¿De qué acusan MP-CICIG a estos 10 poderosos aliados del PP?

¿Cómo se relacionaban los cheques, boletas de depósitos, escrituras de creación de sociedades anónimas, facturas de adquisición de vehículos, lanchas, casas, reportes de utilidades, balances y estados financieros con el Partido Patriota (PP) y la gestión del entonces presidente Otto Pérez Molina? En esa inmensa cantidad de información, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) encontraron los indicios que después de meses de investigación, evidencias concretas, análisis, entrevistas e interrogatorios se convertirían en el caso Cooptación del Estado, ese que está demostrando que La Línea solo era uno de los tantos negocios del gobierno.

El partido que ganó las elecciones en el 2011 no era un partido, era un cártel, una estructura criminal: 53 de sus financistas, operadores y empresarios aliados hoy están sentados frente al juez Miguel Ángel Gálvez, señalados haber cometido los delitos de financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita.

Las primeras audiencias del caso Cooptación del Estado.

Estos 10 se encuentran entre los más poderosos que el MP y la CICIG están acusando.

1. Ana Graciela López y Blue Oil

En 2011, la entonces gerente de las gasolineras Blue Oil contactó a Juan Carlos Monzón para entregar cheques que servirían para financiar en secreto la campaña del PP. No pedían recibo ni constancia de pago. A cambio, y para ocultar su apoyo, recibían facturas quincenales de las empresas de cartón del PP, Adinse y Multiempresarial HJ, por servicios que no eran prestados.

Ana Graciela López. Foto: Rocío Conde.

En total, la empresa que se describe como líder en comercialización y distribución de hidrocarburos en la costa del Pacífico de América, aportó Q887 mil (US$115 mil). El Ministerio Público tiene la copia de esos cheques, que claro, no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y engañaron a la oficina de impuestos, la SAT. No es sólo el testimonio de 2016 de Juan Carlos Monzón.

2. Alvaro Mayorga y Conasa

El empresario y expresidente de la Cámara de la Construcción del sector privado organizado en el Cacif, era uno de los dueños y el representante legal de Conasa, constructora aliada de Cementos Progreso. Es una megaempresa que hizo la nueva carretera privada que une el Sur y el Norte de la Ciudad de Guatemala. Contactó al PP en el 2011, cuando Pérez Molina y Baldetti estaban cerca de ganar las elecciones.

Mayorga se puso de acuerdo con Juan Carlos Monzón para ocultar al TSE aportes de Q2 millones para a la campaña del PP. Utilizaron el mismo método que el resto de financistas. Entregaban a las empresas fachada el dinero a cambio de facturas por servicios no prestados y su financiamiento se registraban en la contabilidad oculta del PP bajo el rubro Enano, como apodaban a Mayorga.

Álvaro Mayorga, en una foto de Robin Martínez para CGN.

En los casi cuatro años que el PP gobernó el país entre 2012 y 2015, recibieron Q550 millones en contratos.

3. Gustavo Alejos y Droguería Colón

El tres veces financista de campañas políticas –de Óscar Berger en 2003, Álvaro Colom en 2007 y Otto Pérez Molina en 2011–, Gustavo Alejos, fue un empresario que consolidó su fortuna recuperando esas inversiones en campañas al vender medicinas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y que según el MP y la CICIG, llegó a tener tanta influencia en la entidad, que creaba la necesidad del producto médico que quisiera vender, amañando los procesos de compra hasta hacer del negocio de la salud uno multimillonario. Gustavo Alejos, el hombre más poderoso en el gobierno de Álvaro Colom y clave durante partes del gobierno de Pérez Molina, también fue citado a declarar en el caso Cooptación del Estado.

Gustavo Alejos, de pie.

