1. En español, ¿qué es el crédito fiscal?
Como en otros países, en Guatemala los exportadores pueden solicitar a la SAT que les devuelva el 12% de IVA que pagan en insumos para producir mercancías que exportarán. Es decir, una empresa que exporta café puede pedir que no se cobre el 12% de IVA que pagó en la compra de una máquina para enlatar el café. O una empresa de chocolates que importó el cacao de Nicaragua para exportarlo a México.
El problema, según el ICEFI (un instituto de investigación sobre impuestos con prestigio), es que este mecanismo tiene el problema que potencia el riesgo moral de algunos “exportadores” que reportan compras o ventas a proveedores ficticios, con el fin de pedir que el Estado les “devuelva el IVA que pagaron”, aunque haya sido por transacciones no realizados con empresas inexistentes.
Hay otras empresas que sí importan bienes, los transforman en productos y los exportan, y la SAT tiene una eficiencia de elefante en auditar que en efecto hayan exportado los productos, y se atrasa en ‘devolverles’ ese IVA que pagaron; esto hace menos competitivas a las empresas guatemaltecas.
2. Qué hicieron estas 9 grandes empresas que descubrió la CICIG
Para ‘saltarse la cola’ en los procesos en la SAT o para que fueran incluídas sin revisiones en los listados de beneficiarios de crédito fiscal, en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se armaron estructuras ilegales de corrupción. Una era La Línea en tiempos de Pérez Molina y Baldetti.
Pero hay ‘más líneas’.
Otra era la de Tres Puertos, una empresa que se dedicaba a gestionar el tema fiscal de grandes empresas y agilizaba trámites en la SAT. Alfredo Muñoz Ledo se llama el responsables de Tres Puertos, S.A.
Sólo que era a cambio de sobornos.
Así, las empresas lograban rápidamente la devolución del crédito fiscal. Y atrasaban el trámite de empresas legítimas que no pagaban sobornos.
3. Cómo intervinieron los políticos Alejos y Leal
Como en todos los negocios, lícitos e ilícitos, se necesitan intermediarios de confianza.
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Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso.
Los jefes de la SAT –casi todos los anteriores a Juan Solórzano Foppa, despedido por el presidente Jimmy Morales y el ministro Julio Héctor Estrada esta semana por haber alcanzado ‘sólo’ el 99.7% de la meta–, buscaban intermediarios para cobrar a las grandes empresas. Y las grandes empresas buscaban intermediarios para comprar a las autoridades de la SAT.
Dos intermediarios eran políticos que provenían del mundo empresarial. Felipe Alejos Lorenzana y Mario Leal Castillo provienen de familias de la élite e ingresaron a política. El primero desde el partido Todos, que era una escición de la UNE. Y el segundo primero con el Partido Patriota y después con la UNE.
Ellos captaban clientes junto a Alfredo Muñoz Ledo, de Tres Puertos, proveedor de varias empresas grandes.
4. Cómo alteraban el orden.
A decir de las investigaciones del MP, los intermediarios Mario Leal, Felipe Alejos y Alfredo Muñoz tenían un portafolio de los beneficios a los cuales podrían optar las empresas. Lo que hacían ellos, junto a Geovani Marroquín, era alterar el orden de las solicitudes para que en el menor tiempo recibieran su crédito fiscal.
Hubo casos en que el intendente Alfonso Castillo tuvo que contratar abogados para que interpusieran un amparo en contra de la SAT y así simular que la agilización del proceso era gracias a una orden judicial emanada por el juez séptimo de instancia penal, Adrián Rodríguez, quien resolvía según las órdenes de la SAT.
La CICIG y el MP aseguran que el juez Rodríguez actuaba en contubernio con esta red de traficantes de influencias.
Según explicó el comisionado Iván Velásquez, si el trámite duraba menos de 6 meses las empresas debían pagar el 12% de lo recibido en coimas, si se tardaba entre 6 y 8 meses era el 10%, pero cuando se tardaban más de 12 meses, no tenían por qué pagar ningún soborno.
Este porcentaje se repartía ente los funcionarios de la SAT Omar Franco, Carlos Muñoz, Alfonso Castillo y Ariel Guerra, Geovanni Marroquín y el intermediario de turno.
5. Palma africana, aceros, azúcar, chatarra (algunos clientes descubiertos)
El primer gran caso de Tres Puertos explotó en 2016. Alfredo Muñoz obtuvo un gran cliente. La siderúrgica Aceros de Guatemala había logrado así evitar el pago de impuestos, fue demandada por la CICIG y el MP e intervenida por la SAT. Pago lo requerido por las autoridades: US$100 millones en impuestos atrasados y multas. Desde entonces, Aceros de Guatemala cortó relación con Tres Puertos.
Otro intermediario, que financió la campaña de Pérez Molina y a cambio fue secretario específico de la Presidencia, logró que la empresa de su familia, el Ingenio Magdalena (el más grande del país) tuviera acceso a este mecanismo para saltarse la cola y recibir el crédito fiscal.
