Democracia: formas y sustancias

A finales de los años noventa, en las páginas de la revista Journal of Democracy, apareció un artículo que se convertiría en un referente en el estudio de la democracia y de los esfuerzos por promoverla. En El fin del Paradigma Transicional, el jurista y politólogo norteamericano Thomas Carothers criticaba la noción –prevaleciente en ese momento- que todo país que abandonaba una forma de gobierno autoritaria se encontraba en un proceso de transición cuyo destino final era invariablemente la democracia liberal, ruta en la que podía haber retrasos y estancamientos pero no desvíos.

Su crítica, sustentada con múltiples ejemplos, era que en realidad la mayoría de países que habían iniciado procesos de democratización no estaban ‘transitando’ en una ruta hacia la democracia sino que habían desarrollado sistemas políticos que no eran ni una ni otra cosa. En estos contextos la división de poderes, el sistema de partidos políticos, los procedimientos parlamentarios y los demás rasgos de la institucionalidad democrática habían sido vaciados de contenido sustantivo para adaptarse y servir a prácticas políticas no democráticas –patrimonialistas, clientelares, teocráticas, tribales, autoritarias, etcétera.- dependiendo del contexto. Es lo que Juan Linz y otros teóricos denominarían los regímenes ‘híbridos’, sistemas políticos de legitimidad precaria, que combinan los elementos formales de la democracia con prácticas no democráticas del ejercicio del poder, y que han sido llamados democracias ‘de fachada‘, de ‘baja intensidad’, ‘débiles’, de ‘baja calidad’, etcétera.

Carothers denominó al sistema prevaleciente en América Latina como ‘pluralismo incapaz’, en el que la existencia de elecciones libres, un marco competitivo de partidos políticos y libertad de expresión –rasgos constitutivos de una democracia- se combinaba con instituciones políticas incapaces de cumplir de manera eficiente con sus funciones, élites que no responden a los intereses de la ciudadanía e inmersas en prácticas de corrupción, y una ciudadanía alienada de un sistema político que ni los representa ni les sirve. Y en ese contexto, subrayó, los ritos electorales periódicos no eran sino mecanismos de renovación y acomodo entre los distintos grupos que compiten por el control de un sistema que es, en esencia, no democrático.

¿Suena conocido? Es que hablaba de nosotros: la crisis política que estamos atravesando ha servido para quitarle el maquillaje a un Estado cuyas instituciones políticas, democráticas en lo formal, funcionan de manera disfuncional para la democracia misma. El Estado ha sido secuestrado por elites políticas y económicas que lo administran en función de sus propios intereses, usualmente espurios, y la corrupción sistematizada es el mecanismo utilizado para ‘jugarle la vuelta’ a instituciones cuyo espíritu democrático sólo existe a nivel retórico. Y en consecuencia, la ciudadanía siente que el sistema político ni los representa ni funciona, no le reconoce credibilidad a sus instituciones y desconfía de sus actuaciones. Tenemos el perfil de ese ‘pluralismo incapaz’, cuyo mayor peligro es precisamente el engaño sobre el que está construido, y que consiste en generar el espejismo de un oasis democrático en lo que en realidad es un desierto de prácticas no-democráticas.

Como nos lo recuerda Carothers, en realidades híbridas las estrategias de promoción y fortalecimiento de la democracia que se fundan en el apego a-crítico e irrestricto a la formalidad institucional arrojan resultados exactamente contrarios: la profundización de los rasgos no democráticos del sistema y el fortalecimiento de las elites que lo han secuestrado. El sistema ha sido construido para funcionar de esa manera, con procedimientos legales y electorales que son parte integral de su aparato de reproducción y cuyo funcionamiento está en mano de sus operadores políticos y legales. Entonces ¿Qué sentido tienen las elecciones cuando lo único que hacen es reciclar a la misma clase política que ha pervertido sus instituciones democráticas? ¿Qué sentido tiene exigir al Congreso transformaciones políticas profundas cuando los responsables de realizarlas son quienes se benefician del sistema corrupto?

