El juez, los narcos, OPM, Rafael Correa

El 14 de enero de 2016, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa decidió cambiar su agenda. Luego de asistir a la toma de posesión del presidente Jimmy Morales, salió a visitar a quien ese día debió haber entregado la banda presidencial pero que ahora estaba detenido en la prisión ubicada en la base militar Mariscal Zavala, Otto Pérez Molina.

Se trataba de una visita espontánea, que según declaraciones dadas ese día por el embajador ecuatoriano, Galo Yépez, nada tenían que ver con la carta que Pérez Molina había enviado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en la que se presentaba como una víctima de la injerencia estadounidense por medio de la CICIG. Fue “una visita a alguien que fue su amigo”, dijo el embajador a la revista Contrapoder.

¿Qué tan grande podía ser la amistad para que Rafael Correa tomara por sorpresa a su comitiva y se dirigiera a la prisión?

Rafael Correa y Otto Pérez Molina, cuando ambos eran presidentes, en 2014. Foto: Estrategia y Negocios.

Cuando los reporteros le hicieron esa misma pregunta a Pérez Molina, durante una de las audiencias por el caso La Línea, éste contó lo que ocurrió en 2012.

– Tuvimos un problema, el presidente Correa incluso me habló porque habían detenido aquí a unos ecuatorianos que eran la tripulación de un avión donde se encontró unas maletas con droga. Fue un incidente en que el presidente Correa intervino velando por la seguridad de los ecuatorianos. Porque la tripulación venía, pues, como tripulación y eso no quería decir que estuvieran involucrados en el transporte que estaban haciendo de droga, y ellos estaban velando por los derechos de ellos. Y efectivamente ellos salieron libres posteriormente.

La relación entre los dos gobiernos era especial e iba más allá de las diferencias ideológicas, pues el general retirado Otto Pérez Molina es de derecha y Rafael Correa, cuyo mandato está a semanas de concluir tras una década, es el estandarte de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. En 2013, Otto Pérez Molina nombró como embajadora guatemalteca ante Ecuador a Irma Rebeca Monzón, hermana de Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Juan Carlos Monzón es colaborador eficaz de la CICIG en el caso Cooptación del Estado porque era el encargado de operar los negocios de corrupción de Pérez Molina y Baldetti.

Una tarde en el aeropuerto

El 18 de agosto de 2012 pudo haber sido un sábado cualquiera de no ser porque las autoridades notaron algo sospechoso en uno de los hangares privados del Aeropuerto La Aurora. Según los primeros informes de la Policía Nacional Civil, los pasajeros que vinieron a bordo de la aeronave HC-CDM, de la empresa ecuatoriana SAERO, intentaron salir sin la autorización debida.

Al revisar la aeronave las autoridades encontraron 405 kilos de cocaína distribuidos en 16 maletas. Un cargamento importante no sólo porque estaba valorado en más de US$ 5 millones sino porque representaba el 36% de la cocaína que había logrado incautar el gobierno de Otto Pérez Molina en sus primeros 8 meses de gobierno.

Inmediatamente fueron apresados los cinco miembros ecuatorianos de la tripulación: Eunice Cerón, piloto; Wladimir Rosero, copiloto; Luis Nachimba, mecánico; José Robalino, técnico de vuelo y María Judith Granizo, azafata. Además de los guatemaltecos Mynor González Vásquez, Allan Vásquez Sumix, Abner Salazar Girón, Gustavo Córdova Vásquez, Juan Carlos Sazo Morales, Edwin Pérez López y Claudia Girón González.

Todos afirmaban desconocer lo que venía dentro de las maletas y según las primeras declaraciones, los guatemaltecos afirmaban que ellos fueron contratados por una empresa llamada “El Sol”, que los envió a recibir un curso de mercadeo a Ecuador.

Aquel golpe le sirvió al entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para anunciar que habían “develado una nueva forma de operar de los grupos de narcotraficantes ya que al esconder la droga con café y perfume limitan la capacidad de inspección de las unidades caninas”. Cinco años después, desde el viernes pasado, López Bonilla enfrenta una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos acusado de tráfico de drogas.

El proceso contra los pasajeros y la tripulación del vuelo fue asignado al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Adrián Rodríguez Arana, señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de ser otro “juez de la impunidad”. El juez Rodríguez Arana tiene asignado desde este mes el proceso para retirar la inmunidad a la magistrada Blanca Stalling.

Correa levanta el teléfono

Enlace Ciudadano es el programa radial y televisivo en que el presidente Rafael Correa acostumbra a informar a la población sobre temas de gobierno desde hace 10 años. En su programa 298, del sábado 24 de noviembre de 2012, aprovechó para referirse a un “caso muy grave” de ecuatorianos presos en el extranjero:

– Si hay que parar el país por esto, hay que pararlo. Ecuatorianos injustamente presos en Guatemala. En el mes de agosto, a un avión de SAEREO, charteado, le pusieron droga. Se puso en prisión a los pasajeros que también parece que es gente inocente, fueron engañados… y al regreso les pusieron droga en la maleta, pero también está presa la tripulación ecuatoriana. Voy a tener una reunión con la familia de esta gente… para ver cómo están y poner toda la diplomacia ecuatoriana, nuestra Embajada en Guatemala, la labor del Gobierno, Cancillería, en función de esto que es lo más importante, los derechos fundamentales de la gente… Si voy, pediría una reunión bilateral con el presidente de Guatemala para tratar sólo este tema.

(Aquí, el video de Correa, a partir del minuto 56.)

