El caso en el que descubrieron una trampa legal del presidente del Colegio de Abogados

Para comenzar, hay tres factores que colocan a Luis Fernando Ruiz como alguien cercanísimo a los militares de inteligencia que sobrevivieron desde Pérez Molina hasta Jimmy. 1) Luis Fernando Ruiz fue asesor de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, dirigida por Bustamante. 2) Fue catedrático del doctorado en seguridad que fundó el general Ricardo Bustamante –el mandamás de la inteligencia estatal desde 2012– en la USAC, y del que fueron alumnos Jimmy Morales y la canciller Sandra Joviel. 3) Y en su planilla del Colegio de Abogados cuenta con asesores del exministro prófugo Alejandro Sinibaldi, de la procesada registradora Anabella de León o del ministerio de la Defensa. 4) El ala de Bustamante ha aumentado su influencia en el gobierno de Jimmy, no sólo con el control de la inteligencia en Defensa, sino en Gobernación y en la Cancillería.

Mencionado eso, vamos al caso.

María Cristina Fernández es una magistrada de carrera con mucho prestigio. Graduada de la Universidad Francisco Marroquín, fue vetada por los diputados de PP y Líder en su reelección como magistrada de apelaciones por haber fallado a favor de unas comunidades q’eqchís en una disputa de tierras en la que la Cámara del Agro se pronunció públicamente a favor de los empresarios del agro*. María Cristina Fernández llegó a la CC después de ser electa por la asamblea del Colegio de Abogados. En la CC, fue una de las tres que firmó el fallo que detuvo la expulsión de Iván Velásquez, jefe de la CICIG, por parte de Jimmy Morales.

Hace dos meses, María Cristina Fernández presentó un amparo en el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de Guatemala. En las seis hojas del documento, la abogada contó a los jueces que lo que empezó como una denuncia en su contra por supuestas faltas a la ética profesional, se convirtió en un largo proceso plagado de violaciones a la ley por las las autoridades del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

Luis Fernando Ruiz, ahora presidente del Colegio de Abogados, fue presidente del Tribunal de Honor hasta marzo de 2017.

Todo comenzó el 19 de febrero de 2016. Calvin Kenneth Shields, en representación de la empresa LISA, liderada por el excandidato presidencial Juan Gutiérrez, denunció a la magistrada Fernández en el Tribunal de Honor del CANG porque supuestamente ejerció su profesión en conflicto de interés. Juan Gutiérrez, por cierto, tuvo como vicepresidenciable a Manuel Marroquín, expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

Calvin Shields dice que la magistrada Fernández benefició con sus resoluciones a su competencia y luego, en el tiempo en el que dejó ser magistrada, se convirtió en abogada defensora de esa firma, perjudicándolo en un proceso civil. El empresario pidió una sanción pública y una multa de Q5 mil para la abogada. Ella niega haber conocido ningún caso contra LISA como abogada.

Ya pasaron casi dos años desde entonces y la magistrada Fernández descubrió probables ilegalidades en la actuación de Luis Fernando Ruiz, que podrían llevar a que sea acusado por falsedad ideológica, un delito que conlleva la prisión.

Estos son los 5 hallazgos:

1. Las fechas que delatan anomalías

En el expediente hay cinco resoluciones con fechas del 3, 6 y 8 de marzo de 2017, que están firmadas por Luis Fernando Ruiz, presidente del Tribunal de Honor; y dos vocales. Pero tienen un vicio.

El 21 de agosto de 2017, cuando se hizo una revisión del expediente por parte del equipo de abogados que acusa a la magistrada Fernández, esas resoluciones todavía no estaban firmadas. Ellos mismos lo denunciaron por escrito. Eso significa que Luis Fernando Ruiz firmó los documentos en agosto diciendo que los firmaba en marzo.

Para entonces, los tres firmantes ya no eran integrantes del Tribunal de Honor, que cambió de autoridades el 30 de marzo de 2017. Luis Fernando Ruiz ya era el presidente del Colegio de Abogados.

– Esto además de ser faltas éticas en el ejercicio profesional, hace que las resoluciones devengan total y absolutamente nulas y es constitutivo de graves delitos, acusa la magistrada Fernández.

En este caso se pudieron cometer los delitos de falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.