Ésta vez el Ministerio Público lo señala de dos cosas: en el 2011 acudió a Roxana Baldetti para aportar dinero como financista en la campaña política. Por medio de aportes a las empresas de cartón controladas por Juan Carlos Monzón y su contador Víctor Hugo Hernández, el 1 y 2 de diciembre de 2011, entregó Q766 mil en tres pagos (Q471 mil para la empresa Adinse; Q151 mil para Técnideportes y un aporte más de Q144 mil).

La justificación de la entrega de fondos, según facturas que el MP encontró, era la elaboración de vallas publicitarias y slogans que serían colocados en centros deportivos.

Pero además, Gustavo Alejos no solo buscaba el beneficio para sus negocios. Desde tiempos de la campaña de la UNE había aprendido el oficio de recaudador de fondos. Según la declaración de Monzón como colaborador eficaz, en el 2012 Alejos le pagó al PP un soborno para que Jürgen Widmer Probst, propietario de Novacom, no perdiera sus contratos con la Empresa Portuaria Nacional y la Empresa Portuaria Quetzal. Los fiscales no detallaron el monto del soborno ni la comisión que habría obtenido el empresario, pero hicieron énfasis en que Novacom es una de las grandes contratistas del Estado. Según Guatecompras, en 12 años de operaciones han logrado obtener del Estado Q612.4 millones en contratos, que de acuerdo con la Fiscalía, fueron aceitados con corrupción.

4. El jefe de Alejos, Jack Irving Cohen, señor de las farmacéuticas

A las audiencias en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia llegaba un hombre que destaca entre el centenar de acusados y abogados defensores. Jack Irving Cohen es un hombre blanco, canoso, de apariencia frágil, como un abuelo de las películas de Hollywood, que se mueve en silla de ruedas y a quién, por motivos de salud, el juez Miguel Ángel Gálvez le ha permitido no llegar Tribunales y ser representado por sus abogados.

Jack Irving Cohen.

El anciano es lúcido, tanto que ha logrado que su empresa farmacéutica, JI Cohen, haya ganado Q1,249 millones en contratos con el Estado. Su mejor época, demuestra Guatecompras, fue durante el último año de Pérez Molina y Baldetti en el poder. En el 2015 le vendió al gobierno Q481.7 millones en medicinas. Y le ha vendido al Estado desde tiempos de los militares con Romeo Lucas (1978-1982).

Según las investigaciones, ésos números no son casualidad. En el año 2011, dice el MP, le entregó a Baldetti Q2.8 millones para la campaña electoral. Cohen ocultó los aportes de los controles del Tribunal Supremo Electoral y la SAT, utilizando la red de empresas del PP.

5. Flavio Montenegro, expresidente del banco G&T Continental

Se entregó 15 días después de que el MP y la CICIG dieran a conocer el caso Cooptación del Estado y fue enviado a prisión preventiva a Mariscal Zavala. Es uno de los banqueros más importantes del país, Flavio Montenegro Castillo, expresidente y gerente de Banco G&T Continental. Está acusado de financiar al PP de forma ilegal.

Flavio Montenegro Castillo, expresidente de G&T.

¿Cómo? Según el MP, en mayo y octubre de 2011, el banco y su aseguradora entregaron Q1.1 millones a las empresas que controlaba Juan Carlos Monzón, para aportar a la campaña sin ser detectados por los controles oficiales ni por la SAT.

Como pruebas el MP cuenta con documentos incautados en la oficina de Monzón, así como su declaración y las facturas por servicios que nunca se prestaron y que la entidad bancaria pagó a las empresas de cartón.

G&T Continental es el segundo banco que más fondos recibe del Estado por medio de la deuda interna. Sólo en 2011 ganó Q577 millones en intereses.

6. Fernando Peña, expresidente de Banrural

El tercer banco que más fondos recibe del Estado en deuda interna es Banrural. Q300 millones en intereses ganó en 2011. Y el 17% de sus acciones son del Estado.

Fernando Peña, expresidente de Banrural.

Su presidente Fernando Peña está acusado de haber recibido y ayudado a ocultar el dinero ilícito captado por la red del PP para la compra de las acciones del diario Siglo 21. Y utilizó métodos diseñados por Salvador González, alias Eco, para dar apariencia de legalidad a los fondos captados por la red de empresas del PP.

