Congreso prepara regalazo fiscal para el Agro

Bajo todos los pretextos posibles, que van desde proteger a la industria, resguardar la seguridad alimentaria o cumplir con los Acuerdos de Paz, los diputados de casi todas las bancadas preparan esta semana una paquetazo fiscal que permitirá que empresarios agrícolas paguen menos impuestos que los ciudadanos inscritos como pequeños contribuyentes. Un regalazo para un sector que siempre ha sido señalado de evadir impuestos.

Un ganadero, por los ganaderos

Gabriel Heredia, originario de Chiquimula, escribió en su propia extensa biografía que viene de una familia que “se dedicaba principalmente a las actividades agropecuarias y a la ganadería”. A él así se le conoce, como uno de los tantos diputados ganaderos.

No es de extrañar que llegara al Congreso en 2004, de la mano de la Gran Alianza Nacional, ese partido que tenía como base a empresarios del sector agrícola. Ahora es parte de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y preside la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Desde esa comisión sorprendió en octubre del 2016 cuando presentó, junto con Julio César Longo, ex PP y ahora de FCN, la iniciativa 8152, “Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería”. Su propuesta exoneraba al sector ganadero del pago de IVA, ISR y cualquier otro impuesto o arancel relacionado con la importación de maquinaria. Además, fijaba un impuesto único del 1% sobre las ventas, de los cuales un 50% servirían para financiar un Fideicomiso de Protección Agropecuaria.

El fideicomiso, una de las figuras menos fiscalizables de ejecución de fondos públicos, invertiría esos recursos en programas de apoyo a los ganaderos. Así que en resumidas cuentas su impuesto real sería del 0.5%. O un impuesto prácticamente nulo que se invertiría en ellos mismos.

Aquella iniciativa tenía el respaldo de 16 diputados de casi todas las bancadas, incluyendo al actual presidente del Congreso, Oscar Chinchilla (CREO-PU), o a diputados de FCN, la UNE, MR, Viva, UCN, ex-Líder y hasta los progresistas de Encuentro por Guatemala y Convergencia. Luis Fernando Montenegro, de EG, firmó su apoyo a la iniciativa, y Leocadio Juracán, de Convergencia, dijo ayer a Nómada que, restringiendo a algunos sectores, apoyaba la propuesta. Sin embargo, el receso de fin de año hizo que la iniciativa quedara engavetada. Además, según el diputado: “aún había aspectos que mejorar en la propuesta y la volvimos a consensuar con todos los sectores”.

Para todos da el señor

Lo primero que hizo la comisión que preside el diputado Heredia (UNE), al regresar del receso, fue darle dictamen favorable a la nueva iniciativa. Las supuestas mejoras son privilegios fiscales no sólo para los ganaderos sino para casi todo el sector agrícola. Desde los productores de flores ornamentales hasta los empresarios de los históricos cultivos del país: café, cardamomo y caña de azúcar. O las camaroneras. Y los ganaderos. La iniciativa también cambió de nombre, ahora se titula: “Ley de Facilitación Tributaria para la Formalización Tributaria para el Sector Agropecuario”.

Aquí, iniciativa de ley 5182.

Si en la primera iniciativa los diputados argumentaron que los beneficios fiscales eran para proteger al sector ganadero que está “en peligro de desaparecer”, en esta mezclaron todo lo posible. Desde garantizar la seguridad alimentaria del país hasta hacerlo para cumplir con los Acuerdos de Paz, que exigen una reforma fiscal para ensanchar la base tributaria.

– Nosotros lo único que queremos es pasar a la formalidad a todos los pequeños productores que actualmente no pagan impuestos y para eso, queremos ofrecerles una forma más fácil de tributar, justifica Heredia.

Según la iniciativa, esos empresarios a los que el diputado considera “pequeños productores”, son todos aquellos cuyas ventas anuales no superen los Q10 millones (US$1.3 millones). Ninguna micro, pequeña o mediana empresa logra vender tanto.

La propuesta que se pretende aprobar de urgencia nacional es fácil de explicar. Se busca crear un Régimen Especial Tributario para el Sector Agropecuario (RETIAGRO), que contempla dos tasas de impuestos.

El primer rango es para quienes vendan menos de Q500 mil y que sólo tendrán que pagar el 1% sobre sus ventas. Para el segundo rango, quienes vendan entre Q500 mil y Q10 millones, deberán pagar una cuota fija de Q500 (quinientos quetzales) más el 3% de sus ventas por encima de los Q500 mil. Es decir, pagarán menos impuestos que los que paga un ciudadano inscrito en el régimen de pequeño contribuyente.

Además seguirán gozando de exenciones y exoneraciones sobre el IVA, el ISR y los impuestos para la importación de dos equipos de maquinaria al año.

A cambio de estos beneficios, la mayor obligación que les impone la ley es que lleven un libro de compras y ventas.

