El puerto de la defraudación aduanera es por el que pasa más cocaína de Guatemala a México

¿Cómo es su trabajo acá? La pregunta provoca una respuesta carente de ensayo. Una respuesta espontánea, algo ingenua, a una pregunta que aparentemente no le han hecho antes. El agente que trabaja en la rampa antinarcótica de Puerto Quetzal, en la que la Policía Nacional Civil (PNC) analiza los contenedores que pueden traer contrabando, drogas o armas, reacciona tímido y nervioso ante un alto mando del Ministerio Público (MP) de Guatemala.

Cuenta que los servicios de inteligencia le envían una alerta por correo cuando el buque que viene en camino es sospechoso de cargar con mercancía ilícita y él envía un aviso escrito a las garitas de la salida para que se impida la salida de la mercadería. Si hay droga o contrabando, lo lleva del buque a la rampa para su análisis. "Si no hay aviso, solo le damos seguridad a los contenedores”, dice como si fuera la primera vez en su vida que alguien le pregunta en qué consiste lo que hace.

El 24 de mayo de 2011, el expresidente Álvaro Colom decretó la intervención de Puerto Quetzal para combatir la evasión fiscal, el contrabando y el narcotráfico. Quitó a la junta directiva y dejó al mando dos figuras que responden directamente al Presidente: el interventor y el subinterventor.

Esta intervención volvió a ocurrir con el actual gobierno de Otto Pérez Molina y es en la que se escuda Alejandro Sinibaldi, ahora expresidenciable del partido de gobierno, para decir que la información sobre el puerto (defraudación aduanera y narco incluidos) iba directamente a la Presidencia y no pasaba por su despacho.

La idea era detener el contrabando, el trasiego de droga y el tráfico de precursores químicos para hacer drogas sintéticas. Tanto que entre 2010 y 2014, la PNC incautó 3,500 toneladas de precursores. Pero igual no se revisan todos los contenedores. En 2011 en la aduana no se revisaba más del 40%. Con el gobierno de Pérez Molina, de un apoteósico inicio en el que las primeras semanas de la intervención operativa se revisó el 100% de contenedores, hoy apenas representa el 25%, según datos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Puerto Quetzal se colocó en primera plana el pasado jueves 16 cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano encargado de desarticular estructuras paralelas al Estado, desarmaron una mafia de defraudación aduanera, que tiene vínculos tanto con la Vicepresidencia como con añejas redes de contrabando aduanero de las dictaduras militares y de 1996. Su centro estaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en el puerto. Los importadores pagaban sobornos a cambio de evadir impuestos. La bomba, que no ha terminado de reventar, es que la estructura, de la que fueron detenidas 21 personas, estaba liderada por dos jefes de la SAT.

El ex presidente Álvaro Colom fijó la intervención por un plazo indefinido. Cuatro años, dos presidentes y dos intervenciones después, Puerto Quetzal permanece subordinado sólo a la Presidencia aunque apenas se revisa una cuarta parte de los contenedores. Además, una nueva terminal privada de contenedores continúa en construcción y las medidas de seguridad siguen siendo escasas, tanto que ni la Aduana ni la Empresa Portuaria tienen máquina de rayos X, pese a ser una supuesta prioridad del actual ministro de Gobernación.

Puerto Quetzal es el puerto por el que más cocaína entra del país, según varias fuentes institucionales. Es la puerta estatal en el Pacífico de ingreso de contenedores con cocaína a Guatemala proveniente de Colombia y Ecuador. Alrededor de 20,000 contenedores entran mensualmente al puerto. “Pssss, de eso, lo que nosotros retenemos no es nada”, dice el agente de la rampa antinarcótica, mientras se apoya en un mueble archivero y señala una treintena de folders con la información de cada apertura de contenedor.

