Para la memoria, Guatemala sólo tiene Q100,000

La reunión fue cordial. Todo lo cordial que puede ser una junta en la que uno va a pedir financiación y el otro responde que lo intentará.

A principios de noviembre, Gustavo Meoño, coordinador del Archivo Histórico se reunió con el ministro de Cultura, Dwight Pezzarossi. La idea era presentarse porque Pezzarossi estaba en el cargo desde hacía dos meses y aún no se conocían. Vienen de bagajes distintos. Meoño fue guerrillero y dirigió la Fundación Menchú. Pezzarossi fue futbolista y comisionado presidencial del Deporte. Desde que el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) fue descubierto por casualidad en julio de 2005, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, en el poder desde 2012, ha sido el primero en dar presupuesto a esta institución: Q100,000 anuales desde 2013; $13,000.

La simbólica pero insuficiente cantidad fue el tema de conversación. Meoño pidió un “inicio de aumento” del presupuesto estatal y el ministro le dijo que lo vería para el siguiente presupuesto, y que pronto iría a visitarle al Archivo. “Es un aporte funcional, pero escaso”, admite un mes después Pezzarossi, que aún no ha hecho la visita y que estos días está preocupado por el recorte que le tocó a su cartera: de Q472 millones en 2014 a Q423 millones para 2015. “Lo estamos evaluando”, dice el ministro.  Antes de que acabe el mes tendrá una reunión en la que, afirma, espera tener cuotas más amplias para el Archivo, pero también para el conservatorio, las escuelas de arte, los sitios arqueológico, etcétera. “Son muchas cosas y tenemos que ver cómo hacemos por el recorte del presupuesto”.

El AHPN, con su acervo de 80 millones de documentos, de los que 17 millones ya están digitalizados, es el archivo histórico de la policía más grande de Latinoamérica. Ocho kilómetros de metros lineales en papeles (el más grande del mundo, el de la Stasi, la policía comunista, en Berlín, tiene 111 kilómetros). Dependió desde su descubrimiento hasta 2009 del Procuorador de los Derechos Humanos (PDH). Ese año, la entidad pasó del Ministerio de Gobernación a ser parte del Archivo General de Centroamérica, del Ministerio de Cultura. En términos prácticos, poco cambió: hoy el Archivo depende de ese órgano estatal, pero sobrevive gracias a la cooperación internacional.

La reunión con Pezzarossi era especialmente importante porque Meoño iba acompañado de Elizabeth Turner, directora del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (Pajust) de Naciones Unidas en Guatemala, que es desde 2010 la principal fuente de financiación del Archivo, que también apoya a siete órganos estatales y a medio centenar de asociaciones. Turner recordó al ministro un tema pendiente y definitivo para el futuro del Archivo que había propuesto el anterior ministro de Cultura: la creación de una unidad específica, en la que estuviera incluido el AHPN, con presupuesto propio, para la que ya existe un borrador de acuerdo ministerial. Aunque Turner afirma que el ministro fue receptivo, un día antes en conversación telefónica con Nómada, Pezzarossi no mencionó el borrador. “En la reunión quedamos en colaborar”.

El programa Pajust iba a financiar al Archivo, hasta el 31 de diciembre de este año, con US$7 millones, a través de ayuda de Dinamarca, Holanda y de Suecia. Pero no sucedió así. Dinamarca y Holanda dejaron de dar fondos. También los gobiernos regionales de Cataluña y el País Vasco, azuzados por la crisis en España. Sólo quedó Suecia. El Pajust II, que entra en vigor en abril, otorgará al Archivo US$3,5 millones. “Hay un contexto de crisis internacional, es un financiamiento reducido, pero asegurado para los próximos cinco años. Es la base para que el Archivo no desaparezca”, dice un meditabundo Meoño, en una pequeña sala de reuniones del Archivo, donde la única decoración es el verde hospital de las paredes. El Archivo se encuentra en el antiguo depósito de chatarra de la policía en la zona 6 y comparte manzana junto a la Academia de la PNC y la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua).

El Archivo conserva todo el acervo de la antigua Policía Nacional, que funcionó de 1881 a 1997 y fue disuelta por exigencia de los Acuerdos de Paz. Se ha enfocado en digitalizar todos los documentos referentes a los años más oscuros del conflicto armado: 1976 a 1986. Su valor ahí radica en que a través de fichas policiales da luz a los investigadores sobre desapariciones forzadas. Grosso modo, el ejécito se enfocaba en la contrainsurgencia rural, con masacres, y la Policía Nacional en la urbana, con desapariciones. Entre esos casos, sirvió para saber qué ocurrió con Oliverio Castañeda, dirigente estudiantil, o Manuel Colom Argueta, el alcalde socialdemócrata, asesinados en 1978 y 1979. Guatemala cuenta con el récord de ser el país con más desaparecidos per capita del continente en el siglo XX. 45,000.

