¿Por qué se multiplica el hambre en Guatemala?

El Informe Mundial sobre la Alimentación 2015, elaborado por FAO, da fe de la situación. Señala que en 1990 –año base de su medición– teníamos un millón cuatrocientos mil personas sub alimentadas. Para 2014, la cifra llegó a dos millones quinientos mil. Aritmética simple: elevamos la cifra de personas que padecen hambre en el país, en un millón cien mil. Solamente Guatemala y Hatí –en América Latina– aparecemos ubicados en situación de “ausencia de progresos o empeoramiento”. Si al dato se añade que tampoco hicimos progresos en la superación del oscuro 49% de niños que sufren desnutrición crónica, la situación es realmente patética.

FAO comparte la visión empresarial de que el crecimiento económico es un factor clave para la superación de la pobreza y el hambre. Sin embargo, prefiere hablar de crecimiento inclusivo; aquel en donde las personas extremadamente pobres –que son las más afectadas por el hambre– tienen posibilidad de participar en los beneficios del crecimiento, es decir, FAO se preocupa a partes iguales del crecimiento y de quienes reciben los beneficios, y señala: “es probable que el crecimiento económico originado por una explotación de recursos de gran densidad de capital como minería o petróleo, tenga muy pocos vínculos con los pobres o los vínculos sean muy tenues”. Lo que para FAO es una probabilidad, para los guatemaltecos es hipótesis comprobada: Exmibal y San Ildefonso Ixtahuacan durante el siglo pasado; Marlin, PERENCO y El Escobal, en nuestros días. Son fuentes de extracción de riqueza rodeadas de pobreza.

En el texto Guatemala hoy –publicado en 2011–, el CACIF refiere que diversas circunstancias (elevado crecimiento poblacional –tasa de 2.2% anual–, inseguridad, ineficacia gubernamental, baja recaudación tributaria y escolaridad elemental) inhiben la inversión extranjera. Esas razones resultan poco convincentes para organizaciones campesinas y sociales: obviamente estos problemas son reales; sin embargo, países con tasas de crecimiento económico menor al nuestro y similares tasas de crecimiento poblacional lograron reducir a la mitad el número de sus habitantes que sufren hambre en el año 2015. Nicaragua y Bolivia para situar dos ejemplos cercanos, o Gambia y Togo en África. En todos los casos, con indicadores de pobreza iguales o peores a Guatemala. Lo que sí nos diferencia con los dos primeros países, es la carga tributaria: es más alta ahí que en Guatemala

Para Leocadio Juracan, del Comité Campesino del Altiplano, hambre y pobreza tienen directa relación causal con la concentración de los recursos. Su opinión se sintetiza así: la economía guatemalteca está dominada en un 85% por el sector privado, controlado mayoritariamente por las ocho familias más pudientes del país, las cuales realizan el 75% de las exportaciones y concentran la tierra y el agua. El 92.06% de los pequeños productores cultivan el 21.8% de la superficie, mientras que el 1.86% de los productores agroindustriales y agrocomerciales ocupan el 56.59% de la superficie cultivable. Pese a la crisis por hambre, la tendencia al acaparamiento de tierra continúa. Para Juracán, en esto radica la causa del hambre: cada vez existe menos tierra para producir alimentos. La mayoría de tierra cultivable sirve para cultivos de exportación. El país pervive entre dos visiones: una dominante –que degrada naturaleza y ser humano–, y la visión de los pueblos indígenas y campesinos –que privilegia humanidad y naturaleza.

Escasa inversión pública en agricultura

Guatemala es un Estado que no invierte en su agricultura. Alejandro Aguirre –del a CONGCOOP– refiere que el presupuesto del MAGA es un presupuesto magro. Equivale 0.29 del PIB –Q.1,414 millones para 2015–, lo que porcentualmente significa el 2% del total del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. Uno de los porcentajes más bajos de América Latina. Bolivia destina el 10% de su presupuesto total. Esto se agrava por dos problemas adicionales: el 90% del Presupuesto del Ministerio de Agricultura se destina a funcionamiento, además de la recurrente incapacidad del MAGA para ejecutar su presupuesto anual, con una media de 40% de sub-ejecución desde años atrás.

