FCN hace otra ‘tipo PP’ y quiere esta ley para clientelismo

Empoderados en el Congreso después de boicotear la reforma constitucional sin asumir responsabilidad, la bancada FCN de Jimmy Morales tiene una nueva meta legislativa: una propuesta para que el gobierno no tenga que hacer un censo para los programas sociales y pueda pagar a los contratistas por las obras de años anteriores sin tener que cumplir con normas de transparencia.

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La mayoría de diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso, encabezados por Adim Maldonado, de corbata rosada.

Foto: Carlos Sebastián

El 29 de noviembre de 2016 el Congreso aprobó el presupuesto de 2017 en medio de una sesión intensa. Los ánimos de los diputados estaban caldeados. Se escucharon fuertes gritos, hubo intercambio de acusaciones y hasta amenazas de ir a los golpes. Todo por causa del tema que más le interesa a los congresistas: los recursos del Estado.

FCN y sus aliados querían aprobar un presupuesto de Q79.8 mil millones, adjudicar fondos a organizaciones no gubernamentales cuestionadas y obtener vía libre para ejecutar recursos sin restricciones, pero la oposición de la UNE y otros bloques pequeños consiguió reducir el plan de gastos a Q76.9 mil millones, evitar el desvío de recursos a entidades dudosas y establecer candados de transparencia.

Ahora, seis meses después, FCN busca la revancha con la iniciativa 5263, para reformar el presupuesto. Si FCN consigue que se apruebe esa ley, no solo se corregirán pequeños errores de forma que se cometieron en la aprobación del presupuesto de 2017. El gobierno de Jimmy Morales también podrá gastar millones de quetzales del presupuesto nacional evitando los controles que estableció la oposición para aumentar los requisitos de transparencia en el gasto público. A continuación se exponen los tres puntos más importantes del plan oficialista.

1. Programas sociales, sí. Censo, no.

FCN intenta dar vía libre al gasto de casi Q800 millones (US$100 millones) en el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social. Para eso, los oficialistas quieren eliminar la obligación que ahora tienen ambas instituciones de hacer un censo de beneficiarios, antes de poner en marcha sus programas de asistencia. Esto está definido en el artículo 23 del presupuesto.

La iniciativa plantea que los ministerios solo deben hacer un listado de beneficiarios de las transferencias condicionadas y de los proyectos de asistencia que se desarrollen en el agro. Así se evitarían la necesidad de estudios sobre las personas que recibirán la ayuda para verificar que están en una situación de pobreza.

 

La presentación de la iniciativa.

La presentación de la iniciativa.

José Moreno, ministro de Desarrollo Social, dice que con la reforma podrá ejecutar con más libertad los Q400 millones que tiene asignados para las transferencias condicionadas. En el Ministerio de Agricultura, las partidas presupuestarias para iniciativas de asistencia son de Q383 millones.

El diputado Carlos Barreda, de la UNE, dice que se estableció la obligación de hacer un censo de beneficiarios para que la ayuda llegue a quienes de verdad la necesiten. Así se evitaría que los recursos se usen con fines clientelares, a beneficio de los funcionarios y políticos en el Ejecutivo, como fue el caso del ministro de agricultura, Mario Méndez Montenegro, reportado por Nómada.

Lea: Los restos de Líder sobreviven en Agricultura

2. Ejecutar las obras atrasadas (sin la Contraloría)

Ya es una costumbre que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) no cumplan con la ejecución de sus proyectos de cada año. Y por eso los diputados de FCN quieren facilitar todo para que las obras inconclusas de 2016 se reprogramen y ejecuten en 2017. Pero quieren dejar fuera de ese proceso a la Contraloría General de Cuentas.

La Ley del Presupuesto de este año establece en el artículo 97 que la Contraloría y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva deben validar los proyectos inconclusos de 2016 de los Codedes. Ya se aprobaron 545 obras con valor de Q108 millones. Para eso, se verificó que las obras fueran contratadas legalmente, que el Ministerio de Finanzas les asignara presupuesto y que tuvieran algún avance físico.

Los diputados de FCN y sus aliados pretenden que se validen más obras inconclusas del 2016, pero que la responsabilidad de elegir las obras solo recaiga en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, una de las pocas instituciones sobre las que el presidente Jimmy Morales tiene influencia total.

Según la Secretaria General de Planificación y Programación, hay 199 proyectos pendientes de revisión, con un valor de más de Q72 millones. Si se aprueba la reforma, estas obras se podrían validar sin la participación siquiera de la débil Contraloría.

3. Conocer y validar la deuda ‘flotante’

Tal vez el artículo más polémico del plan oficialista es el que pretende validar la deuda flotante, esa deuda contratada en tiempos de Otto Pérez Molina y Alejandro Sinibaldi. Deuda flotante es como se llama a los compromisos adquiridos con empresas privadas que ejecutaron obras para el Estado, pero nunca se les pagó por problemas administrativos o legales. El problema es que hay cuestionamientos sobre la legalidad de una parte de la deuda.

