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Caso IGSS-Pisa: Familiares retoman búsqueda de justicia por muertes de víctimas

Más de 60 pacientes renales murieron mientras luchaban por su salud y denunciaban al Seguro Social y la Droguería Pisa de dañar su salud con malos medicamentos. La mayoría de quienes iniciaron las protestas murieron. Ahora sus familiares piden que se reactive la investigación por homicidio.

Actualidad Caso IGSS-Pisa corrupción Droguería Pisa IGSS P258

Josué Leonel Lima fue de los primeros pacientes en denunciar la mala atención por el cambio de proveedor. Falleció en agosto de 2019.

Foto: Carlos Sebastián

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En el 2015 un grupo de pacientes renales salió a manifestar. Con carteles, conferencias de prensa improvisadas y sorteando el tiempo entre sus tratamientos, denunciaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por cambiar al proveedor de los servicios y medicamentos de diálisis peritoneal ambulatoria, un procedimiento para sustituir la función de sus riñones, afectados a niveles crónicos.

Entre el grupo estaban Sorayda Macz, José Leonel Lima, Brenda Dávila, Luz Elvira González de Figueroa y Edgar Méndez. Eran parte de los 530 pacientes de diálisis del IGSS.

Tres meses después de las protestas, denuncias públicas y penales, el contrato fue rescindido y todos los integrantes de la Junta Directiva y la Junta de Licitación del Seguro Social fueron capturados. También los gerentes y representantes de Droguería Pisa y los operadores que fueron parte de la negociación del contrato de Q116 millones.

Quienes iniciaron las manifestaciones murieron mientras buscaban justicia. En los tres meses que Pisa los atendió, se reportaron más de sesenta muertes y más de 150 personas con infecciones. El Procurador de los Derechos Humanos lo declaró como una violación a su derecho a la salud.

• Leé: IGSS-Pisa: La historia de la mujer que lo denunció y ya no está, por Jody García

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) iniciaron un proceso penal por fraude y cuatro años después, el día en que se dictó la sentencia, al final del juicio llegaron solo familiares de las víctimas. No había ningún paciente porque todos los que iniciaron las protestas o murieron o vieron deteriorada su salud al punto de no poder levantarse de la cama.

Sorayda Macz, Claudia Figueroa y más de 60 pacientes fallecieron mientras buscaban y esperaban justicia. Ahora sus familias van a retomar su lucha. Hijos, hijas, viudos y viudas de las víctimas del IGSS-Pisa quieren que avance el expediente de investigación sobre lo que contenían los medicamentos de la empresa que empeoró su estado de salud y redujo su expectativa de vida.

• Mirá este video: Un año de IGSS-Pisa resumido en un video de 2:20, por Lucía Menéndez y Sofía Castillo

El segundo caso

En el 2014 el grupo de pacientes renales llegó al Ministerio Público acompañado de la organización Acción Ciudadana a presentar una denuncia por homicidio culposo. Para esa fecha había muerto ya una decena de sus compañeros.

¿Cómo una empresa sin experiencia ni capacidades fue beneficiada por el IGSS con un contrato de Q116 millones (US$15 millones)?

En el juicio por la corrupción administrativa el MP y la CICIG acusaron que había una negociación tras bambalinas con el asesor del presidente del IGSS, Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la exmagistrada Blanca Stalling. Con Molina Stalling y Juan de Dios Rodríguez, operador del Partido Patriota, al frente del IGSS Pisa saltó de categoría. Participó en una licitación dirigida.

Edgar de La Peña y Ramiro Lorenzana eran gerentes de la empresa Pisa cuando se firmó el contrato. Se reunieron con Molina Stalling previo a la adjudicación del contrato y según las investigaciones pagaron un soborno de alrededor de Q18 millones para ganar.

En su sentencia el Tribunal reconoció que Pisa no tenía licencia sanitaria para atender pacientes y que puso en peligros sus vidas, pero rechazó la teoría que para ganar el concurso, la empresa pagó un soborno.

