Los políticos no quieren decir cuánto dinero, bienes y contactos tienen

Si las manifestaciones han tenido un efecto en los tribunales porque han movido a los jueces a quitar la inmunidad y las propiedades a Roxana Baldetti y a mandar a la cárcel a 17 acusados del desfalco del IGSS, hay una institución donde todo el mundo se hace de oídos sordos a las demandas: el Congreso de la República, dominado por Líder y PP.

Hace trece años, en 2002, la aplanadora parlamentaria del FRG de Efraín Ríos Montt y Alfonso Portillo definió, imponiendo su mayoría absoluta, un giro clave en la historia de la corrupción en Guatemala. Y es que cuando aprobó que la declaración patrimonial de los funcionarios fuera confidencial, que solo se mostrara a la Contraloría General de Cuentas (CGC), generó un nuevo escenario que facilitaba el enriquecimiento ilícito.

Podían acumular bienes y dinero en cuentas después de su paso por el gobierno, y si ningún juez ordenaba lo contrario –como ahora con la exvicepresidente Roxana Baldetti, que tiene 18 casas y Q6 millones en cuentas–, la población nunca iba a saber cómo les había alcanzado no sólo para su sueldo, sino para carros, casas y puntos.

La reforma a la Ley de Probidad, en su artículo 21, dice: “Los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad; se prohíbe su divulgación por cualquier medio y sólo podrán verificarse dentro de un proceso judicial”.

Los partidos de la oposición llevan años reclamando al partido en el poder que muestre las declaraciones patrimoniales de los gobernantes. Requeriría de la mitad de los votos más uno, 80 de 158. Esto para que el Congreso apruebe una modificación a la Ley de Probidad para que el acceso a esa información sea público. Pero aquí nadie entre los diputados del Congreso ha movido un dedo para presionar, para pasar de la idea al hecho.

En 2015, la semana pasada, en la sesión para conmemorar treinta años de la Constitución en Guatemala, algo fue distinto dentro del hemiciclo. Saben que a 94 días de las elecciones hay una la crisis nacional que azota al país después del descubrimiento de una red de defraudación aduanera que provocó la renuncia de la vicepresidenta y otro escándalo de corrupción que mató a 13 pacientes en el IGSS y conllevó la dimisión de varios ministros más. Ahora, en ya tres manifestaciones multitudinarias, la ciudadanía está cuestionando en voz alta a los diputados, obligándoles a mostrar una cara que si no está limpia, esté lo más enjabonada posible.

Las marchas ciudadanas y la presión –a medias tintas– del empresariado, la opinión pública y la embajada de Estados Unidos llevaron a los jefes de bloque del Congreso a impulsar la instalación de mesas de trabajo para reformar la Ley de Servicio Civil, Electoral y de Partidos Políticos, Sector Justicia y Contrataciones del Estado. Pero de la reforma a la Ley de Probidad nadie dijo nada. El último que habló en público de su declaración patrimonial fue, el 16 de mayo, el octogenario nuevo vicepresidente del país, Alejandro Maldonado Aguirre cuando dijo en su toma de posesión que no la haría pública porque podían extorsionar a su familia.

La ambigüedad del sistema

Pero hay voces expertas que complejizan el tema de la declaración de probidad. No debería sólo enfocarse en publicitar los bienes de los funcionarios.

“Si haces publicidad (del patrimonio) en un  sistema que no está lógicamente estructurado, no sé cuál es el valor”, cuestiona una fuente diplomática experta en la materia, que ha trabajado en leyes de ética pública.

El sistema de declaración patrimonial debería de ser un instrumento para determinar tres posibles situaciones:

– enriquecimiento ilícito,

– conflicto de interés (hay múltiples situaciones, pero la más común es en la que el funcionario tiene que legislar, regular o fallar sobre un sector de la economía o una empresa de la que es parte) y

– combinación entre enriquecimiento y conflicto de interés.

Pero La Ley de Probidad es tan ambigua, que la reforma debería de ir mucho más allá de la publicidad. La fuente diplomática detecta seis problemas:

1. Ausencia de declaración anual. La declaración jurada se hace al principio y al final de la gestión política. En otros países se declara anualmente.

2. Ley no universal. No queda clara la universalidad de la declaración (no existe una obligación expresa de declarar propiedades o cuentas fuera del país).

3. Falta de formulario. La ley no prevé un formulario estándar para todos los funcionarios para volcar la información solicitada.

4. El ladrón exitoso. Cómo hacer para romper paradoja del ladrón exitoso: el ladrón va a decir todo lo que quiere decir, pero va a ocultar lo que los ciudadanos quieren saber. Habría que implementar un sistema en el que se pudiera cruzar información de bienes muebles, inmuebles, propiedades en el exterior.

5. Categorización imprecisa. La ley no es concreta en las categorías de información que solicita al declarante, que serviría para ver incremento excesivo de patrimonio o situaciones que muestren conflicto de intereses.

6. Falta de una amnistía mínima. La declaración de probidad de la mayoría de funcionarios está incompleta y no puede actualizarse porque eso implicaría que los funcionarios cometieron un delito antes al no haber presentado todos sus bienes. Una amnistía de un mes para actualizar las declaraciones de probidad podría ser un incentivo para que sean actualizadas por los funcionarios.

