Cuando las elecciones ya no son la solución (II)

Bajo el principio de que los problemas de la democracia solo pueden solucionarse en democracia y con más democracia, el politólogo brasileño Leonardo Avritzer propone lo contrario a ese reflejo autoritario pavloviano bajo el nombre de ‘públicos participativos’: ampliar el espacio de participación popular en los procesos de formulación e implementación de políticas pública.

A partir del análisis de experiencias de organización y participación ciudadana en Brasil, Argentina y México, identifica que la participación ciudadana en la deliberación de problemas públicos específicos ha permitido el surgimiento de formas de democratización ‘horizontal’ que comienzan a dar respuestas a los tres problemas fundamentales que aquejan a la democracia en el continente –y que el sistema político tradicional no ha logrado encontrar-: la desvinculación entre la moral y la política, la instrumentalización de la política para beneficios particulares, y la proliferación de redes clientelares que ‘mediatizan’ el vínculo entre sociedad y autoridad política.

Experiencias como implementar espacios para una participación directa de la ciudadanía en la discusión de presupuestos municipales en ciudades brasileñas –y ahora adoptado alrededor del mundo-, o el reconocimiento oficial a la función de fiscalización electoral de una coalición cívica en México, son algunos de los ejemplos que cita de esfuerzos de participación ciudadana en procesos de política pública que han tenido resultados concretos.

El reconocimiento de los efectos positivos que tiene mediante procesos de deliberación pública, y de fiscalización a la función pública, ha llevado que estos mecanismos de participación sean institucionalizados, como en el caso de los consejos ciudadanos de salud y de asistencia social previstos en la constitución brasileña, o las comisiones de barrio instituidas en México D.F.

Más allá del efecto positivo que tiene en el tema específico en el que ocurre –elecciones, salud pública, gobierno local-, este involucramiento deliberativo o fiscalizador constituye una forma de transformación política desde la base: rompe con la lógica de las intermediaciones clientelares y da significado concreto al principio abstracto de la ‘participación ciudadana’ más allá de los comicios.

De allí su propuesta de comenzar a articular las capacidades, las iniciativas y los espacios existentes para la participación popular –deliberación y fiscalización- para transformarlos de mecanismos destinados a la resolución de problemas puntuales de la política pública, en una estrategia política que permita oxigenar el sistema político y cambiar el marco de incentivos y motivaciones clientelares que actualmente pervierte nuestra democracia.

Desde esta perspectiva, el escenario comienza a parecer menos desesperanzador. Por razones históricas, a menudo trágicas, existen en el país muchas y diversas formas de organización comunitaria y social. Algunas se han desarrollado al margen de la política, como formas en las que la población enfrenta los vacíos causados por un estado ausente, autista e incapaz.

Otras han sido precisamente producto de la política, surgidas de la necesidad de aunar esfuerzos frente a los desmanes del estado autoritario o, ya en la nueva etapa democrática, a la desatención, desinterés y desvaríos de las autoridades políticas. Hay organizaciones que han logrado mejorar la calidad de vida de sus comunidades en el interior del país mediante soluciones concretas a problemas puntuales, o coaliciones ciudadanas que están plantando cara a la penetración criminal y clientelar en el sistema de justicia, por citar dos ejemplos que evidencian la capacidad existente y su impacto positivo.

Pero continúan siendo iniciativas dispersas, desarticuladas, puntuales; desprovistas de un horizonte estratégico democratizador y de una capacidad de acción sistémica que efectivamente comiencen a cambiar los términos del intercambio político que impone la lógica clientelar: inmoral, materializada, instrumental.

La democracia participativa, si se queda en ejercicios aislados de participación ciudadana –comités de barrio por aquí, alguna comisión técnica por allá- no va a ser suficiente para transformar el panorama. Es más, podría incluso llegar a oxigenar el sistema patrimonialista, al darle un "barniz" de participación a un sistema cooptado clientelarmente, al estilo de las ‘democracias de fachada’ del período contrainsurgente.

Pero asumida estratégicamente, como proyecto de construcción de ciudadanía y desarrollo del espacio público –elementos necesarios en una democracia y gravemente deficitarios en Guatemala- puede convertirse en un recurso adicional que nos permita sacar a nuestra democracia del marasmo en el que se encuentra, generando un proceso de transformación ‘de abajo hacia arriba’ y ‘de la periferia al centro’.

No se trata de terminar con las prácticas partidarias y electorales que son necesarias a toda democracia: no hay democracia sin partidos políticos. Tampoco se trata de renunciar definitivamente a la arena electoral: a largo plazo sería suicida. Se trata de generar nuevas oportunidades para el cambio democrático; rutas que no han sido exploradas ni trazadas, más allá de los mecanismos y las prácticas de la democracia representativa. Es lo que los expertos llaman ‘ampliar el canon de la democracia’.

Adentrarse en esta ruta no va a ser tarea fácil ni rápida, pero sí es posible y, francamente, difícil ver otra a corto plazo. ¿Cómo construir un proyecto de democracia participativa para Guatemala, de horizonte estratégico y viabilidad política? Esa es la pregunta crítica. Pero sin duda, pasa por la movilización ciudadana; pasa por el compromiso de la participación; pasa por dejar de pensar que la política es algo que le corresponde a los políticos. Pasa por un cambio de nuestras actitudes y nuestras acciones como miembros de un colectivo democrático. ¿Estamos preparados para hacerlo?

*Este texto es el segundo de una serie del autor. El primero “¿Qué hacer cuándo las elecciones ya no son la solución?”se publicó el 27/01/2015.