La increíble respuesta de la Muni con el basurero

El 27 de abril del 2016, todo fue angustia en el lugar a donde llega la basura de todas las casas, fábricas y oficinas de la Ciudad de Guatemala y sus municipios periféricos. A la una de la tarde un deslave en el patio 6 soterró a 38 personas. Sólo 12 sobrevivieron. ¿Cómo es sobrevivirlo?

Los separadores de basura, los guajeros, son familias que viven en colonias junto al basurero, entre callejones estrechos, casas de lámina y lazos de ropa colgados entre casa y casa. Ahí está el hogar de una familia que llamaremos Suchité. Estos trabajadores, dueños de nada, no tienen ni la oportunidad de hablar con sus apellidos; la Municipalidad bien podría tomar represalias y prohibirles la entrada a su trabajo.

Una de ellas, Alejandra Suchité, recuerda el día cuando el suelo tembló en el Relleno Sanitario. Relleno sanitario es el nombre elegante que la Municipalidad del alcalde Álvaro Arzú usa para llamar al vertedero municipal desde hace 32 años, cuando él y sus correligionarios llegaron a administrar la capital.

Alejandra Suchité se quedó paralizada. Ese día ella y su abuela Marta estaban en el patio 6 recolectando cartón.

– Mi abuela me gritó ‘¡se está moviendo la basura!”, pero yo no sentí nada y no le creí. Le reclamé que siempre se asusta. Pero sí. Era como partir pastel. Se iba un pedazo, luego el otro y el otro. El miedo hizo que entrara en shock y que no pudiera moverme ni reaccionar a la gente que me gritaba. Yo decía Dios mío, perdóname lo que haya hecho y ten piedad de mí y mi abuelita. Vi a una señora que es vecina de mi casa, ella levantó la mano, le grité ¡Doña Christi! y vi cuando una piedra le cayó encima y desapareció entre la basura.

Alejandra brincó de un pedazo de basura a otro y con ayuda de otras personas que intentaban salvarse y logró salir del deslave. Su abuela se había aferrado a un pick up que quedó atorado entre la basura, y antes de que se hundiera logró soltarse y saltar a un terreno más estable.

Cuando estuvo sobre tierra firme, Alejandra se desmayó. Su primo Leonardo murió ese día. Él tenía 25 años y Alejandra agradece que por lo menos pudieron rescatar su cuerpo y enterrarlo. Las víctimas del basurero son declaradas desaparecidos si no son localizadas en las horas próximas a un deslave. Tres meses antes que la muerte de Leonardo, en el basurero también falleció su hermano, Rudy. Un día que llovió, entró motivado al vertedero. Iba a La Mina, la laguna de aguas negras donde los recolectores buscan el oro y joyas que se filtran entre los desechos.

Ese día se destapó una de las tuberías frente al área donde estaba Rudy. “Salió toda el agua como un río negro y se lo llevó”, cuenta Alejandra. Durante una semana ella, y su familia visitaron hospitales y la morgue para preguntar por el paradero de su sobrino. Como último recurso fueron a Chinautla para pedirle a los bomberos que vigilaran si aparecía un cuerpo en el río Las Vacas. En el octavo día de búsqueda encontraron a Rudy flotando en un desagüe, a 15 kilómetros del basurero.

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Los guajeros llegan todos los días a trabajar con miedo de entrar y no salir. Pero con más miedo de no trabajar y no comer, toman su costal e ingresan al vertedero para recolectar y compactar la basura que necesitan para vivir. Los guajeros meten y sacan las manos en los volcanes de desperdicios de 3 millones de personas.

¿Y la responsabilidad municipal?

Un día después del deslave del 27 de abril de 2016, el Ministerio Público anunció que la Fiscalía de Delitos contra la Vida investigaría la muerte y desaparición de los recolectores de basura. José Olazábal, fiscal a cargo del caso, dice que buscan identificar a los responsables de la administración del Relleno Sanitario y verificar si cumplieron con las normas de seguridad, medidas o protocolos para evitar la tragedia.

