Los 5 goles en el borrador de las reformas a la Ley Electoral

En la última sesión, los diputados discutieron los cambios que más les interesan para poder controlar al TSE, evitar su fiscalización y seguir operando con impunidad cuando violaran la ley. Pero la revelación de los audios de Taracena, Fernando Linares Beltranena, Oscar Argueta, Álvaro Arzú y Carlos Chavarría pusieron en alerta a una sociedad que demanda reformas profundas para limpiar el sistema de partidos políticos. Aquí, una síntesis de los goles que podrían anotarse hoy si el borrador se convirtiera intacto en el dictamen de la Comisión. Los diputados aseguran que lo publicaron para recibir críticas para mejorarlo.

1. Elecciones más caras, el doble

La Ley Electoral dice que el límite de gastos de campaña será de $0.50 por ciudadano empadronado. En 2015 esa cifra fue equivalente a Q58.2 millones (US$8 millones); ningún partido podía gastar más dinero en su campaña.

En la propuesta para reformar la Ley Electoral se duplica la cantidad que un partido puede invertir para obtener el voto de un ciudadano empadronado. De cincuenta centavos para a un dólar por persona.

Eso significa que para las elecciones del año 2019 el límite de gastos en campaña será de Q116.4 millones. Sin embargo, en el tercer borrador con las propuestas, los diputados también hacen una modificación para que el Estado les pague más dinero por cada voto ganado.

Con el actual modelo, por cada voto contado su favor en las elecciones anteriores, el Tribunal Supremo debe pagarle $2 dólares a la organización política como aporte del Estado al financiamiento de los partidos. Con los cambios que los diputados impulsan, la cifra subiría a $3 dólares por voto emitido a su favor, y elevaría el gasto de la campaña electoral hasta más de $15 millones.

Para los magistrados del Tribunal, esa propuesta incrementaría su presupuesto de gastos sin garantizar el fortalecimiento y descentralización de los partidos, ya que haría más caro el voto de cada ciudadano. Además, en el borrador los diputados modifican el destino que los partidos le darán al financiamiento del Estado: un 35% de lo que reciban se destinará a formación y capacitación de afiliados; otro 35% para el funcionamiento del partido a nivel nacional; otro 35% para las sedes de los partidos en los departamentos. Pero habrá que mejorar la aritmética: la propuesta suma 105%.

El TSE dijo ya que destinar el 70% de esos fondos para que el partido funcione, desnaturaliza el propósito del fondo (fortalecer las organizaciones políticas y capacitar a sus bases) y le da poder al Secretario General Departamental para que distribuya los fondos a su conveniencia.

Para hacer esos cambios, los diputados proponen reformar el artículo 21 de la Ley Electoral. El año pasado el inciso K había sido modificado en 2016 para darle más poder al Tribunal. Allí se establecía la posibilidad de que el TSE cancelara a los partidos que incumplieran con las normas de financiamiento.

Eso evidencia que sí hay retrocesos, pues pese a que con el Decreto 26-2016 los diputados aprobaron que el Tribunal cancele partidos por incumplir las reglas del juego, al eliminar este párrafo en la nueva propuesta le quitan a los magistrados la potestad legal para cerrar un partido que incumpla la ley.

Más adelante en la propuesta, los diputados aumentan el presupuesto del TSE del 0.5% del total del presupuesto nacional del año electoral al 0.7%.

2. Políticos y funcionarios al mismo tiempo

En el 2014, el Tribunal Supremo Electoral suspendió a Roxana Baldetti como Secretaria General del Partido Patriota por la campaña anticipada y porque ese cargo era incompatible con su puesto como Vicepresidenta del país.

Aunque no llega a ese nivel, un cambio propuesto por la Comisión de Asuntos Electorales le da la potestad a los alcaldes y diputados para tener voz y voto en las asambleas generales de su partido, sin importar que ejerzan un cargo público.

Eso perjudica la democracia interna de los partidos y atenta contra la Constitución, dice el TSE, ya que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de sus organizaciones políticas. Si una persona ocupa ambos cargos, podría promover su imagen con fondos públicos o dedicarse a la política en su jornada laboral. Ahora bien, si el secretario general de un partido aspira a la Presidencia, debe renunciar a ese puesto antes de postularse, establece la nueva propuesta de cambios.

3. De un TSE fiscalizador a uno político

En el tercer borrador con cambios a la Ley Electoral, los diputados hacen una definición de qué es el TSE, pero hay un detalle: los hace responsables legalmente de su conducta oficial y los obliga a ser fiscalizados por el Congreso.

“Se reduce su competencia y se relativiza su independencia. Se pretende subordinar el control al Congreso al establecer la obligación de someterse a los procesos de control y obligación de informar. Se reitera, la pretensión es coartar la independencia del Tribunal”, dicen los magistrados del TSE.