“La información que exige la Ley de Probidad de Guatemala no es suficientemente clara ni precisa para prevenir conflictos de interés”, cuestiona la fuente experta en ética pública, que ha tenido oportunidad de ver algunas declaraciones de patrimonio en Guatemala. “Pero su validez era cercana a cero porque decían lo que querían”, agrega quien ve la coyuntura actual como el momento idóneo para proponer la reforma: “Son este tipo de crisis las que promueven las reformas anti corrupción”.

Un ejemplo de conflicto de interés denunciado por Nómada fue cuando Roberto Molina Barreto, uno de los cinco jueces de la Corte de Constitucionalidad, recibió en su fundación fondos de la gremial de textiles, VesTex, pero conoció el caso del salario mínimo reducido, promovido por VesTex, y falló a su favor. Y defendió que no había conflicto de interés.

Los diputados dicen sí, pero no se mueven

Sólo en 2014, hubo dos presuntos intentos de transparencia patrimonial. En agosto, los diputados Roberto Villate y Salvador Baldizón (Líder) presentaron una iniciativa para propiciar una Ley de Transparencia Política añadiendo un artículo a la Ley de Probidad para transparentar las cuentas de secretarios generales de partidos (además de miembros del comité ejecutivo); candidatos, diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano, alcaldes, síndicos y concejales y cargos electos.

Los datos de todos estos no gozarían de confidencialidad y tendrían que ser publicados en "dos medios de comunicación social escrito de mayor difusión del país". La iniciativa se quedó durmiendo en las comisiones de Probidad y en la de Extraordinaria nacional por la transparencia hasta su dictamen conjunto. Nunca hubo dictamen. Y ninguno de los diputados consultados se acuerda. “Si fuera factible, claro que la vamos a reiterar. Con la congruencia da que la presentamos, que tiene nombre y apellidos, hay que analizarla en mesa técnica”, dice sin más profundidad Villate.

La segunda intentona para transparentar el patrimonio de los políticos fue mucho más célebre. Incluso fuera de las fronteras porque provino de una de las desacertadas frases de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien en entrevista radiofónica, en octubre, dijo: “Aquí está la declaración de probidad de Enrique Peña Nieto (presidente de México); léanla por favor, la que dijeron que era lo máximo, yo tengo una copia de la declaración, me da risa, porque yo sí digo dónde debo, a quién le debo y en cuánto están hipotecadas mis casas”.

El revuelo que provocaron sus palabras hizo que días después el entonces secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, y la entonces comisionada de Transparencia, Verónica Taracena, -ambos renunciaron este mes– entregaran al Congreso una iniciativa para crear la Ley de Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios y Empleados Públicos, impulsada por Baldetti. La iniciativa buscaba que la declaración estuviera disponible si el ciudadano la solicitaba por Ley de Acceso a la Información. “Fue una jugada perversa de la vicepresidenta ante las presiones de que publicitara su declaración porque la acusaban de enriquecimiento ilícito: yo presento y ustedes también”, recuerda Amílcar Pop, diputado de Winaq y por aquel entonces presidente de la Comisión de Probidad del Congreso. “Era una buena propuesta, y no está muerta, pero solo firmé yo el dictamen, no me firmaron los diputados”, dice.

En el mes y medio que la crisis que lleva sacudiendo Guatemala, tiempo en el que la ciudadanía exige mucho más allá del gesto contra el sistema corrupto, la dirección legislativa del Congreso no ha recibido ninguna propuesta para reformar la Ley de Probidad. “No está en la agenda legislativa pero sí en la agenda del partido”, dice Jaime Martínez Lohaiza, ex diputado de la GANA, ahora en Líder, sobre la iniciativa que presentó su partido en 2014. “Hay que llevarla en el pleno, pero no está consensuada para poderla pasar”, añade. Líder, con 62 votos de los 80 necesarios, podría pasar la ley prácticamente solo.

Aleksánder Castillo, subjefe de bancada del PP, ve una esquinita para el debate de la Ley de Probidad antes de las elecciones de septiembre: en la reforma de Ley de Partidos Políticos –aunque olvida que ésta entraría en vigor en 2019–. “Atendiendo al clamor popular, se puede abrir la discusión sobre la declaración de los candidatos”, dice mientras matiza que, por tratarse de Ley Electoral, no aplicaría para los funcionarios ni para los candidatos electos. “Pero podemos entrarle al tema ahorita”, sugiere sin mucho convencimiento. El PP, con sus 36 votos, junto a Líder, podrían por sí solos aprobar la reforma.

Quien sí evoca el poder que tenía hace 13 años la aplanadora del FRG, es Nineth Montenegro, hoy diputada de Encuentro por Guatemala y entonces de la Alianza Nueva Nación. “Tenían más de 60 diputados (de 158), era imposible”.

Tiene claro que de aquí a las elecciones de 2015 esa Ley solo puede tumbarse de una forma: “Las reformas tienen que hacerse en virtud de la falta credibilidad del sistema político y del Estado mismo. Esta es la gran oportunidad. Y esta reforma requiere voluntad política”.