Para ellos, solicitaron dictámenes al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la Coordinadora Nacional de Desastres (Conred) y el Ministerio de Ambiente, para que informen sobre las recomendaciones que le dieron a la Municipalidad antes de abril de 2016. También requirieron a las tres entidades análisis de campo en el basurero, sobre el tratamiento del suelo, los desechos sólidos y aguas residuales, así como las condiciones meteorológicas de los días anteriores al deslave en el patio 6.

¿Acató la Municipalidad las recomendaciones que le hicieron antes del deslave? ¿Fue consecuencia del clima, de la naturaleza, de un hecho fortuito o de una negligencia, irresponsabilidad o falta de acción?

Para responder esas preguntas, el Ministerio Público solicito a la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria (ERIS) de la Universidad de San Carlos que nombre a un experto que estudie los dictámenes, evalúe la información recabada por la Fiscalía y emita un peritaje que analice las medidas que tomó, o no, la Municipalidad, y defina el grado de responsabilidad en el hecho que cobró la vida de 26 personas.

Los fiscales llevan meses sin recibir una respuesta de la ERIS de la USAC. Dicen que esta semana acudirán al Colegio de Ingenieros para que sirvan de intermediaron con ERIS y designen a la brevedad al experto en la materia. Urgencia por resolver estas muertes no parecen tener.

“La máquina recicladora más grande de América Latina”

Luego de la última tragedia, la Municipalidad cerró por unos días el basurero. Antes de abrirlo y dejar entrar a los recolectores, hizo que firmaran un documento que ‘eximía’ a la institución de cualquier responsabilidad derivada de ‘su libre decisión de acceder y permanecer en las instalaciones del basurero’, y los guajeros renunciaban a su derecho de accionar legalmente. El fiscal Olazabal explica que ese documento no tiene ningún valor para la Fiscalía y que seguirán investigando.

En el basurero, a diario ingresan 550 camiones recolectores con 3 mil 200 toneladas de desechos. La Muni estima que los porcentajes de basura que ingresan al lugar están distribuidos de la siguiente manera: 3% de tela, 5% de aluminio, 5% de madera, 4% de vidrio, 6% de plástico, 11% de papel y cartón (el material más reciclable que produce el Relleno), y 68% de desechos orgánicos. Es decir, dos terceras partes son orgánicas, que si se separaran desde antes, podrían reciclarse. Ya llegados al basurero, se calcula que solo el 30% de toda la basura se puede reciclar.

El sistema de manejo de residuos que emplea la Municipalidad es el de clasificación y compactación de la basura, a través de los 1 mil 400 guajeros autorizados para trabajar en el lugar.

Carlos Sandoval, vocero de la Muni, dice que los guajeros “son la máquina recicladora” más grande de América Latina:

– Ellos retiran plástico, cartón, aluminio, todo lo que sea materiales reciclables, y posterior a ello los desechos orgánicos se aíslan y se compactan con material selecto; por eso se llama Relleno Sanitario, porque se van formando capas de basura y selecto.

La ‘máquina recicladora más grande de América Latina’ no tiene derecho a ningún derecho.

Los guajeros, que hacen el trabajo de manejo de desechos para la municipalidad, no reciben nada de esa institución. Ellos ganan a través de la venta del material reciclable que reúnen. La institución nunca ha contemplado la posibilidad de establecer una relación laboral con los recolectores de basura, lo que les garantizaría mejores condiciones laborales, así como el derecho equipo de seguridad y un seguro de vida, como el que gozan los empleados municipales que trabajan dentro de ese terreno.

Recolectoras por varias generaciones.

En una auditoría ambiental al Relleno Sanitario, la arquitecta Judith Barillas Vásquez, señala que la municipalidad capitalina no cuenta con normas de seguridad laboral de ningún tipo.

– Cualquier trabajador tiene el derecho de laborar sin riesgo, y aunque los guajeros no son empleados municipales, deberían contar con ese derecho al igual que los trabajadores municipales, ya que para la Municipalidad son la única medida de mitigación ambiental con la que cuenta.

La respuesta del vocero municipal a por qué no les dan derechos laborales a los guajeros evidencia el cinismo institucional.