Pero el Tribunal no perdería su independencia o la vería comprometida solo con entregar informes y ser fiscalizados por el Congreso.

Los diputados quieren el control total del TSE, empezando por la forma de elección de magistrados. Para eso proponen eliminar la comisión de postulación (que ahora integran la Usac, las universidades privadas y el Colegio de Abogados) que debe seleccionar a los aspirantes a magistrados. Y en su lugar quieren crear una comisión específica donde solo tengan participación los partidos con más presencia en el Congreso. Además, a viva voz, Taracena insistió en que los aspirantes al cargo deben tener militancia en partidos políticos.

Si esta propuesta se aprueba tal y como está en el borrador, los diputados tendrían todas las de ganar: Los candidatos a magistrados serían políticos, preseleccionados por políticos y elegidos por políticos. En las discusiones del borrador, los diputados hablaban de la posibilidad que los magistrados del TSE fueran secretarios generales de los partidos o fiscales de los partidos. De haber sido así hace años, los ahora detenidos Anabella de León (PP) o César Fajardo (UNE) hubieran sido los magistrados. Con este cambio moriría la independencia del Tribunal.

4. Una elección (confusa) de diputados

Uno de los principales cambios incluidos en el borrador tiene que ver con la elección de diputados.

La propuesta establece que los votantes podrán elegir directamente a los diputados o a las listas de diputados. Pero cada voto por los diputados y las listas también contaría para su partido político y eso se tomaría en cuenta en la repartición de escaños en el Congreso.

Es un sistema confuso y complicado, según la presidenta María Eugenia Mijangos. Este sistema se presta además para que se cometan errores al momento de contar votos y según el TSE, se puede entender como un ‘doble voto’, lo que contradice la ley.

La organización de las elecciones cambiaría si entra en vigencia la creación de subdistritos. Esto significaría dividir cada uno de los 23 distritos –correspondiente a los 22 departamentos y la Ciudad de Guatemala–  en zonas electorales, dependiendo del número de habitantes y su ubicación geográfica.

Por ejemplo, en Quiché se elegirían ocho diputados. Pero los 11 municipios del oeste y el sur del departamento, el subdistrito 1, elegirían cuatro diputados. Y 10 municipios del este y el norte del departamento, que formarían el subdistrito 2, eligirían a los 4 restantes. Esto beneficia a los partidos más grandes, pues los pequeños no podrían ganar ningún escaño en distritos más reducidos. Por eso, por ejemplo, es más difícil que los diputados reelectos pierdan sus escaños en los departamentos de Oriente, que son más pequeños.

Para el Tribunal Supremo Electoral, esta disposición contradice la Constitución, que ya establece los distritos electorales, y además, complicaría la organización de las votaciones para el TSE, porque obligaría a identificar el área específica de residencia de cada votante para ubicarlo en un subdistrito.

5. Candidatos a la medida

Los diputados quieren que los aspirantes a presidente y vicepresidente, diputados y alcaldes necesariamente estén afiliados a un partido político para que se les inscriba como candidatos, lo que a criterio del TSE es inconstitucional porque limita el derecho de las personas a ser electas y quebranta el derecho a la libre asociación.

También se establece en el borrador que los únicos requisitos para las inscribir a un candidato están en la Ley Electoral, lo que excluye inmediatamente al reglamento y a otras leyes.

Y por último, la inscripción de los candidatos es automática, en caso de que el Tribunal no resuelva a tiempo los recursos de nulidad que se puedan interponer. Eso significa que cualquier persona, sin alguien que se oponga, podría ser candidata. Contratistas del Estado, sentenciados por narcotráfico o corrupción, etcétera.

PS. Elecciones en agosto y segunda vuelta para alcaldes

Hay, eso sí, una propuesta interesante. Que las elecciones se realicen a finales de agosto, cuando las reformas aprobadas en 2016 establecen que deben ser en junio. Si bien se reducirían el periodo de la transición las autoridades ganadoras, se daría más tiempo al Gobierno para poder llevar a cabo políticas y se evitaría que sea un presidente de transición durante un semestre de sus cuatro años, el 12% de todo su gobierno.

En la elección de alcaldes, el borrador establece una segunda vuelta electoral en caso de que la planilla más votada no consiga más del 25 por ciento de los votos válidos en su municipio, y que la diferencia con la segunda planilla más votada sea menor al cinco por ciento.

Esta propuesta quiere cambiar el sistema actual, que favorece que caciques puedan mantenerse en el poder municipal porque establece que el ganador es simplemente quien obtenga más votos, sin importar el número de electores en el municipio o el número de votos de sus oponentes.