Patricia Valdés definirá si llegó a proteger diputados (y al sistema corrupto)

A Patricia Valdés, electa presidenta del poder judicial el pasado 13 de octubre, no se le discute su CV para ocupar el cargo. No si trabajó 21 años en juzgados y salas de apelaciones (entre 2000 y 2014), si tiene una maestría en la Universidad Javeriana de Colombia y dos maestrías en la Universidad Mariano Gálvez (UMG) y la Panamericana, un doctorado de dos años en la UMG y cursos de otro doctorado en la UMG, y en la evaluación de los más de 200 expedientes de aspirantes a ese cargo, obtuvo el cuarto puesto con 91 puntos.

Se le cuestiona que para alcanzar uno de los 13 asientos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), llegara por un plan de dos partidos (PP y Líder) para buscar impunidad y dos años después, para ser presidenta de la CSJ, fuera electa por los jueces que se oponen a la CICIG, en un proceso señalado de falta de independencia e imparcialidad.

Patricia Valdés llegó a la CSJ en 2014 con el voto de 120 diputados, 95 pertenecientes a las entonces todopoderosas bancadas de PP y Líder, en las elecciones más cuestionadas de la historia democrática. La prueba del amaño de esas elecciones es la condena de 13 años de cárcel contra Gudy Rivera, expresidente del Congreso por el PP, denunciado por la ex magistrada Claudia Escobar, que demostró que el diputado trató de negociar con ella su reelección como jueza a cambio de que protegiera en un fallo judicial a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, entonces suspendida como secretaria general del PP por el Tribunal Supremo Electoral.

Patricia Valdés fue propuesta para ser la presidenta del poder judicial por la magistrada Blanca Stalling –que era la magistrada estrella de Baldetti y tiene a varios familiares procesados por casos de corrupción–. Patricia Valdés es parte del grupo de magistrados a quienes no les gusta la Reforma al Sector Justicia y la embajada de Estados Unidos, que financia el 40% del presupuesto de la CICIG, ya empezó a marcar distancias respecto de su administración.

En su gestión, la funcionaria dice que velará porque todos los juzgados y tribunales del país tengan los insumos que necesitan para funcionar, pero lo que está lejos de sus prioridades son las reformas al sector justicia, las que cambiarían el sistema que conoce desde 1976, cuando empezó su carrera como comisaria del Juzgado Segundo Penal.

La presidenta habla

Nómada fue a entrevistarla. Patricia Valdés se muestra accesible y elocuente. Escucha con atención las preguntas pero no las responde. Cambia de tema y habla de su trabajo en el Organismo Judicial. Defiende su independencia afirmando que nunca negoció con ningún diputado para conseguir una magistratura, aunque reconoce que le dio clases de maestría a por lo menos 30 congresistas y que quizás sus alumnos cabildearon con el resto de diputados.

Patricia Valdés.

– ¿A qué atribuye que todos los diputados hayan votado por usted como magistrada, tomando en cuenta que ya hay una sentencia contra Gudy Rivera que estaba traficando influencias para esa elección?

– Yo, la verdad, no sé, porque nunca he participado en política. Lo que sí le sé decir es que he tenido muchos diputados que fueron mis alumnos. Me sorprendió porque, la verdad, es que no tengo mucha relación con el Congreso. He estado en mi sala. Pero sí tenía muchos diputados alumnos míos, muchos, muchos.

Una semana antes de elegir al sucesor de Rafael Rojas al frente del Poder Judicial, el pleno de la CSJ había llegado a un acuerdo: la magistrada Silvia García presentaría a las dos candidaturas para 2016-2017: Patricia Valdés y Delia Dávila. Pero antes de que las votaciones iniciaran, Blanca Stalling se adelantó y pidió la palabra. Propuso a Valdés y sin que alguien pudiera pronunciarse por el cambio de planes, las votaciones iniciaron. Nueve magistrados se inclinaron por el argumento de Blanca Stalling: Patricia Valdés.

Blanca Stalling no perdió liderazgo en el pleno de la Corte, pese a que este año pidió una licencia sin goce de salario para ausentarse a sus labores judiciales, luego de que su hijo Otto Molina Stalling fuera vinculado al caso IGSS-Pisa, y que ella misma fuera mencionada en escuchas telefónicas del caso Bufete de La Impunidad, una red de abogados que negociaba sobornos a cambio de dar libertad miembros de La Línea y por el que su cuñada, también jueza, está detenida y acusada por el MP y la CICIG.

Aunque la propuesta de Stalling la llevó a dirigir el OJ, Valdés afirma que no es su aliada dentro de la Corte y que su nominación se debió a la espontaneidad de su colega.

– Incluso a mí me sorprendió.

Casualmente, el nuevo presidente del Congreso respondió que estaba sorprendido con su elección. "A mí me pusieron", respondió a Nómada.