El vocero Carlos Sandoval dice que es porque los guajeros “no quieren”, pues “ellos manejan su tiempo”, y una relación laboral implicaría la fijación de horarios. “Autorizamos que trabajen por el beneficio no solo del vertedero, sino del medio ambiente, del espacio”.

Se le cuestiona que si no fuera por los guajeros, la municipalidad tendría que pagar por el manejo de los residuos en el Relleno Sanitario. Su respuesta es en el mismo sentido.

– Puede que sí, puede que no. La otra opción para la Muni es que se recicle desde la casa. Si quitamos a los guajeros, una planta de tratamiento podría entrar a funcionar.

Pero una planta de tratamiento, según el vocero, cuesta 500 millones de dólares. El presupuesto de tres años de la municipalidad.

El plan de la Muni

El 3 de mayo de 2016, a 6 días del deslave en el basurero, el Ministerio de Ambiente solicitó que se hiciera una inspección ambiental en el relleno sanitario para verificar si era viable que siguiera funcionando o que se cerrara. La inspección concluyó que debía cerrarse, ya que, por las características arenosas y arcillosas del suelo, se considera que es una superficie inestable que genera un alto riesgo de derrumbe o deslave, el cuál incrementa con sismos, cambios climáticos y el aumento del caudal de las aguas residuales y pluviales.

El riesgo es más grande en los sectores 6, 7 y 8 del lugar. Por eso, el Ministerio de Ambiente recomendó que nadie trabaje en esas áreas y que se utilicen los patios 2, 4 y 5, mientras se “inician los procedimientos técnicos para identificar un nuevo terreno a donde se pueda trasladar el basurero”.

Sin embargo, entre los planes de la municipalidad no está cerrar el relleno; en lugar de eso buscan extender su uso hasta el año 2046.

La Muni se queja y dice que el 51%, exactamente 283 de los 550 camiones que a diario ingresan al vertedero, provienen de 14 municipios y no del municipio de la Ciudad de Guatemala. “Más de la mitad de la basura no es responsabilidad de la ciudad”, dice el vocero Sandoval, y resalta que es la administración de Álvaro Arzú la que absorbe los costos del manejo del Relleno, por Q16 millones (menos de US$2 millones).

Su intención es “trabajar en conjunto” con los 14 municipios que tiran su basura gratuitamente en el lugar: Chinautla, Fraijanes, Mixco, Palencia, San José Pinula, San Juan Sacatepéquez, San Lucas Sacatepéquez, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva. Las casas de 3 millones de guatemaltecos.

Pero el trabajo en conjunto no pasa de una declaración. La Municipalidad no tiene un plan de acción para que cambie algo en los próximos 20 años.

Desde hace un año, las medidas que ha tomado la institución van desde un portón en la entrada principal para aumentar el control de ingreso y egreso. Planes de construcción de oficinas centrales; señalización vial: la construcción de un anillo circular con vías únicas de entrada y salida, así como la colocación de mantas que indican cuáles son los sistemas de evacuación en caso de emergencia, la colocación de banderines de colores para la delimitación de áreas de peligro y la prohibición del ingreso de menores de edad y mujeres embarazadas.

Si tuvieran prestaciones laborales, las mujeres recibirían salarios en sus períodos pre y post natales.

Además, la Muni construyó un muro perimetral de 500 metros entre el vertedero y el cementerio general para evitar el ingreso ilegal de personas (y el deslave de tumbas hacia el basurero).

La Muni uniformó a todo el personal municipal del vertedero con equipo completo de seguridad personal, que incluye pantalones, camisas con cintas reflectivas, silbatos, chalecos, mascarillas, cascos, botas de invierno y lentes. A los guajeros, a los que no reconoce como trabajadores, les dieron unos chalecos.

Actualmente, la Municipalidad está en un proceso con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para contratar una empresa consultora que realizará las bases para un estudio que definiría si es factible cerrar el basurero o prolongar la vida por 20 años.

Esta es la respuesta de la municipalidad para administrar el basurero de la zona 3.