• Esto te dará contexto: La sentencia del caso de corrupción que mató a 51 pacientes deja tranquilos a acusados y acusadores, por Jody García

Aunque el MP y la CICIG investigaron la corrupción detrás de la firma del contrato, el caso por las muertes no tuvo ningún avance y los familiares de las víctimas quieren sacarlas de la impunidad.

***

Claudia Figueroa es hija de Luz Elvira González de Figueroa, una paciente que murió 18 días después de que Pisa inició a tratarla. Ella declaró en el caso de su madre en el Tribunal que juzgó a todos los que estuvieron involucrados en el contrato. En una entrevista con Nómada habló de su motivación de seguir con la búsqueda de justicia para su madre y sus compañeros.

—¿Qué buscan en esta nueva etapa del caso IGSS-Pisa?
—El sueño de todos lo que tenemos la experiencia en el Seguro Social del mal tratamiento a nuestros familiares, es la posibilidad de levantar el caso por homicidio culposo para lograr justicia por las voces que fueron calladas. Creemos que se cometió negligencia médica al no darles un buen servicio.

—¿Se sabe cuántas personas fueron afectadas por Pisa?
—En el último dato que teníamos es que más de 110 personas fueron infectadas y calculamos que murieron más de 194. Eso se estima, es un dato del que nos fuimos enterando de boca en boca por los que estuvieron expuestos al tratamiento.

—¿Cómo fue el primer juicio y cuál es la expectativa de esta segunda parte?
—La primera parte estamos agradecidos con CICIG por el trabajo que efectuó, que fue para nosotros una gran bendición porque nunca creímos que fuera a llegar a un tribunal este caso. El resultado que se tuvo de la condena para nosotros es una victoria porque no importa lo que haya dicho la Corte de Apelaciones (la Sala Tercera de Apelaciones anuló la sentencia del caso) no está perdida la esperanza de tener una justicia completa.

—En un nuevo proceso como familiares de las víctimas tendrían que volver a declarar lo que vivieron. ¿Qué piensa de volver a enfrentar al sistema de justicia?
—Es lamentable revivir nuevamente lo que hemos pasado pero no nos debemos callar por las nuevas generaciones y las personas de la tercera edad o cualquiera que pueda sufrir una enfermedad renal. Pienso que debemos hacer todo el sacrificio y el esfuerzo como ciudadanos para hacer ver fielmente qué era este tratamiento que les dieron a los pacientes y que no se vuelva a repetir. Por nuestros hijos y por muchas personas que tienen esa enfermedad debemos salir a hablar, a decir la verdad y exigir tratamientos de calidad, dignos para cualquier persona no importa etnia o condición económica.

—Estamos en un contexto donde se está cuestionando el trabajo de la CICIG. En el Congreso se están recibiendo testimonios de personas que consideran haber sido víctimas del trabajo de la CICIG y allí han llegado acusados dentro del caso IGSS-Pisa. ¿Qué piensa usted cuando ve esto?
—Todos tenemos derecho a hablar, a expresar nuestra opinión, nuestros sentimientos, de qué vivimos. Lo que no podemos ocultar es la falta de experiencia que tenía esta empresa. Es fácil hablar cuando las personas estiman que hicieron cosas correctas. Todos tenemos derecho a ser escuchados y para mí la CICIG fue de bendición para el caso IGSS-Pisa porque nos permitió por primera vez a un grupo de personas de escasos recursos llegar y ser escuchados porque éramos víctimas (…) si me llama la comisión de la verdad yo iría a declarar todo lo que el IGSS y Pisa le hicieron a mi mamá y a sus compañeros.

