No es sólo Odebrecht, esta otra carretera puede alcanzar a 64 diputados

Hace falta hacer memoria de la Guatemala del gobierno del Partido Patriota y el partido Líder, de corrupción descarada en casi todos los ministerios, pero especialmente en carreteras. La constructora brasileña Odebrecht reconoció hace cuatro meses ante la justicia estadounidense y suiza que otorgó sobornos en toda América Latina para recibir contratos de carreteras. En Guatemala dio US$18 millones, repartidos entre funcionarios del Gobierno y diputados al Congreso para recibir un contrato de US$384 millones para la carretera del Pacífico que conecta a Escuintla con México.

La carretera debería conectar también a Escuintla con El Salvador. Pero ese tramo fue entregado a Sigma, una constructora que comparte socios y domicilio fiscal con Constructora Vista Hermosa, a la que el MP y la CICIG acusó en 2016 de ser una de las socias de la corrupción del PP, financiando ilegalmente al Partido Patriota a cambio de recibir Q1.2 mil millones en contratos públicos (US$150 mil millones). Sus dueños son Mynor Palacios y Leonel Guerra. Los representantes legales de las empresas filiales* de Sigma: Boris Orlando Navas Aguilar, Max Roberto Burgos Fallaice, y Benjamín González Zepeda, de Lanello, fueron capturados en junio de 2016 por este caso, denominado Cooptación del Estado*.

La similitud con Odebrecht es sorprendente.

Sospechosa aprobación

Después de dos años de agrias disputas que entramparon al Congreso, el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (LIDER) –hoy cancelados por el Tribunal Supremo Electoral por financiamiento corrupto– sellaron su alianza en 2014. Aquel fue el año en eligieron jueces y magistrados, aprobaron ampliaciones presupuestarias y préstamos multimillonarios.

En los primeros 5 meses de ese año en el Congreso apenas se alcanzaba el mínimo de 80 diputados necesarios para iniciar una sesión. Todo cambió para la sesión extraordinaria convocada para el 27 de mayo por el entonces presidente legislativo, Arístides Crespo, del PP y hoy diputado por el Movimiento Reformador y a punto de ir a la cárcel por el caso de plazas fantasmas.

Ese día asistieron 152 de los 158 diputados para aprobar la Ley Monsanto (que más tarde sería anulada), pero a mitad de la sesión, los diputados Orlando Blanco (UNE), Hugo Morán (PAN) y Juan José Porras (antes PP, ahora VIVA), presentaron una moción aprobar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$280 millones que financiaría la carretera para Sigma.

Lo aprobaron con 147 votos a favor, en media hora, sin que un solo diputado pidiera la palabra para debatir. Sólo Amílcar Pop y José Manuel Villacorta votaron en contra y otros tres estuvieron ausentes.

El préstamo tenía dedicatoria especial. Desde que se negoció se estableció, en la resolución DI 91/2013 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que sería Sigma Constructores la empresa que se haría cargo de la obra para rehabilitar la carretera CA-2 Oriente en el tramo que conecta Escuintla con la fronteriza ciudad Pedro de Alvarado.

No sólo contó con el apoyo de las bancadas mayoritarias de PP y Líder, y con la alianza menos común con la UNE. En aquella oportunidad, la diputada Nineth Montenegro criticó que el préstamo se aprobara de “urgencia nacional” pero igual votó a favor. Hace memoria de aquella jornada y comenta:

– Nosotros somos cuidadosos con las obras que aprobamos y a diferencia de Odebrecht (en el que votaron en contra), acá no había indicios de coimas (sobornos). La obra traía dictamen favorable del BCIE y de la Junta Monetaria y nos dijeron que como la empresa venía trabajando la obra desde hace diez años, ellos tenían que terminarla. Creímos en ellos y si tienen que investigarnos, no tenemos nada que esconder.

En el Congreso, el dictamen favorable lo dio la Comisión de Finanzas, presidida por Gudy Rivera (del PP, hoy en prisión por tráfico de influencias para influir en jueces); mientras que los representantes del Congreso ante la Junta Monetaria eran el mismo Gudy Rivera y Álvaro Trujillo Baldizón, sobrino del excandidato Manuel Baldizón.

Sigma niega que haya sido una dedicatoria especial. "En el ámbito legal no podían violentarse los derechos nacidos de los contratos preexistentes, los cuales son compromiso de Estado, y no se trata de una “dedicatoria especial”. Hay razones legales, técnicas y financieras argumentadas por el Ministerio de Comunicaciones, PGN, Junta Monetaria y Segeplan, con base en las cuales se gestionó el financiamiento para ampliar a 4 carriles la carretera, con Sigma Constructores, S.A., empresa que tenía a su cargo la rehabilitación de los dos carriles existentes. El BCIE analizó la situación y, conforme a sus normas de adquisiciones, dio su no objeción para que las obras fueran ejecutadas por Sigma Constructores S.A."*

Todos los documentos relacionados con esa votación ya fueron solicitados al Congreso por el Ministerio Público (MP) a principios de este mes.

