En 7 preguntas, qué piensan los 3 candidatos a PDH

Dos hombres y una mujer conforman la terna de candidatos para ser Procurador de Derechos Humanos a partir del 20 de agosto. Se trata de una elección clave para el país, pues en los últimos años el defensor del pueblo cobró relevancia en la lucha contra la impunidad y la corrupción, mientras trabajó de la mano de la CICIG, y además fue un contrapeso para los gobiernos de Otto Pérez y Jimmy Morales. Ahora las cosas podrían cambiar con un nuevo Procurador o continuar con el trabajo de Jorge De León Duque. A continuación se presentan entrevistas con los tres candidatos, en las que exponen sus puntos de vista sobre temas clave de derechos humanos.

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La Comisión de Derechos Humanos, presidida por Patricia Valdés (FCN) y secundada por Carlos Fión (CREO) y Nineth Montenegro (EG), hizo un buen trabajo al escoger a tres candidatos sin tachas.

Foto: Carlos Sebastián

Los diputados tendrán la última palabra en la elección de Procurador, pero no todo está escrito. Todavía hay cinco amparos en la Corte de Constitucionalidad (CC) que podrían frenar la elección. Son acciones planteadas por abogados que cuestionan el proceso en el que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso definió a tres candidatos, que cuentan con mucho prestigio en sus carreras, entre un grupo de 27 aspirantes.

Los magistrados de la CC dirán si el proceso de elección seguirá su curso o se detendrá por esta situación, pero los candidatos ya están en pláticas con diferentes bancadas para conseguir apoyos y asumir el cargo. Acá se presenta una pincelada de lo que piensan y quieren hacer si llegan a la PDH.

A continuación, el resumen de sus CVs y las respuestas a las mismas 7 preguntas.

Ricardo Alvarado Ortigoza

Su valoración fue la número 5 en la tabla de gradación, con 80.44 puntos. Ha sido embajador de Guatemala en la ONU. Fue investigador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica, en el año 1992. Y fungió como Procurador Adjunto de 1994 a 1997. También dirigió la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y fue asesor del PDH en dos períodos seguidos del 2005 al 2012. A pesar de su largo experiencia en Derechos Humanos y su labor como docente universitario, su avanzada edad podría estropear su aspiración. Con 73 años cumplidos podría no recibir el apoyo que necesita para llegar a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Claudia López David

Recibió la segunda puntuación más alta en la Comisión, con un total de 85.9 puntos. Tiene 50 años y, actualmente, es Procuradora Adjunta en la Procuraduría de los Derechos Humanos. En su currículum se presenta como colaboradora pasada de la Cruz Roja y de la entidad Abogados sin Fronteras. Tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Rafael Landívar. Tiene una posición de cierto favoritismo entre los diputados del Congreso. Sin embargo, la oposición y las denuncias por parte del cuestionado sindicato de la PDH podría afectar su candidatura.

Jordán Rodas Andrade

Tiene la calificación más alta en la tabla de gradación de la Comisión de Derechos Humanos, con 93.33 puntos. Tiene una especialización en Derecho Constitucional y Penal, y otra en Gestión Pública Local. A sus 49 años, ha sido concejal de la Municipalidad de Quetzaltenango con Xel-Jú y fue candidato a alcalde por Encuentro por Guatemala. Entre 2105 y 2017, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, desde donde apoyó las reformas constitucionales propuestas por el MP y la CICIG.

Aquí, las preguntas:

1. ¿Qué piensa sobre el derecho de las personas a manifestar, que puede entrar en conflicto con la libre locomoción?

Ricardo Alvarado: Las personas tienen derecho a manifestar. Es un hecho irrefutable. Por otro lado, hay limitaciones a la libre locomoción, y eso lo causan también los trabajos municipales impertinentes, las personas que no respetan las vías y otro tipo de actitudes irrespetuosas. En cuanto al dilema que separa del derecho a manifestar y la libre locomoción, la manera de evitarlo es que el Gobierno atienda las peticiones de los ciudadanos, de todos los sectores, ya sean indígenas, campesinos, empresarios, transportistas, sindicalistas, entre otros. Con eso se evitará que las personas se lancen a las calles.

