Guatemala es el único país en la región que no tiene una ley de competencia, aparte del artículo 130 de la Constitución que prohíbe los monopolios. Los monopolios pueden ser legales o de hecho. Un ejemplo es el cemento, en donde es virtualmente imposible competir con Cementos Progreso; o la transmisión de televisión en canales abiertos; o el azúcar, en donde un cártel de 5 empresas acuerda precios y está prácticamente prohibido importar azúcar extranjera. El único intento fue en tiempos del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), que cuenta orgulloso cómo ningún empresario azucarero del continente quería venderle y lo logró sólo después de una llamada telefónica al cubano Fidel Castro. Como importador había encontrado a su candidato a la alcaldía y feroz anticomunista, Ricardo Méndez Ruiz. Pero no lograron vender el azúcar en el mercado guatemalteco entre demandas del Ministerio de Salud o de propiedad intelectual. Se buscó una opinión de Armando Boesche, de Asazgua, pero no se obtuvo respuesta.
Y es que las prácticas anti-competitivas no tienen por qué ser expresas. “Hay varios tipos de privilegios fiscales, barreras arancelarias y sobreprecios, que provocan enormes distorsiones en el mercado, que se refleja en poco desarrollo tecnológico y de las empresas”, dice Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Análisis de los Problemas Nacionales (IPNUSAC) y excanciller de Portillo.
Ahora, en discusión en la Comisión de Economía del Congreso, la iniciativa de ley enfrenta tres grandes pulsos.
1. ¿A qué sectores no tocará la ley de competencia?
Las empresas o los sectores oligopólicos son los más poderosos del país. E incluyen sus inversiones en energía, hidrocarburos, bancos, telecomunicaciones, azúcar, harina o pollo. Y aunque la discusión es liderada por un diputado progresista del partido opositor UNE, Carlos Barreda, todavía es un misterio esta respuesta. “Como todavía estamos en el borrador no hay nada escrito en piedra de quiénes podrían o no estar incluidos. Habrá excepciones como la introducción al mercado de bienes o servicios nuevos, o la implementación de nuevos procesos que resulten en un beneficio para el consumidor”, dice el diputado Barreda.
La ley debería de tener un principio filosófico de proteger la competencia, sin excepciones, responde el académico Edgar Gutiérrez: “No hay ninguna excepción de seguridad ni de desarrollo, porque ya tuvieron su época de infancia y de juventud hasta volverse ancianos”. Para él, la excepción son el maíz o el frijol por tratarse de seguridad y soberanía alimentaria.
En las próximas semanas se sabrá el contenido del dictamen para la ley. Y se sabrá cuánto ha valido el peso de los actores más poderosos de la economía. Actores, según el excanciller Gutiérrez, que han frenado la aprobación de esta ley por 10 años.
2. ¿Qué tanto poder va a tener la Superintendencia de Competencia?
La nueva ley pretende crear una Superintendencia de Competencia para defender y promover la libre competencia en todo el país. Y debería poder prevenir, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas. Esta nueva entidad tendría la potestad de intervenir empresas para pedir documentos e investigar prácticas anticompetitivas y concentraciones ilícitas. Según uno de los penúltimos borradores del dictamen, podría imponer sanciones e iniciar procedimientos administrativos en contra de las personas o empresas con prácticas anticompetitivas. Las sanciones pueden ser de unos Q300 mil al 8% al 10% de los ingresos anuales totales de la empresa infractora. El monto dependerá del tipo de práctica trasgresora.
Dentro de las facultades que tendría la nueva Superintendencia de Competencia se encuentra la creación de un equipo de investigación, que se encargaría de buscar y combatir las prácticas anticompetitivas en el mercado. “Lo que se quiere es crear una especie de FECI (Fiscalía Especial Contra la Corrupción)”, explica el diputado Carlos Barreda, primer secretario de la Directiva del Congreso.
Cuán fuerte o débil sea el dictamen de Economía dependerá del pulso entre los diputados progresistas y los diputados conservadores cercanos al sector privado. Es de pronóstico reservado.
3. Será legal arrepentirse y colaborar
La futura Superintendencia tendrá un “Programa de Clemencia”. Algo así como el colaborador eficaz que se ha usado para los casos del Partido Patriota (Eco o Juan Carlos Monzón) en el que alguien de la estructura que delinquió confiense ante las autoridades a cambio de una disminución o eliminación de la pena. Este funciona como una opción para que los cárteles económicos puedan ser detectados y disueltos. Se utiliza a una persona que se acoge al plan y a cambio da detalles de cómo funciona la estructura anticompetitiva.
Este “Programa de Clemencia” se implementó por primera vez en 2008 en España y ha demostrado tener éxito. De acuerdo con Joaquín Lopéz Vallés, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), esta es una de las herramientas fundamentales para la competencia. “Para que un cartel funcione tiene que haber confianza, en que unos se respetan con otros y nadie va a denunciar a los demás. Con la clemencia se introduce la desconfianza, porque nadie sabe si el vecino va a denunciar y la experiencia nos muestra que esto debilita a los carteles”, explica López Vallés.
