En el árbol genealógico de las decisiones, la distancia podría ser la madre. Por eso, antes de enfrentarse a 70 kilómetros en bus hasta Comalapa (Chimaltenango), y después de 12 horas de trabajo en turno de noche en el hospital, Byron Daniel López decidió que mejor iba a desayunar.
Byron, de 23 años, y auxiliar de enfermería en el hospital General San Juan de Dios, fue al puesto de comida de Paula Tecún, de 26, frente a la entrada de consulta externa del centro asistencial, sobre la 1a avenida y 10a calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Cuando salió del hospital, justo delante se había estacionado un carro del Sistema Penitenciario (SP), junto al puesto de Paula. Alrededor de las 8:15 AM, desde el interior de dos vehículos, individuos sin identificar lanzaron una granada y empezaron a disparar con fusiles. Byron saltó para cubrir a la joven que ayuda a Paula a dar los almuerzos. Byron recibió dos balazos: en el brazo derecho y en el abdomen. Paula, un tiro en el brazo.
El reo Marlon Alexander Ochoa, custodiado por cinco guardias del SP, acababa de entrar al servicio de Urología de consulta externa para una revisión. Había llegado de la cárcel Fraijanes I, a 30 kilómetros de distancia, donde cumple pena por homicidio y posesión ilegal de arma de fuego. Los custodios del preso resultaron con heridas leves.
Una mujer de unos 50 años, aún sin identificar, que trabajaba en un puesto callejero, murió casi al instante, en el lugar del crimen. Horas después, ya en la noche, el conductor de la patrulla del SP, Domingo Coc, también falleció. Catorce resultaron heridos, cinco fueron operados de urgencia por recibir impactos de bala y esquirlas, y 10 personas sufrieron un shock nervioso. El miedo más confuso dominó el interior y el exterior del centro hospitalario. Salvo Byron y Paula, que fueron operados con éxito y estaban estables en la tarde de ayer, tres personas continúan en estado muy grave.
Ochoa, alias El Blocky, hermano del líder de la pandilla Barrio 18 en Guatemala, Aldo Dupié Ochoa, salió ileso de la balacera. Los atacantes huyeron, dejaron el vehículo abandonado con un fusil a la altura de la 7a. calle y 1a. avenida de la zona 3.
En Guatemala, el Sistema Judicial permite que, con autorización de un juez, un reo pueda recibir atención médica en hospitales públicos. A las ocho de la mañana es hora pico en la ciudad. Y en el entorno del hospital, en el Centro Histórico, mientras los niños acaban de entrar a las escuelas, los vendedores callejeros toman posiciones para atender a empleados y usuarios del San Juan de Dios, el centro más grande del país, que recibe entre 400 y 700 pacientes a diario.
El traslado lo autorizó el juzgado I Plurinominal de Ejecución Penal. Pero el protocolo de la hora de salida de Fraijanes I y llegada al hospital correspondió al Sistema Penitenciario. Pero por qué llevar a Ochoa en hora pico quedó bajo secreto de sumario del Ministerio Público.
El juez da la autorización en base al expediente completo del reo. Tanto en urgencias como en casos leves, igual que en revisiones médicas. Lo normal es que las autorizaciones sean concedidas, señala Rudy Esquivel, vocero del SP.
A menos de 100 metros a la izquierda de la entrada a la consulta externa, está la Escuela de las Américas, un colegio para párvulos. A esa hora, ayer, los niños ya estaban dentro. En el colegio Grupo Escolar Centroamericano, a 12 cuadras de distancia, se escucharon los balazos y hasta las 12 de la mañana, los alumnos no pudieron salir. Por seguridad, contaba una alumna mientras compraba una granizada en un puesto junto al hospital.
Al mediodía, ayer, el Ministerio Público y la Policía seguían analizando la escena del crimen, cuyo perímetro abarcaba hasta el sanatorio Lourdes, junto a la Escuela de las Américas de un lado y hasta la 12 calle del otro. En el interior del perímetro acordonado, los investigadores no estaban solos; habían dejado a una decena de puestos callejeros. Y a los dueños de los puestos, que no podían vender. Aunque una empleada del hospital trataba de hacer señas a uno para conseguir un aguacate.
“Que los lleven al hospital militar”
A su lado, una señora de unos 30 años alegaba determinante: “El Gobierno tiene que acabar con la política de atender a presos en hospitales públicos”. Un grupo de cinco mujeres, que no la conocían, asentían silenciosas. Del ambiente de terror de las primeras tres horas tras el atentado se pasaba a un ambiente resignado: todo mundo hablaba del ataque, pero muchos, en su ánimo de interpretar las causas, fungían como detectives imaginarios.
Desde hace al menos 10 años, los directores del San Juan de Dios han recibido cartas de Napoleón Méndez, jefe de Emergencias desde 2004, solicitando que eleve al Ministerio de Salud una petición para que los presos no sean atendidos en hospitales públicos, porque dice que es muy inseguro. “El hospital no está preparado para atender a reos, es un lugar impune, acá no hay seguridad armada”.
