El personaje clave de la corrupción tiene el peor nombre

El mundo de Molina Stalling está bajo escrutinio del Ministerio Público (MP) y la CICIG. Su tía, la jueza Marta Sierra de Stalling, fue detenida y encarcelada ayer acusada de haber recibido dinero de La Línea (la mafia que defraudó las aduanas del país). Su mamá, Blanca Stalling, es magistrada de la Corte Suprema de Justicia y ha sido mencionada en las escuchas del mismo caso. Su primo Roberto Stalling Sierra también fue capturado. Y su tocayo, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, guarda prisión acusado de ser el cabecilla de esa estructura.

Otto Molina Stalling está preso y acusado por el segundo caso paradigmático de la estructura de corrupción e impunidad de este gobierno: el caso IGSS-Pisa, más pequeño en tamaño pero más letal. En un negocio de Q116 millones (US$15 millones), un soborno de Q18 millones (US$2.5 millones) para la adjudicación de un programa de 530 enfermos renales ha provocado hasta ahora la muerte de 36 pacientes, como denunció Nómada que podría pasar a inicios de año.

Lea: 530 pacientes podrían morir (literalmente) por un negocio corrupto

Molina Stalling, el bróker, una pieza clave

Pero más allá de las coincidencias de nombres y apellidos de Otto Fernando Molina Stalling, la CICIG y el MP no solo descubrieron llamadas telefónicas sino que encontraron documentos, computadoras, celulares, recibos, facturas claves para la investigación sobre el caso de sobornos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con la empresa mexicana Pisa. Estos documentos parecen cerrar un círculo alrededor del hijo de Blanca Stalling, quien era la mujer fuerte de la Corte Suprema electa por PP-Líder y preside la cámara que se encarga de todos los casos penales –en un conflicto de interés evidente–.

En la adminstración del PP, Molina Stalling fue colocado en dos posiciones estratégicas durante ese gobierno: en la Contraloría General de Cuentas (que debería vigilar para que no hubiera casos de corrupción) y como asesor de la Subgerencia Financiera del IGSS desde el 25 de junio de 2013. Ganaba entre Q25 mil y Q30 mil mensuales (US$4,000).

Es auditor de profesión y su trabajo en las entidades giraba alrededor de eso.

Las anotaciones en su libreta de 2014 –ahora en poder de la CICIG y el MP–, eran breves descripciones de los proyectos e iban seguidas del NOG (número con el cual se identifica el concurso en Guatecompras, la plataforma de compras del Estado). El primero es el 3058832, por un Servicio de Tratamiento de Agua y Mantenimiento Preventivo para Calderas de Vapor para diferentes unidades del IGSS. El estatus del mismo es finalizado desierto.

El concurso para Arcos.

Otro es el concurso con el NOG 2843846, para la construcción del edificio Centro de Urgencias Médicas en Esquipulas, en la frontera con Honduras. Ese proyecto estaba a cargo del Ministerio de Salud y fue adjudicado a la empresa Arcos Proyecciones, por Q84 millones. Otro de los negocios era los servicios de hospitalización para pacientes del IGSS en El Progreso. Servicios de Atención en Salud, S.A. fue el único oferente en la licitación. Fue adjudicado por Q2.9 millones.

En la agenda también se encontró el NOG 3494934, donde se licitaron los servicios de imágenes diagnósticas para pacientes para pacientes de distintas unidades del IGSS en El Progreso, Sacatepéquez, Chimaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jutiapa y Jalapa. El concurso fue publicado el 25 de septiembre de 2014 y la presentación de ofertas fue el 1 diciembre del mismo año. Aunque hubo tres oferentes, el proyecto se le adjudicó a la empresa con la oferta más alta, por mucho: Puntoscan, S.A., por Q5.8 millones. Las otras dos fueron descartadas por no cumplir formalidades como el uso del formulario indicado o consignar la palabra "quetzales" donde no debía. La firma ganadora fue creada en 2013 y hasta entonces solo había obtenido tres contratos que suman Q40,276.

El concurso en Guatecompras, NOG 349434.

En 21 de los 42 concursos, las fechas de presentación de ofertas anotadas en la agenda coinciden con la del portal de Guatecompras y 15 de los eventos que le interesaban a Molina Stalling terminaron en adjudicaciones. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI, en donde trabajan juntos MP y CICIG), explicó que se investiga si Molina Stalling influyó en los concursos adjudicados y qué vínculos tiene con las empresas ganadoras.

En su defensa, Molina Stalling dijo que que tenía esa información como referencia, pues planeaba fundar su propia farmacéutica y quería conocer el negocio. A la sospechas de sus apuntes se suman interceptaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre octubre y noviembre de 2014, donde supuestamente se denota su interés por proyectos y licitaciones.

Pero las evidencias que tienen la CICIG y el MP van más allá. Un evento clave en la contratación de Pisa fue que el mismo día en que Molina Stalling se reunió con gente de Pisa para definir el monto del soborno, la Junta de Licitación aprobó que el contrato. La Junta Directiva del IGSS comunicó  lo actuado y con ese acto administrativo se le adjudicó a Pisa el Contrato. Esto según consta en el punto específico del acta del 4 de noviembre de 2014, M-85-11-14.

El presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, el militar que era mano derecha de Pérez Molina y ahora guarda prisión, estaba enterado. Según la investigación, en las comunicaciones sostenidas el 6 de noviembre de 2014, se hace referencia a que el presidente de la Junta Directiva sabía de las negociaciones ilícitas.

El presidente del Banguat, el representante del Cacif y el presidente del IGSS fueron enviados a la cárcel.

Otra evidencia es que el 17 de noviembre, Juan de Dios Rodríguez se reúne con Molina Staling para hablar sobre el tema. Eso se confirmó en una escucha telefónica -del mismo día- entre este último y Herbert García Granados. El proceso de licitación culminó el 17 de diciembre de 2014, con la suscripción del contrato 385 DSC/2014, sellado con la firma de las autoridades del IGSS y Carlos Alberto Revolorio Galindo, representante legal de Pisa.

Las gestiones para el supuesto pago de los más de Q18 millones por comisión comenzaron en noviembre. Ramiro Lorenzana y Edgar de La Peña, gerentes de Pisa, retiraron Q5.1 millones en efectivo, y argumentaron en el banco que era para el pago de planillas. Las transacciones fueron reportadas como sospechosas por parte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), ya que esa cantidad equivalía al pago de salarios de Pisa de un año y ocho meses, según los datos que reportaban al Seguro Social.

Lea: Histórico, juez envía a prisión a 17 poderosos de Directiva del IGSS

El reconocimiento de que Pisa no tenía capacidades

En el expediente del MP y CICIG en el caso IGSS-Pisa no solo están los datos de Molina Stalling, también figuran las conversaciones de otros responsables de la atención de pacientes en el IGSS. El 31 de enero de 2015, un día antes de que Pisa comenzara a prestar el servicio, grabaron una entre Franciso Cortez Boccaletti, jefe del departamento de Servicios Contratados del IGSS; y Walter Omar Linares, a cargo de la unidad de Consulta Externa del Seguro Social, la cual muestra que la prioridad nunca fue la salud.

– Los pacientes van a ver cuando se le vence su bolsa serota y cuando hay que cambiarla para coordinar con el nuevo serote para que le ponga su bolsa, dice Bocaletti en la llamada.
– Ah no, ya se los mandé, responde Linares.

– Si pues, si ya todo eso está ya coordinado de tu unidad.
– Desde el miércoles les comencé a mandar pacientes a los serotes porque los pisados tienen que cambiarles catéter, vos, porque no es el mismo sistema el que van a usar.

– Va, ¿y sabes cuál es la peor cagada, papa?
– Aparte está el otro, 10 millones más barato, yo no sé que alegan esos cuates, vos.

– Va, pura gana de chingar pues.
– Pura gana de chingar, va y ¿sabes cuál es la otra cagada más grande?, si los serotes, los serotes que se les adjudicó, los de Pisa, no tienen preparado ni verga, serote, ni verga. Esos serotes no tenían, yo creo que no tenían insumos para comenzar a repartir esa mierda.

– Sí, ahorita ya tienen.
– No, creo que no, vos, yo los puse a parir enanos el martes.

– Esa sí es una cagada.
– Yo no sé de donde van a conseguir, pero esos pisados, y los pacientes ya van a comenzar a venir y yo se los empiezo a mandar.
– Sí, esa sí es cagada de ellos, ahí sí les podemos meter la verga por mulas.

Se realizaron análisis a los productos que Pisa le suministró a los pacientes. El artefacto denominado Pisatek DP Model LV no pasó la prueba de esterilidad. El alcohol en gel no contaba con registro sanitario respectivo y la prueba del poder desinfectante determinó que el producto no era efectivo. El jabón líquido tampoco contaba con registro sanitario y los exámenes evidenciaron que no eliminaba la bacteria Staphylococcus aureus. Ni la mascarilla pasó la prueba de esterilidad.

Una de los pacientes renales infectos.

El problema fuera de la fiscalía conjunta MP-CICG

Pero no todas las unidades del Ministerio Público marchan a la misma velocidad que la de la CICIG. Las investigaciones por la denuncia de la Asociación de Pacientes Renales por homicidio no han avanzado. Sorayda Macz, representante de los enfermos renales, afirmó que las investigaciones contra el Seguro Social por su responsabilidad en la muerte de 36 pacientes no ha avanzado en la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Solo camina el proceso penal por la suscripción del contrato anómalo, expediente a cargo de la FECI y la CICIG.

Y es que el caso va más allá de un caso de corrupción de dinero. Desde que Pisa empezó a suministrar el tratamiento de diálisis peritoneal a 530 pacientes, resultaron afectadas más de 200 personas. Treinta y seis fallecieron y 190 más resultaron infectadas. Según los análisis realizados por la Fiscalía, durante febrero, marzo, abril y mayo de 2015, cuando el contrato estuvo vigente, se incrementó el porcentaje exponencialmente. Hasta un 1,500 por ciento.

De momento, no se vislumbra que esas muertes no vayan a quedar en la impunidad.