La estrategia del vuelo

Lo que no está documentado, es porque vuela. Lo que en la jerga portuaria se conoce como hacer un “fly”: sacar un contenedor del puerto sin declarar. Cuando se baja del barco sin un manifiesto y sale del puerto. Es la principal forma de sacar sustancias ilegales de Puerto Quetzal. “En ese contenedor es donde empiezan las mafias”, dice una fuente de la Portuaria.

El técnico de la aduana que sale de su caseta para recibir al buque, tiene sus sellos de la SAT y un libro de control, pero si participa en un “fly” no le pone el sello aduanero. Es decir, no queda ningún registro. Después no pasará por la aduana. Se puede sacar con documentación falsa o sobornando, incluyendo al de la garita de salida. “Ahí nadie se escapa, se necesita el concurso de gente de la Portuaria, los estibadores, de todos los prestadores de servicios privados, de la Aduana, de la Policía Nacional, del transportista, y de la gente que está en la puerta de salida”, afirma el mando portuario.

La otra forma de sacar la sustancia ilícita del puerto es clonando el sello. El proceso es sencillo: el técnico aduanero que está a pie de buque tiene marchamos preasignados para los contenedores, por lo que el traficante le paga para que le entregue el original ya asignado y ponga en el contenedor un clon con el mismo número.

Una vez en el patio, los implicados lo volverán a mover a otro patio, romperán el sello clonado, extraerán la droga y le colocarán el marchamo original para regresar el contenedor al patio que le correspondía. Está limpio. La carga es lícita. El portador es lícito.

En Puerto Quetzal, El 78% de la mercancía es granel, líquido y sólido, sobre todo café y azúcar. El 22% restante se mueve en contenedores, principalmente banano. Aunque es un puerto estatal, las 30 empresas privadas que operan representan el 80% de los servicios.

14 decomisos de cocaína en 7 años

Es viernes, 6 de marzo de 2015. A las dos de la tarde, el sol tumba a la sombra en Puerto Quetzal. Casi 40 grados, nada de brisa. Personas y carros se ven pocos, el tránsito de camiones y furgones domina la polvorienta estampa de contenedores y grúas. Una autoridad de la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad de Guatemala ha llegado desde la capital, a 100 kilómetros de distancia, porque los policías caninos han detectado en un patio un contenedor contaminado. Contaminado significa que puede llevar drogas.

Antes de la apertura del contenedor, el del MP visitó la comisaría anexa a la rampa cubierta. ¿Tienen peritos en la revisión para ver si hay marchamos clonados?, pregunta el de la Fiscalía al policía en referencia a los sellos falsificados.

El marchamo es el sello de seguridad que documenta al contenedor. Cuando se detectan clones, la policía debe de verificar, con el visto bueno de la SAT, que no se trate de movimiento de ilícitos. El policía se enfrenta a otra pregunta. Responde que no, que sólo verifican que el sello venga correcto y que coincida con el BL (Bill of Landing) y con la póliza. “Hemos detectado que a veces no coinciden los marchamos, entonces se habla a las navieras para ver por qué y dicen a veces que es por errores de origen”, añade.

Desde 2008, en siete años, en Puerto Quetzal sólo ha habido 14 decomisos de cocaína, en contenedores con fruta, madera, nylon y paneles solares, provenientes de Puerto Balboa (Panamá), Shanghai (China) y, en al menos cuatro casos, de Guayaquil (Ecuador). Según Aldo Chapas, fiscal jefe contra el narcotráfico de Guatemala, es que entra más droga en lancha por alta mar. “Sí hay revisión, pero la droga ingresa por otras vías, el trasiego se complica en alta mar”, dice.

Cuando hay mucho control en los puertos, el trasiego de droga se enfoca en pequeñas embarcaciones procedentes de Ecuador, específicamente del puerto de Manta, con destino a bocabarras de Centro América, México y países del Caribe, señalan fuentes en inteligencia civil.

Sin embargo, solo existe una sentencia por facilitación de medios para tres personas que operaban en lanchas, que fueron sentenciados en 2015 a cinco años conmutables. “La Fiscalía está concentrada en individualizar estructuras, no se puede incautar todo el día”, añade Chapas.

