Activismo ciudadano, la variable de la que carecemos (III)

El índice es un modelo estadístico que busca darle una dimensión cuantitativa al ejercicio de la ciudadanía en distintos países del mundo, con la intención de facilitar el análisis comparativo en realidades marcadas por diferencias culturales, políticas y sociales de distinto orden, y en los que los derechos y obligaciones que integran la relación entre sociedades –o mejor dicho, los miembros de la sociedad- y el estado tiene diferente naturaleza y énfasis.

Una serie de variables cuantitativas que permiten medir la vigencia de derechos ciudadanos, de obligaciones ciudadanas, y la relación entre estas, fueron identificadas y articulados mediante una fórmula estadística. Varias de estas variables son en sí mismas el resultado de indicadores compuestos como el coeficiente GINI o el de Eficiencia Gubernamental, y otras son tomadas de estadísticas nacionales como las tasas de homicidio o de inscripción en educación secundaria. La explicación de la forma como ha sido estructurado este índice, con una identificación de cada variable y la fórmula utilizada, puede encontrarla aquí.

El punteo obtenido en el índice permite ubicar un país en una de cuatro categorías: ciudadanía activa, caracterizada por un balance entre los derechos (privilegios, servicios, beneficios) otorgados por el estado y las obligaciones (impuestos, servicio militar, etcétera) que demandada de sus ciudadanos, y que se traduce en una interacción intensa y activa entre ciudadano y estado. La ciudadanía orientada a derechos, caracterizada por un estado que otorga más derechos que impone demandas sobre sus ciudadanos. La ciudadanía orientada a obligaciones, en la que el estado demanda mucho y otorga poco. Y la in-estatalidad funcional, situación en la que la vida de los ciudadanos se desarrolla en interacción mínima con un estado que da poco pero tampoco impone mucho.

Resulta interesante constatar que la categoría en la que se encuentra ubicado nuestro país dentro del índice es aquella en la que el estado importa poco en la regulación de la vida social. Los guatemaltecos manejamos nuestras vidas con referencias mínimas a las instituciones del estado. En parte porque servicios y beneficios que en otros países son parte de una infraestructura básica de protección social –educación y salud más notoriamente- en el nuestro tienen una cobertura de pésima calidad e insuficiente.

La reciente crisis hospitalaria es la exacerbación cíclica de un problema constante. La población del país resuelve sus problemas como puede y a la medida de sus recursos, magros para la gran mayoría, con los resultados conocidos. El estado guatemalteco es incapaz incluso de garantizar el derecho fundamental de toda persona: la vida. Entre las tasas elevadas de homicidio y de mortalidad infantil, y la expectativa de vida relativamente baja, se evidencia un estado que no sólo no ‘otorga’ sino que tampoco ‘defiende’. Hemos transitado de una realidad en la que el estado era una de las principales amenazas a la seguridad de sus ciudadanos -los estados autoritarios suelen serlo- a uno que no puede defenderla.

Podría ser peor: la categoría de ‘ciudadanía orientada a obligaciones’ engloba a estados que, en su mayoría, tiene un sistema político autoritario, una condición en la que nos encontrábamos hace no muchos años. Pero mal de muchos –o de otros- es consuelo de tontos. Estamos mal. Nuestro estado no funciona. Nuestra realidad es una de ciudadanía precaria; una ciudadanía en la que el pacto entre autoridad política y sus ciudadanos no se sostiene por efecto del apoyo activo que estos le brindan, sino por la inercia y la rutina de un sistema político orientado al servicio de las elites políticas y económicas que lo manejan y no del bien común.

Con esta reflexión regresé al índice y caí en cuenta de un vacío: las variables son todas relativas a hechos u omisiones del estado. El modelo estadístico descansa en una noción de ciudadanía que podríamos llamar ‘pasiva’, construida a partir de lo que el estado da y lo que exige. Pero no hay variables que midan la relación desde la perspectiva del alcance del ‘activismo ciudadano’: lo que la ciudadanía da y exige, la contribución que desde la ciudadanía se hace a la construcción de un estado con relaciones sanas entre sociedad y estado, entre ciudadanía y autoridad política. Que es, al final, lo que nos hace falta a los guatemaltecos: una ciudadanía que no se siente a esperar los regalos que las elites políticas le quieran otorgar, sino que las obtiene gracias a su propia iniciativa y esfuerzo, e incluso, las que logra ‘arrancarles’. Es la variable que le falta al índice, pero también la que nos falta a nosotros como sociedad.

*Este texto es el tercero y último de una serie del autor. El primero “¿Qué hacer cuándo las elecciones ya no son la solución?” se publicó el 27/01/2015. El segundo “Cuando las elecciones no son la solución”, el 12/02/2015.