Bajo torrentes de agua nos parqueamos en las afueras de la Torre de Tribunales. Era de noche ya. Desde que ella intentó quitarse la vida hasta que se fueron los bomberos, el Procurador de los Derechos Humanos y la Policía la trasladó a la torre de tribunales, pasaron varias horas.
Ella descendió de la patrulla medio dopada, o eso parecía, acompañada de la persona que la auxilió en el momento del atentado y de los dos policías que acudieron al llamado de los bomberos.
Suicidarse en Guatemala es un delito penado por la ley y fracasar suele ser razón suficiente para permanecer en el Centro Preventivo por algunos meses. Al fin y al cabo, el suicidio es un delito contra la vida.
Encontrar información sobre los casos de suicidio en este país es una proeza. Sin embargo, la Liga Guatemalteca de Higiene Mental ha elevado la voz de alarma respecto al incremento de casos de en adolescentes, especialmente en Quiché. Alrededor del mundo 800,000 personas se quitan la vida cada año, según la Organización Mundial de la Salud.
J, la muchacha que intentó suicidarse hace tan solo un par de meses, es una chica de 19 años con una vida tormentosa. Su padre migró a Estados Unidos y con el tiempo perdió contacto con la familia. Su madre, una trabajadora informal, encontró en el alcohol una salida. Ella y su hermano vivieron rodeados de pobreza, frustración, golpes, gritos y recriminaciones hasta que intervino Bienestar Social. Los separaron, los colocaron en distintos albergues hasta cumplida la mayoría de edad.
En el ínterin, J se escapó varias veces en búsqueda de su familia a la que encontraba pero la volvía a rechazar y la enviaba de vuelta al hogar. En uno de sus regresos, le diagnosticaron “desequilibrios mentales” y la medicaron con fármacos que “la equilibrarían”. Pero con ellos perdió parte de la vista y su niñez se distorsionó.
En uno de los centros donde vivió la agredieron sexualmente, al menos solo recuerda un suceso.
Al cumplir 18 años la invitaron a buscarse la vida, el sistema no tiene espacio para los mayores de edad en las casas hogar. Una vez más se encontró a la deriva y tomó camino para buscar de nuevo a su familia. La encontró, pero las cosas se habían acentuado. Además de los golpes, histerias y reclamos, fue ultrajada por un familiar. Saltó a la calle y vivió a merced de los transeúntes.
El informe “Situación de Niñez y de la Adolescencia en Guatemala 2006” de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, señala que alrededor de 3,200 menores de edad viven en las calles. El Consejo Nacional de Adopciones agrega que más de 2 mil niños son institucionalizados en entidades privadas. Y en el que administra el Gobierno, Hogar Seguro (antes Solidario), Virgen de la Asunción (antes de la Esperanza), viven más de 700 niñas y niños. Sus historias y las de J, no suelen ser muy distintas.
Si no existen datos actualizados de las niñas, niños y adolescentes en calle, es aún más difícil determinar el número de adultos en la misma condición. ¿Qué sucede con una niña o un niño institucionalizado al salir de estos centros de cuidado?
Tenía 18 años, tercer grado primaria, padecía secuelas graves en su vista y sufría daños permanentes resultados de su infancia, pero encontró las manos que la rescatarían de sí misma. La familia de su padre. Lleva un mes viviendo con ellos y las cosas parecen marchar mejor. Las pesadillas de J van disminuyendo. No es el caso de los miles de niños, jóvenes y adultos que viven en instituciones o en las calles de Guatemala.
Y yo, termino preguntándome, ¿por qué nuestra sociedad da la espalda a cientos de miles de seres humanos que lo que quieren es simplemente vivir?
Isabel /
No entiendo, no sé si malinterpreté el texto o no leí bien, el lead dice ¨Tristemente, la última vez no fue: Se trató sino se suicidó.¨ entonces luego se contradice diciendo ¨Lleva un mes viviendo con ellos y las cosas parecen marchar mejor.¨.
¿¨J¨ Vive ó no?