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“Hay desalojos ilegales auspiciados por el sistema judicial”, afirma abogado.

El fin de semana circularon fotografías de un desalojo violento en Alta Verapaz. Detrás del hecho hay acciones ilegales y un patrón de criminalización de comunidades en conflictos con grandes empresas y terratenientes por la propiedad de las tierras.

Guatemala rural criminalización Desalojos de tierras P258

Imagen del violento desalojo en finca Cubilgüitz.

La noche del sábado 15 de agosto, 40 familias q’eqchi’ fueron desalojadas de la finca Cubilgüitz, ubicada en Cobán, Alta Verapaz. En redes sociales circularon fotografías de casas en llamas, en medio de la noche. El Ministerio Público está investigando quién o quiénes estuvieron detrás.

En un comunicado de prensa, el Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que las familias fueron desalojadas de forma violenta y sin orden judicial. Los afectados son ex trabajadores de la finca propiedad de la familia Dieseldorff Grimler.

Según el CUC hace más de 15 años los trabajadores fueron despedidos sin que se les pagaran sus prestaciones laborales y, para reclamar sus derechos, se asentaron en la finca con la demanda de que la tierra les fuera entregada a cambio del dinero adeudado.

“Tuvieron mesas de diálogo con el Ministerio de Trabajo, pero la dueña de la finca, Dorothee Anne Diesseldorff Neal de Glimderse, perteneciente a la familia de terratenientes que más tierra tiene en la región, se ha negado a responder a estas demandas y ha ofrecido compensaciones que no cubren las demandas laborales de los ex trabajadores”, aseveró el CUC en su comunicado.

La familia Diesseldorff publicó su propia versión de los hechos asegurando que no existe ningún conflicto laboral y que cuatro fincas ubicadas en la misma zona están siendo usurpadas.

“En estas usurpaciones se han destruido plantaciones productivas, instalaciones, maquinaria, equipo e inventarios, necesarios para la generación de empleos (...). Estas usurpaciones iniciaron con el acompañamiento de César Montes y posteriormente con el Comité Campesino del Altiplano -CCDA-. La anarquía en el área es insostenible”, aseveró la familia.

Para entender mejor el contexto de la comunidad Cubilgüitz, el antropólogo Diego Vásquez compartió en sus redes sociales estos datos etnográficos:

Zona de criminalización

Del conflicto lo certero es que el desalojo fue violento y ocurrió en circunstancias ilegales. Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, conoce la zona y el sistema de justicia de la región porque defiende a líderes comunitarios que han sido procesados penalmente a raíz de un conflicto de tierra.

“Algunos campesinos son denunciados y procesados por empresas de palma africana y otros problemas de supuestas usurpaciones de tierra. El sistema judicial de Cobán es muy efectivo para capturarlos y procesarlos”, expresó.

Uno de esos casos es el de Bernando Caal, un líder de la resistencia a la hidroeléctrica OXEC, ubicada en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Fue detenido en 2018 y condenado a 7 años de cárcel por supuestas detenciones ilegales y robo agravado contra trabajadores de la empresa.

La organización Amnistía Internacional (AI) revisó el expediente del caso y detectó que el Ministerio Público basó el caso en testimonios contradictorios y que no analizó el contexto del conflicto de la comunidad con la hidroeléctrica,ni el papel del líder comunitario. El pasado 17 de julio AI envió una carta a la Fiscal General Consuelo Porras pidiendo que revise el trabajo de los fiscales de Alta Verapaz que estuvieron a cargo del caso.

“Hay un patrón en la región de no resolver este tipo de conflictos por otras vías del derecho, sino metiendo presa a la gente y provocando desalojos ilegales auspiciados por el sistema judicial del país”, añadió el abogado Pérez.

Según el director del Bufete de Derechos Humanos, el desalojo en la finca Cubilgüitz fue ilegal porque ocurrió en horas de la madrugada y según la ley, esto solo puede ejecutarse entre 6 de la mañana y 6 de la tarde.

Los efectos de las actuaciones ilegales y la desconfianza en el sistema de justicia de Alta Verapaz, provocan crisis humanitarias, ya que las familias desalojadas se quedan sin lugar donde vivir y sin recursos para subsistir.

Uno de los ejemplos de esas crisis humanitarias es el caso de Laguna Larga, una comunidad de 111 familias que lleva tres años viviendo entre el lodo de la frontera de Guatemala y México. Fueron desalojados de una esquina de la Biósfera Maya y desde 2017 han hecho peticiones al Estado que no han sido escuchadas.

Puedes leer: 450 personas que viven entre el lodo de la frontera, demandan ayuda de Giammattei

El Ministerio Público anunció que la Fiscalía de Alta Verapaz está a cargo de la investigación. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) condenó los desalojos violentos y pidió al gobierno asistir de manera urgente a las familias que sufrieron la pérdida de sus viviendas y bienes. Además de no desatender la conflictividad laboral, social y de acceso a tierras en esa región.


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COMENTARIOS

RESPUESTAS

    Roberto /

    18/08/2020 2:47 PM

    Aquí lo único ilegal son las invasiones a fincas.

    RESPETO a la PROPIEDAD PRIVADA

    ¡Ay no!

    4

    ¡Nítido!

    Edgar Cerna /

    18/08/2020 8:24 PM

    Paraíso, su apeado parece ser oriundo de Zacapa o me equivoque?

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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