El juez que hizo un borrador sobre la amnistía a Ríos Montt se reunió con sus abogados

Esta semana se cumplieron un año y cinco días desde que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara fundamentar la negativa de amnistiar a Efraín Ríos Montt bajo el decreto 8-86. El 22 de octubre del 2013, los magistrados fijaron cinco días para que se resolviera.

Los abogados de Ríos Montt solicitaron (por segunda ocasión) que se aministíe a su defendido. Ya en una primera vez el juez Miguel Ángel Gálvez y la sala primera de apelaciones, dos de cuyos jueces fueron electos para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), negaron la petición de amnistía.

No obstante, cinco de los siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los más cercanos al sector privado y al gobierno, decidieron que la sala de apelaciones tenía que fundamentar, argumentar bien, por qué había decidido no amnistiar.

Los dos minoritarios, Mauro Chacón y Gloria Porras, se opusieron diciendo que no era necesaria mayor claridad, pues no es posible amnistiar al general retirado porque los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad no caducan ni fueron incluidos en la ley amnistía de 1986.

Dos jueces de apelaciones que habían negado la aministía respondieron a la CC que ya habían opinado sobre el caso y no podían volver a conocerlo.

El tercer juez de la sala, Franc Martínez Ruíz, fue quien hizo las llamadas y citó a otros jueces para integrar la terna y resolver el caso. Pero nadie quiso ser parte. Al final fueron 61 magistrados los citados y uno a uno se fueron excusando los jueces. En el proceso de selección de nuevas cortes no querían ser vetados por los negacionistas del genocidio ni tampoco por los activistas de derechos humanos. Sólo Martínez permaneció.

Pese a nunca haber reunido a tres jueces para que resolvieran, el magistrado tomó el expediente y lo analizó hasta llegar a plantear una sentencia. ¿Alguna vez se analizó de fondo el caso?, se le preguntó. “Nunca nos hemos sentado realmente a ver el asunto de fondo. El único que lo ha estudiado ha sido mi persona. Lamentablemente nunca nos hemos sentado para hacer el análisis del contenido”, explica Martínez.

“Yo por mi parte hice una análisis sustancioso del  asunto, la historia y el contenido. De hecho, yo tengo la ponencia, lo único que falta es la opinión que tomará el resto de magistrados”, reconoció en una entrevista con Nómada. Si consigue un juez más que firme el borrador, ya serían mayoría para una resolución.

Reunión con los abogados de Ríos Montt

Mientras tanto, el juez Franc Martínez sí ha tenido tiempo para reuniones. En la tarde del martes 30 de septiembre de este año, esta periodista que escribe intentó conversar con el juez en su despacho para esta nota y no pudo hacerlo porque estaba reunido con Jaime Hernández, abogado, precisamente, de Ríos Montt.

El magistrado confirmó la reunión y dijo que los defensores han llegado para consultar sobre el avance del proceso. El abogado de Ríos Montt respondió que lo único que saben es que no han integrado la terna.

Hector Reyes, abogado acusador del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos –Caldh-, señala desconocer de la reunión, pero que por sanidad del proceso, los abogados defensores no deberían reunirse con los jueces, y más sabiendo de la existencia de una ponencia.

Las reuniones entre los jueces y los abogados no están reguladas en la ley. Existe la posibilidad de que los interesados busquen información de sus casos con los funcionarios judiciales. No obstante, el Código de Ética de los abogados y el Sistema de Integridad Institucional del Organismo Judicial hacen llamados al decoro, profesionalismo y que se respete la independencia judicial.

De hecho, el juez Franc Martínez tendrá que recomendar a la Corte Suprema de Justicia si se le quita el derecho de antejuicio, la inmunidad, a su colega Erick Santiago, acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) de haberse reunido con un abogado y empresarios para cobrar Q10 millones por una resolución.

Reunión con electores en el Congreso

Si más de 60 de los 126 magistrados de apelaciones se excusaron de conocer el caso Ríos Montt, ¿por qué Martínez nunca se apartó? El asunto parece haberse vuelto personal.

“Bueno, consideré que siempre existe una obligación y un compromiso. Ahora que lo veo en perspectiva considero que los magistrados que se excusaron en su momento tuvieron toda la razón, porque me afectó como persona”, dice.

Martínez buscaba ser reelecto magistrado de la Corte de Apelaciones pero no fue parte del listado de los 126 ungidos por el Congreso.

Según reconoce, no lograron “lo que les pidieron” (personas cercanas al proceso de selección de jueces), y por eso, los sacaron de la lista.