Patricia Valdés agrega que los señalamientos contra Stalling desgastan a la CSJ.

– ¿Por qué no le promueven algo (en contra de Stalling) y ya? Para que digan si es culpable o no es culpable, pero que le digan de una vez porque eso le beneficia a la Corte; así como (acusaron) salieron (Douglas) Charchal y Vladimir (Aguilar).

Patricia Valdés cuestiona por qué ante tantos señalamientos no existe una investigación o sindicación formal contra Stalling. Dice que esa situación aumenta el nivel de tensión en la Corte y en el trabajo de su colega.

La distancia entre Valdés y Stalling no parece tan amplia para algunos analistas. El columnista y excanciller Edgar Gutiérrez escribió que esa elección fue un primer movimiento del status quo corrupto para recuperar uno de los tres poderes del Estado, para erosionar así las reformas constitucionales y los vitales fallos judiciales. El segundo movimiento que señala Gutiérrez se consumó con la elección de Óscar Chinchilla en el Congreso, que dejó fuera al actual presidente legislativo Mario Taracena (UNE), uno de los promotores de las reformas para dar más independencia al MP y al poder judicial.

La Fundación Myrna Mack denunció que la elección de Valdés fue ilegal porque se permitió que un magistrado suplente participara en la decisión, y no se esperó el tiempo para que el Congreso eligiera al sucesor de Douglas Charchal, que en ese momento estaba separado de su cargo, acusado por el MP y la CICIG de gestionar un beneficio para la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en un caso de corrupción del PP. La denuncia de la Fundación está en análisis en la Corte de Constitucionalidad.

El silencio ante las reformas

En abril de 2016, el presidente Jimmy Morales, Ranulfo Rojas y Mario Taracena, entonces presidentes de la Corte y el Congreso, lanzaron el ‘Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la Justicia en Guatemala’. Seis meses después, el 6 de octubre pasado, se presentó la propuesta para reformar la Constitución en el sector justicia. La promueven la fiscal general Thelma Aldana; el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.

Pero aunque parecía una política institucional y la Corte Suprema había financiado el costo de los seis meses de mesas de diálogo, después del 13 de octubre, cuando Rojas dejó la presidencia de la CSJ y Patricia Valdés asumió su lugar, en el Palacio de Justicia las cosas cambiaron. Las reformas pasaron a segundo plano, a la congeladora.

Un magistrado de la alianza de Blanca Stalling y Patricia Valdés habla desde el anonimato:

– Simplemente no se habla de las reformas porque no estamos de acuerdo, y en eso estamos más que claros, así como no estamos de acuerdo con las presiones de fuera para que cambiemos la Carta Magna.

Cuando se le pregunta por la importancia de reformar la Constitución, el letrado responde con sarcasmo:

– Es un tema que no nos genera ansias para apoyar.

La Corte no es ajena al rechazo de los grupos de poder hacia las reformas. El pleno de magistrados recibió a la patronal y a sus cámaras por separado. La Cámara de Comercio, que expresó su oposición al reconocimiento del derecho indígena (en caso de que la autoridad ancestral deba resolver en temas de hidroeléctricas, mineras o fincas). La Cámara del Agro está en la lista de espera para pronunciarse ante los jueces, y el Movimiento ProJusticia será recibido este miércoles 14 de diciembre.

Patricia Valdés reconoce que no está de acuerdo con toda la propuesta de reformas, pero dice que prefiere guardar silencio “para no generar presión” a los diputados.

Considera que si toma el ejemplo de Iván Velásquez y Thelma Aldana y se planta en el Congreso el día en que los diputados votan por la aprobación de las reformas, es interferencia de poderes. Por eso tomará distancia de lo que suceda.

– El silencio de la magistrada Patricia Valdés empatiza con los sectores que se sienten amenazados con las investigaciones de corrupción, y que se benefician de la impunidad, considera Helen Mack, la activista que denunció su elección como presidenta.

También señala que la mayoría de la CSJ responde a los intereses de los diputados que los eligieron, y estos a su vez son operadores de los políticos y empresarios señalados en el Caso Cooptación del Estado y que se encuentran recluidos en la cárcel de la Brigada Mariscal Zavala, encabezados por el expresidente Otto Pérez Molina, la mitad de su gabinete y el exfinancista Gustavo Alejos.

Estados Unidos toma distancia

Estados Unidos, aunque en 2015 mantuvo su apoyo a Pérez Molina desde mayo hasta agosto o apoyó las elecciones con las reglas del sistema clientelar, ha sido también un aliado clave contra la impunidad durante la última década y financia el 40% del presupuesto de la CICIG y varios programas en el Organismo Judicial y el Ministerio Público.