Las reformas inmediatas a la legislación electoral y el aplazamiento de las elecciones, demandas centrales del movimiento ciudadano, son elementos críticos de una estrategia de largo plazo para rescatar al país del marasmo clientelar y re-encauzarlo en la ruta de la democratización de sus instituciones. Ambos procedimientos persiguen establecer mecanismos que comiencen a romper el monopolio de la clase política corrupta sobre el sistema político, y al hacerlo, permitirán la llegada de una nueva clase de ciudadanos que asuman la gestión de la política responsablemente. A esta clase política renovada sí podrá confiársele las tareas de transformación institucional necesarias, en coordinación con –y bajo la supervisión de- una ciudadanía cuya responsabilidad será mantenerse activa dentro de la arena pública, en formas y con mecanismos que tendremos que ir construyendo colectivamente pero que aseguren el carácter participativo del sistema.

Dentro de este contexto, la renuncia inmediata de Otto Perez Molina y el nombramiento de un Gobierno de Renovación Nacional –o como se le quiera llamar- constituiría un mensaje claro de intolerancia hacia las prácticas corruptas de la clase política. La salida de Pérez Molina se fundamenta en la responsabilidad política que le corresponde por haber dado lugar a la corrupción al nombrar a personajes de dudosa reputación a puestos clave en la administración pública y no supervisar su conducta, que es lo menos que se le puede pedir a un presidente.  Permitiría, además, apoyar el esfuerzo de saneamiento que está llevando a cabo desde el Ministerio Público con apoyo de la CICIG, al comprometer la plena colaboración del Ejecutivo en un esfuerzo por identificar y erradicar los enclaves de corrupción que se han establecido dentro del aparato estatal.

En Semilla hemos expresado la necesidad de implementar estas medidas con carácter inmediato, y que algunos se han apresurado a calificar de ‘radicales’. No se trata de propuestas ‘radicales’: son propuestas de sentido común cuyo objetivo es terminar con la hibridez imperante y reconciliar las formas de la democracia -con las que ya contamos- con su sustancia -que es lo que nos falta.

No somos ingenuos: sabemos que por sí solas estas medidas, aplicadas a las próximas elecciones, no van a solucionar el problema, y que lo que se necesita es una revisión exhaustiva de las nuestras instituciones democráticas y de la forma cómo funcionan. Pero esa revisión –que es en realidad un amplio programa de reformas profundas- habrá que hacerla desde la política, lo que obliga a emprender un proceso que depure a las instituciones políticas de los operadores corruptos que hoy las controlan. Este va a ser un proceso de varios años, pero por algún lugar se empieza. Aplicar las nuevas reglas en las próximas elecciones y expulsar al responsable político de la actual debacle de la primera magistratura permitirán comenzar un proceso que de manera gradual sustituya a los políticos corruptos por una nueva clase política a la que la ciudadanía si pueda asignarle credibilidad y confianza.

Pero es evidente que en marco del actual proceso electoral, el Congreso de la República está ganando tiempo para evitar realizar reformas genuinas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, introduciendo sólo aquellas que no amenacen el funcionamiento del sistema corrupto. Es necesario rechazar frontalmente sus pretensiones, retomar las propuestas de reforma presentadas por el Tribunal Supremo Electoral, y posponer las elecciones a fin de permitir que al menos algunas –voto nulo válido, límites a la reelección y candidaturas al Congreso por Comité Cívico- entren en vigencia inmediatamente.

No se podrá hacer, evidentemente, dentro de las lecturas legalistas y estériles –aunque sean bien intencionadas- que son las que el sistema aprovecha para reproducirse. Va a ser necesario asumir posiciones creativas que permitan encontrar dentro del marco legal existente las posibilidades para romper el ciclo maldito de nuestro ‘pluralismo incapaz’. Algunas ‘piezas’ para escapar de este espejismo democrático ya han sido puestas en juego por Alvaro Castellanos Howell, y hay que acompañarlo a completar el rompecabezas jurídico. Y una vez hecho, la ciudadanía tendrá que arropar a aquellos funcionarios públicos honestos –magistrados, jueces, diputados- que estén dispuestos a aplicarlas, y que ya han comenzado a manifestarse. Y no será tarea para algunas semanas más, sino esfuerzo de largo aliento, porque #EstoApenasEmpieza.