Su primo, Luis Fernando Leal, CEO de Magdalena, está capturado. Mario Leal está prófugo.
El tercer intermediario descubierto hasta ahora es Felipe Alejos, diputado por el partido Todos, primer vicepresidente del Congreso y aliado cercanísimo al presidente Jimmy Morales.
Usando el nombre ‘Felipão’ en las conversaciones, entró al juego de defraudación en el 2015, cuando quiso llevar el proceso del Ingenio Palo Gordo. Según una declaración del representante del ingenio, Rodrigo Presa Riera, se reunió con Alejos para negociar el pago de los sobornos.
La fiscal general Thelma Aldana explica que Alejos ya no pudo cobrar lo pactado porque en los allanamientos del caso La Línea en abril de 2015 habían detenido a varias de las personas con las que trabajaba en la SAT, como Giovanni Marroquín y el superintendente Omar Franco. A decir del MP, el diputado citó al azucarero Presa en un edificio de apartamentos en la zona 14 de nombre Ángel Gabriel ,donde le explicó que “habían clavos (problemas)”.
A pesar de no haber recibido dinero, el MP solicitó el antejuicio contra el diputado por tráfico de influencias y cohecho activo.
Thelma Aldana indicó que se lograron rastrear 30 expedientes tramitados entre 2011 y 2015 que beneficiaron a nueve empresas: Aceros de Guatemala, Maya Quetzal S.A., Industrias de Tubos y Perfiles S.A., Reforestadora de Palma del Peten (REPSA), Productos y Negocios Industriales, Ingenio Palo Gordo, MAG Alcoholes S.A., Ingenio Magdalena S.A. y Productos y Servicios Azucareros.
REPSA, propiedad de Hugo Molina, es la misma que tiene un proceso abierto desde 2015 por contaminación ambiental al provocar la muerte de cientos de especies en el Río La Pasión tras el desborde de material contaminante desde una de sus calderas donde tratan la palma africana.
Están prófugo sus hijos, Hugo Molina Botrán y Milton Molina Botrán.
No es el último de los pesos pesados capturados que se conocen hasta ahora.
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Inngmar Iten y Rudy Villeda, en la Torre de Tribunales.
Inngmar Iten. Empezó vendiendo chatarra a Aceros de Guatemala, pero la relación se rompió hace tiempo. Ha sido denunciado en repetidas ocasiones por el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, quien lo acusa de hacer negocios en medio de ilegalidades y de amenazas de muerte para sus rivales. De acuerdo con elPeriódico, narcotraficante Marlon Monroy Meoño, alias El Fantasma, dijo antes de ser extraditado a Estados Unidos que Inngmar Iten intentó pagarle para que dirigiera un atentado contra el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, que lo había empezado a investigar por evasión fiscal. De manera sorpresiva, Solórzano Foppa confirmó esta información a una periodista en una conversación en Twitter. La fiscal Thelma Aldana dijo que no tenían información sobre este tema.
Al terminar la conferencia sobre este nuevo caso de estructuras corruptas en la SAT antes de 2016, la fiscal general lamentó que Foppa ya no estuviera al frente de la SAT:
– Los intendentes anteriores, buena parte de ellos guardan prisión o están relacionados en hechos ilícitos, mientras que Foppa ha trabajado con transparencia. Aquí en el MP pasaba las pruebas de confidencialidad y era analista de alto nivel. Espero que la elección del próximo superintendente se realice con transparencia.
Celeste Campeador /
Me quedo una inquietud Señorita Periodista, el ICEFI (Instituto de investigación sobre impuestos de prestigio), que tipo de organización legal es, ¿es una asociación civil sin fines de lucro?, ¿una ONG?, ¿¿¿???. El ICEFI PAGA IMPUESTOS, paga ISR, IVA, IUSI, y todos los demás impuestos habidos y por haber, o se esconden jurídicamente en una asociación sin fines de lucro para estar exonerada y NO PAGAR IMPUESTOS. Los profesionales que prestan sus servicios profesionales pagan ISR e IVA.
Pablo /
Como el nombre lo dice, es un instituto de investigacion. En otras palabra, una institucion educativa.
