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CICIG fuerza al Gobierno a renovar su continuidad en Guatemala

De la contención a la pasión. Del gesto comedido a los puños apretados. De la declaración sin mensaje, al mensaje más eufórico. Después de dos años de trabajo, más de una veintena de investigaciones en el período, y un gobierno del Partido Patriota reacio a su continuidad, un solo caso ha determinado la permanencia hasta el 2017 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Y el cauto Iván Velásquez, jefe de la Comisión, pasó así de la mesura a personificar la efusividad: “Estamos dispuestos a entregar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación y todo nuestro tiempo”. Una declaración de intenciones que llevó a la vicepresidenta Roxana Baldetti a dar un largo trago de agua pura.

CICIG fuerza guatemala n135 P147 Pérez Molina política renovación

El presidente y el comisoinado se saludan después una conferencia de prensa conjunta.

Fotos: Carlos Sebastián

En un evento en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, la continuidad de la CICIG, que se prorrogan cada dos, fue un respiro para los sectores de la sociedad civil que pedían su estadía, y un intento del gobierno de contener el golpe que tan cerca de ellos estuvo con el caso SAT. La CICIG enseñó el musculo, asestó un golpe y fue maestro. Se queda.

Hasta hace una semana, el escenario era distinto. Desde diciembre de 2013, el presidente Otto Pérez Molina se resistía a prorrogar el mandato de la Comisión inventada por la sociedad civil y el gobierno y aprobada un lejano septiembre de 2007, a plena campaña electoral. Pérez Molina, efusivo creyente en la CICIG hasta antes de llegar a ser presidente, se molestaba cuando se lo preguntaban. Se resistía a dar una respuesta. No quería decir sus previsibles intenciones.

Pero cambió su discurso. Con un tono más cauteloso empezó a hablar de que si la CICIG se quedaba, quizás, sería solo para dedicarse al traspaso de capacidades. El 14 de abril, en una entrevista de radio se quejó de presiones. Dijo que la sociedad civil y algunos medios de comunicación trataban de influir en su decisión. Dijo que "algunos que me quieren presionar diciendo que el Presidente tiene miedo que siga la CICIG porque lo va a investigar. La CICIG no viene aquí a investigar presidentes”, intentó zanjar fallidamente.

Hasta que la CICIG llevó una investigación hasta la oficina de su Vicepresidencia.

Hoy, acuerpado por todo su gabinete de gobierno, el presidente se dijo convencido de que el país estaba en momentos cruciales y necesitaba una limpieza en las instituciones.

 

Las caras del gabinete no eran las más entusiasmadas.

Las caras del gabinete no eran las más entusiasmadas.

El #casoSAT relegitimó el mandato de la CICIG no solamente frente a parte de la población que era escéptica sino también en el gabinete de gobierno. Y es que desde el lunes 20 el presidente estuvo en reuniones con su gabinete y el cuerpo diplomático buscando consejo. O negociando. O planificando cómo anunciaría el cambio de guión que tendría una respuesta fue favorable. La decisión se adelantó cinco meses. Y no era para menos. Las presiones lo demandaban.

En su visita en marzo pasado, el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, condicionó la millonaria ayuda de su país a la continuidad de la CICIG. La indignación de la población creció. Ban-Ki Moon, secretario General de Naciones Unidas, mandó a decir que esperaba la renovación del mandato. El embajador de Estados Unidos y el nuevo presidente del CACIF también decían #CICIGsí. El presidente no cedió. El presidente prefirió respaldarse en el, según él, muy necesario informe de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. Una instancia que recientemente ha sido inoperante y que está conformada por cuatro autoridades de seguridad y justicia nombradas por Pérez Molina o votadas por el PP en el Congreso.

La CICIG al mando de Iván Velásquez parece ser el capítulo incontestable de la Comisión. Carlos Castresana, el abogado español y primer comisionado, resolvió el caso Rosenberg y le dio fuerza la Comisión frente al resto de la sociedad. Pero sus modos directos y altisonantes sacaron de quicio a los detractores de la Comisión, que le declararon la guerra. Al final, se autoinmoló para evitar que las estructuras paralalelas tomaran de regreso el Ministerio Público cuando el presidente Álvaro Colom nombró a Conrado Reyes.

La renuncia logró su cometido e hizo que Colom nombrara a la mejor candidata sobre el papel, Claudia Paz y Paz, que llevó al Ministerio Público a niveles de independencia, efectividad y lucha contra la impunidad de los poderosos nunca antes vista en Centroamérica (enjuició a narcos, políticos corruptos, banqueros lavadores de dinero o militares violadores de derechos humanos).

