Tres grupos se pelean Q260 millones clientelares en el Ministerio de Agricultura

En el Ministerio de Agricultura hay dos programas clave: La subvención de insumos agropecuarios y el programa de alimentos por acciones. La cartera busca que los presupuestos de ambos alcancen los Q260 millones (US$35 millones) y que la ayuda llegue a 1.2 millones de personas en 2017. Para eso, el ministro Mario Méndez hace las gestiones administrativas y financieras que le permitan poner en marcha esos proyectos.

Los programas consisten en entregar Q200 a pequeños agricultores, que pueden usar para comprar herramientas de labranza, semillas o fertilizantes. O bien, dotarlos de raciones de 120 libras de alimentos a cambio de hacer trabajos en sus comunidades. En teoría, el plan es beneficiar a los campesinos más pobres del país.

Pero detrás de estas ayudas hay intereses políticos que mantienen en un pulso constante a tres actores: Grupos sindicales y campesinos organizados, los alcaldes reunidos en su asociación y el Ministerio de Agricultura.

Estos actores se pelean el poder de decidir qué personas se beneficiarán de los programas sociales y quiénes serán excluidas de la asistencia. Ese poder, el de conformar las listas de beneficiarios, le da a cada grupo capital político o bien, una tajada de los beneficios.

1. Dos sindicatos y CONIC: poder o bloqueos

Nery Barrios es el secretario general de la Unidad de Acción Sindical y Popular, conocida como UASP. Con 250 mil afiliados inscritos en todo el país, es uno de los grupos sindicales más influyentes en Guatemala. Su influencia es tanta que basta una amenaza suya de bloquear carreteras o hacer manifestaciones en las calles para poner en problemas al Gobierno. O intentar darle una bocanada de oxígeno, como cuando salieron a manifestar unos cientos de afiliados de la UASP para que no pudieran ingresar los diputados al pleno a quitarle la inmunidad a Otto Pérez Molina en septiembre de 2015.

El plan de Nery Barrios es que el Ministerio de Agricultura deje en manos de las organizaciones sindicales y campesinas (CONIC, aliada también del PP hasta 2015) la elaboración de listados de los programas sociales, como se hizo el año pasado. O de lo contrario, amenaza con que sus afiliados y los de las otras 41 organizaciones sociales que también se involucraron, saldrán a manifestar a las calles.

¿Cómo dejar en manos de líderes sindicales y campesinos aliados del PP los programas sociales?

– Nosotros sabemos cuál es la gente más necesitada, más vulnerable, que son nuestros afiliados.

Esa es la respuesta de Nery Barrios, que confía en su discernimiento para decidir quién merece y quien no merece la ayuda del Gobierno. Sin hacer estudios socioeconómicos. Sin estudios de población. Sin estimaciones de pobreza.

Según el líder sindical, sólo sus organizaciones son capaces de ‘despolitizar’ y garantizar la transparencia de los programas sociales. Pero los antecedentes no lo respaldan. El Ministerio Público (MP) investiga una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por posibles anomalías en Alta Verapaz, Baja Verapaz Sacatepéquez, Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Chimaltenango, Santa Rosa y Totonicapán, en el canje de los cupones de la subvención de Q200.

En ese entonces, las organizaciones sociales tenían el poder sobre el programa. Entre las más influyentes estaban la UASP, el Frente Nacional de Lucha (del Ministerio de Salud) y la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), todas aliadas del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti hasta sus últimos días.

Según el Ministerio de Agricultura, el MP ya tiene en su poder videos, fotografías y testimonios de campesinos, entre otros documentos que sustentan la denuncia. La investigación se basa en que ‘líderes comunitarios’ realizaban cobros ilegales entre Q25 y Q50 por entregarles el cupón. Otros manifiestan que los obligan a adquirir fertilizantes de mala calidad y de menor precio al del cupón de Q200. El caso se encuentra abierto y las investigaciones siguen en marcha.

Nery Barrios no quiere anticiparse a decir qué pasará si les quitan el poder sobre la entrega de la ayuda. Ahora mantiene un diálogo cercano con el vicepresidente Jafeth Cabrera y cree que continuarán con las mismas prerrogativas del año pasado. Si las cosas cambian vamos a tomar medidas drásticas, advierte. Hasta ahora consiguió un espacio en las mesas de diálogo que se instalaron para resolver este problema. Pero no hay certeza de lo que vaya a pasar. De cualquier forma, la amenaza de bloquear carreteras está sobre la mesa.

2. Los alcaldes: entre el lobby y la presión

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) representa al grupo de alcaldes que quieren tomar el control de los programas sociales. Al frente de esa entidad está Edwin Escobar, el alcalde de Villa Nueva, quien formó parte del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), al igual que el ministro Mario Méndez, y después apoyó a Jimmy Morales.

Para la Anam, el principal obstáculo son las organizaciones sociales.

– Es inaudito que el Estado de Guatemala le de gasolina a estos grupos que después nos vienen a quemar con manifestaciones.

Así se refiere Edwin Escobar, jefe de la Anam, sobre las amenazas de Nery Barrios y la UASP.

Edwin Escobar acepta que la sociedad civil sea la responsable de elaborar las listas de beneficiarios de los programas sociales en conjunto con las municipalidades. Y propone que luego las listas se validen con los Consejos Municipales de Desarrollo, conocidos como Comudes. Estas son instancias se encuentran en cada municipio y ahí participan líderes de cada comunidad. Pero son presididas por los alcaldes, que al final tienen una importante influencia en la toma de decisiones.