Con la reforma del artículo 100 que impulsa FCN se quiere hacer un listado de todas las obras con deuda flotante, que sea validada a lo interno de cada ministerio, secretaría o entidad ejecutora. Luego, el listado ser enviaría al Ministerio de Finanzas y al Congreso, que es la única instancia que legalmente puede aprobar la deuda pública del Estado.

De esta forma se dejaría fuera a la Secretaría de Planificación y a la Contraloría, que según la ley del presupuesto vigente, son las encargadas de realizar el listado de compromisos financieros junto con las unidades ejecutoras.

Aldo García, ministro de Comunicaciones, dice que la reforma la permitiría ejecutar Q550 millones de su presupuesto actual, y por eso está a favor del proyecto oficialista. Pero la iniciativa también daría lugar a validar la deuda flotante en otros ministerios, que a la fecha no han hecho público el monto de sus compromisos.

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, dice que la redacción actual del artículo 100 es confuso y genera dudas. La normativa dice que se debe hacer el listado de los compromisos no pagados, pero no aclara si esa deuda se va a pagar o no. Según el funcionario, la mejor alternativa es eliminar el artículo.

Pasa la primera lectura

En la Comisión de Finanzas, presidida por el diputado Adim Maldonado (FCN), se logró la mayoría de firmas con sus aliados de Todos, Creo, Viva, Alianza Ciudadana (exLíder) y con Encuentro por Guatemala. Se opusieron la UNE y el MR.

La iniciativa ya pasó en la primera de tres lecturas en el Congreso y si sigue así, se convertirá en ley en las próximas semanas.

Aquí, el dictamen.

Adim Maldonado y Javier Hernández, el jefe de FCN, no respondieron a las consultas sobre este artículo.

Javier Estrada Tobar
/

Periodista y comunicador. Se formó y trabajo durante casi diez años en Lahora.gt. Apasionado por las letras, el desarrollo humano, la política, las redes sociales, el cuidado del medio ambiente y la buena comida.


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    Enrique Luna /

    03/06/2017 1:06 PM

    Comedores Seguros no funcionaron, pero sí se pagaron los servicios
    El Ministro argumentó que los pagos para funcionamiento se hicieron, porque al inicio del gobierno se tenía planeado poner en marcha estos centros de ayuda alimentaria. Los comedores se crearon para alimentar a personas de escasos recursos en la ciudad y algunos departamentos.
    Durante el primer año del gobierno de Jimmy Morales, el programa “Consumo adecuado de alimentos” no fue realizado ni modificado, sin embargo, los gastos de funcionamiento continuaron igual y esta acción le ameritó una denuncia penal al titular del ministerio de Desarrollo Social (Mides), José Moreno, de parte de la Contraloría General de Cuentas. La denuncia es el resultado de la auditoría 2016 que el ente fiscalizador le realizó al Mides, junto al Ministro también se señaló a José Humberto Rodríguez Weber, viceministro administrativo y financiero de esa institución, por ser los principales responsables de la planificación y desarrollo de los distintos programas de las carteras.
    El hallazgo
    La Contraloría General de Cuentas estableció que, en 2016, los Comedores Seguros no sirvieron ni una ración de comida, lo cual se ve reflejado en el presupuesto de ese ministerio. Con los Q20 millones 230 mil 664 que le fueron asignados, se realizaron transferencias a otras áreas no específicas, y se pagó una deuda de 2015 por Q330 mil. A pesar de eso, se pagaron Q3 millones 7 mil 749.75 en sueldos para el personal contratado para el funcionamiento del programa, que fueron cubiertos con presupuesto de otras áreas de la cartera.
    En su oportunidad para intentar desvanecer el hallazgo, el Ministro de Desarrollo Social dijo que estos gastos se hicieron porque desde el inicio del gobierno se tenía planeado hacer funcionar los Comedores Seguros, pero por problemas legales no se llevó a cabo la licitación y además que no se presentó ningún oferente.
    En la confirmación del hallazgo el ente fiscalizador argumenta la falta de planificación de parte del titular de la cartera y que lo ejecutado en funcionamiento, no se comparaba en relación a la nula actividad de los Comedores Seguros en favor a la buena alimentación de los guatemaltecos.
    Debido a que el programa del Comedor Seguro no se desarrolló, la Contraloría también señala que el titular de la cartera del Mides ha incumplido con los principales objetivos, que es la reducción de la pobreza.
    Hasta la fecha los comedores continúan sin funcionar, solo se tiene el plan de habilitar de inmediato siete de estos en la Ciudad de Guatemala, San Marcos, Jutiapa, Quetzaltenango y Chiquimula. Aunque el Mides aún no ha comprado raciones de alimentos para habilitar estos centros de ayuda, la entidad licita la contratación de servicios de seguridad “para evitar robos en los comedores” que se encuentran en los departamentos antes mencionados, por lo que requiere a 28 guardias de seguridad.
    Bolsa de alimentos
    En el presupuesto destinado para el consumo adecuado de alimentos también se encuentra el relacionado a la entrega de la bolsa de productos alimenticios, el cual fue modificado por el Mides a inicio de la actual administración para sustituirlo por la entrega de una tarjeta de débito con Q200, para que estos se utilicen en la compra de alimentos establecidos por el Ministerio. Pero según la Contraloría, a pesar de que el sistema de entrega de comida cambió y se hizo de una manera más fácil, los costos de operaciones no redujeron y no son comparados a la distribución que hizo el Mides. El ente fiscalizador señaló que a pesar que ese programa quedó con presupuesto de Q15 mil 715 para su funcionamiento, la institución pagó Q6 millones 987 mil 308 a personal por servicios efectuados.
    Auditoría especial
    En otra fiscalización que la Contraloría General de Cuentas hizo al Mides, se detectó que, de los 640 mil 585 beneficiarios del bono de salud y educación, 23 mil 934 familias no cumplían con el perfil para obtener los recursos gubernamentales. Datos oficiales de esa cartera establecen que se otorgaron Q505 millones 840 mil 400 en ayudas financieras. Para un mejor control, la Ley General de Presupuesto 2017 establece en el Artículo 23, que el Ministerio de Desarrollo Social debe realizar un censo de beneficiarios, previo a iniciar con la entrega de recursos o alimentos a familias de escasos recursos.
    Q142
    Millones 469 mil 136 fueron asignados al programa “Consumo adecuado de alimentos”.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Enrique Luna /

    03/06/2017 1:04 PM

    Datos oficiales de esa cartera establecen que se otorgaron Q505 millones 840 mil 400 en ayudas financieras. Denuncia que se refiere al MIDES y su corrupto ministro Jose Moreno y su viceministro Jose Rodriguez. Y todo sigue igual

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Lucas /

    31/05/2017 7:36 PM

    Ni corrupto ni ladron. Jajajaja. Todo pueblo tiene los gobernantes que merece.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    Choy Chilaquil /

    31/05/2017 1:23 PM

    Estas son las consecuencias de las investigaciones parciales o selectivas solo para un grupo

    Corruptos como la UNE los diputados de Sandra Torres, Colom, Peludos, Arzu, Dionisio etc etc etc siguen libres sin ninguna investigación

    Por eso los políticos corruptos básicamente les pela porque saben que no los investigarán solo a Taracena que lo traicionaron sus mismos compañeros Barreda, Blanco con órdenes de Torres

    Estas son las causas de un MP y CICIG selectivos con los casos para unos si para otros no, consecuencia más corrupción

    ¡Ay no!

    2

    ¡Nítido!

    Enrique Luna /

    31/05/2017 9:36 AM

    No cabe duda que la corrupción sigue rampante y a pesar de toda la propaganda de que existe una persecución del MP y CICIG contra los corruptos, no parece que ello afecte o atemorice a los corruptos que siguen siendo tan descarados. Para un ejemplo el caso del "Ministerio de Desarrollo" cuya escandalosa corrupción se denuncia constantemente y nadie hace nada. Ya la Contraloría denunció al Ministro corrupto Jose Moreno y Jose Rodriguez Wer y todo sigue sin novedad, se dice porque son los meros meros del presidente Morales en las tranzas. Ya nadie se recuerda la denuncia de Están ‘piñatizando’ Q500 millones y existen delitos que vamos analizar, para denunciar a los responsables”, dijo el parlamentario de la bancada UNE, Carlos Barreda, al referirse a la opacidad del Ministro Jose Moreno, quien esta emparentado con Morales y otra denuncia olvidada de Mides que adjudicó a última hora Q4.7 millones a única empresa relacionada con el Ministro. Las compras se realizaron a proveedor que desde 2004 se dedicaba a actividades eléctricas. José Moreno dirige el Mides una de las carteras señaladas de mas corrupción que incluso su propio viceminsitro los denuncio y fue despedido inmediatamente por ello. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) compró por medio del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) 41 mil 533 cupones por un monto de Q4.7 millones. Del 17 de noviembre al cinco de diciembre la entidad adjudicó juegos de ollas, colchonetas, machetes, azadones, piochas, molinos de nixtamal y palas con la Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, Sociedad Anónima (Dimps). O sea están en plena campaña política y ahora pretenden que les quiten los últimos candados en el presupuesto para seguir con la rampante corrupción. El medio Soy502 publicó que Aguirre denunció ante la Contraloría General de Cuentas (CGC), anomalías en la compra de 30 mil tiempos de comida para 10 mil personas durante la realización del festival El Barrilete en octubre de 2016, además que los nombres y número de beneficiarios de estos alimentos, no coincidía con la lista registrada por el Mides y que se dijo que se realizaron actividades en escuelas, en las cuales desconocían del festival. En la denuncia está involucrada Dina Alejandra Bosch Ochoa, responsable de la compra de alimentos e hija de la magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad Dina Ochoa, nombrada por Morales al inicio de su gobierno. Que tal como nos queda el ojo. NO HAY TEMOR DE CÁRCEL O CASTIGO POR SEGUIR ROBANDO.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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