Resguardar los privilegios (y quebrar al Estado)

Carla Caballeros es la directora de la Cámara del Agro y de manera breve responde:

– Siempre y cuando la rebaja del 7% al 3% aplique a todos los sectores, estamos de acuerdo porque el objetivo es ampliar la base tributaria y facilitar la formalización de los productores agrícolas a nivel nacional.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que el año pasado revirtió la caída en los ingresos y ha recuperado la credibilidad en la institución; el Ministerio de Finanzas y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), han puesto el grito en el cielo. Se oponen rotundamente a una iniciativa que echará por la borda todos los esfuerzos de la SAT por aumentar los ingresos del país.

Guatemala es el país que menos impuestos recauda en el mundo (sólo el 10% del tamaño de la economía) y lo hace de manera regresiva, pues el 70% es por IVA y esto hace que los que más ingresos tienen, paguen proporcionalmente menos impuestos respecto de todos sus ingresos.

Al director de la SAT, Juan Solórzano Foppa, no le cupieron todos los argumentos en un solo tuit. Al final publicó lo siguiente:

– La SAT se opone rotundamente a la (iniciativa de) ley de beneficios fiscales para ganaderos y comerciantes del Agro. Serían Q1,156 millones menos de recaudación, se les rebajan multas, impuestos e intereses. Y se les exime de facturar. Además de darles un fideicomiso.

Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, está alarmado. Su cálculo de la pérdida de ingresos que esta iniciativa de ley representaría es todavía mayor.

– Esto puede erosionar fácilmente el 10% de los ingresos del país. La propuesta no es técnica, crea un régimen fiscal especial y debió ir a la Comisión de Finanzas. El gobierno y el presidente Jimmy Morales no apoya esta iniciativa. Es letal para el sistema fiscal.

10% de los ingresos tributarios pueden ser Q5 mil millones, el tamaño del presupuesto del Ministerio de Salud.

Ricardo Barrientos, investigador senior del ICEFI y exviceministro de Finanzas, no reserva palabras para manifestar su malestar:

– Es una afrenta, un adefesio, un insulto para el pueblo. No puede ser tomado en serio.

Para el matemático Barrientos no sólo se trata de una mala técnica legislativa sino de un beneficio para un sector productivo que no lo merece.

– Estos diputados, que deben ya ser investigados por la CICIG, lo que están haciendo es beneficiando a un sector que siempre ha trabajado bajo señalamientos de evasión fiscal. Ahora lo que quieren es una herramienta que les permita las mismas ganancias ya que ahora que la SAT podrá tener acceso a información bancaria de las empresas, sus beneficios ya no serán los mismos.

En 2016 no faltaron los casos de evasión fiscal en el sector agrícola. Por ejemplo, a la Agropecuaria Bellamar Tiquisate S.A. se le acusó de evadir Q140 millones. En 2016, la SAT también intervino a la exportadora de café Bero, S.A., por defraudación tributaria. Además estos sectores agrícolas ya reciben ayuda del Estado. Tal el caso del gremio cafetalero que recibe, a través de un fideicomiso, aportes millonarios financiados con deuda pública o con un impuesto a la exportación del café.

La iniciativa del diputado Gabriel Heredia y los ganaderos parece no sólo buscar reducciones tributarias sino también impunidad. Por ejemplo, en su artículo 20 se establece que “En el proceso de inscripción y permanencia en el régimen tributario prevalece la buena fe del contribuyente agropecuario, por lo que la SAT se abstiene de requerir información o documentos que generen costos o trámites adicionales al contribuyente”.

Además en el artículo 33 se crea un periodo de gracia para que el sector agrícola adscrito al nuevo régimen pueda ponerse al día con la SAT. Si pagan en el primer mes después de la entrada en vigor de la ley, toda su deuda se reduciría a un pago del 20%. Además se les exonera de multas, intereses y recargos.

– Ya tenemos un acuerdo con jefes de bloque, con la Junta Directiva e incluso tenemos el visto bueno del Presidente de la República, afirma el diputado Gabriel Heredia, confiado en que esta semana será aprobada la iniciativa.

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, lo refuta y dice que Jimmy Morales no la apoya. La UNE dice que tampoco apoya a su diputado. Carlos Barreda, de la UNE, fue quien solicitó una opinión al Superintendente Juan Solórzano Foppa y la respuesta fue clara: a la iniciativa no había que darle dictamen favorable porque viola el principio de igualdad tributaria, no permite el control y la fiscalización y además, significa un sacrificio fiscal.

Pese a las oposiciones técnicas a la iniciativa, en el Congreso el ambiente sigue siendo favorable, como de costumbre, para dar privilegios fiscales a uno de los sectores más boyantes. Esto aunque el apoyo de FCN a cobrar menos impuestos sería como pegarle un tiro en el pie a la administración de Jimmy Morales: perjudicar a la institución (la SAT) que sacó la cara para salvar su primer año de gobierno.