El Estado debe Q31 millardos al IGSS y gasta 8 en seguros privados

Esta falta de recursos para el Seguro Social cuesta vidas. Desde las 47 perdidas por un caso de corrupción renal por el que están presos todos los integrantes públicos y privados de la Junta Directiva del IGSS, hasta dos de cada tres trabajadores y sus familias que, sin seguridad social, caen de la clase media por cualquier accidente, enfermedad o vejez.

La Constitución de la República obliga a todas las instituciones estatales a que protejan la salud y la vejez de sus trabajadores y funcionarios con la seguridad social. Esto es un derecho laboral esencial que en vecinos como Costa Rica cubren a casi el 100% de la ciudadanía y que en Guatemala al menos debería aplicarse en el Estado. Pero en la práctica, varias instituciones estatales usan fondos públicos para comprar seguros privados. Mientras tanto, la deuda que tiene el Estado con el IGSS sigue en aumento. Durante el último año del gobierno de Otto Pérez Molina y la presidencia del IGSS de Juan De Dios Rodríguez –ambos en prisión preventiva por casos de corrupción–, ésta aumentó Q.4 millardos en un año.

Juan de Dios Rodríguez usó el IGSS como botín para incidir en la compra de diputados y jueces.

Las razones de los seguros privados adquiridos por el Estado, por lo general, tienen que ver con asegurar bienes como flotillas de vehículos, equipo de oficina, bienes inmuebles, directivos de instituciones o funcionarios que viajan.

Pero existe otro tipo de gasto: la compra de pólizas de seguro de vida colectivo y de gastos médicos que varias entidades del Estado efectúan. Esto, a pesar de que todos los trabajadores y funcionarios que obran en instituciones públicas están afiliados al régimen de Seguridad Social del país. A ellos se les descuenta automáticamente de sus salarios la cuota de previsión social.

La protección para unos; el desamparo para otros

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) firmó, en septiembre de 2015, el primer contrato de este tipo con Seguros Universales S.A., NOG 3973212 en Guatecompras. Es un seguro por dos años de Q7 millones que cubre a sus 875 trabajadores (atletas y funcionarios de escritorio). La CDAG se suma al grupo, el cual incluye ministerios, municipalidades, entidades autónomas y oenegés que reciben fondos estatales y contratan pólizas privadas para cubrir la salud de sus trabajadores.

Desde 2005, cuando se registran los gastos públicos en Guatecompras, hay aumentos poco racionales.

La Empresa Portuaria Quetzal –señalada durante el gobierno del PP de opacidad y corrupción– aumentó en 600% el gasto en seguros desde 2005. El primero que registra en 2005 fue por Q6.5 millones y el de 2014 fue de Q42.1 millones, por “seguro de vida y reembolso de gastos médicos para el personal de la portuaria”.

En el primer año del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) rompía récord con el seguro médico y de vida más caro del Estado, con un costo de Q6,600 al año por empleado, denunció el periodista Asier Andrés en elPeriódico. Esa póliza, con vigencia de 18 meses, costó Q37.5 millones. En 2013, SAT contrató otra póliza, por Q47 millones.

Nómada encontró que la mayor parte de las contrataciones de seguros vienen de las instituciones autónomas. Entre la SAT, las portuarias Quetzal (EPQ) y Santo Tomás de Castilla (Empornac), el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y la Superintendencia de Bancos (SIB) suman más del 65 por ciento de estas compras, sobre todo a partir de 2011.

El Congreso, por su parte, también contó con pólizas de este tipo pero para cubrir la salud de los diputados. Entre 2005 y 2010, invirtió Q18 millones. Guatecompras no registra compras de este tipo después de ese año, aunque diputados confirmaron que sigue la opción.

Seguros Universales, la mayor beneficiada

En el sector deportes, la CDAG nunca había comprado una póliza privada, hasta el año pasado, pero el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) sí. El contrato que firma la CDAG es similar al del COG en cuanto al monto (ambos rondan los Q7 millones) y el proveedor (Seguros Universales). El COG fue una de las primeras instituciones públicas en hacer este tipo de compras, a partir de 2005.

En esta ocasión, la CDAG abrió una convocatoria pública para comprar un seguro que cubra la salud de los atletas federados por una parte y la de sus trabajadores y autoridades, por la otra. El dictamen técnico, es decir el visto bueno para hacer la compra, se basa en cubrir la salud de los deportistas. No hay mención alguna, en ese documento emitido el 21 de mayo 2015, de cubrir la salud de la nómina salarial.

La CDAG, como cualquier institución pública, retiene el IGSS de los trabajadores. Se descuenta de la nómina de salarios el 4.83 por ciento para los trabajadores que laboran bajo los renglones 011, 021 y 022. Los atletas federados no entran dentro de estos renglones.

En el caso de la CDAG, Seguros Universales ganó por encima de una oferta de Seguros El Roble, que era más barata, Q5,9 millones. Dos meses después de contratada la póliza, la confederación sumó a la planilla 17 personas más y el monto original subió de Q6.9 a Q7.05 millones.

Nómada se comunicó con la CDAG en busca de una explicación a este asunto y hay una inconsistencia en los números. La documentación y la cifras en Guatecompras suman Q7.05 millones, la asesora jurídica , Celeste Ayala sostiene que el contrato es por Q6.9 millones.

Seguros Universales, de hecho, también es la aseguradora de las Portuarias. La firma ha ganado algunas de las licitaciones más caras de este tipo, en particular las de la Portuaria Quetzal por Q42 millones, y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás del Castillo por Q33 millones, ambas en 2014. También ganaron la de 2012 de la Portuaria Quetzal y las de Santo Tomás en 2009 y 2011.

Los detalles de la compra causan dos interrogantes que no se resuelven en la documentación oficial que pide el Estado.

1. El contrato se basa en cubrir a dos grupos distintos allegados a la CDAG (trabajadores y atletas), pero la compra de la póliza no permite ver cuánto dinero del total está reservado para la cobertura de deportistas. Los documentos oficiales se basan sobre todo en asegurar la cobertura de los 875 trabajadores. Nery Castañeda, de la subgerencia de recursos humanos de la CDAG, dice que la póliza para trabajadores y autoridades suma Q.6.89 millones. Afirman también que las pólizas de atletas y trabajadores son distintas. Pero el contrato que firman con Seguros Universales es el mismo. Hasta ahora, la CDAG no dio explicaciones sobre el costo de la póliza para atletas.

2. La CDAG afirma que la compra se hizo, en realidad, porque es parte del beneficio acordado en el Pacto Colectivo de Condiciones del Trabajo, en el artículo 58. Esta justificación no aparece en ningún documento disponible en Guatecompras.

Al contactar al director de Recursos Humanos de la Portuaria Santo Tomás, Samuel Tobar Franco, la respuesta es similar: “no puedo hablar al respecto, pero es por el Pacto".

Las excepciones, fuera del alcalde del IGSS, son los seguros de vida, en especial para policías. Pero son la minoría. El Inguat adquirió un seguro en 2016 por Q516 millones; en 2015, la Municipalidad de Guatemala por Q157 millones; la USAC por Q735 millones, Finanzas por Q11 millones e incluye a extrabajadores; la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, por Q679 millones; Conalfa por Q73 millones; el Banguat por Q498 millones; Conred por Q898 millones e incluye plan dental; Fontierras por Q686 millones, el Comité Olímpico por Q6,847 millones; Emetra por Q262 millones; la SAT por Q47 millones; el Ministerio de Economía por Q687 millones; Finanzas por Q6,173 millones; o la misma Contraloría, por Q1,382 millones.

Descarga aquí la lista deinstituciones que prefieren seguros privados que IGSS.

Si el seguro privado no cubre, está el IGSS

La postura del IGSS, vía la vocera Lucía Dubón, es que hay elementos constitucionales por considerar. “El artículo 100 de la Constitución obliga a trabajadores, empleadores y Estado a contribuir con el financiamiento del sistema de seguridad social. Sin embargo, los patronos pueden pagar seguros privados para beneficio de sus afiliados”. Es lo que hacen varias empresas privadas que pagan al IGSS. Pero el patrono del Estado de Guatemala tiene una deuda grande con el IGSS.

Además, el artículo 100 constitucional obliga a mejorar y fortalecer el seguro social público. Esta es la opinión del abogado laboralista Alejandro Argueta, que ve en la declaración de la vocera del IGSS una “tergiversación del régimen constitucional”.

Argueta agrega que “es deber de los funcionarios públicos fortalecer la administración del seguro social público.  No deben debilitarlo más al contratar seguros privados que producen lucro y que, además, son restrictivos para enfermedades terminales. Esto último sí lo cubre el IGSS.”

Es decir, los seguros privados casi no brindan los beneficios que ofrece el IGSS, como tratamiento para enfermedades terminales. Para eso, los empleados deberían acudir a la única institución que sí los incluye: el IGSS.