Según las investigaciones, entre el 2013 hasta el 2015, la red del PP administró al menos Q20 millones utilizando los servicios que ofrecía Banrural.

El enlace entre Peña y Monzón, según la declaración de éste último como colaborador eficaz, era Juan Fonseca Galicia, exgerente de negocios de Banrural. El MP detalló que el gerente Fonseca ocultó en las bodegas del banco Q5 millones en efectivo que luego fueron depositado por cajeros de la entidad que, sin lograrlo, trataron de emitir una alerta a las entidades de supervisión financiera ante las transacciones anómalas. Fonseca también agilizaba pagarés a favor de Baldetti para darle mayor capacidad crediticia a las empresas de la red.

7. Julio Aldana, el banquero de Baldetti

Dentro de los 53 acusados del caso Cooptación del Estado figura Julio Aldana, exgestor de la cartera VIP de Banrural. El Ministerio Público lo ubica como el personaje que creó estrategias para darle apariencia de legalidad a los ingresos ilícitos del cártel del PP. Por ejemplo, la creación de sociedades de fachada, la utilización de empresas bajo su control para comprar y administrar bienes y dinero, y bancarizar los productos y ganancias de Pérez Molina y Baldetti.

Una de esos métodos, investigó la Fiscalía, fue la compra del Hotel Mansión de la Luz, en Antigua Guatemala. De esa forma tendrían una maquinaria lista para justificar el ingreso de efectivo aunque el hotel no tuviera huéspedes. Entre el 2013 y 2015, personalmente o a través de Monzón, el banquero Aldana administró al menos Q30 millones producto de comisiones ilícitas y lo ocultó a través de transacciones comerciales y facturación falsa. Una escucha telefónica evidencia que Baldetti le perdió confianza a Aldana y se fueron desvinculando de las empresas que él administraba. En las audiencias, el exbanquero evita ver a la exvicepresidenta.

8. Edín Barrientos y la venta de Siglo 21

Según la Fiscalía, el directivo de Banrural, exministro de Agricultura del FRG y exvicepresidenciable de Efraín Ríos Montt, Edín Barrientos, fue el coordinador de la venta de acciones del diario Siglo 21 a Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina. Esa transacción fue utilizada por el PP para ocultar al menos Q20 millones que provenían de actividades ilícitas. Marbella, S.A., que según el MP no desarrollaba ninguna actividad mercantil, fue la entidad que adquirió el medio de comunicación. De esa forma se aseguraron de tener otra estructura financiera que les permitiera canalizar el dinero cobrado en comisiones por contratos y justificar facturas por servicios no prestados.

Con chaleco negro y camisa blanca, Edín Barrientos hace cola para entrar a Tribunales. El que está dos lugares adelante suyo es Julio Aldana, el encargado de clientes VIP.

"Usted utilizó los métodos diseñados por Salvador González para dar apariencia legal a las ganancias ilícitas a través de estrategias que ocultaran el dinero de las comisiones de corrupción", señaló el MP. Además, Barrientos habría administrado al menos Q20 millones de Pérez Molina y Baldetti.

La fiscalía señaló al gerente Juan Fonseca Galicia, del área de negocios de Banrural, de prestar sus servicios a la red para recibir dinero en efectivo y utilizarlo para comprar el 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, S.A, la empresa propietaria de Siglo 21 y Al Día.

9. Gustavo Martínez, el yerno de Pérez Molina

En el 2012, Diego Castillo Góngora negoció junto a Juan Carlos Monzón, el pago de una comisión que entregaría a cambio de obtener un contrato por la compra de fertilizantes realizado en el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonades).

De esa forma, por cada saco de fertilizante, el PP se quedaría con Q1.25 o Q1.50. Así, lograron ganar Q4 millones solo en el primer año del negocio. En el 2013 y 2014, la suma habría ascendido a Q10 millones. Ese dinero era repartido entre Martínez y su suegro, el presidente Pérez Molina.