Sinibaldi y una empresa que cooptó al Estado

Las carreteras que Odebrecht y Sigma construirían apuntaban a ser las dos obras más grandes de infraestructura que dejaría el Partido Patriota. Las dos tienen el sello del gobierno más corrupto que se recuerda: quedaron inconclusas y son objeto de investigación por posibles actos de corrupción.

Sigma debió haber entregado en junio de 2016 una carretera de cuatro carriles y de 140 km. de largo. Como la de Odebrecht, la empresa abandonó la obra luego de gastarse el 70% del total del presupuesto en hacer menos de la mitad de la obra, según informa Aldo García, ministro de Comunicaciones actual.

El sobreprecio de la obra fue provocado desde el mismo ministerio ya que mediante el acuerdo ministerial 918-2013, Alejandro Sinibaldi, jefe de la cartera de Comunicaciones, modificó las características de la obra. La carretera que debía tener una vida útil de 10 años, se exigió que fuera de 20. Se había pedido que se diseñara para soportar vehículos de 66 toneladas pero luego se cambió por vehículos de 80.

También fue el mismo Alejandro Sinibaldi, que permanece prófugo de la justicia por el caso de lavado de dinero en regalos al presidente Otto Pérez Molina, quien solicitó al BCIE que se designara a Sigma como contratista.

Orlando Blanco, jefe de bancada de la UNE, no recuerda haber sido él quien presentara la moción con la que se entró a conocer el préstamo y señala que en su momento no detectaron alguna ilegalidad:

– Es normal que este tipo de préstamos ya vengan restringidos para una empresa y en el caso de Sigma fue porque ellos ya venían trabajando el tramo. Siempre es más fácil culpar al Congreso pero qué bueno que nos estén investigando. Eso sí, la responsabilidad es de la empresa y de los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, tanto los anteriores como el actual por omisión de denuncia.

El argumento por el que el diputado Orlando Blanco citó al Congreso el ministro Aldo García es porque la empresa abandonó la obra en 2015 pero en 2016, ya en el gobierno de Jimmy Morales, se le hicieron pagos. Mientras que a Odebrecht desde el primer momento se le denunció ante el MP, con Sigma se buscó solucionar todo mediante algún tipo de acuerdo.

Sigma responde: –En cuanto al plazo, el contrato para la ejecución de la obra establece que es de 36 meses. Dicho plazo inició en diciembre de 2014 por lo que originalmente estaba previsto que finalizara en diciembre de 2017 pero, a partir del 16 de julio de 2016, con base en las disposiciones contractuales, Sigma Constructores S.A., con la autorización de la Dirección General de CAminos, suspendió la totalidad de los trabajos, por falta de pago por parte del Estado de las estimaciones de obra ejecutada desde agosto/2015. Al cumplir el Estado con su compromiso de pago, se levantará la supensión de los trabajos y el plazo deberá prorrogarse por todo el tiempo que estuvieron suspendidos. Con relación a su longitud, el tramo Escuintla-Ciudad Pedro de Alvarado es de aproximadamente de 100 kilómetros, a lo largo de los cuales se deben ejecutar las cantidades de obra de los renglones contratados–.

La constructora lleva trabajando diferentes tramos de la misma carretera desde 1991, recibiendo en 25 años al menos 20 contratos por parte de casi todos los partidos que han pasado por el gobierno para construir otros tramos o rehabilitar los que ellos mismos construyeron.

¿Otro tsunami?

El Ministerio Público no revela más detalles porque la investigación se encuentra en curso, pero sí confirmó los requerimientos de información al Congreso y al Ministerio de Comunicaciones. No descartan citar a 64 actuales diputados para que expliquen por qué aprobaron ese préstamo dirigido.

Las pesquisas también apuntan a determinar la responsabilidad de Alejandro Sinibaldi, quien continúa prófugo; de su viceministro Rubén Mejía y del ex director de Caminos, Jorge Gálvez, quien según una investigación de elPeriódico, adquirió tres bienes durante su tiempo como funcionario que le costaron Q3.5 millones.

A diferencia del MP, la Procuraduría General de la Nación, que debería velar por los intereses del Estado, va a pasos lentos. Ivonne Gabel, vocera de la institución, afirma que hasta el momento no hay ningún pronunciamiento en contra de Sigma por haber abandonado y sobrecosteado la obra.

Sigma argumenta que no hay un sobrecosto. "Todos los contratos de construcción de carreteras, debido a que generalmente su ejecución abarca períodos largos, contienen el reconocimiento de fluctuaciones de precios (sobrecostos) contemplado en la ley- que pueden variar en más o en menos- y se miden con fórmulas polinómicas que tienen como base los índices de precios que publica el Instituto Nacional de Estadística ( INE). Sigma Constructores, S.A., no puede 'sobrecostear' una obra a su antojo".

La carretera, mientras tanto, parece un barril sin fondo. El ministro Aldo García anuncia que en los próximos meses van a solicitar al Congreso al menos otros Q500 millones, de otro préstamo, para terminar esa carretera que fue empezada a construir hace 25 años.

* Estos puntos fueron agregados a la nota el 25/04/17

** Párrafo editado el 9/05/17