La rampa antinarcótica tiene un escáner. Pero es estático, lo que hace más aparatosa la revisión. A las 5:30 de la tarde, la apertura confirma el buen olfato de los perros: hay dos mochilas, una naranja y una verde. Están vacías. También hay un kilo de cocaína prensado entre palés de madera. Esa droga quedó atrapada, olvidada. El resto ya no está en el contenedor, salió del puerto.

Ojos de militares y ojos digitales que no miran nada

La seguridad es un problema histórico en un espacio cuya vigilancia corresponde al ejército: 186 militares del Comando Naval del Pacífico custodian el lugar. Y a esto se suman, desde 2014, 180 cámaras digitales de videovigilancia conectadas a un centro de monitoreo, de las que veinte no están activas. Antes había 150 cámaras análogas, pero tampoco están en operación.

El interventor de la Empresa Portuaria lista sus proyectos (algunos en marcha). El aparato de rayos X en una de las vías principales del puerto. Control biométrico de acceso y salida. Vigilancia del exterior del puerto. Pero la Presidencia no tiene mucha legitimidad después de que se descubrió la red de defraudación aduanera. Por eso su lista de pendientes es poco creíble a 8 meses de que entreguen el mandato. Un sistema de movimiento interno de contenedores con un transporte exclusivo del Estado, un parqueo con videovigilancia, luz eléctrica para áreas aisladas, el cierre de un acceso, una lancha patrullera, 25 militares más.

“Algunas empresas privadas han tenido resistencia a los controles de seguridad”, justifica Fredy Reyes, gerente de seguridad de la Empresa Portuaria para explicar los retrasos.

No obstante, hay algunos pasos adelante. Los primeros resultados de las cámaras ya se han dado: movimientos anómalos de contenedores entre patios, cuya información ha sido trasladada al MP. Carlos Lainfiesta, interventor del puerto, tiene especial confianza en el sistema de movimiento interno de contenedores, porque su objetivo es impedir el acceso de los transportes al interior, ni a las rampas ni a los patios, sólo podrán entrar para la carga de salida de la mercadería. “Vamos a quitar el espacio a esta gente que mueve los ‘fly’. Todos los camiones van a estar certificados por el puerto con su GPS, y vamos a poder saber si alguno se desvía de la ruta”, afirma expectante.

Antes de México, la droga suramericana pasa por Guatemala. Según el Departamento de Estado de EEUU, pasan unas 400 toneladas. “El tráfico de drogas y el cultivo de narcóticos han sido habilitados por unas instituciones policiales ineficaces o inexistentes, sobre todo en las regiones fronterizas”, según el Reporte Internacional de Control Estratégico de Narcóticos para 2015.

Del total, más de la mitad de la cocaína ingresa a Guatemala por tierra a través de Honduras. En 2014 se decomisaron 3,578 kilos de cocaína, valorados en US$13 millones, según datos de la PNC. Menos del 1 por ciento, una décima parte de lo que se incautaba hace quince años.

Desde Puerto Quetzal, punto estratégico por mar, la cocaína se mueve hacia las regiones fronterizas con México, San Marcos y Huehuetenango. “La droga que llega a (la frontera de) Tecún Umán ya está asegurada, por eso no hay decomisos ni mayores tumbes. La estructura de control ahí es muy eficaz, ya está consolidada”, dice Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacional (IPNUSAC) de la estatal Universidad de San Carlos.

Históricamente, en la costa sur del Pacífico, donde está el puerto, dominaba el cartel de Juan Ortiz, alias Chamalé, un famoso narco vinculado al cartel mexicano de Sinaloa y pastor neopentecostal de San Marcos al que incluso un corrido dedicaron. Hasta que fue detenido en 2011, durante el gobierno de Álvaro Colom, en el que se decidió la intervención de Puerto Quetzal.

