Las primeras evidencias y las preguntas pendientes del Hogar Seguro

1. La protesta de las niñas y las puertas abiertas para que escaparan

Un dron del Ministerio Público sobrevuela el hogar seguro ubicado en las afueras de la Ciudad de Guatemala. El fiscal Edwin Marroquín le explica al juez Carlos Guerra las imágenes que muestran el tamaño del centro, los módulos, las canchas deportivas, los parqueos y el área llamada Mi Hogar, en donde ocurrió la tragedia.

El propósito era ilustrarle dónde, cómo y a qué hora, los adolescentes internos en esa casa gubernamental se reunieron a protestar; y dónde, cómo y a qué hora las autoridades del hogar no actuaron para evitar lo que vendría.

El martes 7 de marzo, entre la 1:40 y 3:30 de la tarde, las adolescentes del módulo Mi Hogar y los adolescentes del módulo San Gabriel empezaron a protestar por las malas condiciones en las que vivían y los malos tratos que sufrían. Condiciones que van desde golpes y comida con gusanos hasta violaciones sexuales. En las imágenes que el MP presentó se les ve reuniéndose en el taller, caminando y corriendo entre los módulos que separaban a hombres de mujeres. Las niñas empezaron y buscaron apoyo en sus compañeros.

Cuando la crisis inició, Santos Torres, el director del Hogar Seguro, alertó al personal pero no tomó ninguna decisión para recuperar el control. Llamó a la policía, y a las 2 de la tarde, cuando llegaron, los recibió en la entrada. A esa hora los jóvenes del área San Gabriel caminaban sobre el techo de las oficinas de Seguridad del Hogar Seguro para llegar a donde estaban las mujeres. Casi al mismo tiempo, personal del lugar sacó en camilla a una niña que se cayó del muro mientras intentaba llegar hasta el módulo de los hombres.

Los jóvenes se encontraron en los patios y los techos. Según la Fiscalía, a las 3:30 de la tarde fueron a la entrada del centro y seis minutos después, el personal de la misma Secretaría les abrió las puertas. 108 adolescentes huyeron hacia el centro de San José Pinula. La policía fue tras ellos y, a los que atrapó, los llevó a la puerta principal del Hogar.

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– Para la fiscalía es importante aclarar que ellas no se fugaron; ellas huyeron del lugar debido a las circunstancias en las que se encontraban, dijo el fiscal Marroquín.

2. Las autoridades no sabían qué hacer

Ese martes 7 de marzo, a las 6 de la tarde llegaron al lugar Carlos Rodas y Anahí Keller, entonces secretario y subsecretaria de Bienestar Social. También llegaron representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil. De esa reunión saldrían las ‘soluciones’ para atender la crisis con los adolescentes. Según la Fiscalía, eran casi las 11 de la noche y los jóvenes que escaparon y fueron detenidos seguían afuera del ‘hogar seguro’. No llevaban suéter ni otro tipo de abrigo.

La Secretaría le delegó el control de la situación a la PNC porque el personal del hogar se oponía a que los jóvenes a los que maltrataban, les abrieron las puertas y que huyeron, volvieran a ingresar al centro. Para ‘protegerse legalmente’ (o lavarse las manos) firmaron un acta donde se desligaban de cualquier responsabilidad. El secretario Carlos Rodas y el director Santos Torres firman el documento.

El MP recordó que la Secretaría no cuenta con protocolos para actuar en caso de crisis o emergencias con niños, niñas y adolescentes.

Entre la media noche y las dos de la mañana, los jóvenes ingresaron custodiados por agentes de la policía. 46 adolescentes hombres fueron llevados al área del auditorio, un lugar amplio y espacioso. Las 56 adolescentes mujeres, en cambio, fueron trasladadas al área de Pedagogía, un aula de 47 metros cuadrados, de 6.8 por 7. Un espacio con capacidad para 26 personas de pie y 11 personas si se usa como dormitorio. 56 adolescentes en donde cabían 11. Sin baño y sin acceso a agua. Para que durmieran les llevaron 22 esponjas tipo colchonetas.

Después de ver el encierro, poco antes de las tres de la madrugada del miércoles 8 de marzo, el secretario Rodas, la subsecretaria Keller y el director Torres se retiraron del complejo. La PNC se quedó a cargo de la custodia de las 56 niñas y adolescentes, que fueron encerradas bajo llave.

Eran las 8 de la mañana del miércoles 8 de marzo cuando el personal del comedor empezó a serviles el desayuno. Las adolescentes seguían encerradas, hacinadas, desesperadas. Llevaban seis horas ahí adentro sin posibilidades de salir ni para ir al baño. Desesperada, una de las jóvenes le prendió fuego a uno de los colchones para que las dejaran salir.