– ¿Qué les pidieron?, se le preguntó.
– Que resolviéramos.
– ¿En qué sentido?
– Eso sí, saber.
– ¿Quiénes?
– No fueron presiones eminentemente. Al final me queda la insatisfacción de lo amargo de haberme enfrentado a los procesos más duros que es este caso, que nunca me excusé y nunca fui prácticamente reevaluado por mi trabajo como para ser considerado y ser reelecto.

El juez dijo que “del Congreso” le habían pedido una lista de todos los magistrados que se excusaron de conocer el caso de la aministía. Ésta es la lista que envió al Congreso.

El listado enviado por el juez a "gente en el Congreso". Imagen: Nómada

47 de los 61 magistrados que no conocieron el caso, el 77%, no fueron reelectos por el Congreso. El PP y Líder aprobaron este año un punto resolutivo (no vinculante) que decía que no hubo genocidio.

El juez cree que no haber resuelto le costó la reelección. “Según me indicaron algunas personas que vieron la votación en el Congreso, se rumoraba que por el hecho de no haber resuelto, como que yo tenía la carga, era lo que me costó para no ser reelecto”.

¿Se excusará ahora? “Siempre lo tengo en perspectiva, no sé. Quizás con las personas que integre. No sé si en este caso será como labor, como diríamos, humana de excusarme en forma definitiva en virtud de todo el perjuicio que me ha causado”, concluye.

Terna a punto de ser integrada

La terna de jueces está próxima a ser integrada. Junto a Martínez fue convocado Walter Villatoro, magistrado señalado por la CICIG y fotografiado almorzando con Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla. También espera el llamado el juez Óscar Sagastume, quien en 2012 denunció recibir presiones de la Corte de Constitucionalidad para resolver a favor de Beatriz de León, suegra de Cristina Siekavizza. Al final, Sagastume se excusó de seguir conociendo el caso Siekavizza.

El borrador de la resolución de la amnistía está en manos de Martínez, quien ya en una ocasión firmó un fallo que benefició al general Ríos Montt. En enero de este año, junto a Frank Trujillo y Ramón González, dijo que Carol Patricia Flores tenía razón y que actúo en ley cuando en medio del juicio por genocidio, retrotrajo el caso a noviembre del 2011, fecha en la que el ex jefe de Estado no había sido citado a comparecer a un juzgado.

Martínez dice que redactó la posible resolución por la orden que tiene la Sala de resolver el caso en cinco días. Se negó a revelar detalles del contenido de la ponencia. Argumentó que tendría que ser vista primero por el resto de magistrados y que de lo contrario “caería en una situación prematura y podría ser recusado”.

A 67 días, el juicio es incierto

Cuando la Corte de Constitucionalidad anuló la condena de 80 años contra Ríos Montt y la absolución a José Mauricio Rodríguez Sánchez, el expediente del caso pasó al Tribunal B de Mayor Riesgo para que retomara el debate. El segundo juicio está programado para el 5 de enero del año 2015, dentro de 9 semanas.

Aunque la fecha sigue en pie, su realización es improbable. La CC aún no ha resuelto si el caso retrocederá a noviembre del 2011, y la petición de amnistía aún requiere de dos firmas.

Además, para esa fecha, el Tribunal B, que ahora juzga el caso de la embajada de España de 1980, estará tomando un mes de vacaciones.

César Calderón, abogado defensor de Rodríguez Sánchez, considera que ese juicio no será abierto si las acciones pendientes no son antes resueltas. Dice que prefiere un segundo juicio a una amnistía.“La amnistía favorece porque recuperan su libertad y él –Rodríguez- necesita su libertad. En el fondo, no me gustaría que fuera una amnistía; me gustaría que fuera nuevamente declarado absuelto. Pero eso es más razón de orgullo porque lo que él quiere tener es su vida, salir el encarcelamiento (en el hospital militar)”.

El abogado acusador, Reyes, refiere que el atraso en la resolución del caso es porque éste dejó el marco legal y se convirtió en político.

“La familia Ríos tiene una cuota política muy importante, definitivamente. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, por años ha sido presidida por el FRG, ahora el PRI, y por ende, no descartamos que exista tráfico de influencia y que confluyera a los magistrados”, señala.

Más que el FRG, casi todos los círculos de poder del país, políticos, militares, medios masivos y grandes empresarios, boicotearon la sentencia por temor a ser juzgados como cómplices. Y ante eso, es difícil que vuelva a llegar Ríos Montt a una sala de la Corte para ser juzgado.