Cómo Maldonado agilizó la ampliación de la mina Marlin

Cuatro veces habló de la mina Marlin el ministro de Energía con el presidente Maldonado en los últimos cuatro meses. En medio de una crisis institucional sin precedentes, Juan Pablo Ligorría asumió el cargo de ministro el 29 de septiembre y el 15 de octubre ya pidió cita con el presidente del Gobierno de transición para abordar personalmente una solicitud de ampliación de la minera Montana Exploradora. “Por ser este tema de cierta relevancia, me entrevisté con el presidente”, dice el ministro que volvió a tratar el tema con Maldonado el 30 de noviembre, el 9 y el 11 de diciembre. “Vaya y haga su tarea”, dice que le ordenó el presidente.

La explotación de oro de Montana en San Marcos.

En noviembre, el ministro Ligorría —primo de Julio Ligorría, habilidoso embajador en Washington desde el gobierno de Otto Pérez —, visitó la mina, ubicada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa (San Marcos). Allí hay comunidades en resistencia desde que la mina arrancó hace 13 años. Para Goldcorp, si los comunitarios se oponen a la ampliación, afectarían a más de 2,200 puestos de trabajo, además de inversión social y comunitaria, advierte Mario Marroquín, director de la minera. Según las comunidades, apenas está trabajando medio centenar de personas. Ninguna de ambas cifras son posibles de contrastar, sólo existen datos a nivel de industria.

El ministro Ligorría dice que fue a visitar San Marcos con un objetivo doble: ver la incidencia en el ámbito local (infraestructuras y educación) y el impacto fiscal. “Eso me dijo el presidente Maldonado que era lo importante”, dice el ministro, que rechaza que diga que hay una negociación con la minera.

Por Ley, una mina en Guatemala dispone como máximo de 20 kilómetros cuadrados para explotar su superficie y su subsuelo por 25 años. Ésa es la extensión de Marlin, que inició operaciones en 2003 y en que desde 2012 sólo se explota su subsuelo. Aunque el plan era concluir la operación en 2016, el año pasado, la minera decidió hacer aritmética para continuar al menos dos años más: restó un kilómetro ya explotado que no rendía para agregar otro kilómetro cuadrado con potencial en su subsuelo. Total: 20 kilómetros cuadrados.

Pero la renuncia o ampliación de un polígono (área) de explotación no aparecen contemplados en la Ley. Sí están en el artículo 21 del capítulo 5 del reglamento de la Ley. Pero un reglamento es una norma inferior, que se encarga de desarrollar el contenido de una ley. Y la Ley de Minería no menciona la ampliación ni reducción.

El proceso entre 2014 y 2016

El 12 de septiembre de 2014, hace un año y medio, Milton Estuardo Saravia, representante legal de Montana, presentó por escrito la solicitud de ampliación. En aquel entonces, estaba el ministro Erick Archila y aún gobernaba el presidente Otto Pérez, hoy en prisión preventiva acusado de liderar una red mafiosa de defraudación aduanera. Saravia pidió renunciar a dos zonas del área que representan un kilómetro cuadrado para ampliar un kilómetro cuadrado al suroeste del área, en el subsuelo de Aldea Agel y Aldea Cancil. Pero éstas son zonas que nunca han sido explotadas para búsqueda de minerales, y que no están contempladas en el espacio originalmente con licencia.

“Se solicita la modificación del área Marlin I, presenta grandes probabilidades para que puedan extenderse mineralizaciones económicamente importantes”, señala Montana en el documento de solicitud que fue admitido a trámite. Traducción: la ampliación generaría mucho dinero. Pero para quién: en Guatemala las mineras sólo pagan un 1% de regalías, divididas entre las municipalidades y el Estado. Y la minería representa el 1% del Producto Interno Bruto.

Una de las páginas de la solicitud de ampliación de Marlin a las que tuvo acceso Nómada.