2. Un tribunal ‘fantasma’

El Tribunal de Honor del Colegio se conforma por 7 miembros titulares y 2 suplentes. La norma establece que esa instancia necesita obligatoriamente de todos sus miembros para dictar resoluciones y cuando uno o dos no pueden participar, les cubren los suplentes. Y en un caso extremo puede conformarse con 6 o hasta 5 integrantes. Pero nunca pueden ser menos. En todo caso, siempre es necesario que las ausencias de los integrantes del Tribunal se documenten y se presenten las excusas legales.

En todo el proceso de LISA contra la magistrada Fernández no se cumplió con esa obligación ni una sola vez. Nunca estuvieron presentes los 7 integrantes del Tribunal. Y varias ocasiones las decisiones las tomaron pocas personas, contraviniendo así la norma que busca desconcentrar el poder. En seis oportunidades solo firmaron 3 integrantes y en otras cuatro ocasiones solo firmaron 2.

En el amparo se denuncia esa situación como una violación al debido proceso y por lo tanto cuestiona la legitimidad de todas las decisiones tomadas por un pequeño grupo de personas.

Al centro, Luis Fernando Ruiz y Julio Dougherty en 2017 tras ganar en las elecciones para dirigir el CANG y el Tribunal de Honor, respectivamente.

3. Una excusa sin respaldo

El 25 de febrero de 2016, 6 días después de que empezara el proceso, Ramiro Stuardo López Galindo, entonces secretario del Tribunal de Honor, envió una carta a sus colegas en donde explica que no puede conocer el caso de Shields contra Fernández. Y argumenta que trabaja en un juzgado donde se están conociendo procesos legales relacionados con LISA, por lo que quiere evitar cualquier conflicto ético.

Pero la validez de su excusa genera dudas. Los estatutos del Colegio establecen que la excusa de López debió ser conocida por el Tribunal de Honor y luego se debió emitir una resolución para aceptarla o rechazarla. Eso nunca pasó.

– El Tribunal ha tramitado todo el proceso sin haber aceptado o denegado la excusa del secretario, lo cual es una grave violación al debido proceso, señala Fernández.

 4. El silencio de Luis Fernando Ruiz

En el Colegio de Abogados solo hay silencio. Luis Fernando Ruiz dice que no quiere hablar del proceso porque ya no le compete. Y se niega a responder por qué firmó una resolución como presidente del Tribunal cuando ya no ocupaba ese cargo.

Ruiz dice que tiene funciones que le demanda tiempo y energía.

– No me voy a referir a ese caso, que es solo responsabilidad del Tribunal de Honor.

Y Julio Dougherty, el actual presidente del Tribunal de Honor, dice que no va a hacer comentarios, porque presentó una excusa legal para no conocer el caso que involucra a Fernández.

– En un momento yo competí contra ella por un puesto en la Corte de Constitucionalidad y por eso e inhibí.

5. Las posibles consecuencias

Marco Antonio Canteo, especialista en temas de seguridad y justicia, cree que este caso tiene consecuencias importantes en el gremio de abogados y en general para todo el sistema de justicia.

En el primer caso, tanto LISA como la abogada denunciada en el Tribunal de Honor resultan perjudicados por las presuntas ilegalidades, dice Canteo. Y por eso, cualquiera de los dos puede iniciar acciones legales para que se deduzcan responsabilidades, probablemente, de tipo penal.

– Es importante que se revisen todas esas resoluciones en las que hay señalamientos de posibles vicios e irregularidades, para devolver la confianza en el gremio, dice el abogado.

Luis Fernando Ruiz y Julio Dougherty ocupan cargos en la comisión de postulación para la elección de Fiscal General. Son dos de los 15 electores, junto a los 12 decanos de las facultades de derecho y el presidente del OJ, que deberán estudiar los perfiles de todas las personas que aspiren al cargo de Fiscal para integrar una lista de 6 candidatos, de la que Jimmy Morales debe elegir al sucesor de Thelma Aldana.

A criterio de Canteo, si las actuaciones de los representantes del CANG generan dudas y desconfianza, es muy posible que se pida su salida de las comisiones de postulación, para que su lugar lo ocupen sustitutos que no hayan cometido probables delitos y faltas a la ética.

* Éste párrafo fue cambiado el 30/1/18 después de una solicitud de la Cámara del Agro. Originalmente decía que se trataba de un caso entre una comunidad q'eqchí y un patrocinado por la Cámara del Agro, pero es más preciso explicar que la Cámara se pronunció públicamente a su favor que decir que era su patrocinado.