La llegada de Patricia Valdés a la Presidencia de la Corte y su posición frente a las reformas constitucionales derivaron en un conflicto silencioso entre ese organismo y Estados Unidos.

El rechazo a la propuesta de reformas es el motivo por el que Estados Unidos reaccionó con revaluar los programas de cooperación para el Organismo Judicial. Eso lo dicen dos fuentes cercanas al sistema de justicia y lo confirma uno de los trece integrantes de la Corte Suprema bajo la condición del anonimato:

– De Estados Unidos ya no tenemos ningún tipo de apoyo desde que asumió la actual presidenta.

Desde Washington, un oficial de alto rango del Departamento de Estado evitó hablar sobre el corte a las ayudas para el Organismo Judicial, pero sí opinó sobre Patricia Valdés:

– Podría decir que estamos reevaluando nuestra relación con la Corte. Quisiéramos averiguar la dirección de esa Presidencia.

Y es que en casi dos meses de gestión al frente de la máxima autoridad de justicia, públicamente Valdés no aclaraba su postura frente a las reformas constitucionales.

La relación entre Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia se traduce en cooperación financiera y técnica. Las iniciativas de trabajo en conjunto se realizan a través del Programa Seguridad y Justicia de USAID. Entre las gestiones conjuntas que se reevalúan se encuentra la donación de material para equipar el nuevo juzgado, tribunal y sala de apelaciones de Mayor Riesgo C; la implementación de la política institucional de equidad de género; la adquisición de un software de pruebas psicométricas y la cooperación a través de INL (la oficina del Departamento de Estado contra el narcotráfico), y apoyos para el Sistema de Justicia Penal y Juvenil.

Sus aliados

Patricia Valdés expuso públicamente su afinidad con el presidente Jimmy Morales, a quien defendió en su cuenta personal de Twitter, lo que le valió ser incluída entre los jimmyliebers. Pocas personas en el Ejecutivo conocen el vínculo de Patricia Valdés y Morales, pero un funcionario cercano al presidente confirma que hay un trato cordial de amistad entre ambos, sin precisar más detalles.

La presidenta Valdés niega la cercanía, reclama que el tuit se sacó de contexto y dice que no tiene ni su número de teléfono. No considera que con el tuit en el que escribió “dejenlo trabajar” se vulnere su independencia respecto al poder Ejecutivo.

Dentro de la Corte, los otros aliados de Valdés son Vitalina Orellana, Sergio Pineda y Josué Baquiax. La primera magistrada es la presidenta de la Cámara de Amparos y Antejuicios. Se conocieron en 1999, cuando fueron parte de la primera promoción de jueces de carrera de la Escuela de Estudios Judiciales, y es ella, Vitalina Orellana, como presidenta de la Cámara de Amparos, quién coordina cuándo se conocerán las solicitudes de antejuicios contra los diputados por casos de corrupción.

El pasado 9 de diciembre, en el día Internacional contra la Corrupción, el comisionado Iván Velásquez criticó el excesivo retraso en la tramitación de antejuicios, principalmente en el de Edgar Ovalle, diputado de FCN-Nación, el partido que llevó a Jimmy Morales al gobierno.

Ese expediente, que ingresó el 6 de enero, se suma a 25 antejuicios más que si no se resuelven en la sesión de hoy de la Corte Suprema, pasarán el año 2016 sin ser resueltos.

Entre ellos los planteados contra los diputados Inés Castillo, Manuel García Chutá, Arístides Crespo, César Fajardo, Carlos López Girón, Christian Boussinot, Roberto Kestler, José García Hidalgo, Sofía Hernández, Luis Rabbé, Eduardo Ramiro de Matta por casos de corrupción o abuso de autoridad, del diputado Amílcar Pop por defender a acusados de disturbios de San Juan Sacatepéquez en las manifestaciones de 2015, y los ministros Aura Leticia Teleguarrío (de Trabajo), Óscar Hugo López (de Educación) y Rodrigo Colmenares (secretario privado de Jimmy Morales).

En el caso del diputado Edgar Ovalle, Patricia Valdés dice que el atraso no es su culpa, ya que la CSJ hizo su parte al nombrar a un juez pesquisidor; la demora se debe a que dicho juez se fue de vacaciones y mientras tanto le dejó a la Corte el expediente para que lo guarde. Hasta que no regrese, no se retomará, cierra la Presidenta.

Los magistrados más independientes –los minoritarios– están preocupados porque en la última sesión del año, la alianza de Patricia Valdés podría insistir en cerrar el caso contra el diputado Carlos Girón López, de la UNE y uno de los más influyentes en el poder judicial, a pesar de que el juez pesquisidor ya entregó el informe y recomendó quitarle el antejuicio (la inmunidad) para que pueda ser investigado por el MP y la CICIG.

Será una prueba de fuego para Patricia Valdés y su alianza de magistrados.