Buscar justicia 10 años para recuperar los ahorros

¿Cómo se siente la impunidad en carne propia? Las víctimas han tenido que convertirse en investigadores y casi expertos en el sistema bancario para entender por qué sus ahorros se esfurmaron, por qué su vida se detuvo. Los años ya pasaron por ellos, pero la justicia no llega. Han envejecido al ritmo de la impunidad, y a los casos se les suman amparos, jueces, magistrados y fiscales, y los afectados, cada vez más cansados, diez años después siguen sin respuestas.

Los restos de un 9.99

Llegamos a una esquina de la Sexta Avenida de la zona 1, en la Ciudad de Guatemala. Preguntamos por Ángel Castro, el dueño de un local que vende productos chinos a precios baratos. Una de las mujeres que atiende en el lugar nos guía. Media cuadra adelante levanta una persiana y enciende un par de focos. “Antes aquí era un 9.99”, dice. Ahora solo hay maniquís viejos vigilando mercadería empacada en un negocio que fue próspero hace una década y que ahora parece una bodega desolada. Enciende un par de focos y esperamos.

Ángel Castro, de 70 años, es el empresario que representa a los 3,316 depositantes afectados por el cierre de Bancafé; los cuentahabientes tenían depósitos por $169 millones (Q1,318 millones) y sólo han recuperado el 18 por ciento de lo que perdieron.

Las investigaciones por la quiebra de Bancafé y Bancafé International Bank Ltd, iniciaron en el año 2009. En diciembre de 2011 fueron capturados los directivos del banco, Eduardo González Rivera, Eduardo González Castillo, Jorge Rivera Castillo y cinco personas más. Después fueron detenidasotras seis personas más.

Eduardo González Rivera pasó de ser un lustrador de zapatos a ir creciendo y fundar en 1978 el Banco del Café, que décadas después se convirtió en el cuarto más importante del país. Cuando se anunció que el banco dejaría de operar, su hijo Eduardo González Castillo, uno de los hombres fuertes del gobierno de Óscar Berger (2004-2007), estaba a punto de ser nombrado el candidato presidencial de la gobernante Gran Alianza Nacional (Gana). Sus aspiraciones políticas se frustraron. Hay quienes sostienen la teoría de que el Bancafé podría haber sido salvado, pero que era más conveniente dejar que el banco quebrara para apartarlo de la carrera presidencial de 2007.

En el año 2012 la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó ante el juzgado Décimo, a cargo del cuestionado juez Walter Villatoro, la acusación formal contra los detenidos. Eran más de 60 mil folios de investigaciones. El Ministerio Público estaba listo para pedir que todos fueran enviados a juicio por intermediación financiera, estafa y lavado de dinero, entre otros delitos. Pero el caso se estancó durante dos años porque los abogados defensores estaban inconformes con el juez Villatoro.

En el 2015 un nuevo juez recibió el caso. Aún con la desconfianza que despertaba que un nuevo juez tuviera a su cargo el complejo proceso penal, las víctimas tenían la esperanza de que se retomaran las audiencias y que el Ministerio Público al fin pudiera pedir que los acusados fueran enviados a juicio. Pero no fue así. Todo lo contrario.

En abril de ese mismo año, el juez Mynor Barrera falló a favor de los exdirectivos del Bancafé, sacándolos de prisión preventiva a cambio de una fianza de Q150 mil. El Ministerio Público apeló el fallo y denunció al juez por incumplimiento de deberes, obstrucción a la justicia y prevaricato. Barrera perdió su inmunidad y en cualquier momento puede ser detenido y procesado.

Desde que inició el caso, Ángel Castro, el representante de los afectados, ha estado al menos en 400 audiencias; eso equivale un año y tres meses llegando a diario a la Torre de Tribunales. Entre los juzgados tuvo que construirse una cotidianidad que le permitió aproximarse a los personajes que a diario transitan el lugar. Abogados, fiscales, procuradores, víctimas. Algunos buscan justicia, otros procuran impunidad.

Su conclusión es que en los tribunales es en dónde está la corrupción más grande del sistema democrático, dónde se mueve dinero para detener o desaparecer casos. Incluso dice que hay un grupo de 25 abogados que tiene cooptado el sector justicia desde la Torre de Tribunales. Sus afirmaciones no son inusuales.

En mayo de 2015, Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desmantelaron una red de defensores que traficaba influencias para obtener resoluciones favorables en sus expedientes. El caso fue conocido como Bufete de la Impunidad, e involucró a un grupo de abogados del caso La Línea, acusados de negociar con la jueza Martha Sierra de Stalling para dejar en libertad a Francisco Javier Ortíz, alias Teniente Jeréz, presunto operador de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en las aduanas del país.