***

Nery Baten es un abogado que está asesorando a las familias de las víctimas de este caso. Contó a Nómada que entre las primeras acciones que se han tomado para reactivar el expediente está hacer un análisis de los reportes médicos que ya existen y revisar cómo las prácticas de Pisa y los medicamentos desestabilizaron la enfermedad de los pacientes renales y aceleraron su muerte. Para llegar al fondo de esa hipótesis se requieren peritajes médicos y químicos.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) está buscando especialistas internacionales para que analicen los expedientes médicos de los pacientes que recibieron los medicamentos y tratamientos de Pisa.

Adeline Neau, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, habló sobre este caso con Nómada.

—La demora en la investigación en un caso emblemático de la lucha contra la impunidad, como el caso IGSS-Pisa es muy preocupante. Deja muchas interrogantes, no solamente para las familias de las víctimas, que llevan más de cuatro años pidiendo justicia por la muerte de sus seres queridos, sino para toda la sociedad en su conjunto que espera respuestas en un caso de esta magnitud. Las violaciones del derecho a la vida deben ser investigadas exhaustivamente y sin dilación. Urge que el Ministerio Público avance con la investigación de este caso emblemático, es su obligación.

• Leé: El pago de Pisa a los sobrevivientes del IGSS parece un gesto humano, pero busca algo más, por Jody García

Los alarmantes números de la enfermedad

En marzo de 2017 la Universidad Galileo y Fundanier presentaron el Primer Informe del Censo de la Enfermedad Renal en Guatemala, donde se dio a conocer que por cada 100 mil habitantes, 10 está en tratamiento por esa enfermedad y que de esos 10, 1 es menor de 20 años, 5 entre los 20 y 49 y 4 tienen más de 50 años.

El dato actualizado es que a la fecha existen 2,578 personas en tratamiento en 16 centros públicos. Sin embargo, el problema es más profundo. En un informe sobre la situación en Guatemala un grupo especialista de médicos anotó que por cada paciente en tratamiento, hay 100 más en los diferentes estadios de la enfermedad.

En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para el 2014 había 564 personas que eran atendidas por diálisis peritoneal, un procedimiento que los enfermos podían realizar en sus casas con estrictas medidas de higiene. En hemodiálisis, el procedimiento en el que los pacientes tienen que estar conectados por cuatro horas a una máquina que drena la sangre de su cuerpo, había 2 mil 861.

Las enfermedades renales son la sexta causa de muerte a nivel mundial.

Jody García
/

Periodista. También lectora y pintora. Trabajó dos años en Diario La Hora cubriendo el sistema de justicia. Llegó a Nómada por el futuro. @Jody_Garcia_


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    Cesar Arizandieta /

    20/11/2019 11:47 PM

    Y a un siguen lucrando con la salud de los enfermos renales...por ser tratamientos extremadamente caros....otorgando contratos a casi cualquier centro de Hemodiálisis sin verificar si cumple con los requerimientos mínimos de atención; otorgando medicamentos de muy mala calidad y en muchos casos dejando de comprar y preveer a los pacientes medicamentos necesarios para sus dolencias; esta baja en abastecimiento de medicamento no solo se da con los pacientes en hemodiálisis si no también con pacientes ya trasplantados...lo cual atenta contra la integridad de nosotros los pacientes...

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Mario /

    20/11/2019 3:25 PM

    Excelentes reportajes. Pero quien va a optimizar el servicio del IGSS si los que están a cargo ni siquiera ponen la cara ni presentan sus planes de mejorar su servicio, además de no reportar cuantas personas son curadas y cuantas muertes provocan sin enterarse que es debido a su deficiencia. Y el pueblo no puede reclamar porque sencillamente no es atendido y la muerte indirectamente provocada

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

      Luis /

      22/11/2019 8:02 AM

      Lamentablemente, ninguna persona es curada. Es una enfermedad terminal, que no es reversible. El tratamiento busca que el patience tenga una mejor calidad de vida. Habria que informarse bien antes de crear falsas expectativas a los pacientes, familiares y lectores.

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!



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