La captura de Chamalé, obvio, no detuvo el narcotráfico. Hoy, en 2015, en el puerto operan cuatro estructuras de narcotráfico, según fuentes en inteligencia civil. Y en toda la costa sur, son más de 30 estructuras criminales, células sin identificar en su mayoría, conectadas con el cartel de Sinaloa y también con los Zetas, según la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad. En el interior del puerto, la explicación del bajo nivel de decomiso es otra: “El hecho de que durante tanto tiempo no haya habido hallazgos de cargas contaminadas es que dejan pasar y dejar hacer”, dice una fuente de la Portuaria.

Puerto Quetzal “aún es una estructura débil para la seguridad del Estado”, opina Carlos Menocal, experto en seguridad y ministro de Gobernación en el periodo que se hizo la intervención (febrero de 2010 a enero de 2012). Durante su gestión, dice, siempre señaló al puerto como un punto “vulnerable” para el trasiego de drogas. “Y lo sigue siendo”, dice Menocal, quien durante su gestión y bajo la investigación de la ex fiscal general, Claudia Paz y Paz, detuvo a diez capos de la droga.

De mordidas a estructuras

Una frase típica entre los técnicos aduaneros de la SAT que revisan los contenedores era: en dos años, tengo casa y carro. Esto lo escuchaba años atrás una persona propietaria de una empresa de fletes que opera en Puerto Quetzal, que dice que los técnicos podían ganarse Q5,000 (US$650) por evitar a alguien la revisión, si el semáforo había salido rojo. “Entre 2012 y 2013, era exagerado el cobro de mordidas en Puerto Quetzal”, dice un veterano agente aduanal. “Los vistas [técnicos aduaneros] te entretenían la carga, no la soltaban. Sé de casos en los que retenían hasta un mes, les tenías que ofrecer algo”, añade el agente que no quiere decir cuánto paga, pero que sí incluye en sus gastos la mordida, para agilizar la salida de sus cargas.

En Guatemala, la SAT, los empresarios, los políticos y la sociedad civil hablan de la necesidad de la modernización tecnológica aduanera. El objetivo: el control de la mercancía desde su desembarque, su movilización en el territorio nacional, hasta la ubicación de la carga, la mercadería y el destino. Todo ese descontrol implica un fraude anual al fisco millonario. En 2012, la SAT anunció que definitivamente lanzaría el plan, pero no el proyecto informático, de rayos X, y sellos electrónicos para cinco aduanas, entre ellas, la de Puerto Quetzal está completamente detenido.

Desde 2008 hasta la 2013, la SAT denunció ante el Ministerio Público a 28 trabajadores de la Aduana de Puerto Quetzal, entre técnicos de almacén, técnicos de aduanas, de seguridad y de verificación de aduanas, y supervisores. Intervinieron el MP y la CICIG, que lograron la desarticulación de dos estructuras: el caso Furgones, en el que una red liderada por un técnico aduanero permitía la salida anómala de contenedores para evadir el pago de impuestos, y el caso Kerkaporta, en el que un ex jefe de seguridad portuaria de la SAT, coludido con un ciudadano mexicano, movían precursores químicos, con apoyo de más empleados de Aduanas. Pero después dejó de denunciar. Y entonces llegó la investigación que tocaría incluso el despacho de la Vicepresidencia.

“Hoy por hoy, los técnicos aduaneros ya no negocian por sí mismos, son asalariados de estructuras”, afirma una fuente del MP. “La forma de actuar se ha especializado en las aduanas”. En el reciente caso de defraudación aduanera de la SAT que involucra a la mano derecha de la Vicepresidenta, el empresario pagaba el 40% de impuesto, el 30% se iba en sobornos y el otro 40% no lo pagaba. En esta investigación se descubrió que en ocho meses al menos 500 contenedores pasaron por esta estructura.

*Este reportaje fue realizado por Lilia Saúl y Elsa Cabria, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con Connectas.