3. Nueve minutos de llamas

Una de las cámaras del hogar apuntaba al techo del aula en la que fueron encerradas. Allí se grabó como un hilo blanco de humo empezó a salir por una de las esquinas superiores. Son las 9:01 de la mañana y según el perito de incendios que presentó el MP, el fuego inició entre dos y tres minutos antes de que el humo comenzara a salir. Minuto a minuto en las imágenes se observa cómo el humo crece y se expande, como de columnas blancas y pálidas pasa a ser una densa nube oscura que cubre el techo del lugar.

En la sala del Organismo Judicial están el juez, los fiscales, los abogados, los sindicados de ser los responsables, los familiares de las víctimas, los periodistas y los amigos de Anahí Keller. Todos observan en silencio y con atención. Algunos familiares se llevan la mano a la boca o se limpian las lágrimas. Es la primera vez que ven imágenes de lo que sucedió adentro del Hogar Seguro, donde estaban sus hijas.

Previo a proyectar las fotografías más sensibles, el juez Guerra le ordenó al personal de seguridad que verificara que ningún periodista, camarógrafo o fotógrafo grabara alguna de las imágenes. La Fiscalía había solicitado que el caso se declarara bajo reserva y que de esta forma no se publicara los avances en su investigación, ya que podrían acusar a más personas como responsables de la tragedia. El juez Guerra respondió que no porque que la tragedia “es una circunstancia que Guatemala necesita esclarecer; el ciudadano tiene derecho a enterarse de lo que las autoridades están haciendo”. Para respetar la dignidad de las niñas víctimas, el juez prohibió a los medios publicar las imágenes de las niñas ese día.

La única imagen que había sido publicada y circuló en redes ese día fue tomada por un medio impreso.

En la parte más dura de la presentación de la Fiscalía, lo primero que se observa es la puerta del aula donde las jóvenes estuvieron encerradas; la puerta que estuvo bajo llave. La puerta está despintada y quemada. Desde afuera se ve la marca por donde las llamas salieron, el rastro que el fuego dejó. La siguiente imagen es del interior del aula. Hay cuerpos de adolescentes en el suelo, sobre pedazos de colchonetas, heridas, con los brazos abiertos, sangrando, con la ropa quemada y la piel reventada. El fiscal hace énfasis en que no encontraron sábanas en la escena del crimen, lo que ilustra que el personal del centro ni siquiera se preocupó en proporcionarles abrigos, a pesar del frío en un albergue situado a 1,775 metros sobre el nivel del mar en el marzo con menos temperaturas de los últimos tiempos.

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Otra de las imágenes que presenta el MP es del cuerpo de una adolescente que murió en la camilla del hospital. Su cuerpo y cara están completamente quemados. Una de las víctimas está envuelta en vendas blancas, una más tiene una mascarilla sobre su rostro desfigurado. Esos son casos de adolescentes que murieron en los hospitales nacionales.

El peritaje de incendios que presentó la Fiscalía detalla que el fuego se originó dentro del salón, que el incendio duró alrededor de 9.5 minutos y que alcanzó una temperatura superior a los 300 grados centígrados, exponiendo a las niñas a gases letales y con menos del 21% de oxígeno necesario.

– Las probabilidades de sobrevivir en esas condiciones eran mínimas, dijo el fiscal.

De las 56 que estaban en el aula, 41 murieron, 15 más resultaron heridas: dos de ellas sufrieron amputaciones para sobrevivir.

4. El perfil del cargo y los delitos

Durante la primera declaración, la Fiscalía cuestionó el perfil de Carlos Rodas, ex Secretario de Bienestar Social, pues tenía más experiencia en ser juez de paz que en derechos de la niñez y adolescencia, ya que solo había asistido a un taller de ese tema.

– Esta persona no reúne el perfil que exige la ley. Son cinco años de experiencia en un puesto similar, dijo el fiscal.

Sobre la subsecretaria Anahí Keller, reclamó que el perfil profesional no era adecuado para que tuviera un puesto directivo en la Secretaría, pues su carrera la desarrolló alrededor de la producción de televisión.

– Su experiencia no es acorde con la capacidad y requerimientos para decidir aspectos fundamentales en el momento en que se dio una crisis como la del 8 de marzo.

Santos Torres, el ex director del Hogar Seguro, tampoco cumplía con el perfil. Uno de los requisitos era que tuviera conocimientos sobre legislación de protección de la niñez y adolescencia y poseer estudios o conocimientos sobre niñez y derechos humanos. El MP considera que su licenciatura en ciencias jurídicas y sociales, sus maestrías en estudios estratégicos y políticas públicas, no eran parte de los requisitos fundamentales para dirigir el hogar.

