A este caso paradigmático, que terminó con los directivos del banco prófugos o presos, incluido Eduardo González, uno de los hombres fuertes del gobierno de Óscar Berger (2004-2007) e hijo del fundador, se suma ahora un nuevo capítulo que tiene relación con las Comisiones de Postulación. Entre los más de 60 mil documentos, en 2012 el Ministerio Público obtuvo la orden (en imagen arriba) de secuestrar mil cajas con documentación de Bancafé International Bank que estaban en la Superintendencia de Bancos.
Entre cajas apiladas y llenas de expedientes desordenados, por primera vez los fiscales leyeron la frase “Operación de Confianza No. 01-2006”. Era sólo un título, un documento empolvado entre miles de otros documentos.
Para esa fecha el movimiento bancario era un misterio. ¿De qué se trataba la Operación de Confianza firmada entre algunos de los banqueros más importantes del momento? El MP y la firma de auditoría de PriceWaterhouseCoopers (PWC), nombrados custodios de la liquidación de la financiera Bancafé International Bank, tardaron un año en encontrarle sentido a la información desempolvada.
Descubrieron que la llamada “Operación de Confianza” era un documento firmado el 12 de enero del año 2006, donde los representantes de Bancafé entregaban $6.5 millones (Q50 millones) a la off-shore Bancafé International Bank, a través de Financiera del País, Sociedad Anónima (Fipasa), entidad que debía guardar el dinero. Las off-shore son las entidades financieras en paraísos fiscales, que operan fuera del sistema bancario regulado de los países.
El MP y la auditora PWC encontraron más detalles. El movimiento derivó de una orden de Willy Zapata, Superintendente de Bancos nombrado por el expresidente Berger, y ahora ex funcionario citado a declarar desde hace siete años por el Ministerio Público. Ha eludido hablar ante la justicia por medio de doce amparos.
Pocos días después de la Navidad del 2005, la Superintendencia de Bancos concluía una segunda auditoría a Bancafé. Zapata ordenó al banco crear una reserva del 10 por ciento de lo que tenía invertido en Refco Capital Markets Limited, un intermediario bancario que era el más grande de la bolsa de valores de Chicago y que en el 2005 se declaró en bancarrota. La off-shore de Bancafé tenía títulos por $201 millones (Q1,500 millones).
El banco Bancafé, la off-shore Bancafé International Bank, y la financiera Fipasa eran parte de Grupo Financiero del País. Sus representantes legales eran Juan Carlos Maldonado Paz, Ariel Estuardo Camargo Fernández y Juan Eladio Campos Moraga, quienes realizaron esta reserva de forma compartida.
La Operación de Confianza fue así:
Bancafé trasladó títulos de su capital por $6.5 millones (Q50 millones) a la Financiera del País, S.A. Después, estos Q50 millones serían utilizados para que la off-shore de Bancafé lograr cubrir su reserva por $20 millones (Q156 millones). Es decir que la off-shore de Bancafé puso $13.5 millones para cumplir su obligación y Bancafé agregó $6.5 millones, los $6.5 millones (Q50 millones) que no aparecen y que PWC reclama ahora sumado al pago de intereses de diez años, que son otros $15.3 millones (Q100 millones).
Los valores quedarían en custodia de Financiera del País, depositados en la bóveda de seguridad hasta que los banqueros supieran si los $201 millones invertidos en Refco serían devueltos o si se daban por perdidos. Si el dinero en custodia de Refco se recuperaba, el monto de la reserva se devolvería a Banco del Café. Si por el contrario no quedaban a disposición de la entidad bancaria, los $6.5 millones pasarían en definitiva a la off-shore de Bancafé para ser devuelto a sus cuentahabientes.
El dinero de Refco no lo recuperó nunca la off-shore de Bancafé, pese a que un Tribunal de Quiebra del Distrito Sur de Nueva York resolvió que BIB tenía derecho a reclamar el reintegro de $51 millones, y los títulos de la reserva quedaron en la Financiera del País, dicen los abogados de la firma de auditoría PWC.
De Financiera del País a Financiera Rural
Cuando los fiscales y auditores descubrieron estos documentos, el Grupo Financiero del País llevaba ya seis años de no operar. Los investigadores recordaron que después de conocerse la decisión de liquidar las operaciones de Bancafé, otras entidades bancarias como Banrural, Banco Reformador y Banco Agromercantil adquirieron parte de su cartera.
En el Registro Mercantil, el 15 de octubre del 2007 se inscribió el cambio de nombre de Financiera del País (Fipasa) a Financiera Rural (Finrural). Los representantes legales de Finrural son Edgar Efraín Guevara Villatoro, Edgar Rolando Guzmán Bethancourth y Leonel Estuardo Hernández Girón.
