Un carro averiado, un policía enojado y una denuncia que pone al juez Pablo Xitumul en la cuerda floja

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La noche del sábado 2 de febrero de 2019, el juez Pablo Xitumul junto a sus hijos, sobrinos y otros familiares se dirigían en caravana a un partido de futbol. Iban por el puente El Zapote, en la ruta hacia Ciudad Quetzal, a 15 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, y a 3 kilómetros de su residencia, cuando uno de los carros empezó a fallar. Tras varios intentos para que arrancara, el vehículo quedó varado. El juez asegura que él conducía y que se bajó del carro para ir a recoger a su nieta, a unos minutos del lugar.

Sus familiares permanecieron dentro del automóvil y Xitumul dejó la llave porque al activarse la alarma podrían quedarse encerrados. Un autopatrulla de la PNC pasaba por el lugar y se detuvo cuando vio que las luces de vehículo se apagaban y encendían. Para el inspector José Lindo Cuxaj Ajpop y el agente que lo acompañaba, eso podía significar tres cosas: 1) que el conductor necesitaba auxilio; 2) que iba ebrio o drogado; o 3) que dentro del vehículo había algo ilícito, eso según declaró en audiencias donde denunció a Xitumul.

Cuando el juez regresó al lugar, los policías rodeaban el carro con sus lámparas y tocaban los vidrios para que los pasajeros descendieran y ellos pudieran inspeccionar el auto. Xitumul corrió hacia ellos, dijo que el carro era suyo y pidió la justificación para revisar el vehículo.

De lo que sucedió en ese momento hay dos versiones: La del juez y su familia y la de los policías; además de videos tomados por ambas partes que evidencian que había tensión en lo que inició como una inspección de rutina y terminó con el inspector ligado a proceso por abuso de autoridad y un juez con un antejuicio por el mismo delito.

Tensión alrededor del automóvil

El juez Pablo Xitumul tiene su despacho en el nivel 13 de la Torre de Tribunales. Entre archivos, expedientes, libros y leyes, saca de una esquina un grueso de expedientes lleno de hojas y documentos que mide unos 50 centímetros. El legajo es la acumulación de denuncias en su contra ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados de Guatemala. Las denuncias arreciaron en marzo de 2018, cuando juzgaba a cinco militares implicados en la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981.

El caso en su contra que más lejos ha llegado fue el que presentó el inspector José Lindo Cuxaj Ajpop, jefe de la subestación de la PNC de San Juan Sacatepéquez, quien además lo denunció en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, en la instancia disciplinaria del Organismo Judicial, la PDH y el Ministerio Público, donde el expediente fue enviado a la Fiscalía de Delitos Administrativos.

En su denuncia el inspector asegura que Xitumul utilizó su cargo como juez para evitar la inspección del carro e identificar al hombre que estaba en el asiento del piloto. La base legal del policía para ese procedimiento es el artículo 25 de la Constitución, el mismo que utiliza el juez para asegurar que no se cumplió con el protocolo, pues ese mismo apartado señala que el registro puede hacerse “cuando se establezca causa justificada para ello” y que los agentes deben pertenecer al mismo sexo de los requisados”. Dentro del carro estaba la sobrina de Xitumul.

Cuando el inspector le pidió a Xitumul que se identificara, este le presentó su carnet que lo acredita como juez, pues por gozar de inmunidad incluso este tipo de registros tienen un protocolo específico. Mientras eso sucedía el agente se comunicó con la comisaría de San Juan Sacatepéquez para pedir refuerzos y que de ser posible llegara el Ministerio Público.

Eso provocó más tensión entre los agentes y los familiares del juzgador. Hay un video donde se ve que el inspector toca a Xitumul y que él mete las manos tratando de apartar al policía. De ese acto el juez denunció que Cuxaj lo tomó del cuello y al abalanzarse sobre él fue una agresión.

VIDEO: Momento en el cual inspector de PNC, en supuesto estado de ebriedad, habría agredido al Juez Pablo Xitumul, incidente ocurrió anoche cuando iba acompañado de su familia. pic.twitter.com/3oIJd9lFki

— Alexander Valdéz (@J_AlexValdez) February 3, 2019

La Supervisión de Tribunales, equivalente al Ministerio Público dentro del Organismo Judicial, investigó el caso y concluyó que la víctima era el inspector:

“El juez dice que el inspector Cuxaj lo ataca agarrándolo del cuello y que además de los insultos y a pesar de su condición de juez, eso no le importa al inspector. No tenemos forma de comprobar esos hechos a no ser por los propios videos (...) esos hechos de alguna manera no revisten veracidad porque en los videos presentados no se observa ninguna agresión de parte de los agentes de la PNC, lo que se ve es que hay gente de parte del señor Xitumul que se avalaza (sic) hacia los agentes de la policía, especialmente sobre el inspector Cuxaj y el abalanzarse es amedrentar, es amenazante, es agresión”, dijo Jorge Amilcar Paz Ponce, de la Supervisión de Tribunales en la audiencia en el OJ donde se discutía si el juez merecía una sanción.

Paz Ponce agregó que el juez debió estar agradecido con la presencia de los policías:

“Estos hechos cometidos por el señor juez, al no permitir, al intervenir, porque aunque él hubiera ido manejando un vehículo porque él mismo dijo que se fue a traer a su nietecita y que al regresar ya encontró a los señores agentes ... al no permitir este procedimiento policial el señor Xitumul incurrió en faltas administrativas contenidas en la ley de la carrera judicial. El señor juez no se identifica, no actúa con probidad, no actúa con integridad y honradez, no dice yo soy fulano de tal y estoy en tal situación y gracias porque ustedes están aquí, porque yo sentiría un alivio en ese lugar si se acercaran agentes de seguridad y me brindaran ayuda”, dijo el supervisor.