El siguiente comisionado, el fiscal costarricense Francisco Dall’Anese, pasó con más pena que gloria y se le recuerda porque escribió una novela de ficción mientras era comisionado. Pero durante su mandato también hubo éxitos. Se siguió el caso por limpieza social contra los altos funcionarios de seguridad del gobierno de Óscar Berger. Por los asesinatos en la toma de la cárcel de Pavón se enjuició al subdirector de la PNC en Austria (Javier Figueroa, declarado inocente) y al exdirector de la PNC en Suiza (Erwin Sperisen, sentenciado a cadena perpetua).

La estrategia de llegar hasta el círculo del Presidente

Velásquez, el responsable en Colombia de llevar a la cárcel a los diputados con nexos con el paramilitarismo y también de perseguir a Pablo Escobar, llegó como tercer comisionado en tiempos en los que la Comisión estaba en su punto más bajo de credibilidad ante la opinión pública. Su misión era devolver la CICIG al primer plano. Y lo hizo con una estrategia arriesgada: con casos que tocaran a los amigos del presidente Otto Pérez Molina.

Velásquez que llegó al país en septiembre del 2013, se mostró decidido desde el inicio. Se reunió con decenas de organizaciones civiles, políticas, universidades, instituciones. Todo para conocer cuáles eran las principales preocupaciones acerca del funcionamiento del Estado. La conclusión: corrupción en aduanas y financiamiento de partidos políticos.

La CICIG llegó al círculo del presidente primero con el caso de la red paralela en el Sistema Penitenciario, en el que un reo y el jefe de las cárceles cobraban por traslados de reos y en el que salió a luz pública que un reo, Byron Lima, le dijo a quiénes poner a dirigir las cárceles al ministro de Gobernación y amigo del Presidente, Mauricio López Bonilla.

Después con la investigación sobre la manipulación del Partido Patriota en la elección de jueces. Y llegó hasta Gudy Rivera, fundador del PP y primer presidente legislativo.

Pero con el #casoSAT parece haber conseguido lo incontestable. Llegó hasta la mano derecha, Juan Carlos Monzón, de la misma vicepresidente Baldetti.

Y logró la continuidad.

Los ánimos ayer en el Palacio

Cuando el presidente anunció ayer que pediría a las Naciones Unidas la continuidad de la CICIG la reacción de Velásquez desentonó con la del resto del gabinete. Su efusivo discurso incluyó frases energéticas sobre la lucha contra la impunidad, la justicia administrada con independencia y reivindicación del Estado.

El Comisionado también habló a sus detractores. Dijo que las críticas a la CICIG eran más por desconocimiento, que quizás por generar controversias insanas. “La entidad no ha sabido comunicar a la población su trabajo”, admitió. Pero quiso ser cercano, no volver a caer en la distancia entre su institución y los guatemaltecos. De eso resaltó que la Comisión no debe ser considerada como un cuerpo externo, ajeno sino como un grupo de personas interesadas en contribuir.

 

El presidente y el comisionado, en la conferencia de ayer.

El presidente y el comisionado, en la conferencia de ayer.

Mientras el presidente le anunciaba al país que la CICIG se quedaría en Guatemala hasta el 2016, una semana exacta después de que explotara caso SAT, el Partido Patriota seguía desquebrajándose. A un kilómetro del Palacio Nacional de la Cultura, en el Tribunal Supremo Electoral, Tono Coro, ex alcalde de Santa Catarina Pinula y posible candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala, presentaba su renuncia al partido por presiones para ser el candidato presidencial del PP. Los diputados Juan David Alcázar, Pedro Muadi y (extraoficialmente) Juan José Porras también se van.

Horas más tarde, Claudia Méndez Asencio, intendente de Aduanas renunciaba a su puesto. En las investigaciones del Ministerio Público, ninguna de las escuchas telefónicas la vinculó. No había pruebas en su contra para señalarla como miembro de la estructura de La Línea, pero su cercanía con Baldetti parece haber pesado más.

Por el contrario, el líder de toda esta red de defraudación aduanera, Juan Carlos Monzón, sigue prófugo. Está por verse si la vicepresidente Baldetti lo ayudó a fugarse.

El caso SAT no ha terminado. Falta la segunda parte de una investigación sobre los importadores que pagaban los sobornos a los técnicos aduaneros de la red dirigida por el ex secretario privado de la vicepresidente. El Patriota se desmorona y la CICIG resiste, vigilante.

Jody García
/

Periodista. También lectora y pintora. Trabajó dos años en Diario La Hora cubriendo el sistema de justicia. Llegó a Nómada por el futuro. @Jody_Garcia_


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    ANONIMO /

    25/04/2015 9:19 PM

    Muy buen artículo pero por favor aprendan a conjugar el verbo forzar.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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