celeste campeador /
Para hacer su reportaje, la Señorita Periodista, parece ser que no ha leído la Constitución Política de la República de Guatemala. Nuestra Constitución regula en el artículo 28 lo siguiente: "Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que esta obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días." Cuando un exportador esta presentando una devolución de crédito fiscal a la SAT (la SAT es una entidad administrativa) la SAT tiene que resolver en plazo que la ley le fija, tengo entendido que son 60 días. El plazo es el doble de lo que ordena la Constitución. ¿Porque la Constitución ordena que las peticiones que hagan los administrados tienen que ser resueltas y notificadas en un plazo de 30 días por la Administración Pública? Porque, la Administración Pública esta actuando con su ius imperium (le dejo de lección para que lo investigue) y el administrado tiene que tener certeza jurídica para ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones, pues de lo contrario queda en un limbo jurídico. Para regular o desarrollar este derecho de petición existe la Ley de lo Contencioso Administrativo. Cuando un administrado le presenta una solicitud a la Administración Pública esta con base en las leyes mira si es procedente o no es procedente y dicta su resolución ya sea favorable o desfavorable, esta resolución si es desfavorable la puede impugnar en la vía administrativa, si el recurso es resuelto desfavorablemente, la puede impugnar en la vía judicial. Dentro del ámbito de la Administración Pública se puede caer en el silencio administrativo que esta regulado en la Ley de lo Contencioso Administrativo en el artículo 16 que norma: "Transcurridos treinta días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativa por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivo el recurso. El administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio." Es tan grave la situación de que la Administración Publica no fuera a resolver las peticiones de los administrados, que los constituyentes al promulgar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establecieron en el artículo 10, la procedencia del amparo y entre los casos en que se puede pedir amparo, dice en su parte conducente: "... Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos: f) Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltas en el término que establece la ley, o de no haber ta término, en el de treinta días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite." Cómo ve Señorita Periodista, la Administración Pública (la SAT es una entidad administrativa) por ley debe resolver las peticiones que le sean presentadas por los contribuyentes / administrados y resolverlas dentro del plazo que dice la LEY, no dice la Constitución y la Ley de lo Contencioso Administrativo que resolverán a discrecionalidad del funcionario público que tenga a su cargo el expediente, cuando se le de la gana, en el plazo que se le la gana y como se le la gana. En la devolución del crédito fiscal hay que tomar en cuenta que estos expedientes en la muchos casos llevan una fase administrativa (ante la SAT) que termina generalmente con el recurso de revocatoria y otra fase judicial que es el contencioso administrativo, la invito a que investigue cual es el plazo de la devolución de un crédito fiscal en la via administrativa (SAT) y en la via judicia contencioso administrativo, y los costos que esto implica, sobre todo pagar Abogados. Lo que sucede es que una cosa es lo que dice la Ley y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Si bien es cierto que la devolución del crédito fiscal es complejo, no veo porque la SAT no ha buscado mecanismos para agilizar los expedientes, es cierto que el principio registral primero en tiempo, primero en derecho, es muy fácil decirlo desde el punto de vista de la SAT, siempre y cuando la SAT resuelva las peticiones en el plazo que fija la ley. En pocas palabras la Administración Pública debe resolver en los plazos que fija la Constitución y la Ley de lo Contencioso Administrativo.
Jorge Rodriguez /
Srta. María José, creo que no investigó bien para realizar este artículo, usted dice que los empresarios pagaban para saltarse la cola, pero no analiza que esa cola en tiempo en algunos casos fué hasta de 4 años y que algunos estaban siendo extorsionados de que si no pagaban, jamás verían su dinero de vuelta, si usted analiza, el interés de ese dinero de un año es mas que 10%. Por lo que era mejor negocio pagar la extorsión que ver de vuelta el dinero tarde o quizá nunca.
Ahora en referencia a la acusación contra el Sr. Ingmar de parte de Juan Solórzano Foppa si analiza los tiempos de los eventos, se dará cuenta que es falsa: Fecha de inicio de Juan Solórzano Foppa en la SAT: 9 de marzo de 2016 y el fantasma fué capturado el 30 Abril del 2016, desde esa fecha estuvo bajo custodia de las autoridades hasta que lo extraditaron el 2 de Noviembre del 2016. Suena a que para ponerle mas salsa al taco que le montaron sus ex-compañeros del MP le pidieron de favor que respondiera de una forma muy vaga "Como diría Juanga: Así fue." a un twit de una irresponsable acusación de una pseudo periodista.
En el tiempo que transcurrió desde que Solorzano Foppa tomó posesión como Superintendente de la SAT hasta que capturaron a El Fantasma (52 días) a Juan Solórzano apenas le dió tiempo de nombrar a sus amigotes de asesores y coordinar el primer caso que hicieron público que fue el de Aceros de Guatemala el 8 de Mayo del 2016.
estuardo /
insaciable la codicia de los molina; son dueños de media guatemala. y no dejan tirado pero NI UN CENTAVO. pero como dice malacates,.,, TODO, TODO SE PAGARA..
José E. Cifuentes /
Quien en estos momentos prepara su huída como rata es Oscar Platero Trabanino, directivo de Fundaterror y operador del netcenter coordinado por Polo. Él tuvo un alto cargo dentro de la SAT en tiempos de Berger y fue pieza importante de las mafias narcomilitares dentro del Estado, amén de su participación directa en crímenes de guerra. Tengo entendido que se prepara una denuncia en su contra en una corte en el extranjero por esto último, de manera que aunque escape del largo brazo de la ley en Guatemala, será detenido en el exterior.
RODOLFO FUENTES /
FELICIDADES NOMADA..UNA PREGUNTA,DIGNA DE INVESTIGACION,,COMO ENCAJA EN TODO ESTO,EL SUICIDIO DE PAVEL CENTENO??
Wait what? /
Dale con Centeno, se suicido. fin del caso, le faltaron huevos para verse preso.