La defensa del juez evidencia que había una preocupación de su parte por quienes estaban a bordo de su vehículo. El 19 de enero de 2017, uno de sus hijos recibió dos disparos, uno en el rostro y otro que le atravesó la clavícula, cuando estaba en un autobús con ruta a Ciudad Quetzal, un territorio con presencia de las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18, con los pilotos asediados con el cobro de extorsiones.

El hijo del juez estaba en el asiento del piloto, y por su apariencia, los agentes sospechaban que estaba bajo efectos de alcohol o drogas. Liseth Sánchez Aquino, abogada de Xitumul, dijo en esa misma audiencia que a consecuencia del ataque el joven sufre problemas neurológicos y faciales.

—Acá no había ninguna persona bajo efecto de alcohol, sino que había una persona que tenía un tipo de discapacidad, señaló la defensora del juez.

También señaló de atípica la conducta del agente, pues “no es común que un policía ante presentando denuncias por todas partes”, “estas se presentaron sin duda alguna por intentar atacar de forma directa al señor juez”, añadió en la audiencia.

—Si el policía se enoja, estamos en nuestro derecho de ciudadanos de exigir una justificación para la revisión (del vehículo), dijo la abogada Sánchez.

Tras escuchar las dos versiones, la Junta de Disciplina Judicial le dio la razón a Xitumul y rechazó sancionarlo. También archivó el caso. No obstante, la Fiscalía de Delitos Administrativos continúo con el caso y solicitó el trámite del antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia.

El juez Xitumul muestra parte de las denuncias que ha acumulado en su contra.

El juez contra la Corte y la Fiscalía

El pasado 3 de julio, diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia consideraron que había “suficientes elementos de razonabilidad sustentados en una investigación”. Sus argumentos se basaron en la petición del MP, en la denuncia del inspector —y videos que él mismo proporcionó— que aseguró que el juez se “abalanzó sobre él”, “lo empujó” y que intentó detener la diligencia cuando se identificó con su carnet del Organismo Judicial.

El juez pesquisidor a cargo será Eduardo Gálvez Casasola, el magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones que recomendó que el diputado de la UNE, Orlando Blanco, conservara su inmunidad por una investigación de financiamiento electoral ilícito. La misma sala de apelaciones que a petición de la empresa Tigo, logró que el caso por supuestos sobornos entregados a diputados a través de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, fuera cambiado de juzgado para llegar a manos del juez Víctor Cruz, el mismo que emitió una orden de captura en contra de Thelma Aldana, ex Fiscal General.

Para 10 de 13 magistrados de la CSJ, la denuncia era legítima y sin motivaciones políticas, para el resto, las magistradas Delia Dávila, María Eugenia Morales y Silvia Verónica García, la investigación no fue seria ni tenía fundamento y que sus colegas no explicaron por qué tomaron en cuenta solo los vídeos que tomó el inspector.

“(...) Se evidencia que las acciones que originaron las presentes diligencias de antejuicio, contienen motivos espurios, basándose en hechos falsos e inexistentes por lo que debió ser rechazada in limine”, escribió en un voto razonado la magistrada Silvia García.

La magistrada María Eugenia Morales coincidió con ella y agregó que sus colegas al darle trámite al antejuicio no tomaron en cuenta la voluntad en las acciones del juez, quien “buscara proteger su integridad así como la de las demás personas (familiares) que se encontraban con él”.

Para Xitumul, la Corte Suprema de Justicia está actuando de manera ilegal porque ya el órgano disciplinario archivó el caso y el Ministerio Público tergiversó la investigación.

—Lo veo notoriamente ilegal porque también ofenden a mi persona como juez, ofenden y atentan contra la independencia judicial, porque es del conocimiento de la ciudadanía que me ha tocado juzgar en casos muy delicados, tanto de justicia transicional como de crimen organizado, corrupción, pandillas, narcotráfico, etcétera. Es notorio, es palpable, es perceptible, la mala fe, la mala intención, la ilegalidad y también un atentado contra la independencia judicial, dijo el juez al ser entrevistado por Nómada.

—¿Considera que hay algún caso que usted conoció que se convirtió en la razón para tantas denuncias en su contra?
—Intuyo en que de repente piensan que yo me postularé para ser magistrados de sala de apelaciones; recordemos que esta es una estrategia en abanico. Ocurre que el policía fue instruido para denunciarme ante el Colegio de Abogados, ante la Junta de Disciplina Judicial, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos, y eso lo recalcó ante la JDJ. La ilegalidad es que hay varias denuncias en trámite en diferentes instancias sobre un mismo hecho, por eso la ilegalidad de la CSJ de admitir a trámite. Entonces es prohibido por la ley, es un principio universal, es un estándar internacional aplicable en cualquier proceso administrativo penal y de cualquier naturaleza, que no se puede perseguir a una persona dos veces por un mismo hecho.

El trámite del proceso de antejuicio lleva más o menos dos meses. Si después de ese tiempo la actual Corte Suprema de Justicia lo declara sin lugar, el juez perderá su inmunidad para enfrentar proceso por abuso de autoridad, un delito que contempla prisión de 3 a 6 años de cárcel.

Nómada intentó entrevistar al inspector Cuxaj para ampliar su declaración y su versión sobre los hechos. Sin embargo, no se logró el contacto a través del vocero de la institución policial.