El ejército hondureño, principal sospechoso de matar a Berta Cáceres, según The Guardian

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del 2016, cuando supuestamente estaba bajo protección estatal tras recibir amenazas de muerte por su oposición a una represa hidroeléctrica. El asesinato de Cáceres, ganadora en 2015 del premio ambiental de Goldman, conocido como el Nobel verde, colocó por primera vez a Honduras en el mapa internacional desde el golpe de Estado de 2009.

Desde ese golpe de Estado fueron otorgadas 111 licencias para hidroeléctricas, como a la que se oponía Berta Cáceres y las comunidades lencas. El problema con muchas de las hidroeléctricas en Honduras no es que produzcan energía limpia, sino que como muestra una investigación de El Faro, no respetan el caudal ecológico que deberían dejar, no consultan a las comunidades y además no pagan impuestos. En la zona indígena lenca, por ejemplo, una de las hidroeléctricas mostradas en el reportaje es propiedad de la vicepresidenta del Congreso hondureño.

Y a criterio de investigadores del Ministerio Público hondureño citados por The Guardian, hay evidencias de militares involucrados en el asesinato. Si Berta Cáceres se oponía a una política de Estado, el oscuro Estado hondureño habría ordenado su asesinato. 124 activistas ambientales han sido asesinados desde 2009.

“Los documentos de la Corte también incluyen los registros de mensajes de teléfonos móviles que los fiscales creen que contienen referencias codificadas relacionadas con el asesinato.Dos de los militares sospechosos visitaron la localidad de La Esperanza, donde Berta Cáceres estuvo varias veces durante las semanas previas a su muerte, según registros telefónicos y testimonio de uno de los militares detenidos, Henry Javier Hernández, a los que tuvo acceso la periodista Nina Lakhlani.

Una fuente cercana a la investigación dijo a The Guardian: "El asesinato de Berta Cáceres tiene todas las características de una operación bien planeada diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contratar civiles como asesinos.Es inconcebible que alguien de su alto perfil, cuya campaña la haya convertido en un problema para el estado, pueda ser asesinada sin autorización, al menos implícita, desde el alto mando militar".

“Cinco civiles sin antecedentes militares también han sido arrestados. Entre ellos están Sergio Rodríguez, gerente de la presa hidroeléctrica Agua Zarca financiada internacionalmente, a la que Cáceres se había opuesto. El proyecto está a cargo de Desarrollos Energéticos SA, (DESA), que cuenta con amplios vínculos militares y gubernamentales. El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un ex oficial de la inteligencia militar y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, es el ex ministro de Justicia. DESA contrató al ex teniente Bustillo como jefe de seguridad entre el 2013 y el 2015”, recuerda el medio británico.

Pero no sólo están las investigaciones que se muestran en documentos de la Fiscalía y la Corte hondureñas. The Guardian también habló con un militar retirado hondureño, que le reveló que había visto el nombre de Berta Cáceres en una lista de personas a ser asesinadas por el ejército.

Estas revelaciones suponen un duro golpe a la credibilidad del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, que en 2009 fue legitimador del golpe de Estado contra Manuel Zelaya porque éste último intentó reelegirse. Ahora el mismo Juan Orlando Hernández cooptó los contrapesos estatales, que avalaron que pueda lanzarse a la reelección presidencial a pesar de la prohibición constitucional. En medio de esto, Honduras continúa siendo lo más cercano a un Estado fallido. No tiene fondos ni para imprimir todas las placas que necesita su parque vehicular, concesionó prácticamente todas las carreteras y el 35% del territorio fue dado a mineras, publicó El Faro. Continúa con niveles de violencia superiores a los 70 asesinatos por cada 100 mil habitantes (el triple que Guatemala) y el descenso en los homicidios, cuestionan organizaciones sociales, se debió únicamente a que dejaron de contarlos instituciones con independencia.

El caso, además, supone un desafío para la nueva Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), inspirada en la CICIG guatemalteca. La diferencia es que la MACCIH es asesora y no tiene posibilidad de demandar penalmente junto al Ministerio Público como en Guatemala. La diferencia es que tiene como contraparte desde su inicio a un Estado hondureño que parece totalmente cooptado por mafias y bandas de asesinos.