La intervención de los alcaldes en la entrega de programas sociales tampoco tiene buenos antecedentes. El Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León de Duque, señaló que los alcaldes interfieren en el buen funcionamiento de las políticas de desarrollo social, porque utilizan las ayudas del gobierno con fines electorales. Y no es el único. Organizaciones campesinas, como el Comité de Unidad Campesina (CUC, que fue clave en las manifestaciones que sacaron a Pérez Molina y Baldetti), que se mantiene al margen de los programas sociales, opina lo mismo.

En 2013, un grupo de expertos presentó el Informe alternativo del derecho a la alimentación -disponible en el portal de OACNUDH-, que expresa los efectos negativos del clientelismo en los programas sociales:

“Esos programas están politizados, el manejo clientelar y partidario ha sido una denuncia constante, quienes manejan las listas de usuarios son los diputados, alcaldes, y no benefician a la población con mayores necesidades”.

Lea el informe aquí.

Aún con esas denuncias, Edwin Escobar cree que no hay razones para desconfiar de los alcaldes:

– Yo no voy a negar que esa es una práctica del pasado. Pero no se les puede acusar de eso a 120 alcaldes que no han manejado recursos públicos. Aparte, hay delitos para ellos si politizan los programas sociales. Se pueden ir a la cárcel.

Entre los alcaldes hay molestia con el gobierno de Jimmy Morales, pero sobre todo con Jafeth Cabrera. Ya se habían alcanzado acuerdos para que los alcaldes participaran en la elaboración de los listados de beneficiarios en Agricultura, pero el Vicepresidente respaldó las demandas de los sindicalistas y campesinos, cuando éstos amenazaron con bloquear rutas.

La Anam insistirá en el pulso por el poder. El programa de insumos agrícolas fue un fiasco y un fracaso el año pasado, afirma el alcalde Edwin Escobar y cree que si se repite el modelo de trabajo con las organizaciones sociales, continuará el ‘robo de recursos’. De momento, la incidencia de los alcaldes se reduce al programa de Alimentos por Acciones, pero este es el que tiene una menor asignación de recursos.

Nery Barrios cree que la denuncia por corrupción contra las organizaciones sociales es una estrategia para desacreditar al movimiento sindical. Pero dice que si se puede señalar a una persona de politizar los programas sociales es a Edwin Escobar, que tiene aspiraciones políticas para la campaña de 2019 y asegura que ya solicitó el respaldo de varios grupos sociales para su plataforma electoral.

3. El Ministro que no da garantías

El ministro Mario Méndez dice que cumplirá con el artículo 23 de la Ley del Presupuesto. Esa normativa establece que, para entregar la ayuda, el Ministerio de Agricultura debe hacer un censo de los beneficiarios. Así se definirá qué personas realmente merecen y necesitan la ayuda y quienes no la necesitan. El ministro aclara que ni las organizaciones sociales ni los alcaldes tienen por qué entrometerse en la repartición de los programas sociales.

El censo de beneficiarios está a cargo de ‘los extensionistas’, es decir, de trabajadores del Ministerio en la provincia. Ellos tienen la misión de ir a las comunidades más pobres y recolectar datos de las familias más necesitadas y definir si merecen o no la asistencia. Para hacer ese trabajo, los encuestadores recibieron capacitaciones del Instituto Nacional de Estadística. Así, al final del proceso, que puede ser en julio próximo, se sabrá quienes recibirán la ayuda del Ministerio de Agricultura.

Pero al mismo tiempo que el Ministerio cumple con hacer el censo como se estableció en el presupuesto de 2017, el gobierno de Jimmy Morales y la bancada FCN planean modificar la Ley. Si lo consiguen, ya no habrá necesidad de hacer el censo y se abrirán las puertas para que la elección de beneficiarios sea discrecional.

El punto conflictivo es que el Ministerio de Agricultura también tiene intereses en la repartición de ayuda social. Los sindicalistas piden la renuncia de Mario Méndez.

– Él está haciendo campaña anticipada cuando reparte la ayuda y por eso tenemos que controlar cómo se maneja con los recursos, dice Nery Barrios.

Además, como lo denunció Nómada en abril de 2017, el Ministerio de Agricultura también tuvo problemas con el programa de subvención de insumos agrícolas en el pasado. La Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia penal contra cinco funcionarios a finales de mayo, incluyendo al ministro Mario Méndez, por irregularidades en esta iniciativa en 2016. La responsabilidad mancomunada es por Q24.8 millones.

Aunque el ministro dijo públicamente que no está interesado en aspirar a la Presidencia, fuentes de su entorno confirman que sí tiene planes políticos para las elecciones 2019. Y por eso se duda que los extensionistas del Ministerio de Agricultura hagan un trabajo técnico e imparcial. Es un hombre cercano y de confianza del presidente Jimmy Morales. Además, está presente en todos los actos públicos del ministerio, donde siempre busca ser protagonista.

Dentro de dos años, Guatemala estará en campaña para decidir Presidente y Vicepresidente. También diputados y alcaldes. Será un año de elecciones, pero las plataformas electorales se empiezan a gestar desde ya. Y los programas sociales son los primeros peldaños de la estructura electoral.

Al consultarle al ministro Mario Méndez cómo asegurará que el personal del Ministerio de Agricultura no seleccionará ‘a dedo’ a los beneficiarios, responde tajante:

– Realmente, garantizarle a usted que algunas personas vayan o no vayan a influir, yo no puedo. Usted sabe cómo es esto.