Según la investigación, la responsabilidad de cada sindicado se evidencia desde la falta de supervisión y control de las instalaciones y el personal a su cargo, hasta la forma ilegal en que encerraron y privaron de libertad a las adolescentes.

Todos fueron señalados de cometer los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

5. Esperan justicia

Las madres y familiares de las niñas que estaban internas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción ya no están afuera de morgues y hospitales buscando información. A casi un mes de la tragedia que acabó con la vida de 41 niñas y adolescentes, después de enterrar a sus hijas y pasar el duelo, están frente a un juez, en el inicio del largo proceso para pedir justicia.

Estela Chután, hermana de Mayra Chután, una adolescente víctima del hogar, sale del juzgado durante un receso. Es el primer día de luchar por justicia. Piensa que la muerte de su hermana y 40 niñas más no fue un accidente y que se tienen que investigar los abusos que las jóvenes denunciaron. Estela fue la designada en su familia para reconocer a su hermanita en la morgue. Fue a quien le tocó recordar a Mayra completa y encontrarla en pedazos. Así describe lo que sintió cuando la identificó.

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– Aunque me duela y me coma el alma por dentro recordar cómo la vi, quiero tener esas imágenes en mi cabeza porque así lucharé con el corazón en la mano para que se haga justicia.

En una de las imágenes que la fiscalía proyectó de la escena del incendio, al fondo, Carmen Urías, madre de Estela, reconoció el cuerpo de su hija Mayra. Llora y baja la mirada. Dice que ir a la iglesia le ayuda a evitar que caiga en depresión.

En la sala de audiencias llegó un grupo de amigos y parientes de Anahí Keller, que se presentaron a apoyarla y a rezar el rosario.

Después del primer día de audiencias, de escuchar los resultados preliminares de la investigación de la Fiscalía, los familiares de las niñas, le gritaron “asesinos” a los funcionarios cuando fueron trasladados en un automóvil del Sistema Penitenciario. Por ser de escasos recursos, la mayoría de familiares no podrán acudir a todas las audiencias. Algunos son de Escuintla, o de Chimaltenango, como Irma Yolanda Kat Hernández, madre de Mirely Eloisa Hernández, la adolescente que una noche antes de morir habló con la prensa para denunciar lo que pasaba en el hogar. O como Mariano Meléndez, que viajó con su sobrino desde Moyuta, Jutiapa, para estar en la audiencia.

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Crimen de Estado y las respuestas pendientes

Dentro del caso fueron aceptados como querellantes para la demanda tres organizaciones sociales. Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Fundación Sobrevivientes y la Asociación de Mujeres Orientadas y Respaldadas.

La Fundación Sobrevivientes señaló un conflicto de interés en que la Procuraduría General de la Nación (PGN) participe como acusadora cuando la PGN era responsable también de la protección a las adolescentes.

El juez Carlos Guerra resolvió que la PGN va a participar en el proceso a partir de mañana como acusadora y como acusada, para que se esclarezca si sus autoridades incumplieron con sus deberes en el caso del Hogar Seguro.

Rafael Maldonado, abogado de los familiares de 10 de las víctimas, considera que los ex funcionarios también deben ser investigados por el delito de desaparición forzada y que se debe ahondar en la participación de los miembros de la Policía Nacional Civil que atendieron la crisis.

El Hogar Seguro existe desde el año 2012 y según la Fiscalía, a través de testimonios y denuncias de organizaciones dedicadas a la niñez se evidenció que los jóvenes que estaban allí resguardados querían huir por los abusos, maltratos, violaciones sexuales, trata de personas, e incluso de los homicidios que allí ocurrían.

En 2013 una joven fue estrangulada con una bufanda; ese año la PDH declaró que allí se violaban los derechos humanos de los adolescentes; en el 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares que nunca fueron acatadas; ese mismo año 142 jóvenes huyeron de forma masiva.

En el primer día de las audiencias el MP dio detalles de lo que pasó el 7, 8 y 9 de marzo. Cuatro semanas después, los monitores del hogar seguro que violaban a las niñas y les abrieron la puerta para que salieran, siguen trabajando en la Secretaría de Bienestar Social. Los policías que impidieron que se abriera la puerta ante el incendio también siguen patrullando en las calles de la Ciudad. Las más altas autoridades que participaron del manejo de la crisis tampoco fueron mencionadas en la audiencia.

Encuentre aquí toda la cobertura de Nómada sobre las niñas del hogar seguro.