Anam, ese trampolín político para saltar del municipio a todo el país

Por Isaias Morales

La presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) es el epicentro de la disputa política de los alcaldes del país cada dos años, similar al reñido cabildeo de los diputados en el Congreso para elegir a su junta directiva.

Esta institución, que comparte sus sedes con el Instituto de Fomento Municipal (Infom) en la zona 9 de la capital, cobró mayor protagonismo político en los últimos cuatros años.

A cambio, ganó más cuestionamientos porque su presidente, Edwin Escobar, y al menos 12 trabajadores, la utilizaron de plataforma electoral para Prosperidad Ciudadana (PC), un partido cuyo discurso de campaña se centró en priorizar a los gobiernos locales.

Escobar gobernó Villa Nueva en los períodos 2012-2016(Creo) y 2016-2020 (Lider); en el segundo mandato tomó las riendas de la Anam. Durante su gestión el presupuesto de la asociación aumentó a casi Q13 millones, lo cual le permitió contar con hasta 76 asesores que distribuyó en ocho regiones del país.

En paralelo, sus principales colaboradores de la Anam inscribieron en 2018 a PC ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras alcanzar los 22,671 afiliados mínimos que la Ley Electoral exige para ser partido. El proceso lo hicieron en menos de cinco meses.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Procurador de Derechos Humanos (PDH) le reprochan a la Anam su falta de transparencia porque no rinde cuentas de los fondos que utiliza.

Este es un recuento de la entidad creada por Manuel Colom Argueta hace 50 años, y que hoy representa una pugna de poder entre jefes ediles para lograr réditos políticos, imagen y evitar ser fiscalizados.

Equipo de confianza

El rostro más visible de la dirigencia de Prosperidad Ciudadana antes de que Edwin Escobar confirmara su candidatura presidencial era Anita Kristenssonn, actual secretaria administrativa de la Anam, y del partido. El cargo en la asociación lo ocupa desde febrero de 2016, el cual dejó de manera temporal entre enero y junio del año pasado durante la campaña. En julio volvió.

Kristensson y Juan Carlos Garrido López, son dos de los fundadores del partido inscrito por el TSE, el 13 de diciembre de 2018. Garrido trabajó en la Mancomunidad del Sur junto a Escobar y luego pasó a colaborar en la Anam como secretario de coordinación regional, uno de los puestos que le permite tener contacto directo con las ocho subsedes de esta entidad habilitadas desde hace dos años para asistir a los gobiernos locales en mejorar su gestión.

Otros dos trabajadores que apoyaron la candidatura de Edwin Escobar fueron Sabrina Véliz Castañeda, quien fungió como asesora legal y se desempeñó la fiscal nacional del partido, y Gerson López Rodas, secretario operativo de la asociación que intentó sin éxito llegar al Congreso por el Listado Nacional.

Véliz acompañó a Escobar en las acciones legales que presentó ante el TSE y los tribunales en buscar revertir la decisión que lo dejó fuera de la contienda a pocos días de las elecciones del 16 de junio. También prestó sus servicios de abogada a la municipalidad de Villa Nueva, en el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM), donde el presidente de la Anam ocupó una silla con voz y voto. Y fue financista del partido.

En Villa Nueva, Escobar tuvo a su equipo de confianza que a su vez laboraba en la asociación. José Pablo Ramazzini Salguero, fue uno de sus asesores legales en la entidad y compitió en la planilla de María Teresa Gómez López, alcaldesa interina, que buscó continuar con el legado de Escobar, pero solo Ramazzini logró entrar como concejal de oposición en el concejo 2020-2024 de Javier Gramajo.

Otra de las colaboradoras conocidas fue Brenda Ruano Padilla, asesora en fortalecimiento municipal y esposa del exalcalde Salvador Gándara. Quería ser síndico primero, pero no lo logró porque la candidatura de Gómez obtuvo un quinto lugar.

Más dinero

La Anam se define desde su fundación en 1960 como una entidad privada, pero la mayor parte de sus fondos, en particular desde 2017, provienen de las arcas de las 340 comunas del país.

Antes de 2009 la cuota que aportaba cada alcaldía ascendía a Q500 y no era obligatoria. Cuando asumió Guadalupe Alberto (Beto) Reyes Aguilar, alcalde de Palencia, las reglas de la asociación cambiaron: cada municipalidad debía aportar Q1 mil.

La cifra se mantuvo así hasta 2017, pero se modificó durante la gestión de Edwin Escobar. Pasó a recaudar Q3 mil por gobierno local, lo cual aumentó los ingresos en los siguientes dos años a Q12 millones provenientes de los fondos públicos. El personal de la entidad también aumentó.

Cuando Isaias Martínez, alcalde de San Diego (Zacapa), presidió la Anam entre 2014 y 2016, tuvo entre 15 y 22 asesorías que no sumaron más de Q1.3 millones al año.

Al asumir Escobar este gasto subió hasta Q5.8 millones, en especial en 2018 cuando contrató hasta 76 asesores.

