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Abelino Chub es absuelto, el líder comunitario es declarado inocente de invadir una finca

Abelino Chub Caal esperó dos años preso en el Preventivo de la Zona 18 para que comenzara su juicio, el cual no arrojó pruebas en su contra. El líder comunitario fue declarado inocente de los cargos.

Actualidad Abelino Chub El Estor Izabal justicia P147

Abelino Chub Caal momentos después de escuchar la sentencia donde quedó absuelto de los cargos.

Fotos: Carlos Sebastián

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El Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios, declaró inocente de todo cargo a Abelino Chub Caal. Según los jueces no hay pruebas para señalar que el líder indígena invadió una finca, incendió una plantación de palma africana, ni de que fuera parte de una organización criminal.

—Se está haciendo uso del derecho penal como una forma para criminalizar la conducta del acusado—, dijo el juez Hervi Sical, quien leyó la sentencia.

El Tribunal también ordenó que el Ministerio Público realice una investigación sobre las irregularidades detectadas en las escrituras públicas que formaron parte de la prueba documental.

Al finalizar el juicio, el líder comunitario Abelino Chub dijo que no se enfrentó solo a un tribunal de justicia, sino a
“un grupo de poderosos que han puesto de rodillas a las comunidades de El Estor, Izabal”.

El líder indígena pasó 812 días en la cárcel.

Por su parte, Carlos Ovalle, abogado de las empresas que lo denunciaron, dijo que respetaba la decisión del Tribunal y que analizará si apelará la sentencia.

 

Abelino Chub Caal recibe apoyo durante la sentencia donde fue declarado inocente de los delitos.

Abelino Chub Caal recibe apoyo durante la sentencia donde fue declarado inocente de los delitos.

Las claves del juicio

Abelino Chub Caal es un hombre maya q'eqchí de 33 años. Nació en Izabal y es maestro. Antes de ser capturado estudiaba en la Universidad Mariano Gálvez y trabajaba como promotor social para la Fundación Guillermo Toriello en Alta Verapaz e Izabal.

Fue capturado el 4 de febrero de 2017 en Carchá, Alta Verapaz, y fue trasladado al juzgado de Izabal. Allí, el Ministerio Público pidió que fuera ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, asociación de gente armada, coacción, usurpación agravada e incendio. El juez de Puerto Barrios, Aníbal Arteaga, lo ligó a proceso por dos de esos delitos y lo envió a preventivo de la zona 18.

Dos años y dos meses después, tanto el Ministerio Público como las empresas Inversiones Cobra, Sociedad Anónima y CXI, Sociedad Anónima, no pudieron sustentar las acusaciones en su contra. En el Tribunal de Mayor Riesgo presidido por la jueza Yassmín Barrios, la Fiscalía solicitó que Abelino Chub fuera absuelto por dos delitos y condenado solo por usurpación. Con todas las pruebas, solo lograron acreditar la tercera parte del caso contra el líder comunitario.

1. La acusación

El Ministerio Público señaló a Abelino Chub de organizar a la población para que el 7 de agosto del 2016 invadieran la finca Plan Grande, ubicadas en el municipio de El Estor y que los instigó para que con el rostro cubierto invadieran el terreno inscritos a nombre de las empresa CXI, Sociedad Anónima e Inversiones Cobra, S.A.. También lo acusaron de provocar un incendio en las plantaciones de palma africana.

La Fiscalía agregó que dos meses después, el 26 de octubre del 2016, cuando 1 mil 595 agentes de PNC llegaron al lugar a ejecutar una orden desalojo, la población reaccionó de forma violenta, usando armas de fuego, “lo cual evidenció el alto de nivel de organización y violencia de estos grupos organizados”.

Dos audiencias y 18 testigos después, la Fiscalía no pudo sostener esa acusación.

—No existe una prueba que ubique al señor Abelino Chub en la acción que provocó el incendio—, dijo la fiscal en la audiencia y solicitó que fuera absuelto por ese delito.

También pidió que no fuera condenado por asociación lícita, porque no se comprobó que el líder comunitario fuera parte de una organización criminal.

La última petición de la Fiscalía fue que Chub Caal enfrentara una sentencia de cárcel de tres años por la usurpación de la finca Plan Grande, porque a su criterio, aunque él aseguró que no se encontraba en el lugar de los hechos ese día, uno de los testigos dijo que sí lo vio durante la ocupación de la finca.

Las empresas ven en Abelino Chub un agitador. Carlos Ovalle, abogados de las sociedades anónimas, dijo que antes de que Chub “apareciera” en la comunidad, las compañías tenían buena relación con los pobladores.

