Juez saca de la cárcel a 3 funcionarios del Hogar Seguro

Durante cuatro días, en la sala de audiencias donde se llevó a cabo la primera declaración contra tres exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social y del Hogar Seguro, padres y familiares de las víctimas se sentaron a escuchar los detalles de la tragedia que mató a sus hijas.

Escucharon cómo empezó todo: el 7 de marzo a la 1 de la tarde un grupo de niñas inició una protesta por los maltratos y abusos a los que eran sometidas; vieron imágenes del interior del centro donde estuvieron albergadas; observaron cómo quedó de la puerta del aula donde las encerraron con candado; cómo la piel de sus cuerpos se reventó cuando estuvieron en un salón de 47 metros cuadrados, a una temperatura de 300 grados centígrados.

Solo una vez, una de las familiares de las víctimas se pronunció ante el juez y fue para hacer una petición: que los sindicados no fueran beneficiados con medidas sustitutivas. Si sus hijas no habían podido ser libres, ellos, Carlos Rodas, Anahí Keller y Santos Torres, tampoco merecían esa oportunidad.

En ese momento el Ministerio Público había solicitado que los tres fueran enviados a prisión preventiva mientras continuaba con la investigación. Esto porque,según la Fiscalía, existe peligro de que en libertad obstruyan las investigaciones.

El juez Carlos Guerra Roldán consideró que ese peligro no existe y los benefició con la medida sustitutiva. Para evitar la cárcel cada uno de ellos deberá pagar Q335 mil de caución económica, tendrán que firmar el libro de asistencias del Ministerio Público cada lunes y no deberán comunicarse entre ellos.

Rodas y Keller, exsecretario y exsubscretaria de Bienestar Social, y Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fueron ligados a proceso por los delitos de homicidio culposo, lesiones graves, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El MP tendrá seis meses para investigarlos y ya anunció que presentará una apelación para que mientras indagan, los exfuncionarios estén en prisión preventiva.

La tragedia que se pudo evitar

Durante su resolución, el juez Guerra dijo que la investigación preliminar del Ministerio Público arrojó suficiente información para considerar que por su cargo público debían cuidar y resguardar vida de las adolescentes. También que contaban con las herramientas y personal para evitar la tragedia que acabó con la vida de 41 niñas y que dejó heridas a 15 más.

"En las manos de ellos estuvo de alguna manera la inevitabilidad del resultado final”, dijo el juez. También consideró que cuando comenzaron a protestar, las niñas estaban reaccionando a una inconformidad que no fue atendida de manera adecuada por quienes eran garantes de proteger que no fueran maltratadas ni física, ni psicológica ni mentalmente.

“Las arbitrariedades de los funcionarios deben ser señaladas”, dijo Guerra y recordó que las jóvenes fueron sometidas a normas que no estaban establecidas en los reglamentos del hogar, como ser hacinadas en una habitación sin tener acceso a sanitarios encerradas bajo llave. El aula donde 56 niñas permanecieron bajo llave durante seis horas no era adecuada para ser utilizada como dormitorio, pues no tenía camas, y en ella cabían 11 personas.

Por ejemplo, la llamada a los bomberos se hizo de forma incorrecta. Cuando se hizo el contacto, el personal del centro reportó un motín, no un incendio, por eso, cuando los bomberos llegaron “el daño físico ya era irreparable”, dijo el juez. La motobomba que debía apagar el fuego llegó 20 minutos después.

En su declaración al MP, uno de los bomberos dijo que cuando llegaron al lugar las puertas estaban cerradas: “Estábamos en la unidad gritando que nos abrieran la puerta, gritábamos pero no nos hacían caso”.

En su declaración, Santos Torres, que fungía como director del centro desde el 25 de noviembre de 2016, dijo que cuando se enteró que las adolescentes entraron, empezaron a protestar y se dirigieron al módulo de los hombres, trataron de calmarlas. Una de sus primeras acciones fue poner a salvo las áreas donde se encontraban las niñas y niños de 0 a 12 años y los jóvenes con capacidades especiales. Según él, cuando vieron lo que sucedía, los pequeños también entraron en crisis.

Los exfuncionarios fueron favorecidos con una medida sustitutiva.

Cuando llegaron al área donde se encontraban las adolescentes molestas, encontraron un desastre. “Algunos empezaron a rayarse los brazos con pedazos de vidrio”, declaró.

De acuerdo con Torres, cuando ingresaron a las mujeres al aula de Pedagogía y a los hombres al auditorio, “todo permaneció sin novedad”. El exdirector del centro dijo que estaba cansado, que tomó café y que se retiró a las 3 de la mañana del hogar. Quién tomó el control de la situación fue la Policía Nacional Civil, pues las autoridades firmaron un acta en el que delegaban su autoridad.

A esto el Ministerio Público dijo que “cualquier persona sin tener el menor conocimiento se hubiera dado cuenta que dejar a las adolescentes molestas, con miedo y con daños psicológicos terminaría en tragedia. Se fueron y las dejaron bajo llave a cargo de la PNC”. De esa forma, las estaban condenando a morir, indicó la fiscal Verónica de León. “Eso era previsible de cualquier manera”, enfatizó.

Ante la situación, Jenifer Bravo, abogada de Mujeres Transformando el Mundo se cuestionó sobre el papel y la preparación de Anahí Keller, subsecretaria de Bienestar Social: ¿Qué tipo de atención o apoyo inmediato se estaba esperando de una productora de programas de televisión?

La defensa de los sindicados se centró en enfatizar que tomaron las acciones que debían y que se reunieron con autoridades de la Procuraduría General de la Nación y del Procurador de Derechos Humanos; que no cruzaron los brazos a la situación. ¿Quién hubiera sido capaz de detener la turba de adolescentes?, dijo el defensor de Torres al recordar cómo comenzó la crisis.

Crimen de género

No obstante, la población del Hogar Seguro sufrió tratos inhumanos y degradantes. Y fue peor con las niñas y adolescentes. De acuerdo con la fiscal De León, las mujeres se encontraban en una situación de doble vulnerabilidad, “producto de la violencia sistemática y cultural que responde a un sistema patriarcal”.

Según el MP, las niñas también fueron víctimas de un crimen de género, ya que los 46 jóvenes que huyeron del centro y que fueron capturados, permanecieron en el auditorio, un lugar amplio y espacioso. En cambio las niñas fueron encerradas en un espacio en el que cada una tenía menos de un metro cuadrado para moverse.

Al no tener acceso a baño, improvisaron una letrina con las esponjas tipo colchonetas que les dieron para dormir. La mayoría orinó y otras defecaron en el área. Cuando el MP procesó la escena del crimen, recabó restos de heces fecales para probar ese extremo.

En esa misma aula y bajo esas condiciones fue que el 8 de marzo, momentos antes de que el fuego empezara, las niñas recibieron el desayuno. A través de un espacio de 30 centímetros, uno de los cocineros les pasó las bandejas con comida. “Esto no es digno de ningún ser humano, ni para el delincuente que está privado de su libertad, desde ningún punto de vista. A ningún ser humano se le puede hacer eso”, dijo la fiscal.

Cuando una de las madres de las víctimas escuchó esos detalles, rompió en llanto. El juez le pidió que mantuviera la compostura y le recordó al resto de familiares que si no estaban preparados para estar en la sala debían abandonarla.

La fiscalía dividió la tragedia en tres hechos: la protesta de las adolescentes, que empezó el 7 de marzo a las 1 de la tarde; las capturas de los adolescentes que huyeron del lugar y la privación de libertad de las 56 niñas que fueron encerradas.

Los familiares de las víctimas abandonaron la sala de audiencia llamando asesinos a los exfuncionarios que tenían a su cargo cuidar y resguardar la vida de sus hijas. El Ministerio Público tiene hasta el 6 de octubre para continuar con las investigaciones del caso.