Desde hace 8 años que se creó el programa en España, se han logrado cerrar 18 casos con multas y frenar las prácticas anticompetitivas. Vallés dice que un equipo especializado es fundamental, así como autoridades capaces de garantizar su independencia y no permitir que las empresas obstaculicen la competencia: “Lo fundamental en la ley es definir muy bien las situaciones prohibidas y cuáles son las permitidas bajo la defensa de eficiencia. Además, autoridades fuertes y soberanas, que sean capaces de tomar decisiones y cuenten con los recursos suficientes. Con autoridades verdaderamente independientes y con el presupuesto y el tiempo necesario se pueden lograr cambios grandes dentro del sector de económico”.
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¿Quiénes van a decidir?
A Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), le preocupa que solo se busque cumplir con las exigencias mínimas del convenio internacional y no se garantice realmente la competencia. Y afuera del Congreso preocupa que vayan a quedar excluídos de la ley algunos de los sectores poderosos, bajo argumentos de “seguridad nacional”.
En un país con el 60% de población en la pobreza y con una canasta básica que no deja de aumentar, una ley de competencia para que bajen los precios es determinante.
De momento, el debate de 17 diputados de la Comisión de Economía está siendo dominado por 6 de ellos. Oliverio García Rodas (MR, ex PP), Juan José Porras (Viva), Arístides Crespo (MR, ex PP), Carlos Barreda (UNE), Álvaro Velásquez (EG) y el presidente de la sala, Alejandro de León (MR, ex Líder). Se intentó buscar la opinión de Porras, uno de los diputados cercanos al sector privado tradicional, pero dijo que todavía no tienen una postura definida.
Les quedan 5 semanas para enviar su resolución al Congreso, para que se apruebe antes del plazo final del 30 de noviembre.
Juan Pueblo /
Shetemul señala oportunamente que la elección de la nueva junta directiva del Congreso va más allá del simple cambio de autoridades al frente de ese organismo. En juego estaría la continuidad o no de los cambios que se han operado en el Legislativo, las reformas a la Ley Electoral y el posible torpedeo a las acciones del Ministerio Público y la Cicig, entre otros aspectos. Señala los peligros que se corren con el diputado Oliverio Garcia Rodas. Lo que es indiscutible es que Garcia Rodas tiene el apoyo de un fuerte sector privado que ya estiraron su musculo para tal proposito, primero se anticiparon con impedir que Taracena pudiera ser candidato y para ello utilizaron a los "piratas pirañas" para interponer un antejuicio contra Taracena, asi el pedido de retirar la inmunidad a Taracena fue presentada por los abogados Ana Lucía Alejos Botrán ( la que defendio al Capitan Lima en el juicio el asesinato de Monseñor Gerardi, aliada y defensora del General Rios Montt, lacaya de Zury Rios Montt, candidata de la ANN del comandante guerrillero Monsanto, abogada de Tigo, amiga intima de Zamora y defensora discreta de Otto Perez Molina y del PP); y Diego Sagastume Vidaurre ( el famoso Ministro de un dia de Otto Perez Molina, a quien meses antes lo trato de ladron y que a la carcel debia de ir, y luego le acepta el cargo de Ministro de Economia, servil del poder economico y abogado de Tigo tambien, entre otros titulos, y que quiere presumir con el apellido de su abuelo, porque el de su padre lo omite), y la avanzada de esta estrategia de eliminar al Loco Taracena lo sustenta una denuncia por supuestas anomalías en la contratación de personal en el Congreso, que acaso pudiera ser cierta, pero no es el verdadero objetivo, sino es abrir paso a la alianza diabolica en el congreso para detener el cambio que Guatemala sueña y que hizo realidad en el 2014.
Pero como dice Albizurez, no es de extrañar que cuando apenas se han dado unos pasitos para erradicar la corrupción de diversas instituciones del Estado, las mafias, que han seguido vivitas y coleando, se reagrupen e intenten tomar el control del Congreso, dando un zarpazo e intentando hacer retroceder el proceso, para que se paralicen los juicios iniciados y la persecución penal de los corruptos se estanque. Pero el peligro no es solo ese, es volver a secuestrar al Estado y ponerlo a su servicio. Talvez Velazquez tiene razon de que más vale loco conocido que oreja…
Luferdel /
Muy difícil implementar una ley de competencia en un país en donde imperan prácticas monopólicas descaradas por parte de un empresariado, poco evolucionado, con mentalidad medieval, que compra y corrompe gobiernos, evade impuestos, se favorece con la corrupción y el contrabando y se enriquece en brutal. Para que cambiar las reglas del juego, cuando se gana.
David /
Magnifico Articulo, felicitaciones.
René Franco /
¿Álvaro Velásquez es de EG?
Erick /
Ya era tiempo para que haya una Ley de Competencia. Pues vivimos en un país con mucha pobreza y empresas muy ricas que se aprovechan de este país. Ojala por el bien de Guatemala se termine, se apruebe y haya por fin una libre competencia. Interesante lectura.
Ricardo /
La ley de competencia (bien elaborada) urge en Guatemala. Esto es algo que discutíamos con compañeros de diferentes países del CA-4. Todos se fijaron inmediatamente en lo caro que es la vida aquí en comparación con su país de origen.