El día en que los empresarios (por fin) abandonaron a Otto Pérez

En 58 años de existencia, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) nunca había pedido la renuncia de un presidente. Monolítico y práctico, el ente que aglutina a los empresarios más poderosos de Guatemala nunca se había visto en la necesidad. Porque, dicen, no había pruebas consistentes acusatorias.

Ni siquiera este año, con la gravísima crisis inicial de La Línea, el caso más importante de defraudación aduanera de la historia del país, había sido suficiente. Ni aunque la estructura estuviera liderada por el ex secretario privado de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón, ni porque la propia vicepresidenta renunciara por el caso, ni mucho menos por las sospechas de que el presidente tenía mucho que ver en esa estructura criminal. El Cacif no se animó a pedir que rodaran cabezas.

La crisis empezó el 16 de abril de 2015 y la últimas dos veces que el Cacif se pronunció en conferencia de prensa fue el 8 y el 19 de mayo para pedir la renuncia de Baldetti y para hablar de Otto Pérez. Guatemala llevaba para entonces un mes de protestas, pero la incidencia de la indignación ciudadana no hizo efecto en el empresariado tradicional. Aquel martes 19 de mayo, el presidente del Cacif, acompañado del resto de jefes de las cámaras, exigió a Otto Pérez que tomara medidas contra la corrupción. Pero no le pidió su renuncia.

Briz y el resto de cámaras no pudieron convencer a la Cámara de Industria y Agexport, coinciden una decena de fuentes cercanas al sector privado.

Sólo el 28 de mayo lanzó un comunicado pretendidamente críptico que quedaría para la posteridad: “Es importante mencionar que la institucionalidad del país no está vinculada a la permanencia en su cargo de quien ejerce las funciones de la presidencia de la república, y que toda sanción sin restitución es también una forma de impunidad”.

Desde aquel día, el Cacif, cuya única voz es su presidente, en este caso Jorge Briz, se quedó callado. Un silencio que mantenía y apoyaba implícitamente la continuidad en el poder de Otto Pérez pese a los señalamientos de integrar la estructura de La Línea. El cómodo silencio lo rompió la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y del Ministerio Público este 21 de agosto con su acusación de que no sólo el presidente integraba la red de defraudación, sino que la dirigía y cobraba cantidades mensuales millonarias por eliminar impuestos a importadores.

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Los empresarios azucareros, cafetaleros, constructores y exportadores más poderosos del país aguantaron hasta que el nombre de Otto Pérez salió de la boca de la fiscal Thelma Aldana y del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez. Hoy, ante el grado de incriminación, en el Cacif –y en especial en la Cámara de Industria– claudicaron y desistieron de sostener al presidente más cuestionado de la era democrática en el país. Ya no podían, ya había pruebas en su contra.

Jorge Briz, líder de la Cámara de Comercio y acompañado por toda la cúpula empresarial, pidió la renuncia de Otto Pérez y que la Presidencia pase a manos del vicepresidente Alejandro Maldonado (que está en el cargo desde que renunció la ex vicepresidenta Roxana Baldetti) hasta el 14 de enero de 2016. “Hoy se vincula al presidente con una estructura de contrabando… Lo que compromete gravemente su situación y posición al frente del Ejecutivo y la hacen ciertamente insostenible”.

¿Por qué piden su renuncia ahora? “Porque no recibimos respuesta positivas a nuestros requerimientos”, dijo Briz sobre las peticiones que lanzó al presidente entre abril y mayo para que investigara y depurara a sus funcionarios corruptos para restituir.

Si bien pidió sin concesiones la renuncia del presidente, su dureza fue cuestionable si se compara con las palabras que dedicó al Congreso: “La actitud del Congreso hasta la fecha ha sido totalmente irresponsable. Es inaceptable su irresponsabilidad y total indiferencia ante temas de interés de Estado”.

El comunicado del Cacif, compuesto de cuatro puntos que Briz leyó en voz alta, tenía varias personalidades: la clara contra el presidente, la amenazante contra el Congreso y la implícita pasiva agresiva: daba a entender que no se va a posicionar en contra de ningún partido, sólo si el MP y la CICIG encuentran más evidencias contra los partidos que compiten en las elecciones más cuestionadas de la historia de Guatemala.

“El mensaje de pedir la renuncia al Presidente es un precedente claro y contundente para todos los políticos que, en las elecciones generales, aspiran a ejercer cargos públicos”, leyeron, como si estuvieran hablando hace dos meses cuando la mayoría de actores políticos pedían la renuncia de Otto Pérez y los empresarios se mantuvieron a su lado.

Mientras evalúa a qué partido apoya a estas alturas de la crisis, parte del Cacif desconfía de Líder, el partido que encabeza las encuestas con Manuel Baldizón al frente (un 30%) y que también encabeza el descontento capitalino en las manifestaciones, más desde que su vicepresidenciable fue señalado de lavado de dinero por la Cicig. Pero en su pragmatismo habitual tampoco se pronuncia en contra de Líder. ¿Van a pedir la suspensión de Líder? “No, apoyamos al Tribunal Supremo Electoral para que apliquen sanciones drásticas a los partidos que infrinjan la Ley”.

Toda esa respuesta para decir que aplauden la sanción que el TSE le metió a Líder por sobrepasar el techo presupuestario de campaña electoral.

Pero la respuesta del Cacif, tan alambicada y ambigua, responde al formato que han seguido con el caso de Otto Pérez, el primer presidente pro-empresarial de Guatemala al que los empresarios no pudieron llevar a cuestas hasta entregar el cargo.