Claudia López: Yo pienso que la PDH lo que hace es establecer una interlocución con las fuerzas de seguridad: como la PNC o el Ejército. Esto es para que no utilicen la fuerza para liberar el paso. ¿Para qué lo hacemos? Pues para evitar una confrontación que vaya a causar daños humanos, o materiales. Pensamos que todas las personas tienen derecho a manifestarse, que tienen derecho a reivindicar sus derechos. Si esas personas toman esas medidas de hecho, es porque no han sido escuchadas. Porque tienen años de presentar sus problemas y nadie los atiende, por ejemplo, por la vía legal sus temas no son siempre atendidos. Entonces, ¿qué hacen? Movilizarse, o tapar los pasos y ahí es donde llaman nuestra atención. Nosotros como PDH contribuimos a establecer esa interlocución con las autoridades, pero también con los grupos que está impidiendo el paso, para que lo liberen. Muchas veces lo que hacemos es lograr que un carril sea liberado, o que si hay un bloqueo que va durar un día completo que se acorte el tiempo y que duré solo una hora. Esas son cuestiones que se hacen en el diario vivir. Yo pienso que hay que hacer un equilibrio. Es indispensable equilibrar entre lo que son las libertades y lo que son los derechos de los manifestantes que son importantísimos y todos debemos respetarlos, pero también el derecho a la libre locomoción. Es sumamente complicado y complejo, porque hay que ver los derechos de ambas poblaciones. Esto no es algo que solo sucede en Guatemala. Y que en Guatemala sea el caos absoluto. Esto también pasa en toda América Latina, en cualquier país en donde hay conflictividad social. Que deviene de la desatención del Estado a las necesidades de la población.

Jordán Rodas: El Procurador de Derechos Humanos tiene un papel muy importante en evitar que la conflictividad estalle. Y, seguramente, con una intervención oportuna, muchas de las manifestaciones del país no tendrían que llegar a extremos. La clave es mediar. Lo que hace falta es propiciar un diálogo, escuchar y atender las demandas de la población. Esa falta de diálogo es lo que se refleja en los bloqueos de carreteras. Yo pienso que en cuestión de derechos no hay ninguno que se privilegie sobre otro: en este caso, en la libertad de expresión y la libertad de locomoción. Simplemente tenemos que respetar los dos. Y para eso está el estado de derecho, para definir si ocurren abusos o extralimitaciones en algún sentido. Hay que creer y fortalecer la institucionalidad del país.

2. ¿Cómo se encuentra el balance los contratos de las hidroeléctricas o las mineras y los derechos de las comunidades indígenas y el medio ambiente?

Ricardo Alvarado: El problema es que hay una Ley de Minería que se debe revisar, porque está llena de privilegios, como suele suceder como muchas leyes. Yo ya la estudié e hice una consultoría. Y luego, en el tema de conflictividad en general, creo que la clave está en respetar las consultas que garantizan la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.

Claudia López: Necesitamos normar la consulta popular. Yo lo miro como algo esencial, porque con una ley se puede asegurar que la consulta se lleve a cabo, según las prácticas comunitarias. Hay que respetar la forma en que cada pueblo acostumbra a expresar. Y que cada pueblo debe decidir cómo hacer su consulta. Por un lado, los empresarios van a tener una certeza jurídica y por el otro los pueblos indígenas pueden ejercer derecho a participar en procesos donde fluya la información. En donde se pueda llegar a un consenso acerca de un proyecto, como puede ser un proyecto hidroeléctrico. Y ver si ellos están de acuerdo o no en que se desarrolle en su territorio. Ellos tienen todo el derecho, recordemos que es una obligación de carácter internacional. Recordemos que Guatemala adquirió esa obligación ante la Comunidad de Naciones, desde que se hace parte y ratifica lo que es el convenio 169. Siempre hay dos partes, y debemos ser respetuosos de todos. No es negar el progreso de la población, como muchas veces se cree. Sino que estoy convencida que es básico que se realice una consulta, que sea previa. Y mejor aún, que normemos esas consultas y eso va a ser de beneficio para todos los guatemaltecos. Todos y todas.

Jordán Rodas: Hay que buscar un equilibrio. La inversión privada es muy importante para generar riqueza y empleo, ambos necesarios en el país. Pero también es importante escuchar a las comunidades y velar porque el impacto de estos proyectos económicos se refleje en mejoras sustanciales del nivel de vida de las comunidades. No es posible que haya proyectos que generan mucha riqueza y al lado, las comunidades vivan en miseria. Hay que buscar un equilibrio. Para eso es importante el diálogo entre los sectores. Y ahí el Procurador, sin duda, puede jugar un papel importante.

3. ¿Va a ser un aliado de la CICIG? ¿Qué piensa de las reformas constitucionales propuestas?

Ricardo Alvarado: Entre instituciones no hay aliados. Si la CICIG está haciendo bien su trabajo, el Procurador no tiene nada que decir. Y en cuanto a las reformas constitucionales, yo no soy amigo de las constituciones pétreas. Las constituciones obedecen a una evolución social y hay que tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía. No se trata de hacerlas en cubículos de abogados. No. Las reformas constitucionales tienen que ser producto de una convención social. Para mí, cualquier reforma orientada a fortalecer la protección de mis derechos humanos, es importante.