Ángel González, un ciudadano, parece ser el rostro de las consecuencias de un sistema de justicia que no funciona porque está torpedeado por procedimientos legales que parecen estar más orientados a la impunidad que a la justicia.

En sus idas y venidas a Tribunales, Ángel Castro escuchó que fue el magistrado Douglas Charchal quién le ordenó al juez Barreda que dejara en libertad a los exdirectivos de Bancafé en la audiencia del 25 de marzo de 2015. Fue a reclamarle a la Corte Suprema de Justicia. Charchal se negaba a recibirlo, cuenta Ángel Castro. Lo atendió hasta que lo amenazó con denunciarlo en la CICIG. "Mire licenciado, lo que yo le vengo a decir aquí no es nada agradable para mí. Me informé de esto en el juzgado tercero y quiero que me lo aclare", recuerda que dijo al magistrado. Charchal lo negó. Le dijo que era evangélico y honesto. Ángel Castro se lo comunicó al MP, pero sin pruebas, no pudo presentar una denuncia.

El encuentro incómodo entre el magistrado y la víctima ocurrió en marzo de 2015. Un año después, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), basada en documentos y en la declaración de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti, denunció que el magistrado Charchal traficó influencias para que se concretara el negocio del gobierno del Partido Patriota con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por el cual la empresa está acusada de pagar $24 millones de soborno.

El magistrado Charchal perdió su inmunidad pero no renunció a su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ahora tiene un permiso sin goce de salario para solventar su situación legal. Ángel Castro cuenta que se han encontrado en los pasillos de Tribunales, él todavía como una víctima, ahora el magistrado como acusado.

"Me da risa cuando dicen que el caso de Otto Pérez Molina está atrasado (fue capturado en septiembre de 2014 y se le han empezado audiencias por varios casos). Si se dieran cuenta de que nosotros ya cumplimos siete años desde que se presentó la denuncia y no hemos llegado a la etapa intermedia, más que todo por acciones que han interpuesto Francis Fischer y los señores González (de Bancafé)”, relata.

El abogado defensor de Fischer, quién fue director de Bancafé, era Henry Comte, actual juez suplente de la Corte de Constitucionalidad, nombrado por el presidente Jimmy Morales. De hecho, Dina Ochoa, la titular que Jimmy Morales designó, ya conoce el caso Bancafé. En abril de 2015 fue una de las tres juezas que negó al MP la petición de que regresaran a la cárcel los exbanqueros. La Fiscal General Thelma Aldana dijo que esa decisión representaba un golpe duro para el MP.

Por esos vínculos la Unidad contra el Robo de Bancos del MP, presentó una petición ante la Corte de Constitucionalidad. Solicitan que los magistrados Comte, Ochoa y María de Los Ángeles Araujo se mantengan alejados del caso y que no conozcan ninguna situación que tenga que ver con él. El 23 de agosto de 2016 debería reiniciarse las audiencias de este expediente.

Uno de los pocos avances que ha tenido el caso, es la demanda que presentó la firma de auditoría global PriceWaterhouseCoopers (PWC) contra Financiera Rural (Finrural, del Grupo Financiero Banrural) por un movimiento bancario en Bancafé denominado Operación de Confianza.

Este año, la Corte de Constitucionalidad (CC), a pesar de apelaciones de Fredy Cabrera, el abogado de Finrural, ordenó que la demanda debía continuar su trámite, es decir, el juzgado civil que recibió el caso deberá iniciar el juicio que busca recuperar Q120 millones de Bancafé que no aparecen y que en parte servirían para pagar a muchos de los cuentahabientes afectados.

En primer plano, Eduardo González hijo, uno de los exdirectivos de Banrural. Atrás de él, Ángel Castro.

Lea más de la demanda por Q120 millones

Según Ángel Castro, quienes se han beneficiado del letargo del caso Bancafé han sido los defensores. Afirma que escuchó que uno de los abogados había cobrado honorarios hasta por Q12 millones. Más que molestia, eso despierta otra reacción en él. "Por qué no reunieron todo ese dinero y nos pidieron perdón”, se pregunta, “que nos digan hicimos esta coperacha y distribúyanse ustedes todo éste dinero. Si a mí me piden perdón, con honor, yo perdono", dice.

Dejaría todo el caso si ve un arrepentimiento sincero en los ex banqueros, a quienes llama los verdaderos cooptadores del Estado.

“Que me pidan públicamente perdón por haberme engañado, por haber destruido mis empresas, por casi haber destruído mi hogar, por casi haber destruído mi formación y mi espíritu luchador. ¿Usted sabe lo que es perder una cantidad de dinero tan grande y quedarse con una deuda de 2 millones de dólares? Es un mazaso el que me dieron, me dejaron bruto”, dice agitado, molesto, perdiendo la expresión afable en su rostro.

