El juez a OPM: “Aparte de ser presidente, ¿a qué se dedica?”

La caravana que a diario lo llevaba desde su residencia en la exclusiva zona 15 hasta su oficina en la Casa Presidencial se detuvo este jueves 12 cuadras antes. A las nueve de la mañana hizo un giro y entró al sótano de la Torre de Tribunales. Docenas de periodistas corrían detrás. Trabajadores del Organismo Judicial tenían listos sus celulares para grabar el momento histórico. Hasta los detenidos en las carceletas sobrepobladas se acercaron a las rejas para ver la llegada de Otto Pérez Molina, el Presidente de la República. Todavía era presidente porque renunció hasta la noche del 2 de septiembre, cuatro meses después de que lo exigiera la ciudadanía, un día después de que el Congreso le quitara la inmunidad, minutos después de que el Ministerio Público (MP) y la CICIG pidieran su orden de captura y minutos antes de que su mancuerna política, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, fuera trasladada a la cárcel para mujeres. Todavía era presidente porque el Congreso aceptó su renuncia hasta las 12.45 del mediodía del 3 de septiembre.

En su último día como jefe de Estado, Pérez Molina no entregó la banda presidencial azul y blanco que recibió de Álvaro Colom hace 44 meses, un 14 de enero de 2012. Su último día se entregó a la justicia. Y sin banda. De saco oscuro, con una combinación de camisa azul con rayas blancas y una corbata roja que nadie entendió. Acompañado de la seguridad presidencial y del mismo abogado que ha defendido a sus colaboradores acusados de corrupción y al exdirector de inteligencia acusado de genocidio junto al exdictador Efraín Ríos Montt.

Frente al juez Gálvez, Pérez Molina pasó por el mismo protocolo que cualquier ciudadano y que la exvicepresidenta Baldetti hace unos días. Dijo su nombre, edad, estado civil, cantidad de hijos y número de Documento Personal de Identificación.

– Aparte de ser el presidente, ¿a qué se dedica?

– Soy un general del ejército retirado.

Esa fue la respuesta de Otto Pérez Molina sentado frente al juez Miguel Ángel Gálvez. Eran las nueve de la mañana y empezaba la audiencia de primera declaración en su contra.

Llegó a ese banquillo después de dos años de investigaciones de fiscales guatemaltecos e internacionales. Acusado de dirigir un grupo criminal llamado La Línea, que implementó un mecanismo de defraudación en el cobro de impuestos de importaciones que facilitaba el paso de contenedores, que negociaba ajustes en las declaraciones tributarias a cambio de sobornos.

Aparte de ser el presidente, ¿a qué se dedica?

A dirigir La Línea, corrigieron el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que lo ubican, junto a la la exvicepresidenta Baldetti, como los líderes la estructura que llegó a cobrar el 40% de lo que debía recaudarse en dinero, en un gobierno cuya cúpula está en prisión por acusaciones de corrupción que van desde sobornos en la producción de energía hasta un fraude en la Seguridad Social que costó la vida (hasta ahora) de 26 pacientes renales. Y ahora está siendo juzgado.

La última cortesía de la justicia

Si la historia de 12 años del Partido Patriota, de Pérez Molina y Baldetti, se caracterizó por su histrionismo, sus gritos, su populismo y sus escándalos, la historia de la justicia guatemalteca está siendo lo opuesto. La fiscal Thelma Aldana, el comisionado Iván Velásquez y el juez Miguel Ángel Gálvez podrían haber organizado una escena rocambolesca, de película, para ir a capturar a Pérez Molina en su despacho presidencial durante las 12 horas del miércoles que estuvo sin inmunidad. Doce horas entre las seis de la mañana y las seis de la tarde porque la Constitución prohibe capturas policiales fuera de esas horas. La Constitución fue escrita en 1985 después del período más espantoso de la historia de Guatemala (1978-1985), en el que hubo 50 mil personas desaparecidas por fuerzas estatales, más que todos los desaparecidos del resto de América Latina.

