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En febrero, el juez Miguel Ángel Gálvez y la Asociación de Jueces Guatemaltecos por la Integridad denunciaron que a la Dirección de Seguridad del Organismo Judicial llegó Roberto Mota Bonilla, un hombre cercano al gobierno de Jimmy Morales que trabajó en la Secretaría de Inteligencia y en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).
Las alertas de los jueces que en los últimos años han conocido casos de corrupción estatal y violaciones a los derechos humanos, se activaron y denunciaron de manera pública que su vida estaba en peligro con ese nombramiento hecho por Néster Vásquez, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia.
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Después de semanas de cuestionamientos, Mota Bonilla renunció a su cargo, pero el temor de los juzgadores por su integridad física no terminó.
Recientemente, los integrantes de la Asociación de Jueces por la Integridad viajaron a Jamaica, donde se realizó el 172 período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar que su independencia como jueces está siendo vulnerada no solo por actores externos al sector justicia, sino por sus propias autoridades.
—¿Qué pasó con la gente que (Roberto Mota Bonilla) dejó nombrada en la Dirección de Seguridad? ¿Será que ahora nos tenemos que defender no solo de ataques externos, sino de ataques de la misma Corte Suprema y ahora nos vamos a tener que defender de nuestros mismos compañeros?—, dijo el juez Miguel Ángel Gálvez cuando tomó la palabra en la sesión.
El juez Gálvez hablaba sobre Mynor Moto, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), quien en la misma sesión en la CIDH minimizó los ataques que denunciaron y defendió a la actual Corte Suprema de Justicia, representada en la sesión por la magistrada Vitalina Orellana.
La preocupación
Ante la CIDH, el juez Carlos Ruano (quien denunció a la magistrada Blanca Stalling por intentar influir en sus fallos) citó las veces que el presidente Jimmy Morales criticó de forma pública la labor de los juzgadores y los señaló de ejercer un “terrorismo judicial” y los amenazó con no acatar los fallos.
La jueza Dinora Martínez habló del caso de su colega Erika Aifán, quien hace unos días envió a juicio a implicados en el caso Construcción y Corrupción, que conoce procesos relacionados a narcotráfico y crimen organizado y ha sido denunciada decenas de veces.
—A las juezas se les descalifica no solo profesionalmente sino por su condición de mujer. Uno de los casos es el de Erika Aifán, que ha llegado a acumular seis antejuicios, siete quejas disciplinarias, diez denuncias en la Procuraduría de los Derechos Humanos, diez denuncias en la Oficina contra la Tortura y tres denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados—, citó Martínez en la CIDH.
Por su parte Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, criticó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por no pronunciarse de forma pública por los ataques en su contra.
—La Corte mantiene un silencio cómodo y cómplice que permite el empoderamiento de quienes atacan a los jueces—, dijo enfático en la sesión.
Los jueces afectados exigieron de sus autoridades una actitud firme y proactiva en favor de la independencia judicial y pidieron a la CIDH que llamé al Estado de Guatemala a abstenerse a tomar cualquier represalia en su contra y que siga de cerca el trabajo de los juzgadores independientes en Guatemala.
El juez Moto vive otra historia
En la sala de sesiones de la CIDH, el juez Mynor Moto estaba sentado en una mesa diferente que la del resto de sus colegas que denunciaron ataques a su independencia judicial. Moto se sentó junto a Vitalina Orellana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, instancia a la que defendió.
—Guatemala cuenta con jueces y magistrados independientes e íntegros, eso es indiscutible, sino estaríamos ante un fracaso de Estado. Aunque respetamos el posicionamiento de los colegas de la Asociación de Jueces por la Integridad, queremos dejar en claro y enfatizar que no compartimos los señalamientos que contiene la queja de dicha organización contra el Estado y sus instituciones, en específico, la Corte Suprema de Justicia—, dijo durante su intervención.
De acuerdo con el juez Moto, las denuncias de sus colegas no tienen un fundamento serio y su intención, dijo, es “desprestigiar al Estado de Guatemala y al sistema judicial”. Como principal argumento citó su propia experiencia.
—A mí se me ha brindado seguridad y no he tenido realmente una crisis con relación a vivir o experimentar (una vulnerabilidad de seguridad), por ende que yo considero que yo soy autosuficiente como juez para defender la independencia judicial que por mandato de la Constitución me fue delegada—, señaló Moto.
El juez fue denunciado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por el delito de prevaricato y retardo de la justicia por el caso conocido como Bufete de la Impunidad, donde benefició a la magistrada Blanca Stalling y la jueza Martha Sierra de Stalling. También cerró el caso contra Orlando Blanco, a quien la Fiscalía buscaba investigar por financiamiento electoral ilícito.
El juez Gálvez cerró su intervención cuestionando el papel su colega.
—El juez (Mynor) Moto estuvo en mi juzgado como pasante y al él le consta el tipo de trabajo que he realizado en el juzgado. Yo no estuviera aquí porque estoy consciente de que no es suficiente con que la Constitución y las leyes interamericanas hablen de la independencia judicial, cuando el mismo juez es custodio, es el que tiene que poner una barrera y proteger la independencia judicial—, dijo enfático Gálvez.
Por su parte, la magistrada Vitalina Orellana, señaló a los jueces de denunciar en la CIDH ataques diferente a los que según ella expusieron en una reunión en la CSJ y dijo que aunque hay inconformidad con que Roberto Mota Bonilla “dejó tentáculos”, no podían despedir a todo el personal.
Una de las trabajadoras de confianza de Orellana en la Corte es Alba Ruth Sandoval Guerra, quien antes fue parte del bufete de Roberto López Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis” y fue asesora jurídica de la Secretaría General de la Presidencia de Otto Pérez Molina.
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Los ataques contra los jueces se incrementaron en este año electoral. Este año también se elegirá a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Nestor Ariel /
Hasta cuando este Juez Mynor Motto va a hacer lo que quiere sin nadie ponerle un alto. Esperemos que la CC otorgue Amparo en contra de la CSJ por haber rechazado in limine el Antejuicio en su contra. Porque si hay fundamento para declararlo con lugar.
juan sin miedo /
Picaros, corruptos, que como defensores de la constitucion son puras falacias, ya que en realidad son parte de la mafia que existe en la corte suprema de justicia. Son beneficiados por la corrupcion que promueve el gobierno corrupto de el payaso del que ni para chamusquear sirve.
Luis Paraiso /
Esta bien dicho que en Guatemala los jueces no se venden. Lo que no esta dicho es POR CUANTO.
Ronny Cifuentes /
Que temor para los Jueces probos tener de "Compañeros" a Moto y Orellana, puros integrantes de la cosa nostra adheridos al ya famoso e internacional PACTO DE CORRUPTOS, que malos hijos parió la patria.
Nestor Ariel /
Excelente comentario