De los afectados han muerto más de 100 personas. Entre los que aún viven hay personas “desquiciadas”, cuenta Ángel Castro, gente que camina pero ya no vive, individuos que en una estafa bancaria perdieron los frutos de todo el trabajo de su vida y que llevan diez años esperando una respuesta que parece tardará mucho en llegar.

El vendedor de computadoras que se volvió investigador

Todos los jueves frente a la Torre de Tribunales un grupo de personas se reúne frente a la entrada principal del Ministerio Público. Son los afectados por la estafa en el Banco de Comercio. Se identifican con una manta beige de letras verdes. Son liderados por Raúl Maldonado, un hombre hiperactivo de 50 años que lleva la última década dando vueltas por todos lados para ayudarle al Ministerio Público a resolver el caso que le cambió –y casi le arruina– la vida.

Raúl Maldonado conversa junto a otro de los estafados por el Banco de Comercio.

Corrupción corporativa, impunidad, poder económico. Después de diez años de vivir la impunidad en carne propia, Maldonado sabe bien lo que hay detrás de cada una de esas frases y palabras. En enero de 2007 la sociedad guatemalteca no había salido del susto de la suspensión de las operaciones de Bancafé, cuando se anunció que Banco de Comercio estaba en quiebra. Allí inició la amarga y larga lucha de las víctimas de una nueva estafa, ésta vez de Q1,800 millones.

Los afectados se han tenido que convertir en investigadores, en una especie de auxiliares para los fiscales del Ministerio Público que no se dan abasto para resolver el caso. Son casi 8,000 cuentahabientes afectados en 12 departamentos del país y para reunir todas las declaraciones que servirán como pruebas en el caso, Maldonado visitó a alrededor 6,400 personas. Todo lo que las víctimas dijeron ya es parte de las investigaciones de la Unidad contra el Robo de Bancos del MP.

A diferencia del caso Bancafé, el proceso penal por Banco de Comercio, ya tienen a una persona condenada. Roberto Segovia Olivottto, exgerente de la entidad, fue encontrado culpable y sentenciado a 33 años de cárcel y el pago de una multa por Q140 millones. El 30 de mayo de 2013 el Tribunal Sexto de Sentencia Penal le dio validez a las investigaciones de la Fiscalía y a la vez ordenó que las pesquisas alcanzaran a María Antonieta De Bonilla y Willy Zapata, expresidenta del Banco de Guatemala y exsuperintendente de Bancos, respectivamente.

Al ser entrevistado, el representante de los afectados dijo que el caso es demasiado grande para que el Ministerio Público investigue solo y que además podría involucrar a esferas de poder económico y político del país que buscan perpetuar la impunidad. Por ello, le han solicitado a Thelma Aldana que la CICIG colabore y acompañe a la Fiscalía en el proceso. Maldonado asegura que la Fiscal General no ha hecho esa petición y que en cambio, el expediente fue trasladado de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, a cargo de Rony López, a la Fiscalía contra la Corrupción, una unidad con fama de ser inoperante.

“Los fiscales consideran que por el tiempo transcurrido habrían responsables que quedarían sin recibir castigo por la prescripción de los delitos. Algo que creemos puede suceder si el caso sigue estancado”, dice preocupado Raúl Maldonado.

Por dos semanas se buscó una entrevista con los fiscales Rony López y Saúl Sánchez para hablar del caso. El primero no respondió las llamadas ni mensajes a su celular, y el segundo dijo que necesitaba autorización de López para dar declaraciones. Ese permiso nunca llegó. Los encargados de los expedientes no pudieron responder por qué se detuvieron las investigaciones contra cuatro de las personas señaladas en el caso Bancafé, por qué diez años después ambos casos se encuentran estancados, ni cuál es el cuál es el curso de las pesquisas contra De Bonilla y Zapata.

“No somos la pintura que adorna la parte de afuera del MP todos los jueves en la mañana. Somos seres humanos”, recrimina Maldonado. Casi todos los días, desde la cuenta de Twitter @EstafadosxBanco los afectados le escriben a Thelma Aldana, Iván Velásquez y Alberto Brunori que no se olviden de ellos, que los ayuden a que el proceso salga del estancamiento y puedan recuperar su dinero.

Lo perdido en Banco de Comercio fueron Q1,800 millones. La mitad del dinero es de 98 por ciento de las víctimas, que tenían menos de un millón en sus cuentas.

Ambos afectados recuerdan que Willy Zapata, exsuperintendente de Bancos, que desde hace 7 años ha sido citado a declarar, pero por medio de 12 amparos ha frenado su presencia en tribunales. Nómada intentó localizarlo para una entrevista, todavía sin éxito.