El mérito del PP que mencionó Biden era de la CICIG

El gobierno estadounidense condicionó su último apoyo económico a Centroamérica a que los países den muestras claras de lucha contra la corrupción en organismos públicos y sistema judicial. Según Biden, la desarticulación de una red de traslado de presos liderada por el reo Byron Lima y el director de Presidios demuestra que Guatemala está dando pasos. Pero la investigación no partió del gobierno del Partido Patriota.

La situación se resume más o menos así. En los primeros meses de 2014, centenares de migrantes menores de edad centroamericanos cruzaban (más de lo habitual) la frontera mexicana para llegar a Estados Unidos. A medio año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras solicitaron apoyo a Estados Unidos para reducir los niveles de pobreza y violencia que fomentan las crisis migratorias.

Por sus actuaciones en el siglo XX por el apoyo a bananeras, golpes de Estado y dictaduras en la región, Estados Unidos tiene una responsabilidad en los obstáculos al desarrollo Centroamérica. Además, la estabilidad de la región tiene una importancia geoestratégica para Washington.

El presidente estadounidense, Barack Obama, recibió en julio de 2014 a los presidentes de los tres países y les prometió una ayuda económica para el desarrollo y así frenar la migración ilegal masiva. En noviembre, la Casa Blanca anunció el llamado "Plan Prosperidad", que arrancaría en marzo de 2015, para el que Obama pidió en enero al Congreso un billón de dólares. A cambio, se comprometieron a acabar con la corrupción y a depurar el sistema judicial.

Obama y los tres centroamericanos. Foto: La Tercera

¿Dónde ve los méritos la Casa Blanca?

La pregunta que quedó en el aire fue: ¿a qué casos de corrupción y tráfico de personas se refería Biden para demostrar la rápida reacción del gobierno del Partido Patriota?

En el país, nadie sabía dar respuesta. En la sociedad civil decían que no había tales; en el Ministerio Público que tenían que preguntar a los funcionarios especializados; en la Policía Nacional Civil tampoco podían dar razón. Finalmente, en la embajada estadounidense encontraron una.

Biden se refería a dos casos:

1. La red de traslado de presos, liderada por el reo Byron Lima (en prisión desde hace 15 años condenado como autor intelectual del asesinato del arzobispo Juan Gerardi), en la que presuntamente participaban el director y el subdirector del Sistema Penitenciario.

2. Las denuncias de presuntos otorgamientos de estatus migratorios y extensión de documentos a extranjeros en el país por parte de Manuel Vicente Roca, el último interventor de la Dirección General de Migración.

En septiembre de 2014, el gobierno de Pérez Molina destituyó a los dos directivos del Sistema Penitenciario y en octubre, al de Migración. En todos los casos los funcionarios enfrentarán a la justicia. Pero, el mérito que resaltó Biden no fue del Gobierno, fue una acción impulsada por  la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la comisión que Guatemala inventó para que investigadores latinoamericanos, con financiamiento europeo y estadounidense, investiguen y denuncien junto a fiscales guatemaltecos.

La CICIG, que funciona desde 2007, fue respaldada por Otto Pérez Molina desde 2007 cuando era diputado y siguió así cuando empezó su presidencia en 2012; así lo manifestó en su informe del primer año de gobierno. Pero ha sido precisamente el trabajo investigativo de la CICIG que ahora resalta Biden el que ha hecho que se acabe el amor entre el PP y la comisión, al extremo que Pérez Molina no quiere que en septiembre se renueve su mandato.

El motivo: Byron Lima era cercano al Partido Patriota. Desde que imprimió camisetas para la campaña electoral en su maquila en la cárcel, hizo fiestas dentro de los centros penitenciarios con diputados del PP, hasta que sugirió a la mitad de nombramientos en las cárceles a Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, subsecretario general del partido y amigo personal del Presidente.

En la embajada de Estados Unidos en Guatemala son claros sobre quién se lleva el mérito en el caso del traslado de reos: “Fue procesado con ayuda de la CICIG”.

Dos meses antes de la destitución de Roca, el ex interventor de Migración, una investigación de la CICIG destapó una presunta red de falsificación de pasaportes y tráfico ilegal de personas. Quedaron ligados a proceso José Alberto de León Gramajo, jefe de la delegación de pasaportes del Centro de Emisión de Pasaportes de Migración, y José Antonio Samayoa Cano, ex representante de Corporación Inmobiliaria La Luz, S.A (entidad que anteriormente autorizaba la elaboración de pasaportes).

La distribución de los fondos del Plan prosperidad depende de que el Gobierno de Guatemala tenga hechos para mostrar su compromiso. La Hoja Informativa de la Casa Blanca del 25 de enero dice: “Si bien los Estados Unidos está dedicando recursos considerables, el éxito de esta iniciativa dependerá mucho más de cuán dispuestos estén los gobiernos de Centroamérica a continuar demostrando su voluntad política; así como la voluntad de cumplir con compromisos políticos y financieros que se traduzcan en cambios positivos en la región”.

Biden y Pérez Molina.

En dos semanas, Biden aterrizará en Guatemala para analizar los avances del Plan. El mensaje que dará al presidente parece ser uno: De la continuidad de la CICIG dependerá la confianza de Estados Unidos en el gobierno de Otto Pérez Molina.