—Se entregaron lotes donde ellos vivían y tenían tierra, además se entregó a cada una de las familias unos ecofiltros y otros acuerdos que se llevaron a cabo. La relación con la comunidad era fluida y de respeto, donde se respetaban los liderazgos naturales de esa comunidad. Todo vino a truncarse con la aparición del ahora sindicado—, dijo el abogado durante el juicio

El MP y las empresas insisten en que Abelino Chub dirigió a los comunitarios para invadir una finca. La defensa dice que esa extensión de tierra ha estado habitada por las comunidades desde hace décadas y señalan que el problema de fondo, es la problemática de la propiedad de la tierra.

La defensa asegura que la usurpación no ocurrió porque los terrenos históricamente le pertenecen a las comunidades q'eqchí y que específicamente la comunidad Plan Grande, está asentada en esa área desde hace más de cincuenta años y que el papel de Abelino Chub en este conflicto, era mediar entre las comunidades y las empresas, defender sus derechos humanos y ser un traductor del idioma q'eqchí al español.

Jovita Tzul, abogada del acusado, explicó que él es un interlocutor de las comunidades para garantizar sus derechos no sean vulnerados.

—La tierra para las comunidades indígenas es el motor para las comunidades y es un motor para el pasado, presente y futuro. Nuestra tesis es que existe una acusación que no podrá ser sostenida debido a la falta de objetividad en la investigación (...) se ha dado una constante criminalización del actuar colectivo de las comunidades, señaló durante el debate.

 

Familiares y amigos de Abelino Chub lo acompañan durante el juicio.

Familiares y amigos de Abelino Chub lo acompañan durante el juicio.

2. ¿De quién es la finca?

Para las empresas que denunciaron a Chub Caal, la propiedad de la finca se demuestra con una certificación del Registro de la Propiedad. No obstante, según el peritaje de Harald Waxenecker, historiador y perito en este juicio, la comunidad Plan Grande se posesionó en ese territorio en los años 70, sin tener conocimiento alguno de la situación legal de ese espacio geográfico. La incertidumbre para la comunidad inició cuando se presentaron al área posibles propietarios y los desalojaron. En esa década con ayuda de la municipalidad, lograron que se les designara cinco manzanas de tierra.

La conflictividad se mantuvo hasta esta fecha y se agudizó cuando, en el año 2014, la empresa desmembró la finca y ofreció donar títulos de propiedad a las familias, además de un terreno para la construcción de un cementerio y 20 ecofiltros para la comunidad.

En 2016, la comunidad se dividió en dos grupos: uno de ellos integrado por 19 familias que solicitaron la entrega de la certeza jurídica de los lotes que les fueron ofrecidos y otro grupo de 32 familias que consideró que no era justo vivir en terrenos de dos cuerdas sin tierra para cultivar, por lo que decidieron ocupar dos fincas aledañas.

Según los registros de la Secretaría de Asuntos Agrarios, en septiembre de 2016 las familias solicitaron una mesa de diálogo con Miguel Ángel Arriaza, gerente de la empresa Inversiones Cobra para negociar los terrenos. La empresa se comprometió a entregar la certeza jurídica de 47 lotes, pero solo operó 18 desmembraciones a favor de los comunitarios.

En esas mesas de diálogo participó la Secretaría de Asuntos Agrarios, Gobernación Departamental, la Municipalidad, Copredeh y la Fundación Toriello, donde trabajaba Abelino Chub.

Los comunitarios alegaron que la empresa no cumplió sus compromisos. En su declaración ante el Tribunal, Chub Caal dijo que en julio del 2016, Manuel García, relacionista comunitario de las empresas lo buscó para tener una reunión con el fin de buscar soluciones a la conflictividad en la región. Se reunió con él dos veces entre junio y julio 2016. Ahí llegó Miguel Ángel Arriaza, representante legal de Inversiones Cobra y otro entramado de empresas.

—Me dijo que ya me habían investigado y que sabían que era dirigente de Lívingston, El Estor, Panzós y La Tinta y que yo les iba a ayudar a resolver los conflictos que tenía en la empresa. Me dijo “lo único que quiero con usted es que lleve un dinero, que repartiera en la comunidad Q1,500 en cada junta directiva y Q700 por persona, porque a esos no los quiero ver en mi finca. Hoy te movilizas, allí tenemos un carro y ese carro va a ser para ti y a partir de hoy vas a ser asesor de nuestra empresa, independientemente si estás trabajando con la institución (Fundación Toriello)”.