Aldana, Velásquez y Gálvez prefirieron que la orden de captura fuera anunciada a las 7 de la noche. Esto le permitiría a Pérez Molina presentar su carta de renuncia y entregarse él mismo a la justicia. Así lo hizo. Pero en este protocolo del primer presidente que se entrega a la justicia, a Pérez Molina le dio tiempo antes de ir al juzgado de tener una conversación con la progubernamental Radio Sonora, una de las dos más escuchadas en todo el país. De enviar un último mensaje a los ciudadanos porque el Estado ya no tiene potestad legal para hacer cadenas nacionales. En la radio, su voz, a diferencia de sus últimas apariciones públicas, ya no era enérgica ni fuerte ni amenazante. Era débil, cansada, rendida.

Al aire, repitió que la fiscal Aldana y el comisionado Velásquez estaban cobrando un protagonismo erróneo, que debían investigar a “La Línea 2” (de los grandes empresarios que pagaban los sobornos), que pasaba por el momento más difícil de su carrera, y que daría la cara para demostrar su inocencia.

La justicia también le daría la cara. Una más fuerte. Una independiente.

En el banquillo, la cara Pérez Molina estaba, por primera vez en su vida pública, llena de gestos. Gestos que no estuvieron en su rostro cuando era mayor del ejército en la masacrada región ixil allá por 1982 o en la conferencia cuando anunció que habían asesinado a uno de sus más cercanos colaboradores allá por 2007. Unos gestos que empezaban a asomarse desde que salió a luz el escándalo de La Línea el 16 de abril y Pérez Molina intentaba explicar que todo su gobierno era corrupto menos él; unos gestos que terminaron de apoderarse de Pérez Molina este jueves en el banquillo de los acusados.

Cada uno de esos gestos hacía que se disparara el flash de las decenas de cámaras de los fotógrafos. El acusado apretaba la mandíbula. Se limpiaba el sudor. Veía para el cielo. Cerraba los ojos. Se frotaba la frente. Tomaba agua. Antes de iniciar la audiencia esbozó una sonrisa a un guardia de seguridad. Fue la única que hizo en el juzgado de mayor riesgo. Pelo blanco, sudado y arrugas en la frente para escuchar la acusación de dirigir un escándalo que decía desconocer. Otto Pérez aislaba su mirada. La dejaba fija en un punto. El punto en el que terminaba su carrera política de 23 años, desde que impidió un golpe de Estado y se presentó como el militar galante, el institucional, que en realidad preparaba un asalto aduanero al Estado.

El acusado escuchaba las grabaciones telefónicas y levantaba la ceja y arrugaba los ojos para leer una parte del expediente en su contra. Uno de sus guardias presidenciales le alcanzó un bolígrafo. En hojas arrancadas de un cuaderno de taquigrafía, Pérez Molina hacía anotaciones. Justo como Baldetti unos días antes en la misma silla.

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Los fiscales estaban listos. Reprodujeron la escucha telefónica entre dos integrantes de la estructura criminal que explican cómo funcionaba el mecanismo de defraudación. Todo controlado desde la Presidencia, por “El Uno” y “La Dos”. Pérez Molina volteó a ver a su abogado y suspiró.

El rostro de Pérez Molina volvió a inquietarse cuando se reprodujo la conversación que tuvo con Carlos Muñóz, ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), también en la cárcel por el caso La Línea. El entonces presidente le solicitaba que cambiara al gerente de Recursos Humanos de la institución, clave para la estructura de sobornos. Que lo cambiara inmediatamente. “¿Cuál es el rollo?”, le recriminó por teléfono Pérez al súperintendente.

Pero no son sólo las escuchas. El MP y la CICIG cuentan con evidencia documental recopilada en los allanamientos hechos desde el 16 de abril, cuando fueron capturadas 20 personas por este caso. Entre los archivos digitales incautados a Salvador Estuardo González, alias Eco, antes mandamás de Corporación de Noticias, en los que se encontró información y cuadros de control de los contenedores intervenidos por la organización y el reparto de las ganancias. Allí se anotó que a Pérez Molina y Baldetti les correspondía la mitad de los sobornos.

Las primeras defensas del expresidente

“Yo sí quiero hablar, para hacerle ver al señor juez los puntos de vista para que tenga los argumentos suficientes para resolver”, dijo Pérez Molina antes de que el juez lo enviara a pasar su primera noche en prisión, en una celda en el cuartel militar de Matamoros, un recinto que acogía a la guardia presidencial y que hace años fue acomodado por el sistema penitenciario desde que en Gutemala se juzga también a los poderosos. Poderosos que correrían peligro de muerte en una de las hacinadas cárceles para ciudadanos comunes. Exministros, capos del narcotráfico, asesinos de casos novelescos como el de Rodrigo Rosenberg –el que filmó el video de YouTube diciendo que lo había asesinado otro presidente, en 2010–, generales y otro expresidente sentenciado por corrupción, Alfonso Portillo. Pérez Molina será el reo 18 de Matamoros.

En la audiencia, cuando Otto Pérez Molina pidió la palabra, a las cinco de la tarde, ya no era presidente. El Congreso de la República había aceptado su renuncia y juramentado al vicepresidente Alejandro Maldonado para completar el período presidencial hasta el 14 de enero de 2016. Maldonado asume tres días antes de las elecciones generales de este domingo 6 de septiembre.

Ante el juez Pérez Molina argumentó si hubiera querido, se habría fugado “hasta en avión”. Pero no. “Prefirió entregarse para enfrentar el debido proceso”, insistieron él y su abogado. “Esa es una incongruencia. Que hoy la CICIG dijera que había peligro de fuga, cuando yo a ellos los pude haber sacado hace cuatro meses –amenazó con no renovar el mandato, pero el peso de la investigción de La Línea, la diplomacia estadounidense y las manifestaciones se lo impidieron–. Si fue una sencilla carta la que yo tuve que firmar, nadie más, solo yo la firmé (para renovar el mandato de la CICIG hasta 2017). Y que ahora vengan a decir que hay peligro de fuga. Me parece ridículo”, alegó el ciudadano Pérez Molina. Su abogado, más sereno, dijo que en las escuchas telefónicas no encuentra nada que incrimine a su cliente, y que las referencias están totalmente fuera de contexto.

“Sabemos que hay alguien que dirigía y que estaba detrás de todo esto, y esa persona, no es el presidente, era Juan Carlos Monzón. Solo se necesita un poquito de inteligencia para saber que (el jefe de la estructura) no era el presidente”, concluyó el abogado Calderón. Juan Carlos Monzón era el secretario privado de Baldetti. Monzón se enteró del escándalo el 16 de abril junto a la exvicepresidente en un viaje a Corea, pero de una manera extraña consiguió escapar y ahora muchos consideran que fue asesinado.

El mismo expresidente Pérez Molina habló de la muerte en el receso del primer día de la audiencia. Le dijo a la agencia AP que toda la acusación se trataba de un “dimes y diretes”, y que en tiempos de las dictaduras y las guerras, “en Guatemala, hace 30 años, por menos, me hubieran asesinado”.

En la Guatemala de la democracia, 30 años después, se le está juzgando y se protege la vida. No por dimes y diretes, sino por investigaciones penales de una fiscalía independiente y la Comisión de la ONU inventada por guatemaltecos. Después de un proceso de acusación de la Fiscalía, demandas ciudadanas, respaldo de la Corte Suprema de Justicia, retiro de inmunidad en el Congreso y una noche en la que pudo presentar su renuncia y entregarse él mismo a la justicia. Ante un juez independiente y con un abogado para su defensa.

El ahora expresidente sale de la audiencia rumbo a la prisión.

Una defensa penal que inició en un día histórico para esta Primavera Guatemalteca en el que no podía faltar la poesía. El 3 de septiembre de 2015 se vencía el mandato de la CICIG. Y lo que caducó este 3 de septiembre fue la Presidencia de Otto Pérez Molina.