Así querían los defensores de militares sacar al juez Gálvez del caso por genocidio

Este lunes 9 de marzo en el Juzgado de Mayor A, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, estaba programado el inicio de una semana de audiencias en un nuevo proceso por masacres cometidas durante el conflicto armado interno.

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En la sala se conocería si Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y Callejas y César Noguera Argueta enfrentarán juicio por una acusación de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público señala que, cuando los tres fueron parte del gobierno de Romeo Lucas García (del 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982), desde sus cargos en el ejército fueron responsables de continuar con la estrategia militar que masacró a cientos de personas de 22 comunidades de los municipios de San Gaspar Chajul, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, en Quiché.

La defensa de los militares trató de impedir que empezara la discusión sobre enviarlos a juicio. Entre el 21 y 24 de febrero, los abogados de los militares retirados presentaron por escrito tres solicitudes para que el juez Gálvez recibiera la declaración de tres de sus testigos en un proceso conocido como anticipo de prueba. El juez las rechazó argumentando que las audiencias ya estaban programadas y que debía respetar los plazos ya establecidos.

Los abogados presentaron otros dos recursos para pedirle al juez que reconsiderara su decisión. Gálvez volvió a rechazarlos.

— En ningún momento me estoy oponiendo a que se puedan presentar medios de investigación. Lamentablemente el tiempo era tarde y la audiencia ya estaba programada. El Ministerio Público también hizo peticiones y no fueron aceptadas, dijo Gálvez en la audiencia.

Su respuesta dio paso a que los defensores presentaran un nuevo recurso. Esta vez para pedir que el caso no sea conocido en un juzgado de mayor riesgo. Según los abogados, el juzgado de Gálvez fue creado solo para conocer casos en contra de militares. Otro de sus argumentos fue que los hechos ocurrieron en 1982 y los juzgados de mayor riesgo fueron creados en el 2009, por lo que no podrían conocer el caso.

— Con el respeto de una persona que lo admira a usted, que valora su conocimiento, pero hay que ser sinceros, estos tribunales son ad hoc, creados para estos fines, están cometiendo una discriminación para los procesados que fueron militares, dijo en la audiencia el abogado Mario Cuevas.

Según los abogados de Lucas, Noguera y Callejas y Callejas, el caso debía ser conocido por un juzgado “normal”, uno de primera instancia, y no de mayor riesgo. Los defensores alegan que no se siguió el procedimiento normal en contra de sus clientes y que por lo tanto sus clientes son víctimas de una estrategia diseñada para violar sus derechos humanos y garantías.

— Ha sido una táctica sucia que ciertos grupos han estado usando esa ley (de procesos de mayor riesgo) para violar garantías (...) Yo solo hago ver la realidad de la naturaleza, violan todo ese convenio internacional, los violan, es una discriminación positiva, donde los militares no tienen derecho porque son militares, a ellos si los pueden discriminar y violar sus derechos humanos, dijo enfático el abogado Cuevas en la audiencia.

Lucas García,  Callejas y Callejas y Noguera Argueta son señalados por el Ministerio Público por haber sido parte del ente de planificación del ejército que definió el tipo de operaciones contra la población Ixil. Por este caso hay alrededor de 200 testigos vivos que esperan declarar en un juicio.

[Leé también: La masacre del 23 de marzo de 1982 y la otra pieza en la historia del genocidio en Guatemala o The massacre of March 23, 1982, and the other chapter of Guatemala’s genocide, por Jody García]

Sacar al juez del caso

Los abogados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), que representa a las víctimas del área Ixil, vieron la petición como una maniobra para detener el trámite del caso.

Según Mynor Melgar, de la ODHAG, si los defensores estaban inconformes con que el caso se conociera en un juzgado de mayor riesgo, debieron pedir que se revisara el proceso cuando inició, no cuando se empieza a discutir si sus clientes enfrentarán un juicio.

— El momento procesal para hacer ver la inconformidad fue al inicio del caso. En se momento supieron quién era el juez y podían manifestar la inconformidad. Esta es una maniobra para entorpecer el proceso, días antes de la acusación. Es difícil no verlo de esa manera, es evidente que es frívolo. Se trata de una forma maliciosa de entorpecer el proceso, dijo en la sala de audiencias.

Pobladores del área ixil afuera de Tribunales.

En una audiencia de este martes 10 de marzo, Gálvez declaró sin lugar la petición de la defensa de los militares para separarse del caso y continúo con una semana de audiencias en las que se conocerán los detalles de la acusación del Ministerio Público para pedir un nuevo juicio por genocidio en Guatemala, esta vez por hechos anteriores al período de Efraín Ríos Montt.

El abogado Jorge Lucas, hijo de Benedicto Lucas, hizo otro intento. Pidió que se suspendiera la audiencia porque no tenía un documento que es parte del expediente y necesitaba estudiarlo para preparar su defensa. Su contraparte, Mynor Melgar, abogado de las víctimas, le respondió le fue entregado desde que el caso inició.

Así, después de dos mañanas entre discusiones legales, la Fiscalía inició la lectura de su investigación sobre las masacres cometidas en Quiché en marzo de 1982: no solo se trata de la muerte de cientos de personas. En el caso el Ministerio Público y los querellantes describen violaciones sexuales a mujeres, torturas, desaparición forzada, desplazamiento forzado, destrucción y saqueo de casas, robo de ganado y herramientas de trabajo, y traslados compulsivos de niños de un lugar a otro.

La sala de audiencias está repleta de personas jóvenes y de avanzada edad que viajaron desde Nebaj para escuchar la resolución del juez; también de observadores internacionales y defensores de derechos humanos. Todos se sientan en silencio, incluídos los tres militares retirados, hombres de avanzada edad que escuchan los relatos de horror que según la Fiscalía, ocurrieron bajo su guardia.