En realidad no era una maleta; eran 16 maletas.

Lo que llamó la atención al medio ecuatoriano Plan V, fue que habiendo más de 1,828 ecuatorianos presos fuera de su país de origen y casos graves como el de uno que lleva 13 años esperando una pena de muerte, el presidente Correa se movilizara con tal ímpetu por estos 5 tripulantes capturados en Guatemala.

Sobre el incidente, Nómada buscó la opinión del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Harold Caballeros, pero informó que se encontraba fuera del país y atendería a su regreso. Fernando Carrera, canciller después de Caballeros, respondió que las relaciones con Ecuador siempre fueron cordiales y que jamás recibió alguna solicitud especial para interceder en un caso. Explicó que en materia diplomática un gobierno suele dirigirse a otro para pedir apoyo pero no en cualquier proceso.

– Se suele pedir protección consular, un salvoconducto, sobre todo cuando la vida de los ciudadanos corre un riesgo y esto en ningún momento debería influir en un proceso judicial.

Añadió que estas peticiones comúnmente se hacen a través de cancillería, pero en este caso, tal y como lo afirmó Pérez Molina, se trató de una llamada directa entre dos presidentes.

El juez que selló la amistad

Si Correa puso toda la maquinaria diplomática ecuatoriana en juego, llegando incluso a telefonear a Pérez Molina, la posibilidad de resolver el caso estaba en manos del juez Adrián Rodríguez Arana.

Aunque no hay ninguna evidencia de que Pérez Molina hubiera llamado al juez que llevaba el caso, Rafael Correa estaba tan agradecido con Pérez Molina por su intervención en el episodio de 2012, que en 2016 lo visitó en la prisión ubicada en Mariscal Zavala.

Rodríguez Arana es un juez de bajo perfil que rehúye a la prensa y tiene una carrera variopinta que lo llevó de ser jugador del equipo de futbol Comunicaciones (1977-1980) a ser director de Presidios durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990) y luego a una carrera de casi 30 años en el Organismo Judicial.

El 27 de diciembre de 2012, cuatro meses después de la captura de la tripulación de la aeronave ecuatoriana por los 405 kilos de cocaína, el juez decidió cerrar el caso en contra de los ecuatorianos y enviar a juicio únicamente a los guatemaltecos. No le dio mayor mérito a los argumentos del Ministerio Público (MP), dirigido por Claudia Paz, que señalaba que era imposible que tanto los pasajeros como la tripulación no conocieran el contenido de las 16 maletas.

Aunque el MP apeló la resolución argumentando que el juez había notificado fuera del plazo que estipula la ley y que en la etapa intermedia no le correspondía valorar las pruebas, sus esfuerzos fueron en vano. El 11 de febrero de 2013 los ecuatorianos regresaron a su país y los guatemaltecos fueron absueltos.

Dos meses después, la CICIG incluyó al juez Adrián Rodríguez Arana en la lista de “jueces de la impunidad”, al considerar que incurrió en el delito de prevaricato al favorecer a tres extranjeros en casos de trasiego de drogas y dinero. También hubo sospechas por parte de la CICIG sobre posible enriquecimiento ilícito, pero la Corte Suprema de Justicia resguardó su inmunidad.

Fuentes a lo interno del Organismo Judicial señal la cercanía del juez con su colega Marta Sierra de Stalling (presa por el caso Bufete de la Impunidad que pretendía favorecer a los acusados del caso La Línea) y con el ex magistrado Vladimir Aguilar, que abandonó el cargo luego de su vinculación al caso de corrupción TCQ. El juez Rodríguez Arana colocó a Vladimir Aguilar como referencia en la hoja de vida con la que se postuló a magistrado de Corte de Apelaciones en 2014.

Una empresa que le vende al Ministerio de la Defensa

Cinco años después del caso de la narcoavioneta que conectó a Otto Pérez Molina con Rafael Correa, ni en Guatemala ni en Ecuador se encontró a un solo culpable por el tráfico de los 405 kilos de cocaína. La hipótesis principal de la defensa apunta a que “alguien” introdujo las maletas durante la escala que la aeronave hizo en Costa Rica. Tampoco se determinó el grado de responsabilidad de la empresa que habría alquilado la avioneta. Según los documentos procesales se trata de la Alimentos Montesol, S.A., que a través de varios contratos ha tenido al Ministerio de la Defensa como su único comprador dentro del Estado, en especial en 2016 con Q200 mil.

En los números de teléfono de sus oficinas centrales nadie contesta las llamadas. Mientras tanto el mismo silencio guardan otros personajes relacionados con el caso. El juez Rodríguez Arana, que hoy está a cargo del proceso en contra de Blanca Stalling, se mantiene esquivo. Su contraparte en el MP, el fiscal contra narcóticos Aldo Chapas, nunca accedió a las solicitudes de información respecto al proceso.

En el caso de la narcoavioenta aún quedan demasiados puntos por explicar y no es el único tema que pareciera unir a Guatemala con Ecuador. Durante los últimos cuatro años, Ángel González, el dueño mexicano del monopolio televisivo nacional, pasó a construir un emporio similar controlando diez medios en Ecuador, a la que según información del MP, podría haber viajado el prófugo de la justicia, Luis Rabbé.

El viernes pasado, 24 de febrero de 2017, la embajada estadounidense en Guatemala anunció que solicitará la extradición de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla por narcotráfico. Está por verse si también solicitan la extradición del expresidente Otto Pérez Molina.