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La Minera San Rafael tiene nuevos dueños con otra actitud sobre la consulta

Los accionistas de Tahoe Resources Inc y Pan American Silver Corp aprobaron la fusión de ambas compañías para convertirse “en la minera de plata más grande del mundo”. Su mayor apuesta es la Minera San Rafael. Hay una petición para que se investigue la transacción por falta de información sobre la consulta comunitaria, situación que preocupa a los pobladores xinkas.

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Mina San Rafael. Foto: Carlos Sebastián

Foto: Carlos Sebastián.

Con 206 millones de votos a favor se concretó recientemente la venta de Tahoe Resources, una empresa minera de Canadá con proyectos de extracción de plata y oro en ese país, Perú y Guatemala, donde operaba en el proyecto El Escobal de la Minera San Rafael, situada entre Santa Rosa y Jalapa.

Pan American Silver, la empresa que adquirió el proyecto por $1 mil 288 millones, es de Canadá y opera seis minas en México, Perú, Bolivia y Argentina. Tiene 153 millones de acciones, cada una con un valor de $20. La firma compró todos los proyectos de Tahoe Resources en un momento crítico para la compañía: en 2014 cada una de sus 313 millones de acciones en circulación estaba valorada en $25; esta semana tenían un precio de $3.78.

La transacción fue aprobada por los miembros de las juntas directivas de ambas compañías en noviembre de 2018 y para que la fusión fuera aprobada necesitaban el voto del 66% de sus inversionistas. Lograron que el 96% la apoyara, versus un 4% que se negó.

Pan American Silver, que busca expandir sus operaciones en América Latina y convertirse en el productor primario de plata más grande del mundo, presenta a la Minera San Rafael como su estrella, su proyecto más atractivo.

De acuerdo con el plan para la fusión, los nuevos dueños se comprometieron a acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad que en septiembre de 2018 resolvió que la mina podría volver a operar después de que el Estado de Guatemala promoviera una consulta comunitaria a la población indígena xinka que habita en el área de impacto de la mina San Rafael; en un documento público sobre la transacción, la minera menciona que esa obligación legal “no limita sus operaciones de extracción de plata”.

Michael Steinmann, presidente ejecutivo de Pan American dijo en una entrevista que planean reunirse con frecuencia con las comunidades de Santa Rosa y Jalapa para comprender sus preocupaciones sobre la mina. Aunque el año pasado, antes de concretar la venta Tahoe Resources, dijo que quería reiniciar las operaciones extractivas en diciembre de 2019, Siren Fisekci, portavoz de Pan American dijo que no han fijado una línea de tiempo para el reinicio de la mina, que tienen claro que el proceso llevará tiempo y que participarían de forma pacífica.

En las redes sociales circuló información sobre supuestos vínculos entre Pan American Silver y George Soros. En 2014 el filántropo multimillonario invirtió US$10 millones en la empresa, lo que representaba menos del 0.5% del capital de la minera. Según la información pública, Soros se retiró de esa inversión.

La transacción debe ser aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica de Canadá, el 26 de febrero próximo y puede ser sometida a una investigación por la petición de tres organizaciones que trabajan con la población xinka.

Falta de información

Earth Works, Breaking The Silence y Mining Watch solicitaron a las Comisiones de Bolsa y Valores de Estados Unidos y Canadá que investiguen el proceso de fusión porque consideran que Tahoe Resources no comunicó a los inversionistas información relevante sobre el proceso de consulta comunitaria.

—Tahoe ha ofrecido una descripción simplista y engañosa del proceso de consulta, ha mantenido un comportamiento desconocedor de las buenas prácticas internacionales. Tahoe Resources y Pan American no han revelado que el comienzo de la consulta ordenada por la Corte se ha visto acompañado por conflictos con los pueblos xinkas (…) no hay en este momento un camino abierto para la expansión de la compañía.

Shin Imai, abogado de las organizaciones dijo que las leyes de ambos países obligan a las empresas a advertir a los inversionistas las situaciones que puedan impactar en la rentabilidad de su negocio, en este caso, la falta de divulgación del conflicto social derivado de la no consulta a las comunidades indígenas, como lo ordena el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Una situación similar fue denunciada por un grupo de inversionistas de Tahoe ante la Bolsa de Valores de Nueva York, que se quejó de que la empresa les “aseguró que cumplía con la ley y regulaciones gubernamentales, y que respetaban a la población indígena local”.

El 3 de septiembre la Corte de Constitucionalidad resolvió que hasta que la consulta se realice la mina podrá operar. Si los xinkas rechazan la mina, la compañía podrá operar pero el Estado tendrá que justificar qué beneficio traerá para la población.

Ese proceso debe realizarse en cuatro fases: revisión, preconsulta, consulta y verificación de la Corte Suprema de Justicia. Kelvin Jiménez, abogado del Parlamento Xinka, la organización que representa a esa población indígena, dijo que solo la preconsulta puede durar dos años en realizarse.

En noviembre de 2018, el Parlamento denunció que la Minera San Rafael no estaba respetando la resolución de la Corte, pues “trataba de hacer creer a las comunidades que la consulta es un mero trámite”. También señaló al Ministerio de Ambiente de definir sin criterios científicos cuál es el área de influencia de la mina, es decir, el territorio donde se realizaría la consulta a la población indígena, y al Ministerio de Energía y Minas de iniciar una pre consulta sin autorización.

