El Congreso elegirá a los nuevos magistrados de apelaciones entre estos nombres

En un salón de la Universidad Mesoamericana, el magistrado Rafael Rojas y decano de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, dirigieron la reunión de la Comisión de Postulación para Corte de Apelaciones.

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En un proceso que duró más tres meses, en ese salón un grupo de 37 personas, entre abogados, académicos y magistrados, recibió y evaluó los expedientes de 912 aspirantes a ocupar un espacio en las Salas de Apelaciones, puestos clave en el sistema de justicia pues desde allí se pueden descartar pruebas, invalidar decisiones de los jueces independientes, retrasar y anular procesos, beneficiar a los funcionarios y empresarios que fueron arrestados en la lucha contra la corrupción y sacar a los presos de la cárcel Mariscal Zavala.

Del total de aspirantes, 554 pasaron la brecha de los 65 puntos de calificación y 270 de ellos quedaron en la nómina final que la Comisión de Postulación enviará al Congreso. Para ser incluídos en esa lista, los candidatos debían conseguir que al menos 25 de los 37 comisionados votaran por ellos. Esta votación inició el pasado lunes 10 de febrero y finalizó la madrugada de este viernes 14.

Los que quedaron fuera, los que pasaron y los que buscan reelección

En la nómina final de aspirantes a la Corte de Apelaciones quedaron excluidos personas que han tenido una trayectoria polémica, como el actual juez Mynor Moto, quien como presidente de la Asociación de Jueces del Organismo Judicial minimizó los ataques que denunció el juez Miguel Ángel Gálvez por el nombramiento de un hombre cercano a grupos militares en la Dirección de Seguridad de los Tribunales.

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También quedó fuera Carlos Guerra, juez que conoció la primera fase del Caso Hogar Seguro y que benefició con libertad condicional a Carlos Rodas, Anahí Keller y Carlos Santos, exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Guerra también fue cuestionado porque como titular del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) no realizó las evaluaciones a los jueces y eso retrasó el trabajo de las Comisiones de Postulación. Fue denunciado por ese incumplimiento.

Uno de aspirantes controversiales que sí alcanzó los votos para ser incluído en la lista fue Romeo Monterrosa Orellana, actual magistrado de apelaciones y miembro de la Comisión de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por ese hecho las organizaciones sociales lo señalaron de incurrir en un conflicto de interés.

Antes de llegar al sistema de justicia, Monterrosa defendió a personas ligadas al crimen organizado, entre ellas: Carlos Amílcar Orellana Donis y Linda Castillo Orellana, del Caso Parlacen; Mauro Salomón Ramírez (alias León de Mar), solicitado en extradición por Estados Unidos por trasiego de cocaína a dicho país; Eduardo Villatoro Cano (alias Guayo Cano) y de su esposa María Isabel Sales López; Jairo Orellana (alias el Rey del Tumbe).

También fue incluida Sonia Doradea Guerra de Mejía, actual magistrada y esposa de Bonerge Mejía, actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Los operadores

No solo los que participan en la mesa de trabajo de la Comisión de Postulación tienen influencia en este proceso. Organizaciones que vigilan el proceso como Movimiento Pro-Justicia y la Fundación Myrna Mack y la Alianza por las Reformas han identificado que los integrantes de las Postuladoras responden a los intereses de cuatro operadores: Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro, Estuardo Gálvez y el sector privado.

Pero ningún grupo alcanza los 25 votos necesarios para tomar una decisión. Para llegar a un consenso se requirió la participación – o negociación- de tres grupos.

En la ronda final de votaciones se observó que los grupos que definían la tendencia de votación era el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Estos son los nombres y los votos obtenidos: