicóloga Brenda Chamán se le recrimina su negligencia al proponer encerrar a las jóvenes en un lugar erróneo.

– Usted en función de su puesto y cargo conocía el riesgo y vulnerabilidad de cada una de las adolescentes, y que una de ellas estaba embarazada, que una de ellas se cayó del techo, donde le recomendaron reposo moderado por una luxación de pelvis. Faltó a su deber jurídico de cuidado y accionar en favor del interés superior del niño, dijo la fiscal del caso en referencia al espacio hacinado en el que las encerraron.

Gloria Castro y Harold Flores, de la PDH y PGN respectivamente, son señalados por el MP de haber actuado con pasividad el día de la crisis y de haber suscrito un acta donde delegan sus funciones de cuidado de los menores de edad a agentes policiales que no estaban capacitados para tratar con adolescentes.

Harold Flores declaró y lo negó. Dijo que hizo todo lo que su puesto le mandaba, que el año pasado denunció la fuga de 40 adolescentes y las condiciones del hogar.

¿Qué hubiera pasado si 41 adolescentes no mueren? ¿Cuáles serían las condiciones de vida de los 600 menores de edad que estaban albergados en ese lugar y que según la declaración de los sindicados ya había sido denunciada y ampliamente documentada?

La solicitud de retiro de inmunidad contra la jueza Rocío Muriillo, que llegó esa noche al hogar seguro pero no hizo nada, también está en trámite en la Corte Suprema. Está señalada de no cumplir su función de verificar las condiciones en las que se encontraban los menores de edad la noche del 7 de marzo.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunió ayer, miércoles 21 de junio, pero todavía no conocieron el antejuicio para decidir si le retiran la inmunidad al presidente Jimmy Morales para trasladar el expediente al Congreso, en donde 105 de 158 diputados tendrían que decidir si el Ministerio Público debe investigar al jefe de Estado. Sería la segunda vez en tres años en la República de Guatemala.