Sofía* tiene 30 años, nació en Europa y llegó a Guatemala el 28 de febrero de este año. Su plan era quedarse hasta diciembre como maestra voluntaria en una comunidad en Quetzaltenango. Tenía una amiga, también voluntaria, que vivía con ella. Todo esto lo conocía su agresor. Así como sabía que ella iba a quedarse sola por una semana, cuando su compañera se fuera. Tiempo que aprovechó para entrar, con la cara cubierta, al lugar donde dormía y violarla.
Él trabajaba en la comunidad y ella enseñaba a los niños de la escuela. Se conocían desde hace cinco meses, aunque su relación nunca pasó más allá del saludo a la hora de salir y de entrar al lugar donde se encuentra la escuela. Su trabajo era cuidarla, pero decidió hacer todo lo contrario. La noche del ataque, entró a su cuarto. La despertó cuando alumbró su rostro con una linterna. Y desde ese momento, ella ya no pudo moverse. En sus palabras, el agresor la hizo presa de un “sometimiento psicológico”, desde el principio.
Después del ataque, ella recibió apoyo de las personas encargadas del voluntariado. El Juzgado de Paz más cercano, se encontraba a cuatro horas de distancia. Llegaron a eso de las ocho de la noche, donde le tomó la denuncia un fiscal, hombre. Hombre, como esos por los que ella no sentía más que asco. Veinte horas transcurrieron antes que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) pudiera tomar las muestras de su cuerpo y de su ropa. Y todos le repetían la pregunta sobre el tiempo que había pasado. Ella solo quería olvidar, y no entendía el motivo de la insistencia y la impaciencia del fiscal por que ella recordara.
Las primeras 72 horas son las más importantes a la hora de tratar a una persona víctima de delito sexual. Los medicamentos para tratarla comienzan a perder su efecto una vez transcurrido ese tiempo. Por esto se creó, entre instituciones nacionales y organizaciones civiles, un Protocolo de Atención para víctimas sobrevivientes de violencia sexual.
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¿Cómo debe tratarse a una víctima de violencia sexual?
Los hospitales deben estar abastecidos todo el tiempo con el “Kit de Emergencia” que cuenta con los medicamentos necesarios. Y el personal debe estar capacitado para saber reaccionar y atender a una persona. “Desde el portero hasta el último doctor que va a conocer el caso, todos, reciben capacitación para tratar la situación con el cuidado y la atención que requiere”, explica Benedicto Vásquez, ginecólogo y uno de los encargados del programa de atención a víctimas de violencia sexual del Ministerio de Salud.
Cada hospital departamental cuenta con una oficina del MP, para recibir una atención rápida, y una clínica especial para atender este tipo de casos. Lo normal es que no tengan nombre o sólo se les identifique con un número. De esta manera, se intenta garantizar la discreción en los procesos. Además, estas clínicas se encuentran bajo llave para que no sean utilizadas con otros fines y se mantengan disponibles para recibir a una persona víctima de violencia sexual.
En los hospitales grandes en Ciudad de Guatemala, el Roosevelt y el San Juan de Dios, hay más de una clínica y están aún más especializadas para atender a los pacientes. “Hay una en la emergencia de pediatría para los niños. Otra en el área de maternidad, y solo se atienden mujeres. Y la tercera está en el emergencia de adultos, y se reciben tanto hombres como mujeres”, explica Edwin Castellanos, pediatra encargado del comité de violencia sexual del Hospital San Juan de Dios. Todas las clínicas deben tener acceso a los kits de emergencia.
La ginecóloga Linda Valencia denunció en diciembre en Nómada que había atendido a tres pacientes por violencia sexual y que en esas fechas en el Roosevelt no tenían el kit de emergencia porque les faltaban antirretrovirales. Aunque Valencia considera que el desabastecimiento solo fue una excusa para no entregar medicamentos sin una denuncia de por medio.
Cuando una persona se acerca a un hospital o un centro de salud, los médicos deben notificar al MP sobre el caso para que llame al Inacif, se proceda a recabar evidencia y se realice la denuncia. Sin embargo, aun cuando la víctima no desee denunciar la institución de salud tiene la obligación de prestarle los servicios necesarios y proveerle medicamentos. Los médicos y fiscales del MP están obligados a investigar los casos de violación a menores de edad, aunque no haya una denuncia.
En el caso de Sofía, la víctima en Quetzaltenango, ella se acercó primero al Juzgado de Paz y habló con el MP. “Desde el momento que llegué, todos estaban conscientes de las horas que habían pasado desde el ataque”, relata. Luego de declarar ante el fiscal, ser evaluada y brindar todas las muestras biológicas necesarias, la forense que le atendió en el Inacif la llevó al hospital de la cabecera departamental de Quetzaltenango, a las 9:30 de la noche. No había ninguna doctora de turno, pero la llamaron y llegó muy pronto.
