Tres líneas de investigación que la CICIG debe seguir

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pinta hoy más que nunca como elemento necesario para comenzar un proceso de depuración que conlleve reformas estatales, impulsadas por la recién alzada ciudadanía. La renuncia de Baldetti resultó siendo el culmen de una serie de  eventos que comenzó con el arresto de la cúpula de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y que ha llegado hasta el Organismo Judicial.

El escenario resulta favorable para la depuración de varias instituciones del Estado, académicas, gremiales y del sector de salud que son piezas claves en el actual sistema de cooptación institucional y de compraventa de voluntades. Se trata de piezas claves en el debilitamiento institucional del Estado y cuyo comportamiento encaja en la definición de Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) dentro del mandato de la CICIG, artículo 1, literal (d).

Yo propongo comenzar con estas tres instituciones para depurar el Estado y mejorar su sistema de Justicia:

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos

Todo comenzó con la Constitución de 1985 y sus reformas de 1993. Desde Cipriano Soto, pasando por Estuardo Gálvez y ahora, Avidán Ortiz, esta facultad se volvió un botín político para cooptar al Estado. Para resultar electos, los candidatos a la decanatura ofrecen beneficios como plazas de trabajo, facilidades para graduarse como asesores de tesis mediocres o un paso expedito por la Unidad de Tesis, e incluso “ternas regalonas” de exámenes privados. A cambio de recompensar la mediocridad, se espera que el estudiante baje la cabeza y vote por la planilla que le dio estos beneficios.

El poder del decano no puede subestimarse pues es requerido para integrar las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de la Corte de Apelaciones, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y al Fiscal General de la República. Resumiendo: Tiene un poder inmenso sobre quién resulta ser electo en estos organismos, que puede ejercer mediante el tráfico de influencias y la degradación del sistema de justicia. La depuración e investigación de la Facultad sentaría un precedente de beneficio para el Estado.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Los abogados y notarios son el aceite sin el cual no pueden operar los engranajes de la impunidad y la corrupción en el país. Mucho de esto se origina desde el mismo Colegio de Abogados y Notarios, que compite con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac para tener influencia sobre el Estado.

Partícipes de las mismas Comisiones de Postulación, el Colegio influye sobre las elecciones para Magistrados de las diferentes Cortes y Fiscal General de la República. Por este mismo motivo, dentro de colegio se genera el mayúsculo tráfico de influencias y cabildeos para designar a sus representantes ante la Comisión.

Estos representantes, como toda persona que llegó por tráfico de influencias, responden a los intereses de quienes los postulan, un resultado tanto de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria como de la Ley de Comisiones de Postulación. Después, votan por el candidato de quién les financió la planilla. Esto hace resaltar la falla inherente, y evidente, de todo este sistema: ¿quién rayos deja que los abogados escojan a sus propios jueces y fiscales?

Se efectúan gastos millonarios para elegir planillas en las elecciones de Junta Directiva del Colegio, bianuales, financiadas por figuras como Roberto López Villatoro, el “Rey del Tenis”,  con el fin de acceder a este botín.

La corrupción e impunidad que genera el tráfico de influencias desde el CANG es una línea de investigación necesaria por parte de la CICIG.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Es curioso ver al IGSS entre dos instituciones repletas de abogados, ¿no? Pues ocurre que desde que Juan de Dios Rodríguez asumió como presidente del Instituto, el Seguro Social se volvió la caja chica para financiar el tráfico de influencias que se llevó a cabo en el proceso de Comisiones de Postulación. El IGSS maneja uno de los presupuestos más cuantiosos entre las instituciones públicas (Q15 millardos para 2015). Este presupuesto, en las manos equivocadas, puede comprar la influencia de actores con poder a cambio de la adjudicación de plazas para parientes y colaboradores.

Esta metodología fue utilizada por Rodríguez durante el proceso de Comisiones de Postulación, al servir él junto con  Gustavo Herrera como principales operadores políticos del gobierno para incidir en el proceso y elegir a sus magistrados afines.

ElPeriódico reportó que 346 asesores fueron contratados bajo el renglón 029 en 2014, sin especificar su período de contratación. Entre los asesores, encontramos a Otto Fernando Molina Stalling, hijo de Blanca Stalling, actual Magistrada Presidente de la Cámara Penal de la CSJ; a Carlos Manuel Barquín Aguilar, hijo de Manuel Barquín, diputado al Congreso por Líder; y la exmagistrada Brenda Quiñonez. La contratación de Barquín puede interpretarse como el pago de un favor político al votar por la terna propuesta, y la de Quiñonez, como uno por su desempeño en la Corte. El IGSS, desde el actual gobierno, sabe pagar bien favores.

Seleccioné estas tres instituciones porque son en gran parte responsables del debilitamiento del sistema de justicia del país. Gracias a estas tres, tenemos la actual Corte Suprema de Justicia, electa entre PP y Líder para garantizarse impunidad.

Espero que la CICIG logre investigar y depurar estos órganos y que la ciudadanía presione para reformar las leyes que los regulan (y en el caso de la Facultad de Derecho, que los estudiantes presionen a sus dirigentes). Sería un comienzo para mejorar el sistema de justicia del Estado y prevenir y sancionar el tráfico de influencias. Quienes se involucren en política estudiantil y gremial pensarían dos veces antes de pedir favores, y provocaría que la competencia interórganos fuera justa y no con base en contactos, amistades y plata.

Con esto y las reformas que debiese exigir la ciudadanía, el sistema de justicia podría llegar a ser verdaderamente independiente de la política. Y esto sería el comienzo de un Estado más justo y funcional.

¿Se animará la CICIG? ¿Les quedará tiempo? ¿Exigiremos los cambios como ciudadanos? Estoy pendiente y, como ciudadano, cuentan con todo mi apoyo.