10. Daniela Beltranena y el aeropuerto

En 2011, cuando tenía 22 años, Daniela Beltranena fue llevada al Partido Patriota por su tío, el asesor Francisco Beltranena. Quería que apoyara en la campaña electoral. Desde entonces se ganó la confianza de Roxana Baldetti y después fue designada operadora del efectivo de la vicepresidenta para darle apariencia legal a los fondos, así como negociar y captar comisiones ilícitas con contratistas del Estado, principalmente en los aeropuertos del país.

Daniela Beltranena, en la audiencia.

"La organización criminal convirtió las entidades públicas en instrumentos para conseguir beneficios privados ilícitos", dijo el fiscal de la FECI, Julio Barrios Prado. Según las investigaciones, Daniela Beltranena recibía dinero en efectivo para pagar viajes, mantenimiento, hangares y los pilotos de las naves y aeronaves propiedad de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Además, fue señalada de administrar al menos Q7 millones de la red. La ex diputada se habría comprado vehículos de lujo con dinero ilícito. Según la Fiscalía, Beltranena también tuvo influencia en la designación del interventor de Aeronáutica Civil, Jair Samayoa.

***

La acusación no descansa en el testimonio de Monzón

Cuando es entrevistado por los periodistas, el expresidente Otto Pérez Molina repite un argumento como si fuera un salvavidas en altamar: Juan Carlos Monzón es un mentiroso y el Ministerio Público y la CICIG no tienen más que su testimonio para acusarlo a él y al resto de detenidos.

Pero no es así. En la audiencia de primera declaración, los fiscales Juan Francisco Sandoval y Julio Barrios Prado han dicho que tienen 47 mil folios de documentos para demostrar la forma en que captaron recursos para financiar su campaña y cómo los gastaron. Además, para demostrar que luego de ganar las elecciones se dedicaron a enriquecerse y a lavar el dinero que obtenían por el cobro de comisiones a los empresarios interesados en obtener un contrato en el Estado.

Dentro de esos documentos se encuentra un disco duro llamado Campaña Electoral del Partido Patriota, allí hay cuadro que detalla cuánto dinero aportaron a la campaña del PP empresas como Blue Oil, LH Contractos, Banco GyT y Aseguradora GyT, Banrural y la telefónica Claro.

Judith Ruiz, asesora de Baldetti desde que era diputada (2003-2011) y secretaria en la vicepresidencia, y Juan Carlos Monzón Rojas, que se unió al PP en 2010, fueron los primeros operadores del grupo. Ambos fueron los encargados de contactar a personas, casi siempre pobres, a las que les pagaron Q1 mil mensuales para que figuraran como los propietarios de las empresas que no conocían.

En el 2011, Silvia Verónica Godínez se acercó al Partido Patriota para buscar trabajo. La asesora de Baldetti le dijo que estaban por crear una empresa de publicidad y que le daría trabajo de representante legal; por Q1 mil mensuales tenía que dejar firmados cheques en blanco (algunas personas llegaron a firmar hasta 300).

En la investigación de este cártel, el Ministerio Público entrevistó a 93 personas que fingieron ser propietarios de sociedades de cartón. "Todo lo anterior permitió comprobar que la red empresarial fue el vehículo utilizado para ocultar recursos provenientes de diversos delitos por Baldetti y Pérez Molina por lo menos desde enero de 2008 hasta abril de 2015", dijo el fiscal Juan Francisco Sandoval.

Lo anterior es el resumen de tres días de audiencia del caso de corrupción más grande que el Ministerio Público ha investigado en la historia de Guatemala. Todavía no ha llegado el turno para que los abogados de las 53 personas acusadas presenten su defensa. De momento, se dedican a interrumpir las audiencias. El juez Miguel Ángel Gálvez les repite la misma frase:

– Hágame favor de estar tranquilo.