La fiscalía no debe tardar más de dos horas en llegar, y en el tiempo que esperan los médicos deben empezar con una evaluación que no represente invasión en el área de la que se obtienen muestras. Pueden comenzar con exámenes de sangre, de presión y un chequeo físico general.
Si la víctima no quisiera denunciar, el Inacif no puede tomarle muestras y guardarlas para una futura denuncia. De manera que toda evidencia del momento no puede usarse después, ni siquiera en caso de que la persona cambie de opinión.

El hospital General San Juan de Dios cuenta con tres clínicas para atender a víctimas de violencia sexual. Fotos: Rocío Conde
¿Quiénes deben estar presentes para atender estos casos?
Tanto en el hospital de Quetzaltenango, como en el centro de Salud Maternidad Clínica y Periférica de la zona 7 capitalina, estos centros deberían de tener dos médicos, un psicólogo o psiquiatra, una trabajadora social y dos enfermeras. Este es el equipo de planta, encargado de atender cualquier caso que se presente y suministrar la medicina necesaria.
Con las carencias del sistema de salud de Guatemala, el país que menos invierte en salud pública en América, Nómada pudo comprobar que no en todas las clínicas se cuenta con una trabajadora social o con una psicóloga o con todo el personal al mismo tiempo. Por lo que no pueden dar un acompañamiento total ni concreto a los pacientes que lo necesitan, principalmente los casos con menores de edad.
En la mayoría de centros de salud solo se cuenta con un médico encargado de administrar la clínica, el kit de emergencia y los medicamentos. De manera que si falta, los pacientes deben ser referidos a otro hospital o al MP. Ellos cuentan con una clínica equipada para recibir pacientes sobrevivientes de estos ataques, para hacer los procesos más rápidos y en un solo lugar, pero todos los procedimientos que realizan, deben partir de una denuncia. “Aquí las personas no tienen nombre, son números que corresponden a la denuncia que presentaron”, explica la Verónica Jurada, médica forense y ginecóloga. “Nosotros no somos un hospital, la clínica está para hacer que el proceso de denuncia y atención integral sea más efectivo”. Por lo que si llega una persona, víctima de violencia sexual, y no desea denunciar la refieren a un centro de salud.
De la misma manera, la mayoría de clínicas para víctimas de violencia sexual trabajan dentro un horario. Lo cual representa tiempo sin atención, con 72 horas críticas para poder recibir la atención integral.
En el Centro de Salud No. 1, ubicado en la 10 avenida de la zona 1, hay una psicóloga de ocho de la mañana a tres de la tarde. Fuera de ese horario no se puede recibir atención psicológica. “Nosotras atendemos en ese horario, porque es el contrato bajo el que estamos”, explica Ciria Almira, psicóloga. “Si ya nos fuimos, la ruta a seguir es llamar al MP para que vengan por los pacientes o referirlos al San Juan de Dios, o que regresen al día siguiente”.
La falta de personal completo se refleja en el trato a la víctima. En el caso de Sofía, ella asevera que no se sintió violentada. Aunque considera que las primeras personas que la trataron en el hospital tuvieron “poco tacto” al revisarla. Ella lo atribuye al cansancio del final del día, tanto por parte del personal, como el de ella misma, pero es una de las cosas que recuerda de esa noche.
Le dieron los medicamentos del kit de emergencia. Y la internaron por esa noche, aunque ella no quería. Le explicaron que no podía irse sin recibir atención psicológica, y que al siguiente día llegaría la psicóloga. Pasó la noche de jueves en el hospital, y el viernes llegó otra doctora a revisarla por la mañana. “La médica me abrazó. Me dijo que lo sentía mucho y que no tenía que pasar por este proceso sola, que la psicóloga llegaba pronto”, relata Sofía. La esperó hasta las 12 del mediodía, pero nunca apareció.
En el hospital intentaron que no se fuera hasta el lunes, que se quedara jueves, viernes, sábado y domingo en un hospital departamental, después de haber sufrido una violación, porque la psicóloga estaba en reuniones. Y como no trabaja los fines de semana, el primer día la siguiente semana podría atender a Sofía. “Yo no quería estar ahí, por eso me comprometí a que iba a buscar ayuda psicológica por mi parte. Y solo así me dejaron ir, con mis medicamentos y todo”, cuenta la sobreviviente.

La clínica del Hospital General San Juan de Dios cuenta con el personal para atender este tipo de casos. Los médicos deben avisar al Ministerio Público y al Inacif.
