Por qué es clave lo que dijo el testaferro contra OPM y Baldetti

Salvador Estuardo González confesó ayer que él fue el que diseñó la forma de saquear las arcas públicas para Pérez Molina y Baldetti, ambos apresados a la espera de un juicio.

“Aquí Eco Golfo, cambio”, se convirtió en una frase frecuente para los integrantes de la estructura de defraudación aduanera La Línea. Solían utilizar el código fonético internacional en sus conversaciones por radio. Así lo aseguró Salvador Estuardo González en su relato frente al juez Miguel Ángel Gálvez del Tribunal Primero de Mayor Riesgo B, pues al ser contratado por el binomio presidencial implementó el uso de radios para evadir las escuchas telefónicas. “Eco Golfo son mis iniciales”, dijo Estuardo González.

González es un testaferro de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Ella lo recomendó al expresidente Otto Pérez Molina para manejar sociedades anónimas y activarlas como lo hizo con ella, para lavar dinero proveniente de la corrupción, explicó. Pero se conocían desde antes. Estuardo González, Eco Golfo, es hijo de un exjefe de Pérez Molina. El exministro de la Defensa Marco Antonio González Taracena, fue quien cedió su cargo de director de inteligencia al mismo Pérez Molina en 1993. Durante el gobierno de Ramio De León, se dio el cambio y por eso año siguiente en 1994, Pérez Molina figura como jefe y González Taracena, subjefe.

“Mi general, mi presidente”, dijo Eco al hablar de la primera vez que acudió a Casa Presidencial. Esa vez, el exsecretario de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón –ahora prófugo o desaparecido–, le explicó que se encargaría de elevar “la recaudación”, o la R1 y la R2 que eran las siglas para referirse a la recaudación real y la recaudación de sobornos. Los sobornos eran los pagos de empresarios importadores para agilizar trámites en aduanas, el paso de contenedores. Estuardo González ya manejaba al menos siete empresas de Baldetti, que esperaba hacer más rentables. Mencionó al Centro Industrial de Oriente (CEO), Proyectos Rentables de Inversión (Proinver), Inmobiliaria Gardenia en Coatepeque, e Inversiones Galú. Los centros comerciales de donde Baldetti aseguraba que provenía su fortuna

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González diseñó un mecanismo para disfrazar de legalidad transacciones que no lo eran. Durante casi tres horas hiló en orden cronológico los hechos revelados entre abril y septiembre por fiscales del Ministerio Público (MP) e investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Lucía serio en un traje sastre azul oscuro, una camisa blanca, una corbata con rayas, un par gemelos dorados en sus puños y del lado izquierdo, un rólex.

Sereno, excepto para pedir la protección de su vida y la de su familia –petición que secundó públicamente la CICIG–, González detalló la repartición de los sobornos, la R 2. La dividían en dos partes, la mitad para los operarios y la otra para el Ejecutivo. Baldetti y Pérez Molina recibían montos iguales (el 21.5 por ciento para cada uno aproximadamente), lo quedaba al descontar la comisión de Juan Carlos Monzón (cinco por ciento) y de González Álvarez (dos por ciento, que podía subir hasta siete según la investigación).

La entrega del dinero siempre fue en efectivo. El 16 de abril de 2015, cuando la CICIG y el MP destaparon la línea, una de sus evidencias fueron fotografías de reuniones en las que participaba Monzón, en donde se apreciaba que al salir contaban dinero en efectivo desde sus vehículos.

En una ocasión, en un empaque de regalo, González contó que llevó Q50 mil a la oficina privada de Claudia Méndez Asencio, la número dos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mujer de confianza de Baldetti y enviada a prisión esta semana en medio de una defensa rabiosa. “Me respondió que había recibido la correspondencia, con una cara feliz 🙂 Después de eso ya no quiso más dinero y que su parte la recibiría a través de Juan Carlos Monzón”, dijo. Dijo que ella estaba enterada de todo y no por medio de un correo del sindicalista Anthony Segura Franco, sino en una cena en la casa de González con Ossama Azziz Aranki, líder de la estructura exterior de La Línea.

González acudía cada semana a la SAT, se reunía con Méndez Asencio y con los superintendentes Omar Franco primero y Carlos Muñoz después. Con el cambio de jefe SAT, simultáneamente se deterioró la relación entre Méndez y González: “Comencé en el nivel 8, luego al 3. Regresamos al 8. Pero paramos en una oficina que ella pedía en el sótano. Nos distanciamos. Ella se llevaba bien con Ossama. Tenía problemas con Juan Carlos (Monzón); la amenazó”.

González no era parte de la nómina de la SAT. Tenía un puesto estratégico: gerente de Corporación de Noticias, dueña de los medios Siglo 21 y Al Día, en donde desde el inicio se rumoraba que Baldetti había comprado acciones.

Baldetti desapareció de la versión de González, al ritmo que avanzó el tiempo en la declaración. Al inicio, cada movimiento de La Línea era reportado por González los martes y jueves, luego los miércoles. Terminó rindiendo cuentas en una oficina privada, en la que era la sede del Partido Patriota en la zona 10, donde se reunió con Pérez Molina y Javier Ortiz (el Teniente Jeréz, quien tomó el lugar de Ossama Azziz porque no entregaba cuentas cabales –se quedaba con los vueltos–).

Los acusados de La Línea escuchan con preocupación a Eco durante la audiencia.

De hecho, el último memorándum de Eco fue directamente al entonces presidente Pérez Molina. Le rinde informes sobre las metas de recaudación y de sobornos. Pérez Molina lo negó en aquel video en el que pidió a la población que se calmara y que no renunciaría, aunque Nómada encontró que había reconocido la validez del memorándum en su informe sobre el antejuicio al Congreso.

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De momento, a Pérez Molina y a Baldetti se les cierran las puertas de las evidencias. El testimonio de Eco es tan importante porque corrobora la lógica de las evidencias documentales encontradas.

La CICIG y el MP, de momento, sólo tienen una petición para la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, y para el presidente de la República, Alejandro Maldonado: que protejan la vida e integridad de Salvador Estuardo González y su familia.