Claudia Paz y 4 expertos rebatirán versión del gobierno mexicano sobre 43 estudiantes

Claudia Paz, fiscal del Ministerio Público entre 2010 y 2014, responsable de la reducción de los niveles de impunidad en Guatemala de 98% a 72% y de juicios a narcotraficantes, militares, políticos y violadores, está acompañada de cuatro expertos iberoamericanos. Los colombianos Ángela Buitrago (socióloga) y Alejandro Valencia (abogado), el chileno Francisco Cox (abogado) y el español Carlos Beristain (médico y psicólogo).

Éste es el ambiente en el que se moverán los cinco investigadores a partir de marzo:

El crimen del 26 de septiembre de 2014, ocurrido a mil kilómetros de la frontera con Guatemala, está convirtiéndose en un titánic para el gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, que lleva sólo dos de los seis años de su mandato, y ha perdido legitimidad para gobernar para muchas fuerzas políticas en su país.

El caso mostró la relación simbiótica entre criminales y autoridades. Los estudiantes, radicales, iban a protestar en un acto público de la esposa del alcalde de su municipio. Y la pareja de políticos, alcalde y esposa, encargaron a los policías locales y al cartel Guerreros Unidos que desaparecieran a los estudiantes.

El alcalde y su esposa, en una foto publicada por El País.

La oficina de investigación nacional mexicana, la Procuraduría General de la República (PRG), hizo pública su versión de los hechos una semana antes de una multitudinaria manifestación en el Distrito Federal, el 7 de noviembre. Dijeron que acababa el misterio sobre los 43 estudiantes desaparecidos porque testigos y criminales habían confesado que los habían asesinado en el basurero de un pueblo vecino esa misma noche.

La versión no fue creída por todo el mundo. Los familiares y las organizaciones sociales la rechazaron. Nómada fue el primer medio en contestarla. Desde México, la periodista Claudia Munaiz escribió el 12 de noviembre que era imposible la versión del gobierno mexicano porque esa noche llovía en el basurero del pueblo de Cocula y porque era imposible incinerar 43 cuerpos con fuego producido por neumáticos.

El escepticismo se convirtió en mainstream. El dúo musical Calle 13 apareció en la entrega de los premios Grammy con una camiseta sobre Ayotzinapa. Y el concierto en el DF se convirtió en una acción por los estudiantes.

La versión oficial mexicana obtuvo otras dos contestaciones contundentes. Los forenses austriacos a donde se enviaron los restos de los estudiantes no pudieron encontrar rastros de ADN de todas las víctimas. Y el equipo de antropólogos forenses argentinos convocado por las familias de los estudiantes acusó a la PGR de manipular evidencias para que cuadrara su versión, que la PGR ha nombrado “la verdad histórica” el 27 de enero pasado.

Según escribió la periodista Marcela Turati en la revista Proceso, con base en las conclusiones del equipo forense argentino, “la PGR erró en 20 perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa enviados a Austria para ser identificados; omitió decir que el basurero –donde supuestamente fueron calcinados los 43 estudiantes– ha sido un lugar de quema desde hace cuatro años y que al menos contenía el cadáver de una persona que no es ninguna de los estudiantes”. La PGR recolectó evidencias balística y tierra a espaldas del equipo argentino; dejó sin vigilancia el basurero, a pesar de ser un “sitio clave” para la investigación; sigue sin constar de dónde salió el hueso que corresponde al estudiante identificado Alexander Mora Venancio, “entre otras serias dificultades” mencionadas.

El equipo argentino es el más grande de antropólogos forenses del mundo, junto al de Guatemala, y en ambos países han aportado evidencias a la justicia por crímenes ocurridos hace 30 años. En México, el gobierno ha empezado a descalificarlos.

De hecho, el presidente Peña Nieto, consciente del titánic en el que se está convirtiendo el caso, ha pedido “pasar página”. En este video de un minuto, muestra su solidaridad con los estudiantes.

Pero el caso está lejos de su final. La nueva línea de investigación es que los estudiantes sólo pudieron ser quemados en un crematorio. Y en Guerrero hay muy pocos; incluido uno del ejército mexicano.

La periodista Turati hizo un recorrido por las funerarias y concluyó que en ese estado de México, a 200 kilómetros del DF, desaparecen hasta los crematorios.

En este marco llegaron a México los cinco expertos, encabezados por Claudia Paz. Deberán concluir con una investigación independiente sobre la desaparición que parece haber hecho que México toque fondo.

El escenario se asemeja al que había en Guatemala en el lejano año de 2006, cuando un grupo de policías nacionales asesinó y quemó a tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano. Fueron capturados porque el GPS de su patrulla y cámaras los delataron, pero fueron asesinados dentro de la prisión de alta seguridad por pandilleros, con la autorización indispensable de las autoridades. Ante el fracaso del Estado para acabar con los nexos entre autoridades y criminales, Guatemala optó por inventar una Comisión Internacional Contra la Impunidad.

México, de momento, ha invitado a cinco expertos de la CIDH.