Claudia López: Mencionaba que tenemos que pensar que la justicia es un Derecho Humano. Y que la justicia debe ser efectiva para toda la población. Entonces si lo que se pretende es fortalecer el Sistema de Justicia, si lo que queremos es luchar contra la impunidad, estos son temas de trascendencia para la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Y por supuesto, yo he trabajado de la mano con MP y con CICIG y de ser electa lo voy a seguir haciendo. Uno de los casos paradigmáticos más importantes es el Caso IGSS-Pisa, en donde la resolución de la PDH que está firmada por la suscrita sirvió de base para la investigación que realizó posteriormente el MP. Y esto lo señaló la Fiscal General en la conferencia de prensa que dio junto al comisionado, Iván Velásquez.

Jordán Rodas: Como guatemaltecos tenemos que estar conscientes de que la CICIG está el país porque el Estado de Guatemala la solicitó. Y su papel ha sido muy importante del combate de la corrupción y de la impunidad. En cuanto a las reformas constitucionales, creo que este debate de los últimos meses nos debe llevar a buscar formas más creativas, participativas e inclusivas para que la Constitución, nuestro pacto social, sea reformada. Es una necesidad imperante no solo en el sector justicia. No solo en el sector justicia. Yo creo que habría que revisar el texto total de la Constitución, pero de forma consensuada, abierta y participativa.

4. ¿Es la libertad de expresión un derecho absoluto o la frontera son los discursos de odio?

Ricardo Alvarado: Voltaire dijo que yo puedo no estar de acuerdo con usted sus ideas, pero daría hasta la última gota de mi sangre para que usted las exponga. Desde ese punto de vista, la libertad de expresión no puede limitarse de ninguna manera. Pero los ciudadanos que se sientan afectados tienen todo el derecho de hacer las reclamaciones previstas por la Ley.

Claudia López: Nosotros tenemos una resolución específica en torno al discurso de odio. Y resolvimos declarar al señor de la Fundación contra el Terrorismo, por incentivar el discurso de odio. Sí hay límites en cierto momento, y esos límites se refieren exclusivamente al discurso de odio. Es realmente una novedad. En Guatemala, me parece que previo a esta resolución de la PDH no existía algo similar y debemos aplicarlo todas y todos. No debemos permitir eso enfrentamientos, esas confrontaciones, en contra de los defensores de los Derechos Humanos, que es realmente lo que más molesta e indigna. Sobretodo que están arriesgando su vida para proteger a las personas en este país.

Jordán Rodas: La libertad de expresión es un derecho tan importante como el derecho a la vida o a la movilización. Creo que los mensajes de odio nos llevan a radicalizarnos. Y ya en Guatemala tenemos que aprender que vivimos un conflicto armado de más de 36 años, y no podemos desangrarnos inútilmente. Yo pienso que es muy difícil señalar un límite para la libertad de expresión. Habría alguna limitación si se incurren en ilícitos, como podrían ser una injuría o una calumnia, o si eso se manifiesta en una difamación. Pero tenemos que estar conscientes que la libertad de expresión nos pertenece a todos los ciudadanos. No solo a los periodistas. Por eso tenemos que defenderlos a toda costa.

5. ¿Qué va a hacer para frenar la violencia y la discriminación contra la comunidad queer (LGTBI)?

Ricardo Alvarado: Tenemos que exigir de las autoridades competentes que protejan la vida, integridad y dignidad de las personas con diversidad en su orientación sexual. El Procurador no tiene fuerza coercitiva. Nuestra misión es supervisar la administración pública, y ahí se incluyen los órganos que deben prestarles seguridad a los ciudadanos en general, y en especial a los grupos para los grupos más vulnerables.

Claudia López: Nosotros tenemos la defensoría de la diversidad. Esta defensoría es realmente la que vela por la comunidad y por las distintas poblaciones. Y lo que se pretende es defender la dignidad de las personas. Esto sería realmente como lo más importante. Porque si pensamos en personas gays y en personas bisexuales, ¿qué queremos? Pues que se defienda su dignidad humana. Toda persona tiene la libertad de configurarse, de elegir su propio proyecto de vida, de sentirse cómoda dentro de su cuerpo, de sentirse segura, sana. Y es menester de la PDH, velar porque se respeten los derechos de cada una de estas personas. Eso es lo que hacemos a diario con la institución. Yo misma fui la que inauguró la defensoría de la diversidad sexual.

Jordán Rodas: Tenemos que sensibilizarnos. La preferencia sexual de las personas es muy personal y no podemos permitir que se mancille la dignidad. Cada quien es libre de elegir su preferencia sexual y eso se debe respetar, por eso no se debe permitir ningún abuso en contra de las personas de este colectivo. El Procurador vigila la administración pública y en el caso de excesos, abusos o actos violentos contra la comunidad LGTBI, tendríamos que supervisar que el Ministerio de Gobernación responda.