Méndez, que en 1998 perdió a un compañero médico después de que le pegaran un balazo en la nuca mientras trabajaba en el hospital; Méndez, que ese mismo año le tocó otro atentado en el que remataron a un paciente; y que en 2013 tuvo que encerrarse con más médicos porque un individuo quería rematar a otro paciente, ha perdido la paciencia en su gesto. Méndez, que tras visitar a todos los pacientes de la clínica de emergencias escuchó el tiroteo desde un establecimiento frente al hospital, ofrece ubicaciones para los presos: “En el Hospital Militar o en el de la Policía Nacional Civil”.
El presidente del Gobierno, Otto Pérez Molina, que se encontraba en Escuintla inaugurando un sistema de cámaras de videovigilancia a la hora del suceso, no dio una solución, pero sí dijo lo que no está dispuesto a hacer: ““No nos vamos a poner a construir hospitales en las cárceles cuando con mucho esfuerzo ofrecemos el servicio de salud a personas honestas que no son delincuentes” .
En abril de 2015, después de año y medio de reuniones, asesorías internacionales y mesas de trabajo, el ministerio de Gobernación tendrá la primera política nacional penitenciaria de la historia de Guatemala, según el SP. Entre las múltiples propuestas estructurales y de recursos humanos, se contempla la creación de clínicas médicas con equipamiento específico para casos leves y revisiones. “El objetivo es llevar al mínimo estas acciones de traslados”, dice Esquivel, del SP.
Según la Ley de Régimen Penitenciario, las personas reclusas tienen derecho a la atención médica gratuita. Para ello, los centros de detención preventiva y de condena deben contar con servicios permanentes de medicina general, odontología, psicología y psiquiatría, con su respectivo equipo. Pero el artículo 14 concluye con la situación que se dio en el San Juan de Dios: "En caso de gravedad o cuando las personas reclusas lo soliciten, tienen derecho a ser asistidas por médicos particulares, o a recibir atención en instituciones públicas y/o privadas". **
“El problema fue la fuga de información”
Alrededor de las 9:30 de la mañana, el director de Presidios, Antony Pivaral, informó que el atentado podía deberse a una “fuga de información” dentro del Sistema Penitenciario. Y dijo atentado, atentado terrorista.
El viceministro de Seguridad, Edy Juárez, descartó que fuese un intento de liberar al reo porque si se hubiera tratado de un rescate se habría registrado un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad, dijo.
Casi 24 horas después, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que el ataque estuvo dirigido contra los trabajadores del Sistema Penitenciario. Por lo tanto, la hipótesis oficial apunta a que fue el mismo Barrio 18 el que cometió el atentado. (**)
Para Juan Pablo Ríos, asesor de Gobernación, fundador de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y experto en pandillas, la opción de que los atacantes trataran de liberar fallidamente a Ochoa es la que tiene más sentido. El ataque del que el reo Ochoa salió con vida, no es propio de la Mara Salvatrucha. “Cuando la MS ataca, es precisa. Si va a matar, mata”. Ríos plantea dos preguntas: “Quién autorizó el traslado y por qué se hizo a esa hora. Es un derecho de los reos, pero el problema es la facilidad con la que se coordina dentro de la cárcel”.
La razón de que el traslado se realizara a esa hora al hospital San Juan de Dios no acaba de saberse.
Dos en estado crítico
Byron Pérez y Paula Tecún se recuperan en la segunda planta, pero hay dos personas en extrema gravedad: una mujer de unos 25 años, secretaria de un médico del San Juan de Dios, que fue operada por un tiro en el cráneo, y otro hombre que esperaba en la fila de consulta externa a que le operaran de una hernia, que fue operado de la hernia y de una lesión en el abdomen.
(*) El paciente Modesto Ambricio Esteban González, de 50 años, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General San Juan de Dios. El ataque armado cobró tres vidas. (18.03.2015)
(**) Esta información se agregó el 11 de marzo, a las 20:20 horas.
ANONIMO /
[…] al centro hospitalario y a la dirección. La junta hizo su primera aparición pública tras el granadazo por el que murieron tres personas anunciando que el hospital no iba a atender a más […]
Charlie Pocón /
Me parece que la nota es interesante, sin embargo carece de un enfoque de análisis inclusivo. En el caso de los reclusos, ya sea en forma preventiva o condenados, debe haber un servicio médico en la cárcel. Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos establecen en su norma 22.1 que todo establecimiento penitenciario debe contar con servicios médicos...ésta norma es básica para comprender que el fallo es del Estado, pues en cualquier población penitenciaria habrán enfermedades correspondientes a los grupos etarios que comprenda la población reclusa así como derivadas de sus determinantes sociales.
Quizás pudiera incluirse en la nota esta aclaración. Si tuviésemos médicos atendiendo a las dolencias de los reclusos en las cárceles, no tendríamos reos saliendo a las calles de la ciudad y con ello evitaríamos los daños y riesgos que ocasionan estos viajes.
Un último tema es que no se explica la calidad de experto del que se dice experto. Quizás un par de opiniones de personas igualmente calificadas podría balancear una opinión tan genérica como la vertida por dicho experto.
Por lo demás, nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por los hechos. El atentado contra uno de los guatemaltecos, es un atentado contra la integridad de la Nación. Nuestro pésame a la familia de los fallecidos.