Del presupuesto de dicho ministerio se asignan para Fortalecimiento de la Economía Campesina, 358 millones de quetzales año, para un universo poblacional que el mismo MAGA estima en 550 mil hogares. Si restamos los gastos de funcionamiento y la permanente sub-ejecución de este ministerio, podemos concluir –sin temor a equivocarnos– que el Estado de Guatemala no invierte en Agricultura Familiar, eje fundamental para incrementar la producción alimentaria y el empleo rural. El programa Hambre Cero está prácticamente desmantelado: por falta de presupuesto dejó de ejecutarse desde 2013 “la Ventana de los Mil Días”, que atendería a niños de cero a dos años, base para evitar la desnutrición.

Los servicios de transferencia tecnológica a través de la extensión rural y Centros de Aprendizaje de Desarrollo Rural, gestionados por el MAGA, con tres extensionistas por municipio, fracasa al dejar a los extensionistas sin movilización e incorporar cuadros políticos a aquella tarea; los extensionistas reales, sin insumos para su labor –semillas, crédito, acceso a tierra y agua– obviamente fracasan en la tarea. El informe 2015 PDH/OACNUDH 2015, sobre el derecho a la alimentación en Guatemala, certifica el fracaso del programa.

¿Qué hacer?

Para el Comité Campesino del Altiplano, la respuesta les resulta obvia. Se trata, afirma Juracán, de dignificación de la vida humana: dotación de tierras a las y los campesinos, asistencia técnica pertinente y de calidad, créditos a bajo o nulo interés, insumos, herramientas y la creación de mercados para la distribución de sus productos. Los miles de millones destinados para los programas asistencialistas deben ser canalizados como inversión directa hacia los micro y pequeños productores de alimentos, en fomento de la economía campesina y territorial, que generen disponibilidad de alimentos en las familias y fomenten la diversificación de los ingresos económicos obtenidos mediante la venta de excedentes. La propuesta sintetizada por Leocadio Juracán implica necesariamente reformas estructurales: la propiedad de la tierra, el uso del agua, y el incremento y reorientación del presupuesto del Ministerio de Agricultura, entre otros.

FAO propone, una política pública prioritaria, que implique: fomentar la organización campesina, subsidios a la producción a pequeña escala, compras institucionales de la producción campesina –es decir, compras públicas para surtir la refacción escolar, alimentos para cárceles y hospitales–, acceso a tierra, asistencia técnica, infraestructura productiva, mercados locales, entre otros. Una serie de medidas inmediatas de gobierno, a nuestro juicio absolutamente realizables y que permitirían dinamizar la agricultura a pequeña escala y consecuentemente generar empleo rápido y mayor productividad de alimentos inocuos. Los ingresos de la familia campesina están directamente relacionados con mejoras en educación y salud.

El empresariado organizado en CACIF insiste –como solución– en crear condiciones para facilitar la inversión extranjera directa como una medida necesaria para el crecimiento económico: seguridad, gobierno eficiente, tasas impositivas estables y razonables, flexibilidad laboral, las circunscripciones territoriales con salarios diferenciados, zonas francas e infraestructura. Para el impulso eficaz de algunas de estas medidas, impulsan la estrategia de alianzas público-privadas.

De cualquier manera, es esta una realidad brutal sobre la que –ciertamente– existe ahora más conciencia social. Sin embargo, no mueve voluntades políticas. Las élites económicas, políticas y militares se niegan a aceptar su responsabilidad en esta tragedia: cientos de miles de seres humanos, condenados a la subalternidad –desde el momento mismo de ser concebidos. Se trata de un crimen de lesa humanidad, por cuanto se conocen causas y soluciones y el Estado no actúa. En palabras del Procurador de Derechos Humanos: las personas que padecen hambre son víctimas de un Estado violador de los Derechos Humanos.

Terminar con la brutal concentración del ingreso es una vía difícil, pero necesaria: las cifras varían, sin embargo, si asumimos lo dicho por CEPAL en 2015: el 10% más rico concentra el 40% del ingreso nacional, y el 40% más pobre se “distribuye” el 16% del ingreso total (elPeriódico, marzo 2015). De acuerdo con Jorge Santos, vivimos en un “Estado protector de Riqueza”. Esta es la gran batalla de la sociedad: luego de hacer cimbrar el andamiaje político, a esta sociedad –nuestra sociedad– le corresponde modificar las coordenadas económicas. Romper los monopolios del ingreso, la tierra y el agua resultan –sin ser medidas “comunistas”– condiciones obvias para romper el atávico círculo del hambre y la pobreza.

La historia lo reciente certifica: la superación de la pobreza y el hambre no está directamente vinculada a inversiones en mega carreteras, puertos y aeropuertos. Este es un momento particularmente importante para redireccionar la política de Estado y recordar que caminos rurales, e inversión pública en el campo, son parte de la solución.