El proyecto iba para adelante durante el Gobierno de Otto Pérez. El Ministerio de Energía de Archila pidió al Ministerio de Ambiente un estudio de impacto ambiental inicial, un documento que se utiliza para los proyectos que van a iniciar y son considerados de bajo impacto ambiental. El 16 de febrero de 2015, Ambiente emitió un dictamen favorable a la ampliación. La justificación de que el impacto era ‘bajo’ fue que la operación minera iba a ser subterránea y que no se iba a necesitar más infraestructura. En junio de 2015, el Gobierno obtuvo también dictamen favorable a la renuncia del kilómetro cuadrado por parte de la Procuraduría General de la República (PGN), pero la crisis institucional desbarató la aprobación de la ampliación del proyecto.

Después de Erick Archila, pasaron dos ministros que no tocaron el proyecto. Fue el tercero, Juan Pablo Ligorría, quien retomó el proyecto a los quince días de llegar al cargo. Pese a no ser la primera vez que un gobierno aprueba una ampliación, Ligorría abordó de manera muy personal un trámite que llama “proceso administrativo”: en cuatro ocasiones se entrevistó sobre el tema con el presidente Maldonado en el último cuatrimestre, preguntó al respecto en la Secretaría General de la Presidencia, y volvió a pedir al Ministerio de Ambiente que revisaran el estudio de impacto ambiental inicial favorable aprobado durante el tiempo del exministro Archila.

El tema fue tan tema que al viceministro de Ambiente, Juan Carlos Carrera, fue informado de la trascendencia del asunto por el viceministro de Minería, Alfredo Gálvez Sinibaldi, durante una reunión en la Seecretaría de Coordinación de la Presidencia (SCEP). Carrera dice que ha seguido de cerca la revisión, a diferencia del ministro de Ambiente, Andreas Lenhoff, que afirma no conocer bien el proyecto, porque le llamó la atención que Ambiente optara por un estudio de impacto ambiental inicial, cuando el área a explotar es nuevo Al final, asegura que entendió el sentido del dictamen y remite a la persona que lo aprobó en el Gobierno de Otto Pérez y que luego lo revisó con Maldonado.

Éste fue Freddy Chiroy, director de Impacto Ambiental y responsable de la revisión del estudio. Chiroy señala que la revisión fue favorable porque no había impacto en superficie, porque el proyecto es sólo subterráneo. Además, añade, el ministerio de Ambiente se apoya en el estudio de impacto que realizó Montana en 2003. Aunque ya han pasado 13 años. “Ese es el conflicto en general, pero las empresas hacen declaración jurada (del contenido del estudio) y son monitoreadas”, dice.

La Ley que se tiene que modificar

Tras la revisión, Ligorría decidió cuidarse las espaldas y solicitó el dictamen sobre la ampliación a la PGN, que es como el abogado del Gobierno, para saber si todo es legal y ya firmar. El documento está actualmente en manos de la PGN y el plan de Ligorría y de Montana es que quede aprobado antes del Gobierno de Jimmy Morales, este jueves 14 de enero.

“La ampliación de una licencia es normal en cualquier país. Entendiendo la expectativa social, devolvimos una parte y solicitamos otra. Pero el impacto social y ambiental no varía”, dice por teléfono Mario Marroquín, director ejecutivo para Guatemala de Goldcorp. Ante la opinión de tres ambientalistas cuestionando la legalidad de la ampliación, Marroquín es claro: “Marlin no emite valoración sobre opiniones”.

Tras consultarle sobre el proyecto, el ministro Ligorría dice que habrá que cambiar la Ley. “A futuro, debería de haber una modificación en la Ley”, opina. Pero no detiene el proyecto. El ministerio busca aprobar la solicitud en base al citado artículo 21 del reglamento y del artículo 2 de la Ley, que dice que el Ministerio de Energía tiene que tramitar los proyectos de las mineras, resolver las cuestiones administrativas y cumplir con la ley y su reglamento.

Es decir, es misión del ministerio agilizar los trámites. “La Ley no establece la ampliación y no la prohíbe, es una deficiencia”, admite la secretaria general del ministerio, Dulce María Leal.