Ese mismo mes, presentaron una queja ante la Corte Suprema de Justicia, que les respondió que el plazo para que las cuatro etapas de la consulta inicien, no ha empezado a correr. Con esa respuesta Jiménez considera que el Ministerio de Ambiente y Energía violó el debido proceso, pues adelantó los procesos sin que existiera una autorización judicial.

Los xinkas además preparan una denuncia contra la Minera San Rafael, esta vez por desobediencia. Jiménez dijo que ven intimidación de parte de la mina porque sus personeros buscan a las autoridades indígenas en sus casas y no en la sede de “La Resistencia”, un movimiento que representa a habitantes de Santa Rosa y Jalapa que se oponen a la extracción minera por lo que provoca en sus comunidades: contaminación, confrontación social y daños a sus viviendas.

Andrés Dávila, vocero de la Mina San Rafael, respondió que siempre han tenido acercamientos con distintas comunidades, que no es algo nuevo y que no le ofrecen nada a los pobladores. También dijo que han presentado ante las cortes los documentos que les fueron requeridos, entre ellos, una actualización del plan de gestión ambiental de la empresa.

La consulta

En este caso, la Corte de Constitucionalidad definió de forma detallada cómo el Estado debe realizar la consulta popular para que se garantice que los xinkas sean escuchados en el que su opinión sea tomada en cuenta y no se utilice como parte de un trámite.

—La consulta debe ser un verdadero diálogo en el cual priven la buena fe, la comunicación constante, la transparencia, el entendimiento y el respeto mutuos (no se agota con la sola información). La consulta no debe comprenderse como un mero trámite formal. Las actividades de simple información o de socialización de una medida administrativa, o la recolección del parecer que algunos pobladores puedan tener respecto de las decisiones gubernamentales susceptibles de afectarles, no son suficientes para dar por observado ese derecho que asiste a los pueblos indígenas, dice la resolución de septiembre del año pasado.

Uno de los argumentos de la Corte para resolver que la minera podría seguir operando con la consulta a los xinkas, es la polarización en las comunidades en la zona de impacto de la mina. En la sentencia se lee que con su decisión buscan armonía.

—La ruptura del tejido social acaecido en el municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, conduce a este tribunal a optar por conferir a su fallo efectos que conlleven a la armonización de las posturas antagónicas que han surgido dentro del propio seno de la población.

Un grupo de pobladores xinkas protestan por la mina, en 2017. Foto: Carlos Sebastián

Un grupo de pobladores xinkas protestan por la mina, en 2017. Foto: Carlos Sebastián

El futuro de la mina se discutió en la Corte de Constitucionalidad durante más de un año, tiempo en el que los magistrados solicitaron a dos universidades estudios antropológicos para definir si en la zona donde opera la mina había presencia de comunidades indígenas. Esto porque la Mina y el Ministerio de Energía aseguraban que no habían xinkas en el área porque los pobladores no hablan el idioma ni usan vestimentas distintivas.

Durante ese tiempo frente a la Corte se instaló un plantón donde los xinkas afirmaban su existencia y Tahoe Resources pagó $270 mil a diferentes firmas de lobistas en Canadá y Estados Unidos. Según un reporte en la Oficina de Registros Públicos del Senado de Estados Unidos, la compañía contrató los servicios de cuatro firmas de cabildeo que visitaron el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Cámara de Representantes y Senado, la Casa Blanca, la oficina del vicepresidente Mike Pence y de representantes comerciales de ese país.

El resultado fue que en febrero del 2018 nueve miembros del Congreso de Estados Unidos le enviaron una carta al presidente Jimmy Morales para pedirle que hiciera más “para mejorar el clima de inversión de los negocios estadounidenses en el país”. La embajada de Estados Unidos en Guatemala presionó de manera pública por la resolución del caso.

En esta nueva crisis política, el gobierno de Jimmy Morales en su estrategia por sacar del país a la CICIG, la Minera San Rafael fue mencionada de forma indirecta.

En su conferencia del lunes 7 de enero, Morales cuestionó las resoluciones y los alcances de la Corte de Constitucionalidad y se quejó de que “incluso ha cerrado minas”.

En los primeros días de este 2019, el abogado Rodolfo Pasarelli, exasesor de Mauricio López Bonilla y exdirector de la Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio durante el gobierno del Partido Patriota, presentó una denuncia en contra de tres magistrados de la CC por “retardo malicioso” en esa resolución. En un comunicado de prensa la Minera San Rafael negó que ellos estuvieran vinculados con esa acción.

La Corte Suprema de Justicia rechazó la denuncia para  retirarle la inmunidad a los magistrados que firmaron el fallo: Bonerge Mejía, Gloria Porras, Neftaly Aldana, José Francisco de Mata Vela, Henry Comte, Maria de los Angeles Arauo y José Maynor Par.

Sobre otra minaViaje al pueblo tras la Mina Marlin: la debacle económica y moral (1/2)

 

 

Jody García
/

Periodista. También lectora y pintora. Trabajó dos años en Diario La Hora cubriendo el sistema de justicia. Llegó a Nómada por el futuro. @Jody_Garcia_


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    André Herrera Amado /

    31/03/2019 3:03 PM

    No apareció lo que yo pedí y me dieron gastar tiempo.

    Al escribir y buscar aquí pongan la información que es sino no pongan nada😠😠🤬😡😡🤪😵

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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