6. ¿Qué opina sobre la justicia transicional para los crímenes cometidos en el pasado?

Ricardo Alvarado: Yo creo que aquí somos amigos de ponerle ‘apellidos’ y adjetivos a las cosas. Aquí la justicia es una y la memoria histórica no se puede borrar de ninguna manera. Esos crímenes y atrocidades del pasado tienen sus responsables y creo que el sistema de justicia tiene que seguir trabajando hasta encontrarlos y dar a conocer sus nombres. Y si la Ley de Reconciliación Nacional establece una amnistía para algún sector, bueno, pues que se les perdone, pero la gente tiene el derecho a saber quiénes cometieron los crímenes y por qué lo hicieron.

Claudia López: Opino que es una cuestión de justicia. Hay todavía muchas víctimas que desean ver que se haga justicia y por eso son ellas las que continúan presentando sus casos ante el MP. Y son los tribunales los que deben resolver cada uno de los casos para llevarlos a sentencia y con ello que se cumpla con la justicia que no han visto desde hace muchísimos años. Recordemos que, originalmente esos casos, por varias razones, no se podían litigar en Guatemala. Se litigó primero en el Sistema Interamericano, y que del Sistema Interamericano vino hacia tribunales a nivel nacional. En aquellos momentos no teníamos un sistema de protección a los testigos, no había tantos avances para poder llevar a cabo estos tipos de juicios, no había preparación para los abogados en torno al Derecho Internacional Humanitario, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ahora tenemos el INACIF, por ejemplo, que hace todo lo que se refiere a la prueba que antes era muy complicado. Y la impunidad absoluta que reinaba en el país. Esa es una muestra de que Guatemala está haciendo justicia. Tenemos casos importantes como las sentencias del Plan de Sánchez, el de Dos Erres y Saénz Gallito, en donde se ha visto como se ha impartido justicia. Y somos un ejemplo a nivel internacional inclusive.

Jordán Rodas: Hay sociedades como la española, chilena y argentina, que nos han demostrado que la justicia no debe ser venganza. Todas las víctimas tienen derecho a saber qué fue lo que pasó con sus seres queridos en la época del conflicto armado y a esclarecer quienes son los responsables de los crímenes. Cuando digo todas las personas, me refiero a todos los grupos: la población civil, la población vinculada a la guerrilla y también la población militar.

7. Guatemala es uno de los países más inseguros para reclamar derechos laborales, ¿qué acciones puntuales desarrollaría usted como PDH?

Ricardo Alvarado: El Procurador de Derechos Humanos tiene que reorganizar y fortalecer las defensorías. Y sí, hay que privilegiar unas sobre otras. Y una de esas es la defendería que vela por los trabajadores, del campo, de la ciudad y también del trabajador migrante. Los trabajadores migrantes también sufren de inseguridad y han sido marginados de las políticas públicas. Creo que tenemos que construir un espacio de vigilancia más efectivo para defender a los trabajadores guatemaltecos y ahí vamos a poner muchos esfuerzos.

Claudia López: Tenemos la defensoría del trabajo. Una defensoría que hay que repensarla y reformularla para que pueda conocer más casos y poder ayudar más a la población que tiene problemas y que presenta denuncias. Hay mucha ignorancia al respecto. Me parece que hay que capacitar más a personal que tenemos dentro de la Defensoría del Trabajador, e inclusive pensar en contratar a más personal para poder dar una mejor respuesta a la población con problemas de tipo laboral.

Jordán Rodas: Tenemos que exigir respuestas y resultados del Ministerio de Trabajo, pero sobre todo, de la Inspectoría de Trabajo, para que cumpla con su función. Actualmente se piensa que la justicia solo es la penal. Y no es así. Si los conflictos laborales se resolvieran nos evitaríamos michos juicios penales y recordémonos que el derecho penal es la última razón. Pero actualmente es a la inversa. Todo se penaliza. Tenemos que fortalecer en el Ministerio de Trabajo y en el Organismo Judicial para mejorar la administración de justicia laboral con pertinencia cultural.

Javier Estrada Tobar
/

Periodista y comunicador. Se formó y trabajo durante casi diez años en Lahora.gt. Apasionado por las letras, el desarrollo humano, la política, las redes sociales, el cuidado del medio ambiente y la buena comida.


Gladys Olmstead
/

Periodista. Aprendiendo de todos y de todo cada día. Amante de los perros y la lectura. Fueron la casualidad, la ilusión y la insistencia las que me trajeron a Nómada.


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    Unpoquitomas /

    22/06/2017 3:02 PM

    Buenas preguntas!
    Claudia por favor!

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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