Según la declaración de Chub, el empresario le ofreció sacar un préstamo para comprar fertilizante y que se dedicara a repartir fertilizante en las comunidades donde tenían conflicto. Si sacaba a las familias de su finca le ofrecieron un viaje turístico con su familia y un apartamento en la Ciudad de Guatemala.

Chub Caal aseguró que rechazó esos ofrecimientos. En la audiencia, Carlos Ovalle negó que su cliente se haya reunido con el líder sindical y presentó fotocopias del pasaporte de Miguel Ángel Alvizurez argumentando que allí constaba que no estaba en Guatemala en esas fechas. El Tribunal rechazó recibir las fotocopias porque el periodo de recepción de pruebas ya había finalizado.

 

Abelino Chub.

Abelino Chub.

3. Problema histórico

Las comunidades en las que Abelino Chub trabajaba están rodeadas de tierra concentrada por parte de empresas dedicadas a los monocultivos. En el juicio se indagó no solo si Abelino Chub estuvo en el lugar de los hechos, si organizó a la población para cometer el delito. Se exploró la propiedad de la tierra, la conflictividad agraria histórica de Guatemala la criminalización de la organización comunitaria y la labor de las instituciones de justicia de Puerto Barrios e Izabal.

Miguel Ángel Arriaza Migoya, gerente de la empresa Inversiones Cobra, Sociedad Anónima, quien según la investigación del perito Harald Waxenecker, es parte de un núcleo familiar que registra 31 sociedades anónimas, es dueño de 35 millones 707 mil 797 metros cuadrados de tierra (equivalentes a 79 caballerías) en el departamento de Izabal.

—Se trata, por ende, de un entramado familiar-empresarial inseparable, que -en términos históricos contextuales-, representa un actor de poder en el entorno de apropiación y uso de la tierra en el área de El Estor, Izabal, al menos desde finales de la guerra en Guatemala (1996)—, señala el investigador en su peritaje.

El investigador expuso en el juicio que la población q’eqchi´ ha sido recurrentemente despojada de sus tierras a través de distintos procesos históricos, promovidos o autorizados por el Estado, así como revestidos de una forma legal.

—Hay una contradicción histórica, son tierras habitadas históricamente con pueblos indígenas campesinos y en la época de Estrada Cabrera estas fincas se entregaron a dedazo a oficiales militares como prebendas o tributos para sostener su régimen. Allí hay una contradicción histórica, hay un continuo ejercicio de poder que desconoce la realidad local y de esto estamos hablando aún hoy en día—, dijo Waxenecker.

Diego Vásquez, investigador de la Universidad Rafael Landívar, expuso en el juicio un peritaje sobre la historia de las comunidades q´eqchi´en el área.

—A finales del siglo XIX, una segunda ola de expropiaciones liberales permitió a muchos extranjeros y ladinos apropiarse de amplias extensiones de terreno, con todo y comunidades q’eqchi´ incluídas—, dijo.

Otro de los peritos en este caso fue Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, quien pidió que el juez Anibal Arteaga fuera investigado por considerar que hubo inconsistencias en la forma en que el caso fue diligenciado hasta llegar a juicio.

—La verdadera razón por la que Abelino está en juicio es porque representa un peligro para los grandes sectores extractivos—, señaló.

Carlos Ovalle, abogado de las empresas, dijo que este no se trata de un conflicto de la tierra, sino de una invasión liderada por Chub Caal y que el problema es la ausencia del Estado y que ven en la finca una forma de acceder a trabajo.

—Respeto mucho el derecho comunitario, la forma de organización de las comunidades, los liderazgos que existen y que se han ganado pulso a pulso subiendo en la escala de respeto de las propias comunidades. Lo he estudiado y lo entiendo. Nosotros tenemos relaciones fluidas con muchos líderes comunitarios de diferentes comunidades alrededor de la finca, que es el único ente productivo que existe en el sector de El Estor, la ven a ella como un sustituto del Estado y nunca hemos tenido conflicto con los líderes, solo con este señor.


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COMENTARIOS

RESPUESTAS

    Walfre Garcia /

    27/04/2019 5:46 AM

    Una muestra como el socialismo a cooptado el sistema de justicia. Yassmin Barrios nuevamente demostrando su afiliación política. ¿Juicio que dura 2 alis? Demuestra como es que no hay un verdadero estado de derecho Guatemala condenada a la turbulencia política.

    ¡Ay no!

    8

    ¡Nítido!



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