Desde 2019 la Anam tiene un integrante menos porque el alcalde de Moyuta, Carlos Marroquín, se retiró tras señalar que Escobar utilizó la entidad para fines políticos. Ese año no aportó ningún centavo.

La alerta de la Contraloría y el PDH

La secretaria administrativa de la Anam Anita Kristenssonn es a su vez la secretaria general del partido Prosperidad Ciudadana. Foto: Anam

La Anam no utiliza Guatecompras. La ley no lo obliga, respondió Edwin Escobar a Ojoconmipisto tras finalizar la Asamblea Ordinaria del 31 de enero de 2017, celebrada en La Antigua Guatemala. La pregunta surgió porque un alcalde alegó falta de transparencia de la institución.

“La Anam está fuera del sistema del Estado. Ese decreto (el que obliga a utilizar Guatecompras) aplica solo para instituciones públicas, no para empresas privadas”, respondió al cuestionarle por qué la institución que entonces dirigía no transparentaba sus gastos, como si lo hacen el Irtra, el Inguat o el IGSS.

La asociación registró solo cuatro transacciones en Guatecompras entre 2006 y 2007, en la administración de Selvin García, dos veces alcalde de Pachalum, Quiché. El primer año, la asociación adquirió computadoras, cámaras y motocicletas por más Q1 millón en tres concursos diferentes.

Al siguiente año compró guías para alumnos y maestros por Q1 millón. Pero, a partir de 2008 cuando la dirigió Víctor Figueroa de Uspantán, Quiché, no utilizaron este portal y así continúo en las siguientes presidencias.

La Contraloría emitió un reparo a la Anam en 2016 por no utilizar Guatecompras. Según la auditoría, se incumplió con la resolución 11-2010, la cual ordena que toda entidad pública o privada que utilice fondos estatales está obligada a celebrar concursos en el portal de compras.

A estos señalamientos se sumó la Secretaría de Acceso a Información (Secai) de la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH).

En mayo de 2019, la Secai divulgó que la Anam tiene un nivel de cumplimiento del 27% en su portal de información pública de oficio, misma que calificó de “deficiente” por no publicar 19 de los 29 requerimientos de la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP). Entre estos, los fondos públicos que recibe y las compras realizadas.

Ojoconmipisto pidió el listado del personal, las compras realizadas, su presupuesto ejecutado y las cuotas recibidas de los últimos seis años. La encargada de la Unidad de Acceso a Información pública de la entidad respondió a la solicitud, pero aclaró que la Anam no es sujeto obligado de la LAIP porque no fue creada por acuerdo gubernativo y no tiene asignación del presupuesto del Estado.

Sin embargo, el artículo 6 de esa ley define que el sujeto obligado es toda entidad pública o privada que maneje, administre o ejecute fondos públicos. Los Q3 mil que aporta cada municipalidad son públicos.

Inauguración de la primera Sede Regional de ANAM. ¡Trabajamos por una ANAM próspera e incluyente! pic.twitter.com/5OcaEProUO

— ANAM Guatemala (@ANAM_Guatemala) August 24, 2016

Las compras sin concurso

Entre los gastos no publicados en Guatecompras, destaca la compra de 10 medallas para otorgar la Orden Manuel Colom Argueta. Una de estas le fue entregada en 2017 al entonces alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen.

También figura un viaje por avión en 2017 para Edwin Escobar, y el secretario ejecutivo, Gerson López, que costó Q13,397 para una reunión con alcaldes.

La Anam paga un seguro de vida para los jefes ediles asociados, el cual cuesta Q18 mil cada mes. Al principio se contrató con el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y luego con Aseguradora Rural.

Entre 2016 y 2019 se publicaron 13 comunicados a Q6 mil cada uno, en medios de comunicación donde figuraron distintos cambios a la ley del presupuesto, electricidad, fondos de Codede, tarifa social.

La compra más alta en estos cuatro años fue por Q241,843 a Secoba S. A. por alimentación de los alcaldes en la elección pasada y la convención municipalista.

En total la entidad destinó Q4.5 millones por 258 adquisiciones, ninguna publicada en Guatecompras.

Poder en juego

La disputa entre Jorge Orellana, de Guastatoya, Miguel Ovalle, de Salcajá, y Hugo Sarceño de Puerto Barrios, no se centra en el presupuesto que este sábado 25 de enero aprueben los 339 alcaldes. También les interesan las 14 entidades donde la asociación tiene voz y voto, como contó en esta nota Ojoconmipisto.

Sumado a esto, la comisión de Asuntos Municipales del Congreso será dirigida por el exalcalde de Pachalum y diputado, José Quezada de Prosperidad Ciudadana, un viejo conocido vicepresidente de la Anam entre 2016 y 2018.

Además, quien presida esta entidad podrá incidir en temas como las obras que se financian a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), cuyo destino se priorizan en las reuniones Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), en la cual participarán el presidente, Alejandro Giammattei y su ministro de Finanzas.

Giammattei también propone una secretaría específica para atender a los alcaldes, esta la dirigirá Luis Ruano, excandidato de Mixco. Está por verse si esta dependencia resta o suma poder a la Asociación Nacional de Municipalidades