María Choc es defensora de derechos humanos de El Estor, Izabal, uno de los cinco municipio en los que el gobierno decretó estado de Sitio. También es traductora del q’eqchi’ en procesos penales en contra de mujeres víctimas de violencia.
“Estamos viviendo este estado de Sitio y estamos en medio de esta pandemia de COVID-19. Son dos cosas que estamos sufriendo y viviendo. Da rabia y coraje porque el que está sufriendo es el pueblo, los hermanos q’eqchi mientras que solo se beneficia a las empresas y al gobierno”, dijo Choc en una entrevista con Nómada a través de Instagram.
El reclamo de la activista es porque en las últimas semanas se reportaron protestas en la carretera principal de El Estor en contra de la Compañía Guatemalteca de Níquel, que suspendió contratos laborales porque las manifestaciones impidieron que pudieran ingresar a la mina materia prima.
Entre las prohibiciones del estado de Sitio decretado en los municipios de El Estor, Livingston, Morales, Panzós y Santa Catarina la Tinta, están el derecho a la libre locomoción, reunión y manifestación. El estado de Calamidad por la pandemia COVID-19 ya restringía la movilidad de los pobladores. La situación se agrava porque el Nor-Oriente del país se ha caracterizado por su organización y resistencia contra empresas que emprenden proyectos extractivos, lo que provoca conflictos entre los mismos vecinos.
“Hemos venido resistiendo y ahora, con esta actualidad y con el estado de Sitio, nos quieren criminalizar. Acá lo que quieren es meternos miedo y callarnos”, enfatizó María Choc.
El temor de la defensora no es extraño. Las acciones que se han presentado ante la Corte de Constitucionalidad para suspender el estado de Sitio resaltan que las restricciones vulneran los derechos de los activistas de la zona, ya que incluso pueden ser detenidos sin que exista una orden de juez.
[Esto te dará contexto: Estado de Sitio en Izabal y Alta Verapaz: amparos, amapola y miedo a la represión. Por Jody García]
Actualmente María Choc vive con arresto domiciliario luego de ser señalada de amenaza a un empresario que ella asegura nunca conoció. La líder indígena asegura que el objetivo de procesarla es detener su trabajo en defensa de lago de Izabal y contra la actividad minera.
“A mi no me da miedo de decir la verdad porque hablo con fundamentos y pruebas”, concluyó. Durante la entrevista pidió que se investigue a los financistas del trabajo de la CGN, una mina que pese a las órdenes de la Corte de Constitucionalidad no ha detenido sus operaciones de extracción de níquel y otros minerales.
Puedes ver acá la entrevista completa:
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