Reducción de plantilla en el Archivo

El 27 de noviembre, al mediodía, Meoño, convocó en el comedor del Archivo a los 107 empleados (hay otros 17 en el Archivo de Centroamérica, en la biblioteca nacional). Tres días antes, se les había comunicado a los trabajadores que los fondos no eran los esperados. La charla fue para confirmarles que la mitad dejaría de trabajar el 31 de diciembre, como decía su contrato anual.

La reunión duró 15 minutos y no hubo turno de réplica. Después, algunos empleados recibieron un documento de agradecimiento por sus servicios y otros, uno en el que se les invitaba a seguir a partir de 2015. Desde ese día, por el Archivo solo hay 65 personas. “Hay un elemento de compromiso en quienes seguimos viniendo estos días de diciembre”, dice Meoño Algunos empleados se quejaron en redes sociales de que el coordinador favorecía a la gente que se quedaba, quejándose de que les despidieran. Meoño responde que no fue un despido porque eran contratos temporales.

Mientras tanto, Meoño está pendiente de ayudas de instituciones alemanas y de empresarios guatemaltecos. ¿Y si no hay suficiente dinero? Entonces, desde enero, la digitalización de todos los documentos desde 1871 a 1975 y la capacidad de respuesta del Archivo a los ciudadanos y a los investigadores académicos, serán más bajas.

Algunos Estados dedican fondos para la memoria histórica de sus sociedades. En especial, los que tienen episodios relativos a exterminio social. Como los judíos, en Alemania, o los negros, en Sudáfrica. O recientemente Chile, con un museo sobre la dictadura de Pinochet. En Guatemala, todavía una minoría con mucho poder niega el pasado (la mayoría sí considera que hubo genocidio), así que esto se ve cuestarriba.

“Es política común en el Estado tener menosprecio a su patrimonio archivístico. Todo lo que tiene que ver con cultura y con memoria no tiene ninguna prioridad en los planes de gobierno”, lamenta Meoño. El ministro Pezzarossi, sin mucho convencimiento, dice que puede caber la opción de un Archivo que sea un órgano estatal: “No podría decir si vamos a poder ayudar más para 2015, pero el Archivo es importante y es clave poner su información a resguardo”. Cree que hay que “salvar” el AHPN. “Y si no puede ser desde el estado, se puede hacer con empresas o con cooperación”, añade, regresando al punto de partida.

La incómoda memoria histórica

Meoño imagina un Archivo estatal, a mediano plazo (algún día). Parece una tarea titánica en un Estado que no tiene una clase de historia en el pensum escolar, ni llega a imprimir un libro propio sobre historia nacional.

En 2015, año electoral, no parece que vaya a haber ningún cambio sustancial en las relaciones del Estado y el Archivo. “La memoria histórica es un tema que incomoda al Gobierno”, opina Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala (ODHA), querellante adhesivo en el caso de asesinato de monseñor Gerardi, que reclama la falta de libros de historia en primaria y secundaria. “No le conviene porque se ven señalamientos en contra del propio presidente”, añade Rodenas en referencia a los años duros de la guerra, en los que el hoy presidente de Guatemala fue mayor de ejército en Nebaj, centro de los actos de genocidio por parte del Estado.

Rodenas esperaría un Archivo que fuera independiente pero con apoyo estatal. Edgar Gutiérrez, excanciller y director del Instituto de Análisis de Problemas Nacionales de la USAC, coincide en que debería ser estatal y con financiamiento. “Pero el Gobierno no tiene la única ni la última palabra en el asunto de financiar el Archivo. En general los grupos de poder no se sienten cómodos con la historia del conflicto, pues hay un sentimiento de culpa no admitido”.

El valor de la memoria para el gobierno del PP queda evidenciado en el drástico recorte del presupuesto de la Secretaria de la Paz (Sepaz), ente que coordina las políticas derivadas de los Acuerdos de Paz, según Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. El Ejecutivo propuso durante la negociación Q333 millones para la Sepaz y en el presupuesto final se redujo a Q201 millones.

En 2015, las cosas no cambiarán. El partido más grande en el Congreso y con mayor intención de voto, está en contra. Leonardo Camey, subjefe de Líder, opta por dar una opinión personal. Dice es mejor no institucionalizarlo. “Generaría mayor burocracia. No es necesario dedicar grandes cantidades de recursos para que el Archivo funcione”.

Meoño buscará soluciones intermedias: lograr más presupuesto estatal, más cooperación, recursos propios a través de la iniciativa de ley del Sistema Nacional de Archivos (en el cajón desde 2011, pero que esta semana logró apoyo de los experimentados Oliverio García Rodas, del PP, y de Roberto Alejos, de Todos). Todo eso y apoyo de la iniciativa privada, “por muy insólito que pueda parecerle a ciertos sectores del país”.