La PGN, cuyo dictamen no es obligatorio, recibió el expediente sobre la ampliación a finales de diciembre, pero hasta enero no inició la revisión. Si no lo tiene antes del 14, Ligorría dice que no firmará el expediente y se lo entregará al siguiente ministro, que ya será del gobierno que presidirá Jimmy Morales. “Eso sale a mi responsabilidad, tengo que ser transparente, pero no sé me hace muy ético endosarle la gestión al siguiente gobierno”, dice. Traducción: él prefiere que quede aprobado durante su gestión, pero sin el OK de la PGN, no se arriesga.

La resistencia social

Marlin comenzó a operar a finales de 2005 y, desde entonces, en San Miguel Ixtahuacán y en Sipacapa ha habido movimientos en resistencia contra la actividad minera: el Consejo Maya Sipakapense y el Frente de Defensa Miguelense (Frenemi). Ambos rechazaron el proyecto minero desde que el Gobierno de Guatemala aprobó su licencia de explotación en 2003. Más aún cuando el gobierno de Óscar Berger, en 2004, les permitió que se registraran como maquila para no pagar por la importación de maquinaria ni Impuesto Sobre la Renta. Y aunque pidieron que se consultara a las 18 comunidades que integran ambos municipios y realizaron consultas comunitarias que rechazaban el proyecto, no fueron tenidas en cuenta por el Estado.

La explotación minera podría ser todavía mayor.

Para el abogado Carlos Loarca, representante de las comunidades en resistencia, un estudio ambiental inicial no es suficiente, cree que tiene que haber otro estudio de evaluación de efectos acumulados. “Para determinar las consecuencias reales del impacto sobre cómo está toda explotación”, opina este abogado que demandó a los alcaldes salientes de Sipacapa y San Miguel, Alejandro Mazariegos y Joel Domingo, por sus actuaciones sobre la mina. Domingo fue electo como diputado por la UNE.

En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a las comunidades mayas sipakapense y mam de San Miguel y Sipacapa para asegurar su derecho a la salud ante las denuncias de decenas de vecinos que afirmaban haber enfermado por efecto de los materiales tóxicos que la mina generaba en el agua del río Tzule y en el aire. Para la “modificación”, tampoco ha habido consultas comunitarias, afirma Carlos Loarca, abogado de los movimientos en resistencia desde hace ocho años.

Los gobiernos de Berger y Pérez Molina aprobaron en al menos tres ocasiones la ampliación del derecho minero, para selecto y níquel.

Las regalías y el gobierno de Jimmy

Desde 2012, el gobierno de Otto Pérez, en el que participaron en distintos cargos el hoy ministro Ligorría y el viceministro Gálvez, apoyó a la industria extractiva pese a la conflictividad social que genera, con una masacre incluida. Al tratarse Marlin de la mina de oro más productiva del país, los esfuerzos también fueron a favor de Goldcorp.

Tan bajo ha sido siempre el margen de beneficio para el país, que en 2012 las mineras propusieron elevar su regalía del 1 al 5%, bajo el concepto de regalía voluntaria, sin ningún cambio de ley. Pero duró dos años. En 2014, un impuesto (luego declarado inconstitucional por la Corte) buscaba gravar un 10% a las mineras e hizo que las empresas cortasen su aporte extra. Cuenta el ministro Ligorría que cuando asumió el cargo el 29 de septiembre, se acercó a la gremial de minas para dialogar: “Estaban dispuestos a asumir las regalías voluntarias”.

Jafeth Cabrera, vicepresidente electo de FCN, contaba hace dos meses que Montana Exploradora era la única empresa trasnacional que se le había acercado, pero la empresa niega que se diese una plática particular. “Ellos se acercaron porque querían ver cuál es nuestra postura”, dice el futuro vicepresidente.

Cabrera dijo que su gobierno le entrará al aumento de regalías. Y puso el ejemplo de un país minero como Chile, donde aportan un 40%. Durante su campaña en 2011, en el auditorio de la Universidad Rafael Landívar, el entonces candidato Otto Pérez Molina también ofreció hacer una reforma legal para cobrar muchos más impuestos a las mineras.