¿Qué medicamentos debe recibir un paciente?
Las 72 horas después del ataque sexual son críticas para cualquier persona víctima de violencia sexual. En el kit de emergencia se incluyen cuatro tipos de medicina: la anticoncepción de emergencia, el tratamiento antirretroviral, medicamentos contra enfermedades de transmisión sexual (ETS), y vacunas preventivas. Toda la atención y suministros son gratuitos.
Los antirretrovirales son para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Las 72 horas después del contacto sexual son claves para prevenirlo. Una vez iniciado el procedimiento se debe terminar, y consiste en tomar una pastilla cada 12 horas por 28 días. Aunque los resultados de los exámenes de sangre salgan negativos en la primera prueba, se deben repetir tres, seis, nueve y 12 meses después de la exposición para estar completamente seguro de que no hubo transmisión de VIH.
La anticoncepción de emergencia funciona en las primeras 72 horas después del contacto sexual. Aunque se puede administrar hasta cinco días después, su probabilidad de éxito es menor. Y una vez superado ese tiempo límite, es casi nula.
Los medicamentos que se administran en contra de ETS, son para la prevención principalmente de gonorrea, sífilis, clamidia y tricomoniasis. Las inyecciones que se deben poner a las víctimas de violencia sexual, expuestas a cualquier contagio, son las que previenen la hepatitis B y C, así como la antitetánica.
La administración del kit de emergencia tiene efectos secundarios en el cuerpo de los pacientes. Linda Valencia, ginecóloga y parte de la organización PPGlobal en Guatemala, explica que tanto la píldora de anticoncepción de emergencia como las pastillas antirretrovirales son extremadamente fuertes. “Las personas que deben tomar estos medicamentos necesitan comer algo antes, estar acompañados en todo momento y ser vigiladas por unas horas”, dice.
Sofía relata que, efectivamente, ingerir los medicamentos del kit de emergencia no es sencillo para el cuerpo. La noche que ella llegó al hospital, le dieron a comer una sopa instantánea de fideos en vaso para que no tuviera el estómago vacío. “Después de tomar las medicinas y recibir las inyecciones, pasé todo el día ida. Estaba agotada y no tenía fuerzas. Me dormía todo el rato, pero no descansaba nada. Sentía malestar en todo el cuerpo”, detalla. Además agrega que la falta de apetito, dolor de cabeza y náusea permanentes son síntomas que se experimentan durante el mes que dura el tratamiento.
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Las consecuencias para las que no hay un kit
La experiencia por la que debe pasar una víctima de violencia sexual no se puede medir, porque las derivaciones no son solo físicas, sino también psicológicas y pueden dañar toda una vida. En el caso de Sofía, los sueños y metas que se había planteado para corto y mediano plazo ya no existen. “Mi objetivo era empezar en Guatemala, para luego viajar hasta Argentina. Pero ya no tengo fuerzas”, explica.
Con ayuda de organizaciones civiles, ha empezado un proceso judicial en contra de su agresor, por lo que debe presentarse a las audiencias. Espera poder viajar pronto, para estar un tiempo en su casa y contarle a su familia lo que pasó, porque hasta el momento solo lo sabe su hermana. “Quiero volver a mi casa, fortalecerme, y regresar para seguir con el juicio el tiempo que dure”, dice Sofía.
Ella considera que no es la única persona afectada de esta situación: “yo soy víctima directa pero mis alumnos son víctimas secundarias. Ahora ya no tienen maestra, y se encuentran en un ambiente en el que no entienden lo que pasa”. Además está segura que la persona que la atacó ha violado a otras en el pasado. “Este proceso voy a vivirlo por mí, pero también por las personas que no hablan porque tienen miedo. Esta es una batalla para demostrarle a mis alumnos y mis amigos en esa comunidad que un no es no, y nadie puede hacerles algo que ellos no quieran”.
(*) Sofía es un nombre ficticio.
José /
y cuando alguien se guarda esa clase de violación por tiempo por las amenazas que recibe y muestra actitudes de suicidio y logra con alguien desahogar lo sucedido pasado los años, puede hacer la denuncia y que castiguen al culpable, que sabemos si este mismo anda haciendo de la suyas con otra inocente niña?
Ana Winter /
Espero que el agresor este pagando por el delito y sin fianza. Ojalá lo violen en la cárcel q el sienta en carne propia lo q hizo.
Carlos /
Disculpen todo ok pero que le pasó con ese hdpppppp?????
RMolinsky /
A esos hdlgp que violan los debería de castrar, y no químicamente, sino físicamente (perdón por el francés, pero no encuentro otro adjetivo que describa a ese tipo de personas)
Maria /
Mil gracias por tocar el tema y dar una nota tan completa!