Para los abogados de PWC, cuando Finrural adquirió Fipasa, heredó también el compromiso firmado en la Operación de Confianza 001-2006. Es decir, la custodia de los títulos por $6.5 millones que debían estar en sus bóvedas y que según los documentos de PWC, continúa vigente al haber sido suscrita de forma indefinida e irrevocable. Con intereses hasta julio del 2014 el valor de la operación ascendería a $15.3 millones (Q120 millones). Por eso, en octubre del 2013 fue demandada Finrural. Un juicio que se arrastra hasta septiembre de 2014.
PWC busca recuperar los títulos valores y el pago de prejuicios para distribuir el dinero a los depositantes afectados (y cobrar sus honorarios como auditores). Casi un año después el caso se encuentra detenido en la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil. En la demanda se requirió el embargo de títulos de Finrural por un $6.5 millones (Q50 millones), pero la petición fue rechazada.
Nadie sabía, nadie sabe nada
Antes de que el Ministerio Público descubriera la operación bancaria, nadie sabía de su existencia. Al menos eso dicen los involucrados. Dentro del expediente del caso se encuentra una carta envidada por Hugo Figueroa Estrada, Intendente de Estudios y Tecnología de la SIB, donde responde a los abogados de PWC que no sabe nada del tema porque el expediente no se encuentra dentro de los archivos de la institución.
Gustavo Molina, represente legal de Finrural, también responde que al momento de adquirir Fipasa no fueron entregados los documentos y títulos relacionados a la Operación de Confianza 001-2006, y que tampoco hay registros contables que evidencien que en efecto existió.

Fredy Cabrera, abogado de Finrural, decano de la Da Vinci y comisionado para elegir jueces. Foto: Carlos Sebastián (Nómada)
El experimentado Fredy Cabrera, expresidente del Colegio de Abogados, decano de Derecho de la reciente Universidad Da Vinci e integrante de las Comisiones de Postulación, es el abogado de Finrural. En sus palabras, la demanda no avanza ni avanzará porque el dinero del que se habla no existe.
Al momento de que se comprara la Financiera de Bancafé la Junta Monetaria dio la autorización y se cercioró de que se hicieran las diligencias del caso y que no existieran responsabilidades de este tipo pendientes, argumenta el abogado. Cabrera dice que PWC y el Ministerio Público están cometiendo un delito al presentar la demanda. “Cuando secuestraron los documentos era solo para los asuntos penales, el hecho de que se estén yendo a lo civil es un delito. Una recuperación de dinero no puede haber porque la situación ya está caducada y ya se venció y las cobró la Financiera del País”, enfatiza.
Para los abogados y los depositantes que resultaron afectados con el cierre de Bancafé las preguntas que no tienen respuesta son: ¿Estaba vigente la Operación de Confianza 001-2006 al momento de la suspensión del Banco del Café? ¿Cuál fue el destino de la operación de confianza? ¿Quedaron en poder de la financiera? ¿Estaban los valores en la bóveda de Bancafé?
Peso en las Comisiones de Postulación
En las fuerzas que se mueven en las Comisiones de Postulación, hay una vinculada al caso Bancafé. El comisionado Fredy Cabrera llegó a la presidencia del Colegio de Abogados (2011-2013) con el apoyo de Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis y descrito como integrante del trío López que pone nervioso al establishment. Cabrera también es abogado de la firma de auditoría externa de Bancafé, KPMG. KPMG y PWC son dos de las cuatro firmas auditoras más grandes del mundo. Es decir, este pulso es de pesos pesados en el sistema financiero y judicial del país.
Ángel Castro, representante de los depositantes afectados por el cierre de Bancafé, busca evitar que Cabrera siga participando de las Comisiones de Postulación como decano de la Universidad Da Vinci porque ve un conflicto de interés: Cabrera tiene poder para incidir en el nombramiento de los los magistrados más altos del Organismo Judicial, donde se definirá el futuro del caso Bancafé.
Los cuentahabientes de Bancafé tenían depósitos por $169 millones (Q1,318 millones). Sólo han recuperado el 18 por ciento y esperan que los $15.3 millones (Q120 millones) de la Operación Confianza 001-2006 contribuyan. Castro representa a 3,316 personas que perdieron todos sus ahorros. Entre audiencias y retrasos, como las primeras hojas del caso, ha ido envejeciendo. “Mientras esté vivo, seguiré ojo al Cristo con este caso”.
Mauricio /
¿Operaciones de Confianza?............................
Gadiel /
Gracias por esta nota, que interesante recopilación de datos.